Apagar antenas, interferir o cerrar medios, impedir su circulación o bloquearles sus fuentes de financiamiento siempre está mal. La decisión del gobierno de Córdoba de cesar preventivamente las antenas de la estatal Televisión Digital Abierta (TDA), que podría tener fundamentos ambientales-administrativos porque no se habrían seguido los pasos que las leyes provinciales prevén para la instalación de este tipo de antenas, no tiene justificación.
Por lo que pudo saber el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la TDA «sigue llegando a las localidades cordobesas (Córdoba, Villa María, Leones, Malagueño y Villa Dolores) pese al cese preventivo, situación que podría, empeorar en el corto plazo si es que se aplica la clausura o corte de la transmisión. No sucede lo mismo en Río Cuarto donde la intervención del Ministerio de Agua Ambiente y Energía directamente no permitió que se inaugure la antena, lo que implica que el sistema allí no funciona». En otras palabras, salvo en Río IV, en el resto de la provincia esta discusión también es teórica.
Como bien ha señalado ese foro de periodistas «es imposible negar el contexto de enfrentamiento político entre ambas administraciones (nacional y provincial), pero desde Fopea señalamos que la sociedad no puede ser rehén (y menos aún quedar perjudicada) por intereses de dirigentes y funcionarios».
Sin embargo, para comprender mejor lo que está sucediendo, para salir del relato y darse una vuelta por la realidad, hacen falta algunos otros datos sobre este nuevo conflicto político y judicial en torno a los medios de comunicación en Argentina:
– No es correcto a mi criterio afirmar que el derecho a la información se esté «ampliando» con el sistema de Televisión Digital estatal, más bien me parece que lo que se está procurando es un sistema de desinformación, a juzgar por la cantidad de señales informativas de similar cuño que se emiten por esa plataforma, carente de la más mínima pluralidad (C5N, Telesur, CN23, 360 TV…). En el caso de Córdoba, se suma la señal de noticias local CBA 24 N (del Sistema de Radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba). La UNC tiene el multimedios universitario más grande del país, un canal de TV abierta (Canal 10, cuyo programa central en prime time es 678), una radio AM y otra FM, y la señal de noticias). CBA 24 podría ser referente en cadenas regionales de información por TV (una especie que prácticamente no existe en el mundo occidental, donde las señales de noticias generalistas y nacionales de 24 horas son más bien escasas), sin embargo eligió (tal vez no tenga alternativa) el camino del “periodismo militante». Y tan militante es que, en lo que respecta a la información nacional, en lugar de tomar la información de la TV Pública la toma de CN23, la señal de noticias del grupo Szpolski-Garfunkel que se dirige a control remoto desde la oficina del jefe de gabinete Juan Abal Medina.
– El despliegue de la televisión digital terrestre estatal no se ajusta a lo dispuesto en la ley de servicios de comunicación audiovisual sino que es una excepción a esa norma (con el argumento legal de que se trata de una tecnología experimental, lo cual es completamente falso porque la TDT es la tecnología estándar ya en muchos países). El Gobierno no aplica la ley de medios a la TDA porque no podría hacer lo que está haciendo, poniendo los canales que quiere de manera arbitraria y con nula transparencia para digitar la oferta informativa. Si aplicara la ley, la mitad de los canales que se emiten allí no podría hacerlo por muchas razones pero básicamente porque no pasó por ningún concurso para usar las frecuencias que están usando. Electroingenieria (360TV), Szpolski-Garfunkel (CN23, Vibra), Cristóbal Lopez (C5N y Stars HD), el mexicano Remigio Gonzalez (Suri TV y Arpeggio)… todos ellos tienen su canal en la TDA. Y hay canales cuyos dueños son desconocidos, como el infantil Ta-Te-Ti. Osvaldo Nemirosci, coordinador del consejo asesor del sistema de TDA reconoció que él mismo no tiene idea de quién es el dueño de algunos canales.
– Si se aplicara la ley de medios, los privados (que fueron invitados por decisión arbitraria del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de selección ni concurso) no podrían llegar a más del 35% de la población. Sin embargo, la TDA (nombre oficial de la plataforma) ya llega al 75/80 por ciento de la población según dicen en el propio gobierno. Afsca y su presidente Martín Sabbatella no tienen ninguna jurisdicción sobre el sistema, que está en manos del Ministerio de Planificación Federal (lo mismo que los planes de fomento de contenidos, que son financiados por el área del ministro Julio De Vido con escasa participación de Afsca, la Secretaría de Cultura y el Incaa -este último es un mero ente coordinador-). Por eso es simpático ver a Sabbatella impulsando la firma de un comunicado de repudio junto a los directores de todos aquellos canales «invitados» (más los de América, Telefe y Canal 9 de Buenos Aires). Sabbatella, cuya autoridad debe aplicar la ley de medios a todos los servicios audiovisuales menos a los que emiten en la TDA, también presentó un recurso de amparo contra la decisión del gobernador José Manuel de la Sota.
– Los privados invitados (Szpolski, Electroingeniería, Cristóbal López…) son puestos al aire con infraestructura y recursos públicos sin que se conozca ningún tipo de contraprestación al respecto. Además, utilizan espectro -un bien público- sin haber licitado, concursado o adquirido de ninguna forma las frecuencias (en realidad, segmentos de frecuencias) que usan.
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