#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

5 09 2015

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

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#leydemedios: la desmentida de la desmentida de la @afscadigital sobre el caso Clarín

15 04 2014

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por medio de su director de Imagen y Comunicación, Fernando Torrillate, distribuyó ayer un texto titulado La Afsca desmintió dos artículos publicados hoy en La Nación, en referencia a las notas publicadas por Carlos Pagni y por mi. El texto fue amplificado primero por la agencia Télam y consecuentemente reproducido por medios de todo el país (como el diario Tiempo Argentino, que tituló Nueva desmentida de la Afsca a La Nación).

[Aprovecho la oportunidad para insistirle a Torrillate con el pedido que ya le he hecho en decenas de veces, en privado y en público, desde noviembre de 2012: ¿Podrá Martín Sabbatella darme una entrevista como la que le concedió a tantos periodistas desde que asumió? No quisiera pensar que le tiene miedo a las preguntas.]

Volviendo al tema, la desmentida que propone el texto de Torrillate está lejos de ese concepto, al menos en la segunda acepción del diccionario español: “Sostener o demostrar la falsedad de un dicho o hecho”

Tras dedicar el primer párrafo de su “desmentida” a agredir a quienes escribimos en La Nación y al diario mismo, Torrillate enumero lo que para él fueron “falsedades”. Primero se ocupó de la nota de Pagni, La Presidenta busca atajos para avanzar sobre la Justicia y los medios, y luego me atacó a mi y de esto último me ocupo en este post, párrafo por párrafo.

En lo que refiere a la nota que firmé en La Nación el 14 de abril, titulada El Gobierno amenaza con reactivar la pelea con Clarín, Torrillate sostiene:

– “En primer lugar, no hay ninguna amenaza; es una obligación de la AFSCA regularizar el mercado de medios, para que todas las empresas estén enmarcadas a los límites establecidos en la ley. Si un licenciatario se niega a hacerlo en forma voluntaria, el Estado lo hará de oficio; del mismo modo que si un automovilista se niega a retirar voluntariamente su coche estacionado en el medio de una ruta, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo”.

Hasta aquí Torrillate no desmiente nada, en todo caso no le gustó el verbo “amenazar” que en el título tiene el sentido de sus sinónimos “apercibir”, “amagar” o “advertir”. Para el kirchnerismo (al que Sabbatella llegó tardíamente, porque en las elecciones legislativas de 2009 enfrentó a Néstor Kirchner y le restó el puñado de votos con los que hubiera podido vencer a Francisco De Narváez), gobernar es editar los diarios. En lugar de trabajar sobre la realidad, prefiere hacerlo sobre la narración de la realidad.

– Sigue Torrillate: “Crettaz, al que le sobran adjetivos para intentar descalificar a Sabbatella o al periodista Víctor Hugo Morales, se queda corto de opiniones cuando se trata de analizar las denuncias hechas por el socio de Clarín, David Martínez, respecto de una posible maniobra ilegal pergeñada en las oficinas de Héctor Magnetto”

– Puede ser que me quede corto, pero Martínez (que está citado en mi nota que a su vez remite a un extenso reportaje publicado el día anterior en Perfil) en ningún momento advierte sobre “una posible maniobra ilegal”, más bien se cuida de utilizar esos términos (como Clarín también se cuida de calificar a Martínez, ambos en definitiva son socios).  Ahora bien, retomando la forma argumental de Torrillate, yo podría decir que la Afsca se queda corta al omitir, ignorar o tolerar que David Martínez siga conservando su 40% de Cablevisión tras haber tomado control de la mayoría accionaria de Telecom Argentina, una empresa de servicios públicos, algo expresamente prohibido por la ley de medios audiovisuales en sus artículos 24 y 25. No es la única empresa de servicios públicos en la que Fintech tiene acciones (también tiene una participación relevante en la distribuidora de gas Emgasud, ahora rebautizada Genneia). El fondo de Martínez, que ya tomó control de Telecom, espera el OK de varios organismos públicos argentinos sobre esa compra. Ahí estaría la clave de su reclamo público contra Clarín.

Claro, todo esto sin considerar que, además, Martínez es mexicano y podría ser alcanzado al menos por el espíritu de los incisos b y c de los ya citados artículos 24 y 25 que impiden a empresas e individuos extranjeros acceder al control de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Finalmente, es por lo menos curiosa la relación que Sabbatella y sus funcionarios tienen con Martínez, a quien reciben con frecuencia. No es raro si se tiene en cuenta que Martínez también se reúne con asiduidad con el jefe informal del ex intendente de Morón, Carlos Zaninni (secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación), quien atiende del mexicano consejos vinculados a la estrategia argentina en la pelea judicial contra los fondos buitres en Estados Unidos: Martínez, y su fondo Fintech, es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda pública argentina renegociada. Martínez se jacta de “comprar barato” y “vender caro”. Zannini y Sabbatella, además de sus antepasados italianos y de una remota militancia en el Partido Comunista, evidentemente comparten un ortodoxo pragmatismo.

Además, la «maniobra ilegal» a la que se refiere Torrillate es la transferencia de licencias a hijos, amigos o empleados y ya fue avalada administrativamente por la Afsca en varios casos, tal como resumí en la nota de La Nación. En uno de esos,  el grupo Moneta, el propio vocero de Sabbatella –muy enojado en aquel momento– me envió una aclaración que se publicó en La Nación y que cito textualmente más adelante. En ese momento, habíamos dicho que el grupo Moneta estaba excedido en cantidad de licencias, pero Torrillate nos explicó que no, que una cosa es el viejo Moneta y su mujer, y otra cosa cada uno de sus  hijos.

«Se trata de tres sociedades independientes. Los padres, Raúl Moneta y su esposa, son accionistas de República Media LLC., sociedad que transfirió a Mayer Business Corp. su participación en Cicsa, la cual es accionista junto a South Media [Cristóbal López] en Radio 10, FM Mega y FM Pop. Los hijos Raúl Cruz y Belisario Moneta, en Radiodifusora Buenos Aires SA y Radiodifusora Metro SA, son licenciatarios de las radios Splendid, Rock&Pop y Metro FM. Por otra parte, otros dos hijos, Faustino y Rufino Moneta, son socios en Radio Libertad SA y San Isidro Labrador SA, licenciatarios de Radio Belgrano, FM Blue y FM San Isidro Labrador. Con tal composición accionaria, no se encuentra ningún integrante de la familia Moneta ni sus sociedades en incumplimiento alguno a los límites establecidos por los artículos 24, 25, 26 y 45 de la ley, como erróneamente señala Alejandro Pereyra, quien fuera ex director general de Asuntos Legales y Normativa del Comfer».

Tengo el mail con el original por si Torrillate quiere revisarlo.

– Continúa Torrillate: “También le falta [a Crettaz] informar que los 35 planes de adecuación declarados admisibles por la AFSCA, entre los que está el de Clarín, aún no fueron aprobados y que, para ello, los licenciatarios deben cumplir sin excepciones las exigencias de la ley 26.522”.

Tercer párrafo y sigue sin desmentir. Vengo escribiendo de los planes de adecuación desde antes que Sabbatella y Torrillate imaginaran siquiera la oportunidad que iban a tener de conducir un organismos elefantiásico que les está permitiendo financiar la expansión territorial de su partido Nuevo Encuentro (el director de delegaciones de Afsca, Gustavo Hurtado, es el armador nacional del sabbatellismo y cada delegado en el interior es el principal referente local del Nuevo Encuentro, tal como han publicado ya muchos medios, entre ellos Clarín, pero si no gusta, también La Tecla). De los sueldos de los empleados de la Afsca también sale un porcentaje «voluntario» para financiar el partido.

En este punto, es llamativo que Torrillate le haya dado al relator kirchnerista Víctor Hugo Morales una versión deformada de su explicación haciéndole decir a Morales que es falso que se hayan aprobado planes de adecuación, algo que no está en mi nota (donde específicamente se habla de «declaración de admisibilidad»; de todas formas, esto es algo que al común de la gente no le interesa mucho).

Como recordó recientemente María O’Donnel, la pregunta es por qué Sabbatella prometió tener todos los planes de adecuación resueltos “a más tardar en marzo” y aún tiene pendientes varios que fueron presentados antes del 7 de diciembre de 2012, mucho antes que el del grupo Clarín. Y pendientes hay varios planes, entre ellos Telefe (Telefónica de España), Prisa (Radio Continental) y Telecentro (Alberto Pierri). Debería Sabbatella (o su vocero Torrillate) explicar a qué se debe esa demora y por qué cambió diametralmente su opinión sobre el caso Telefe (en diciembre de 2012 él mismo explicaba porqué ese canal estaba acorde con la ley de medios -lo hizo en TV en distintos programas- y hace unos meses pasó a decir que “hay que estudiarlo”). También deberían explicar en la Afsca por qué si Telefónica de España debe vender Telefe (por la cuestión de la incompatibilidad con servicio público), Martínez no debería hacer lo mismo con Cablevisión.

– Finaliza Torrillate: “Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

Termina Torrillate y sigue sin desmentir ninguno de los datos incluidos en mi nota. No es desprestigiar la tarea del Estado decir que el mismo Estado declara “fracasados” o “sin efecto” (y usa esos términos en los textos legales que produce) concursos para la creación de “nuevas voces”.  Ni hay una avalancha de nuevos medios, ni la mayoría de esos medios son de la sociedad (privados o sin fines de lucro), ni hubo suficientes interesados en los 220 canales de TV digital concursados en 2011, ni hubo suficientes interesados en las 140 radios FM concursadas en 2012; que cooperativas y pymes del cable se matan en la Justicia por los postes para colgar sus redes; que los sectores no cooptados de los pueblos originarios (como hizo Clarín en su momento) también reclaman la inconstitucionalidad de un artículo de la ley; que la situación de las productoras audiovisuales pymes del interior es trágica… Lo que le molesta a Torrillate es que se diga lo que Sabbatella no quiere: que el relato de la democratización de la palabra está completamente marchito. 

No es la primera vez que en las comunicaciones públicas de la Afsca se muestra desprecio por la verdad, algo que ya hemos hecho notar aquí (sobre un folleto y cable de Télam conmemorativo de la ley de medios) y que la organización no gubernamental Chequeado también retomó aquí (sobre la cantidad de nuevos medios creados con la nueva ley) y aquí (sobre el número de empleos que habría producido, pero no produjo, la ley de medios).





#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

14 04 2014

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. «Declárese fracasado el concurso referido», es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para «desmentir» una referencia a estos «fracasos» en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del «fracaso».

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley», que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).





#leydemedios: entregan histórica LT28 de Rafaela a una fundación vinculada al kirchnerismo local

16 02 2014

Por el momento,  habrá poco  y nada del mentado “sector no comercial” creado por la ley de medios algo celebrado la semana pasada por la prestigiosa ONG Reporteros sin Fronteras-. Apenas cáscara para esconder los verdaderos dueños, y los fines de uso eminentemente políticos de los medios audiovisuales. No digan que no venimos avisando. A continuación, el caso de la histórica LT28 Radio Rafaela.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobará este lunes 17 de febrero la adjudicación de dos emisoras de radio a «una fundación».  Se trata del primer concurso derivado de la ley de medios audiovisuales en el que se sometieron frecuencias a competencia sólo entre entidades no comerciales.

Entre los temas que tratará el directorio de la Afsca -además de las adecuaciones de Clarín, Manzano-Vila, Aldrey Iglesias, Barbarita Vila y otras tres empresas de medios- está el expediente 2629/Afsca/13 por el cual se aprueban “los actos del concurso público convocado mediante resolución N°1202/Afsca/2013, con el objeto de adjudicar dos licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud en la frecuencia 1470 mhz, identificada con la señal distintiva LT28 y de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 96.5 mhz, canal 243, identificada con la señal distintiva LRM 750, Rafaela, Santa Fe. Adjudícase a la Fundación Rafaela XXI las dos licencias señaladas.”

Para asumir la titularidad de ambas licencias se habían presentado dos fundaciones, Rafaela XXI y Potenciar. Los sobres con las ofertas se habían abierto el 7 de noviembre de 2013 en la sede que la Afsca tiene en Rosario. El artículo 89 de la ley de medios dispone que cuando por distintos motivos el Estado recupere frecuencias, en los nuevos concursos les dará prioridad a organizaciones no comerciales. En rigor, ese artículo -como tantos otros- está siendo incumplido por la Afsca, porque en su primer párrafo exige el diseño de un “plan técnico”, algo que -a más de cuatro años de la sanción de la ley- aún sigue pendiente.

Lejos de pertenecer al llamado “tercer sector”, o a la sociedad civil, o al ámbito no comercial, ambas fundaciones, tanto la ganadora como la perdedora, tienen vínculos con el poder político rafaelino o bien con el sector comercial. LT 28 (cuya historia puede repasarse aquí) había sido intervenida por la Afsca en abril de 2013 tras un extenso conflicto gremial en el que los empleados habían dejado de percibir sus salarios (situación similar a la que ocurre desde fines de 2013 en Radio Chaco/Arte Argentina, de Resistencia, sin que la Afsca se entere demasiado).

La Fundación Rafaela XXI es presidida por Marta Engler, dirigente justicialista que fue mano derecha del ex intendente y actual diputado nacional justicialista Omar Perotti. Cuando Perotti asumió por segunda vez la intendencia de Rafaela en 2003, Engler integró su gabinete como secretaria de Coordinación General de la intendencia, algo que los medios locales apodaron “supersecretaria” municipal.

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#leydemedios: en Mar del Plata, Aldrey Iglesias no vende nada y confirma fracaso del Art. 45

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Poco cambiará en Mar del Plata, donde el español Florencio Aldrey Iglesias, controla cuatro emisoras AM y tres FM, y es accionista del principal cableoperador local, además de controlar otras tres AM (Mendoza, Córdoba y Tandil) y tres FM (Bahía Blanca, Mendoza y Villa Gesell). Aldrey Iglesias también es propietario del diario La Capital de Mar del Plata y del histórico La Prensa, de Buenos Aires. El segundo diario marplantense, El Atlántico, adquirido recientemente al grupo Olmos por Néstor Otero, concesionario de la terminal de Retiro, es impreso en los talleres de La Prensa.

La familia Aldrey, liderada por Florencio y sus hijos, redistribuye sus licencias entre los mismos integrantes de las actuales sociedades y agrega como nuevos titulares a actuales ejecutivos de esas empresas. De hecho, los subdirectores de sus diarios, Marcelo Pasetti (La Capital) y Lauro Laíño (La Prensa), son los únicos nombres nuevos vinculados a la titularidad de frecuencias. Esta redistribución que aparece en el expediente 1089 le permite al Multimedios La Capital conservar todas sus emisoras.

Aldrey Antes y Despues Cronica de la Costa

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#leydemedios: Manzano-Vila, desprolijo, tendrá que hacer más cambios (probablemente cosméticos)

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Bien enredada es la situación del grupo Manzano-Vila, cuyo expediente se apresta a analizar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en breve. Manzano-Vila, que aunque comercialmente se presenta como grupo Uno Medios, no tiene unidad corporativa y sus múltiples empresas figuran en cabezas de distintos accionistas. El dictamen que aprobará Afsca el lunes próximo (si se confirma la reunión convocada todavía informalmente) sobre la presentación hecha por Manzano, Daniel Vila y su hermano Alfredo deja expuestas múltiples irregularidades del grupo en la operación de sus medios y, consecuentemente, exigirá varias modificaciones, lo que no impedirá su aprobación.

Entre otras cosas, los hermanos no podrán tener más del 1% de las acciones de Supercanal SA cuando se ejecute la homologación de su concurso de acreedores (dictada en 2011), algo que el juez interviniente supeditó a la presentación de garantías (por al menos US$ 35 millones) que aseguren a los acreedores el pago de la deuda y que se remita previamente la actuación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Según el abogado experto en radiodifusión Alejandro Pereyra “la condición del cierre del concurso no está en la parte resolutiva de los dictámenes sujetos a aprobación del directorio y por lo tanto se estaría inmiscuyendo la Afsca en las decisiones de la Justicia”, dado que el organismo estaría decidiendo el destino de activos cuyos dueños son aún inciertos. De manera llamativa, al citar una medida cautelar que impide a la Afsca decidir sobre las licencias de Supercanal, el mismo dictamen sólo menciona las iniciales de los nombres de las partes en ese litigio: juicio 152089 «V,AF c/VSDE y Otro p/ordinario S/medida cautelar», que se tramita en el Juzgado Civil, Comercial y Minas N°9 de Mendoza.
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#leydemedios: @Grupo_Clarin tendrá más plazo (que Manzano-Vila) para informar eventuales nuevos titulares

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

La ley de servicios de comunicación audiovisual podría cerrar este lunes un nuevo capítulo de su accidentada historia pero sin producir aún ninguna transformación concreta en el mapa de medios de la Argentina: la mayoría oficialista del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se apresta a declarar admisibles sin cambios el plan de adecuación a la norma presentado por el grupo Clarín, que además tendrá más tiempo que otros grupos para llevar a la práctica esa propuesta.

También aprobará, pero con algunas exigencias, el plan propuesto por Manzano-Vila, el segundo grupo de medios del país, cuya adecuación completa podría quedar suspendida para el caso de su principal empresa, la cableoperadora Supercanal, hasta que se efectivice la homologación de su concurso de acreedores iniciado el 19 de abril de 2000, hace 15 años, y se resuelva una medida cautelar dictada en un misterioso juicio que impide al Afsca innovar sobre las licencias.

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#LeydeMedios Cristóbal López transfiere dos radios y una señal de TV a un ejecutivo de su extrema confianza

27 12 2013

Una versión más breve de este texto se publicó en La Nación el 27 de diciembre de 2013

Cristóbal López transferirá dos FM y una señal de TV abierta en Capital Federal a Marcelo Fiordelli, un contador que integra los directorios de varias de sus empresas. Con este paso, que está próximo a ser aprobado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el empresario kirchnerista quedará plenamente adecuado a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y eso se haría sin que, en la práctica, se desprenda de ninguno de los medios cuya propiedad acumuló en los últimos años.

En abril de 2012, López le compró a Daniel Hadad una AM (Radio 10) y cuatro FM (La Mega 98.3, Pop 101.5, Vale 97.5 y TKM 103.7), además de la señal de noticias C5N, cuya empresa titular tenía adjudicada a su vez una frecuencia de TV abierta digital en Capital Federal. Pero la ley de medios impide a una misma compañía tener más de tres licencias de medios abiertos (radio o TV) en una misma ciudad. Aquella venta fue aprobada por la Afsca en una polémica resolución.

Las FM Vale y TKM, y una señal de TV (que sería la frecuencia del canal 27 de TV abierta digital) quedaron en manos del contador Marcelo Fiordelli, un ejecutivo que integra varias empresas del extendido grupo empresario de Cristóbal López. Además, como accionista minoritario aparece Gustavo Isaack, actual gerente general del diario Ámbito Financiero, propiedad del rosarino Orlando Vignatti (socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el diario La Capital). Isaack también preside la Asociación Federal de Editores de la República Argentina (Afera), que agrupa a 65 diarios medianos y pequeños.

Según información oficial a la que accedió La Nación, Imagen Radial SA, titular de la licencia de FM TKM 103.7, será cedida a Fiordelli en una sociedad en la que Isaack participa con el 10% de las acciones. Radioproductora 2000, titular de la licencia de FM Vale 97.5, será cedida a Fiordelli, con una idéntica participación minoritaria de Isaack, del 10%. Y el canal 27 de televisión digital abierta, también será cedida a Fiordelli, en este caso con una participación del 17,33% de Isaack. En todos los casos, esas transferencias deben ser aprobadas por la Afsca, cuyo directorio preside Martín Sabbatella.

Fuentes del grupo Indalo, el holding de López, confirmaron esta información a La Nación y dijeron que se trata de un “preacuerdo” hasta que Afsca lo apruebe. “Fiordelli renunció, se le pagó una indemnización el 31 de octubre pasado y se le cedieron TKM, Vale y una señal de TV”, dijo la fuente. Por su parte, Isaack también confirmó por email la operación: “No soy accionista minoritario de ninguna sociedad con Cristóbal Lopez. Realicé una compra de un porcentaje de las radios de las que él se desprendió y de un porcentaje de una señal HD. Tenemos la idea de incursionar con Ámbito Financiero en ello. Todo eso está sujeto a que la autoridad de aplicación lo autorice”, respondió.
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Los “21 puntos”, corazón partido de la #leydemedios de los que ya pocos se acuerdan

9 11 2013

El corazón de la ley de medios audiovisuales, que dio lugar a una de sus cualidades casi míticas, está en los “21 puntos para una radiodifusión democrática” elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un grupo grueso de universidades, entidades y personalidades de la comunicación (de la “emisión” más que de la “recepción”, aunque suene extraño hacer ese tipo de distinciones en esta época).

Representantes de esa coalición –que fue perdiendo integrantes a medida que fue siendo cooptada por el kirchnerismo- fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y visitaron con frecuencia a los distintos presidentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), incluido Martín Sabbatella.

Sabbatella –entre otros funcionarios oficiales, a los que hay que sumar al jefe de gabinete Juan Abal Medina– suele recordar que la ley de medios se originó en aquellos 21 puntos, sin aclarar cuánto de ese ADN hay en la ley de medios y en su aplicación. 

Un repaso por los 21 puntos mentados demuestra que al menos la mitad de ellos no están presentes en la ley o son violados sistemáticamente. ¿Qué no?, repasemos uno por uno (resumo los puntos para poder abarcarlos, quien quiera leerlos en versión completa, puede ir aquí).

1.- Derecho a la comunicación (SE CUMPLE. Digamos que está en el texto de la ley y eso ya es bastante, pero a juzgar por las restricciones al acceso a la información del Estado desde 2007 hasta el presente, es letra muerta y algo vieja en tiempos de Internet)

2.- Radiodifusión no es simple negocio comercial sino servicio esencial  (SE CUMPLE. Digamos que se cumple porque está en el contenido de la ley, pero habría que plantear algunos grandes asteriscos de esos que aclaran al pie con letra chiquita: Diego Gvirtz, Sergio Szpolski-Matías Garfunkel, productora la Corte, Gerardo Ferreyra-Osvaldo Acosta Electroingeniería-360 TV, etc.)

3.- Estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial (NO SE CUMPLE, no está en la ley, no hay una ley específica, hay varios fallos judiciales, algunos de la propia Corte, que el Poder Ejecutivo incumple).

4.- Frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse.  (NO SE CUMPLE. Sabbatella interpreta que donde la ley dice que se pueden transferir licencias “al solo efecto de la adecuación”, significa que en este proceso se pueden vender todos los medios que se quiera, no sólo aquellos que sean necesarios transferir para no exceder los topes máximos permitidos respecto del número de licencias: casos Daniel Hadad-Cristóbal López y Nemesio, entre otros).

5.- Promoción de la diversidad y el pluralismo (…) Igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. (SE CUMPLE A MEDIAS. La radio y la TV estatales pueden ser plurales en términos religiosos, de minorías étnicas o colectivos sociales, pero no tiene ni el más mínimo atisbo de pluralismo político, lo que viola aspectos concretos de la ley de medios. Sin fuentes de financiamiento genuinos no hay posibilidad de que algunos sectores sociales puedan acceder a medios. Y aún cuando accedan, ¿qué les asegura audiencia? En este punto vuelve a confirmarse la visión acotada que tuvo también el corazón de la ley)

6.- Políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad  (SE CUMPLE. Aunque, claro, el modo en que propone afectará –en mi modesto parecer el desarrollo digital de la Argentina, algo que ya he explicado en otro post–)

7.- Se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores (NO SE CUMPLE. Por favor, sobre este punto consultar a Juan Miceli -al que por esto, le pasó esto– o Marcelo Longobardi, que por esto, le pasó esto).

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo (SE CUMPLE Aunque el debate quizá sea otro. ¿Qué incumbencias profesionales requieren los medios y las industrias culturales del presente y del futuro inmediato? ¿Qué son los derechos intelectuales en este tiempo? ¿Cómo deben regularse?)

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias.  (NO SE CUMPLE. El Afsca es un organismo opaco. No son públicos esos registros si por publicidad se entiende que estén en Internet y sean fáciles de consultar para cualquier ciudadano. Pero tampoco existen si uno presenta un pedido de acceso a la información pública en los términos del aquel olvidado decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003; yo participé de un pedido de ese tipo y la Afsca nos mandó a recorrer oficinas y visitar páginas web de, por lo menos, 15.000 medios de comunicación audiovisual que, según Gabriel Mariotto, hay en Argentina).

10.- No podrán ser titulares de licencias  funcionarios públicos. (NO SE CUMPLE. El país se llenó de esposas, hermanos, hijos, sobrinos, amigos de la infancia, etc. de funcionarios públicos que encabezan medios o grupos de medios de comunicación. Algunos de esos funcionarios transfirieron esos medios de manera reciente: por ejemplo, Guillermo Jenefes, ex senador que fue clave para la habilitación del tratamiento de la ley de medios en 2009, actual vicegobernador de Jujuy, dueño de Radio Visión Jujuy (un grupo provincial de medios), que se “adecuó» a la norma en los mismos términos en los que proponen hacerlo Ick (Santiago del Estero), Manzano-Vila y Clarín. De lado opositor, el diputado Francisco de Narváez conserva un tercio relevante del grupo América, en sociedad con Manzano-Vila, lo que incluye el canal de TV, una señal de noticias y la radio La Red. José Luis Manzano y Alberto Pierri, son ex funcionarios clave del gobierno de Carlos Menem devenidos luego en importantísimos empresarios de medios. Pero no son los únicos. Y no estamos contando aquí los medios comprados por amigos o a instancias de los gobernadores. La lista sería interminable).

11.- Existen tres tipos de prestadores: públicos, comerciales y comunitarios (NO SE CUMPLE. Como decía una tía abuela muy querida, “ni noticia” del 33% del espectro –otro tema para discutir porque el espectro es necesario también para la Internet móvil de alta velocidad, fundamental para que se escuchen y vean muchos más y mejores medios de los que el broadcasting permite-. Las licencias otorgadas a radiodifusores comunitarios son un puñado (muchas de ellas habían sido pedidas antes de la sanción de la ley) y el mayor problema (sobre el que la ley no dice nada) está en la ausencia de fuentes genuinas de financiamiento, lo que vuelve a esos medios dependientes del Estado, es decir –en Argentina- del gobierno de turno.)

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. (NO SE CUMPLE, y se observa al kirchnerismo muy orgulloso de ello. La Corte Suprema, de manera superficial y meramente declarativa, adhirió a este aspecto olvidado de los “21 puntos” en su fallo de ratificación de la constitucionalidad de la ley audiovisual. Claro, para el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, la cosa es distinta: «Canal 7 es plural»).

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias para entidades sin fines de lucro. (NO SE CUMPLE porque ni siquiera hay “planes técnicos”. Hace unos días escuché a Graciana Peñafort destacar que sí hay plan técnico para la Televisión Digital Terrestre estatal, pero eso no está dentro de la ley de medios sino completamente fuera y si se le aplicara la ley el Estado no podría hacer lo que está haciendo: invitando a privados por decreto a transmitir sin licencia y sin haber participado de concursos por frecuencias a emitir por esa plataforma a más del 80% de la población cuando la ley sólo les permitiría llegar hasta el 35% -otro tope absurdo-).

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. (SE CUMPLE A MEDIAS y Afsca permite que así sea al haber autorizado el uso de producciones estatales para cubrir el cupo de “producción local independiente” que exige la ley de medios).

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia. (NO SE CUMPLE. Emisoras muy importantes, interesantes y destacadas alquilan las frecuencias por donde emiten –por ejemplo, Vorterix-; otras alquilan sus horarios marginales –por ejemplo, allí donde aparecen los pastores brasileños en la trasnoche-; otras alquilan espacios –lo cual está muy bien para la pluralidad de voces pero está prohibid por ley- a productoras que elaboran y comercializan sus propios programas).

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla. (SE CUMPLE, ponele)

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. (SE CUMPLE. Fue la primera –y casi única- prueba de la existencia de la ley de medios: Comienzo de espacio publicitario-Fin de espacio publicitario. Pero dentro del espacio de contenidos hay innumerable cantidad de PNT –publicidad no tradicional- y sería gravísimo para la sustentabilidad de muchos medios que se prohíban, tal como se desprende de la ley. En cuanto a la publicidad de producción nacional (de lo que las “señales internacionales” están exceptuadas, aunque se produzcan y emitan desde Buenos Aires), algunas consecuencias podría tener en el Mercosur.)

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. (NO SE CUMPLE. Mis amigos de DirecTV se van a volver a enojar -ya se enojaron conmigo varias veces-, pero ellos son grandes incumplidores de la letra del artículo con el ok de Afsca, que centra su reclamo por el mismo asunto contra Cablevisión.  Además de obligar a tener un canal de generación propia, la ley prohíbe tener más de uno, lo que está dando lugar a situaciones absurdas como la que ocurre en Tucumán).

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil. (SE CUMPLE, ponele. Aunque por “organizaciones de la sociedad civil” suele considerarse en estos tiempos a sólo una parte de esas entidades, las que son ideológicamente afines).

20.- Se creará la figura de la «Defensoría del público» (SE CUMPLE)

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión  (NO SE CUMPLE ni hay ninguna novedad al respecto. Mientras tanto, en Buenos Aires, hay frecuencias en las que emiten hasta 20 radios).





Los supuestos logros de la #leydemedios

10 10 2013

La agencia gubernamental de noticias Telam difundió hoy a las 14 un cable titulado “Logros concretos de la ley desde su sanción”

Allí, enumera una serie de logros del nuevo marco legal que no se corresponden con la realidad. Qué dice Telam, y qué pasa realmente

DICE TELAM:
El relevamiento, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) que preside Martín Sabbatella, da cuenta de la concesión de «1018 autorizaciones y licencias para radio, televisión abierta y televisión paga», y la «autorización para funcionar a 210 radios comunitarias en todo el país», entre otros logros.

DICE LA REALIDAD:
Ya lo habíamos explicado aquí. Y lo volvimos a hacer hoy aquí. No se pueden computar como nuevos medios hijos de la ley sancionada hace cuatro años a los medios creados a partir de expedientes abiertos antes de la aprobación de esa norma. Entre otras cosas, difieren los plazos de duración de las licencias. La amplia mayoría de las autorizaciones y licencias que dicen Afsca y Télam surgen de expedientes iniciados mucho antes de la sanción de la ley (algunos datan de la década del 80).
Por otro lado, “autorizar” un medio no implica que este automáticamente comience a transmitir. Como explicamos aquí, un repaso de las resoluciones de “habilitación” indica que son muchos menos los medios que, tras ser autorizados, comenzaron concretamente a emitir. Los concursos y planes de financiamiento (de muy corto alcance) lanzados este año por Afsca para medios comunitarios y municipales confirman que hay más dificultades que las previstas originalmente para llevar a la práctica esas intenciones.
Finalmente, es gracioso leer que Afsca hizo un “relevamiento” porque en realidad lo que debe hacer es un censo, una por una, de sus propias resoluciones (como hice yo). Los números no cierran.
En cambio, algunas radios preexistentes plantean una realidad distinta, como acaba de contar aquí Lili Berardi, de La Radio 92,3 de San Pedro.

DICE TELAM:
Además, se destaca la realización de 6000 horas de producción de contenidos distribuidas en más de 40 canales nacionales y provinciales y más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector audiovisual.

DICE LA REALIDAD:
Si consideramos que hay no menos de 600 cableoperadores pymes cada uno de los cuales tiene programas locales, y no menos de 150 canales de TV abierta analógica comunitaria o pyme, que también los tienen, ya llegamos a ese número de horas de programación anual. O sea, antes de la sanción de la ley ya existía ese volumen de programación. Y eso sin contar los canales, señales audiovisuales y productoras mainstream de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Lo de los 100.000 puestos de trabajo no tiene ningún asidero y menos si uno sigue el día a día del sector y los reclamos del SAT (que tampoco son tan sonoros por su estrecha relación política con el kirchnerismo).

DICE TELAM:
Además, desde la vigencia de la ley se realizaron «940 producciones audiovisuales entre series de ficción, series de micro y unitarios documentales para TV, se transmitieron gratis y en vivo en todo el país, todos los partidos de la Primera División A y en promedio 6 de los 10 de la Primera B Nacional», así como también «los encuentros de la Selección Mayor de Fútbol y la mayoría de los juegos de la Copa Argentina.

DICE LA REALIDAD:
Las 940 producciones audiovisuales a las que refiere Afsca no surgen de la ley de medios (no se derivan de su articulado ni se financian con los escasos recursos económicos allí mencionados). Esas producciones, entre las que hay algunos muy buenos contenidos y varias series de propaganda oficial –como El Pacto, sobre Papel Prensa-, se financian con fondos del Ministerio de Planificación Federal que conduce el ministro Julio De Vido. Afsca no tiene ninguna participación en esos concursos, que a pedido del ministro son coordinados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y forman parte del proyecto más amplio de Televisión Digital Abierta (TDA) que el Estado nacional lleva adelante desde 2010. Todo el proyecto TDA está completamente fuera del alcance de la ley de medios y si esta se le aplicara serían ilegales muchas de las actividades que allí se realizan: por ejemplo, la transmisión en abierto de canales de TV privados que no participaron de concurso ni tienen licencia para emitir y que, además, superan el tope del 35% de la población previsto en la ley.
En cuanto al fútbol, si entre 7 y 8 de cada 10 hogares de Argentina ven TV por suscripción como sostienen múltiples informes y relevamientos, entonces es falso que esos partidos se ven de manera gratuita. Es especialmente falso si se tiene en cuenta que, como ha explicado muchas veces mi colega Alejandro Casar González:
“En lugares del interior, no es ‘para todos’ ya que Canal 9 y América 2, habituales pantallas, son inaccesibles en la TV abierta de algunas provincias”
“Por superposición de horarios y falta de pantallas, hubo partidos que se emitieron sólo por canales de cable (Crónica TV, A24, CN23), algo que el contrato Estado-AFA prohíbe expresamente”.

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