Héctor Magnetto: “Nos demonizaron, quisieron convertir nuestra marca y nuestro logo en sinónimo de vergüenza”

3 12 2016

Terminé de leer el libro Así lo viví, la larga entrevista de Marcos Novaro a Héctor Magnetto. El libro tiene dos prólogos -uno de Carlos Pagni y otro de Marcelo Longobardi- y se estructura en cinco capítulos con un anexo documental que contiene fragmentos de los discursos del CEO del Grupo Clarín en los encuentros gerenciales de ese conglomerado en los últimos años. Debo decir que las preguntas de Novaro son muy buenas y no esquivan las acusaciones que Clarín recibió del kirchnerismo, y las respuestas (donde se aceptan errores y se señalan responsabilidades) no esquivan esos tópicos. Para mi, esto es lo más importante de ese trabajo.

asi-lo-vivi

1. Kirchner y la prensa

Argentina debería promover la existencia de varios grupos de medios sólidos y autosustentables; obviamente, no a costa de destruirlos que ya tiene.

Los medios no eligen presidentes. La historia lo ha demostrado claramente.

[El kirchnerismo] apuntó a consagrar un modelo de gobierno basado en la concentración de poder, la perpetuación familiar y el rechazo de cualquier forma de control.

Como quedó demostrado con muchos otros actores de la Argentina, el problema no era yo, sino cualquier factor de la sociedad que no pudieran controlar.

Con la excusa de los intereses corporativos, se intentó negar legitimidad a la empresa periodística, que es, aquí y en el mundo, la base de sustentación del periodismo profesional.

Me parece que el caso de Clarín lo incomodaba [a Kirchner] especialmente por dos razones: percibía que tenía la autonomía financiera para sobrevivir sin la asistencia estatal, y no se sentía cómodo confrontándolo ideológicamente por la tradición desarrollista del diario y la mirada progresista de varios de sus periodistas.

Néstor Kirchner estuvo obsesionado desde el principio con nosotros. Diseccionaba cada tapa, cada título, cada epígrafe. Se quejaba con los periodistas y también llamaba a la empresa. No sólo cuestionaba análisis y opiniones, sino también el espacio que se les daba a las noticias. Buscaba siempre segundas intenciones, mensajes subliminales, conspiraciones. Desconocía o ninguneaba la lógica periodística.

A principios de 2004, con el secuestro de Axel Blumberg, el acto en la ESMA en el que Kirchner desconoció a Alfonsín y la toma de la comisaría de La Boca por parte de D’Elía, el gobierno recibió fuertes críticas en los medios durante una semana. La reacción de Kirchner fue destemplada. Según cuentan algunos de los integrantes de la comitiva que en esos meses lo acompañó en viajes oficiales a España y China, se irritaba cuando leía los diarios argentinos. Ellos lo escucharon insultarme a gritos por una columna de Van der Kooy, lo que refleja la concepción que tenía del periodismo: para él, todos eran escribas de los dueños.

Durante años, decenas de periodistas soportaron esta descalificación, sin más defensa que la de los colegas que se encontraban en una situación parecida, la de las empresas en las que trabajaban y la de una ética personal que demostró ser valiosa, porque les dio fuerza en medio de la tormenta.

En la calle, viví personalmente las dos cosas, las felicitaciones y los insultos.

Creo que el kirchnerismo, y algunas usinas académicas que terminaron siendo funcionales a él, mezclaron deliberadamente esos escándalos y fraudes con sus propios prejuicios sobre las empresas de medios, para establecer paralelismos más que forzados entre lo que pretendía hacer el gobierno argentino y los dilemas que enfrentaban los países desarrollados.

El objetivo era sentar las bases de un nuevo sistema de medios alineado con el poder político y desarticular al mismo tiempo un sistema de medios privado con posibilidades de autosustentación.

El kirchnerismo quería medios débiles, que necesitaran de la pauta o de otros negocios concecionados por el Estado. Que fueran para siempre tributarios del poder político. O si no, en el otro extremo, grandes corporaciones globales, que no tuvieran la más mínima intención de criticar al poder local. Aquí entran desde los grandes estudios de Hollywood hasta las corporaciones telefónicas o satelitales.

Un medio corrupto no tiene futuro: las audiencias lo detectan y lo abandonan.

En el mercado de medios argentino la competencia es muy intensa, lo ha sido históricamente. Proporcionalmente, hay mucho periodismo político en diarios, radio y televisión, y ha sido siempre muy diverso en términos ideológicos y partidarios.

Una estrategia razonable para un país más que fragmentar artificialmente medios para que terminen dependiendo de otras fuentes de financiamiento podría ser la de favorecer la existencia de diversos grupos de medios privados, autosustentados y diversificados. Y, en paralelo, establecer un sistema transparente de fomento para medios dedicados a atender segmentos específicos, comunidades puntuales, minorías, etc.

Cuando se empieza a hablar en serio de escalas, tecnologías y marcos regulatorios, se ve que los grupos de comunicación nacionales, entre ellos, Clarín, son chicos.

Las mismas posibilidades que tuvimos de integración […] o del ingreso posterior al mercado del cable e Internet, estuvieron disponibles para el resto de los actores de la industria.

Nos adjudicaron habernos beneficiado con la devaluación y la pesificación, cuando fuimos de los más perjudicados. Y obviamente, de haber apoyado el plan económico de la dictadura que Clarín fue el primero en cuestionar. Pero la verdad histórica poco importaba.

Uno de los objetivos de la estigmatización empresarial era disciplinar. Y lo hicieron muy bien con un grupo de empresas no menor, que prefirió hacer negocios a cambio de silenciar sus críticas. Fue otra impostura. Los Kirchner tuvieron un discurso de combate al capital, de enfrentarse a los intereses poderosos y concentrados. Pero la paradoja es que muchos de estos sectores convivieron pacíficamente con ellos sin hacer jamás planteos públicos críticos ni presentar objeciones a las decisiones de gobierno, por más dañinas que las consideraran.

Si podíamos ser atacados, denigrados y difamados todos los días a un nivel tan exasperante, era obvio que tan poderosos no éramos.

Creo que uno de los peores momentos fue cuando intentaron mezclar dos historias, el caso Noble y lo de Papel Prensa, para tratar de meternos presos a la señora de Noble y a mi. Era todo un delirio, pero contaron con la ayuda de algunos organismos de derechos humanos, de algunos fiscales y jueces amigos, y creo que estaban decididos a avanzar con eso incluso sin pruebas.

Cuanto más acorralados parecíamos estar, más gente confiaba en nuestra información.

Aguantamos, además -hay que decirlo-, porque teníamos espalda. Otros debieron vender, o prefirieron vender. No los juzgamos, porque quizás en algún caso era la única manera de proteger las inversiones y las fuentes de trabajo.

 

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#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

5 09 2015

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

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#leydemedios: @Grupo_Clarin tendrá más plazo (que Manzano-Vila) para informar eventuales nuevos titulares

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

La ley de servicios de comunicación audiovisual podría cerrar este lunes un nuevo capítulo de su accidentada historia pero sin producir aún ninguna transformación concreta en el mapa de medios de la Argentina: la mayoría oficialista del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se apresta a declarar admisibles sin cambios el plan de adecuación a la norma presentado por el grupo Clarín, que además tendrá más tiempo que otros grupos para llevar a la práctica esa propuesta.

También aprobará, pero con algunas exigencias, el plan propuesto por Manzano-Vila, el segundo grupo de medios del país, cuya adecuación completa podría quedar suspendida para el caso de su principal empresa, la cableoperadora Supercanal, hasta que se efectivice la homologación de su concurso de acreedores iniciado el 19 de abril de 2000, hace 15 años, y se resuelva una medida cautelar dictada en un misterioso juicio que impide al Afsca innovar sobre las licencias.

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En el Congreso, #leydemedios no tuvo masivo apoyo opositor como suele escucharse

21 11 2013

El kirchnerismo ha sido un gran creador de mitos. No siempre lo logra con los grandes mitos (por ejemplo, a pesar de los millones invertidos no logró aún convertir en leyenda a la figura de su fundador, también fue millonario). Pero sí ha sido muy efectivo en los pequeños mitos, que se meten en la cotidianidad y hasta los más informados asumen y repetir hasta que la cuestión choca. Y a veces choca literalmente: como el mito de la recuperación del ferrocarril, que ya casi no resiste nuevas colisiones.

Respecto de la historia del debate y aprobación de la ley de medios audiovisuales hay mucho mito dando vueltas. Y cuando digo muchos, digo muuuuuchos. Imposibles de resolver en un solo post (al menos para mi en este momento).

Entre esos mitos está el supuesto gran apoyo opositor en el debate parlamentario de la norma. Y eso es un mito porque es absolutamente falso.

Acá van los nombres y números de las votaciones en general:
En la Cámara de Diputados los principales bloques opositores se retiraron “indignados” (algo que creo no debieron hacer para pelear en la votación en particular la reforma de algunos de los artículos luego impugnados judicialmente).

El resultado final dio 147 votos positivos, 4 votos negativos y 1 abstención (Miguel Bonasso). Fruto de aquella masiva retirada, 104 diputados estuvieron ausentes. O sea, no hubo una mayoría aplastante, sino más bien lo contrario.

Y si uno se pone a analizar cómo fueron votados los artículos luego cuestionados en la Justicia (sin éxito al final) por el Grupo Clarín, en algunos casos los resultados fueron más ajustados.

En diputados, sólo el bloque completo del Partido Socialista (integrado mayoritariamente por diputados santafecinos referenciados en Hermes Binner, entonces gobernador de esa provincia que deseaba tener un canal de TV distrital) votó a favor de la ley (10 votos). A eso hay que sumarle los votos de lo que por entonces se denominaba Proyecto Sur, Claudio Lozano, que funcionaba en interbloque que otros dirigentes filokirchneristas (como Victoria Donda, luego devenida completamente opositora), y el solitario voto de un diputado del bloque referenciado en el cordobés Luis Juez. Ese fue todo el acompañamiento opositor a la ley de medios entre los diputados.

Aquí, la planilla oficial con nombres, partidos, provincias representadas y sentido del voto.

En la Cámara de Senadores, que ratificó el texto aprobado en Diputados, el tratamiento fue más calmo porque el kirchnerismo tenía mayoría suficiente para sacar la norma como quisiera (aunque previamente el propio Néstor Kirchner tuvo que ajustar a algunos rebeldes que por convicción o por intereses económicos –como el caso del ahora vicegobernador de Jujuy y desde entonces empresario de medios, Guillermo Jenefes-).

En esta cámara el resultado fue el siguiente: 44 votos positivos, 24 votos negativos, y 4 ausentes. Aquí los únicos realmente opositores que acompañaron la ley fueron el socialista de Santa Fe Rubén Giustiniani y el bussista de Tucumán Carlos Salazar (que días antes había sido un duro opositor al texto legal).

Aquí, la lista de nombres, partidos, provincias representadas y sentido del voto.

Como se ve, el apoyo opositor fue escueto, y su relevancia se limitó al Partido Socialista.





Diputada mapuche @RitaLiempe pidió la inconstitucionalidad del Art. 151 de la #leydemedios

17 11 2013

[El siguiente texto se publicó en La Nación el 14.11.2013]

La ley de medios audiovisuales volvió ayer a los tribunales y podría llegar nuevamente hasta la Corte Suprema: la diputada bonaerense mapuche Rita Liempe pidió que se declare inconstitucional el artículo 151 de la norma, que otorga a pueblos originarios el acceso a frecuencias de radio y TV, o en su defecto se declare su inaplicabilidad. Además, pidió que -hasta que haya una definición sobre esas cuestiones- se dicte una medida cautelar para que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se abstenga de dar nuevas autorizaciones a nombre de supuestos pueblos originarios.

caratula inconstitucionalidad art 151

El planteo [que es analizado por el juzgado Contencioso Administrativo Fed. N° 2, a cargo del juez Esteban Furnari] se produce a casi diez días del fallo de la Corte Suprema que confirmó la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la misma norma, que habían sido impugnados por el Grupo Clarín, y también a pocas semanas de la denuncia de Deolinda Buenuleo, integrante del directorio de LRG 461 Canal 2 Wall Kintun, de Bariloche, que ante Cynthia Ottaviano, defensora del público (cargo creado por la ley), denunció el estado de abandono en el que se encuentra esa emisora, inaugurada el denominado 7D y promocionada por el gobierno nacional como el primer canal aborigen.

En esta nueva demanda, presentada contra el Estado nacional y la Afsca ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, se argumenta que no existe en la institucionalidad argentina la figura legal de “pueblo originario” y por lo tanto se están entregando las autorizaciones (que a diferencia de las licencias para tener medios no tienen vencimiento) a empresas privadas, cooperativas y algunas organizaciones vinculadas a la temática aborigen, pero que no pueden ser consideradas pueblos.
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Los “21 puntos”, corazón partido de la #leydemedios de los que ya pocos se acuerdan

9 11 2013

El corazón de la ley de medios audiovisuales, que dio lugar a una de sus cualidades casi míticas, está en los “21 puntos para una radiodifusión democrática” elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un grupo grueso de universidades, entidades y personalidades de la comunicación (de la “emisión” más que de la “recepción”, aunque suene extraño hacer ese tipo de distinciones en esta época).

Representantes de esa coalición –que fue perdiendo integrantes a medida que fue siendo cooptada por el kirchnerismo- fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y visitaron con frecuencia a los distintos presidentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), incluido Martín Sabbatella.

Sabbatella –entre otros funcionarios oficiales, a los que hay que sumar al jefe de gabinete Juan Abal Medina– suele recordar que la ley de medios se originó en aquellos 21 puntos, sin aclarar cuánto de ese ADN hay en la ley de medios y en su aplicación. 

Un repaso por los 21 puntos mentados demuestra que al menos la mitad de ellos no están presentes en la ley o son violados sistemáticamente. ¿Qué no?, repasemos uno por uno (resumo los puntos para poder abarcarlos, quien quiera leerlos en versión completa, puede ir aquí).

1.- Derecho a la comunicación (SE CUMPLE. Digamos que está en el texto de la ley y eso ya es bastante, pero a juzgar por las restricciones al acceso a la información del Estado desde 2007 hasta el presente, es letra muerta y algo vieja en tiempos de Internet)

2.- Radiodifusión no es simple negocio comercial sino servicio esencial  (SE CUMPLE. Digamos que se cumple porque está en el contenido de la ley, pero habría que plantear algunos grandes asteriscos de esos que aclaran al pie con letra chiquita: Diego Gvirtz, Sergio Szpolski-Matías Garfunkel, productora la Corte, Gerardo Ferreyra-Osvaldo Acosta Electroingeniería-360 TV, etc.)

3.- Estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial (NO SE CUMPLE, no está en la ley, no hay una ley específica, hay varios fallos judiciales, algunos de la propia Corte, que el Poder Ejecutivo incumple).

4.- Frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse.  (NO SE CUMPLE. Sabbatella interpreta que donde la ley dice que se pueden transferir licencias “al solo efecto de la adecuación”, significa que en este proceso se pueden vender todos los medios que se quiera, no sólo aquellos que sean necesarios transferir para no exceder los topes máximos permitidos respecto del número de licencias: casos Daniel Hadad-Cristóbal López y Nemesio, entre otros).

5.- Promoción de la diversidad y el pluralismo (…) Igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. (SE CUMPLE A MEDIAS. La radio y la TV estatales pueden ser plurales en términos religiosos, de minorías étnicas o colectivos sociales, pero no tiene ni el más mínimo atisbo de pluralismo político, lo que viola aspectos concretos de la ley de medios. Sin fuentes de financiamiento genuinos no hay posibilidad de que algunos sectores sociales puedan acceder a medios. Y aún cuando accedan, ¿qué les asegura audiencia? En este punto vuelve a confirmarse la visión acotada que tuvo también el corazón de la ley)

6.- Políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad  (SE CUMPLE. Aunque, claro, el modo en que propone afectará –en mi modesto parecer el desarrollo digital de la Argentina, algo que ya he explicado en otro post–)

7.- Se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores (NO SE CUMPLE. Por favor, sobre este punto consultar a Juan Miceli -al que por esto, le pasó esto– o Marcelo Longobardi, que por esto, le pasó esto).

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo (SE CUMPLE Aunque el debate quizá sea otro. ¿Qué incumbencias profesionales requieren los medios y las industrias culturales del presente y del futuro inmediato? ¿Qué son los derechos intelectuales en este tiempo? ¿Cómo deben regularse?)

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias.  (NO SE CUMPLE. El Afsca es un organismo opaco. No son públicos esos registros si por publicidad se entiende que estén en Internet y sean fáciles de consultar para cualquier ciudadano. Pero tampoco existen si uno presenta un pedido de acceso a la información pública en los términos del aquel olvidado decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003; yo participé de un pedido de ese tipo y la Afsca nos mandó a recorrer oficinas y visitar páginas web de, por lo menos, 15.000 medios de comunicación audiovisual que, según Gabriel Mariotto, hay en Argentina).

10.- No podrán ser titulares de licencias  funcionarios públicos. (NO SE CUMPLE. El país se llenó de esposas, hermanos, hijos, sobrinos, amigos de la infancia, etc. de funcionarios públicos que encabezan medios o grupos de medios de comunicación. Algunos de esos funcionarios transfirieron esos medios de manera reciente: por ejemplo, Guillermo Jenefes, ex senador que fue clave para la habilitación del tratamiento de la ley de medios en 2009, actual vicegobernador de Jujuy, dueño de Radio Visión Jujuy (un grupo provincial de medios), que se “adecuó” a la norma en los mismos términos en los que proponen hacerlo Ick (Santiago del Estero), Manzano-Vila y Clarín. De lado opositor, el diputado Francisco de Narváez conserva un tercio relevante del grupo América, en sociedad con Manzano-Vila, lo que incluye el canal de TV, una señal de noticias y la radio La Red. José Luis Manzano y Alberto Pierri, son ex funcionarios clave del gobierno de Carlos Menem devenidos luego en importantísimos empresarios de medios. Pero no son los únicos. Y no estamos contando aquí los medios comprados por amigos o a instancias de los gobernadores. La lista sería interminable).

11.- Existen tres tipos de prestadores: públicos, comerciales y comunitarios (NO SE CUMPLE. Como decía una tía abuela muy querida, “ni noticia” del 33% del espectro –otro tema para discutir porque el espectro es necesario también para la Internet móvil de alta velocidad, fundamental para que se escuchen y vean muchos más y mejores medios de los que el broadcasting permite-. Las licencias otorgadas a radiodifusores comunitarios son un puñado (muchas de ellas habían sido pedidas antes de la sanción de la ley) y el mayor problema (sobre el que la ley no dice nada) está en la ausencia de fuentes genuinas de financiamiento, lo que vuelve a esos medios dependientes del Estado, es decir –en Argentina- del gobierno de turno.)

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. (NO SE CUMPLE, y se observa al kirchnerismo muy orgulloso de ello. La Corte Suprema, de manera superficial y meramente declarativa, adhirió a este aspecto olvidado de los “21 puntos” en su fallo de ratificación de la constitucionalidad de la ley audiovisual. Claro, para el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, la cosa es distinta: “Canal 7 es plural”).

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias para entidades sin fines de lucro. (NO SE CUMPLE porque ni siquiera hay “planes técnicos”. Hace unos días escuché a Graciana Peñafort destacar que sí hay plan técnico para la Televisión Digital Terrestre estatal, pero eso no está dentro de la ley de medios sino completamente fuera y si se le aplicara la ley el Estado no podría hacer lo que está haciendo: invitando a privados por decreto a transmitir sin licencia y sin haber participado de concursos por frecuencias a emitir por esa plataforma a más del 80% de la población cuando la ley sólo les permitiría llegar hasta el 35% -otro tope absurdo-).

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. (SE CUMPLE A MEDIAS y Afsca permite que así sea al haber autorizado el uso de producciones estatales para cubrir el cupo de “producción local independiente” que exige la ley de medios).

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia. (NO SE CUMPLE. Emisoras muy importantes, interesantes y destacadas alquilan las frecuencias por donde emiten –por ejemplo, Vorterix-; otras alquilan sus horarios marginales –por ejemplo, allí donde aparecen los pastores brasileños en la trasnoche-; otras alquilan espacios –lo cual está muy bien para la pluralidad de voces pero está prohibid por ley- a productoras que elaboran y comercializan sus propios programas).

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla. (SE CUMPLE, ponele)

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. (SE CUMPLE. Fue la primera –y casi única- prueba de la existencia de la ley de medios: Comienzo de espacio publicitario-Fin de espacio publicitario. Pero dentro del espacio de contenidos hay innumerable cantidad de PNT –publicidad no tradicional- y sería gravísimo para la sustentabilidad de muchos medios que se prohíban, tal como se desprende de la ley. En cuanto a la publicidad de producción nacional (de lo que las “señales internacionales” están exceptuadas, aunque se produzcan y emitan desde Buenos Aires), algunas consecuencias podría tener en el Mercosur.)

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. (NO SE CUMPLE. Mis amigos de DirecTV se van a volver a enojar -ya se enojaron conmigo varias veces-, pero ellos son grandes incumplidores de la letra del artículo con el ok de Afsca, que centra su reclamo por el mismo asunto contra Cablevisión.  Además de obligar a tener un canal de generación propia, la ley prohíbe tener más de uno, lo que está dando lugar a situaciones absurdas como la que ocurre en Tucumán).

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil. (SE CUMPLE, ponele. Aunque por “organizaciones de la sociedad civil” suele considerarse en estos tiempos a sólo una parte de esas entidades, las que son ideológicamente afines).

20.- Se creará la figura de la “Defensoría del público” (SE CUMPLE)

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión  (NO SE CUMPLE ni hay ninguna novedad al respecto. Mientras tanto, en Buenos Aires, hay frecuencias en las que emiten hasta 20 radios).





Para cumplir #leydemedios, cable CCC de Tucumán deberá cerrar dos señales locales

8 11 2013

Cuanto más se toca con la realidad, más se deshilacha la ley de medios audiovisuales argentina. En Tucumán, el cable CCC, que tenía tres señales locales -ubicadas en los canales 12,13 y 14 de la grilla- deberá cerrar dos para adecuarse al artículo 45 en el inciso que limita a una sola la cantidad de señales que un cableoperador puede tener (la norma la llama “señal de generación propia”). CCC Compañía de Circuitos Cerrados pertenece al grupo empresario Domínguez, también dueño de una empresa constructora VHA, que suele hacer varias obras públicas en la provincia.

Le pedí a dos colegas de Tucumán que verificaran esta situación, que preocupa a periodistas y productoras de esa ciudad, que podrían verse afectados por el cierre de esas señales (sí, pueden desarecer, como lo haría TN si se separara de Canal 13 -aunque esa es otra historia-) .

Por casos como este, digo que la ley de medios le está quitando fuentes de financiamiento genuinas a la producción de contenidos, especialmente en aquellos lugares donde no hay o no alcanza el mercado publicitario. Si considera que su audiencia le reclama más contenido local, un cableoperador puede destinar recursos del negocio de la distribución (lo que los hogares pagan mensualmente) a producir contenidos. La ley podría haberlos obligado a ello (tal vez, progresivamente, en relación con el tamaño de la plaza en la que operan) en lugar de prohibírselo.

A continuación la respuesta de Federico Türpe, de La Gaceta, uno de los colegas que consulté:

“En Tucumán hay tres compañías de cable en la capital. TCC, la más chica, ATS, que fue comprada hace unos años por Supercanal y CCC, la más grande, que sigue siendo 100% una empresa local. ATS tiene un solo canal de producción propia y CCC tiene tres (12, 13 y 14 en su grilla). De acuerdo a la ley deberá desprenderse de dos. Es muy difícil que alguien quiera comprarlos porque son canales apenas rentables.Los tres tienen programación 100% local y abarcan noticias, deportes, interés general, moda, espectáculos, etc. No sabría decirte cuanta gente emplean esos tres canales pero es mucha, entre técnicos, productoras, agencias de publicidad, periodistas, etc.

“Paradójicamente, mientras el espíritu de la ley es amplificar y proteger ‘lo nuestro’, en Tucumán, y supongo en otras provincias ocurrirá lo mismo, se pone en jaque a señales locales, pero HBO mantiene 42 señales, Fox 30, Discovery 11 y Disney 9.

“Otro dato, DirecTV, que ya tiene el 8% de los abonados de la TV paga en la provincia, no emite ninguna señal local, ni siquiera los dos canales de aire de la provincia. El que tiene DirecTV es sólo de Bs As y señales internacionales.

“Tampoco sabemos qué pasará con los canales de aire. El 8 es de Telefé y dependerá de la adecuación que haga Telefónica. En el 10 el accionista mayoritario es la Universidad Nacional de Tucumán, aunque le ha cedido el control editorial al gobierno, que tiene el 33% de las acciones. Lo gracioso de canal 10 es que es prácticamente una repetidora de canal 13 de Bs As (es una sociedad de muchos años, anterior a la pelea Clarín-Gobierno), pero no transmiten ni noticieros ni programas políticos del 13 como Lanata, y en su lugar son reemplazados por noticieros locales, ultra alperovichistas-kirchneristas y por programas de la TV pública como 678!!! Luego de la pelea con Clarín se volvió un canal ezquizoide, mitad 13 mitad K”.

Como se sabe, Tucumán no es un lugar fácil para ejercer el periodismo. Las señales involucradas -de gran diversidad temática- tienen escasos programas de actualidad  o periodísticos. Pero la comunicación audiovisual no es sólo información, también es entretenimiento, recreación cultural y social, y educación. En el Jardín de la República, la ley de medios empezó restando nuevas voces.





La situación de las radios privadas de gestión local, a cuatro años de la #leydemedios, por Lili Berardi (@Lilibertaria)

10 10 2013

Para el balance que escribí sobre los cuatro años de la ley de medios, le pedí a Lili Berardi (directora de La Radio FM 92.3 de San Pedro, Prov. de Buenos Aires) que me resuma en algunos tips la situación actual de las emisoras privadas de gestión local. Y aquí lo hizo a título personal.

Esto escribíamos en una solicitada en 2009: “Exigimos respeto y legalidad en un clima enrarecido para los hombres y mujeres que hemos dedicado la vida a la radiodifusión. Imploramos por nuestra inclusión en la nueva norma y su reglamentación. Pedimos protección para nuestras pequeñas empresas y reclamamos el reconocimiento de cada funcionario que, habiendo nacido en un pueblo, conoce nuestra actividad y nuestro apego a la legalidad. La Asociación de Radios Licenciatarias Independientes de Buenos Aires (Arliba) solicita una respuesta clara, urgente y justa para sus asociados y para todas las radios que en la misma situación creyeron que en el marco de la legalidad podía construirse una comunicación plural, federal y participativa, satisfaciendo las necesidades de cada pueblo de cada rincón de la república donde levantar una antena no era un negocio sino una necesidad”

En aquella oportunidad sólo obtuvimos un renglón en la ley que refiere a las localidades de menos de 100.000 habitantes. Las radios privadas de gestión local hemos sido consideradas del mismo modo que aquellas de alcance nacional.

Son incontables los radiodifusores que tras varias generaciones dedicadas a la comunicación se han visto obligados a depreciar sus programaciones e incluso a precarizar su relación laboral con su personal. Hablamos siempre de radios de gran arraigo local y con producciones periodísticas propias. Con personal contratado y en muchos casos con imposibilidad de cambios de programación por la antigüedad de locutores, periodistas, informativistas, operadores o movileros.
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Los festejos de @AfscaDigital previos al fallido #7D costaron $ 638.000 (el compromi$o con la #leydemedios)

14 06 2013

A continuación reproduzco el post de Jose M. Stella en el muy buen blog de periodismo de investigación Eliminando Variables.

Los gastos en artistas de Sabbatella previos al fallido 7D

En algún momento, Martín Sabbatella deberá dar explicaciones sobre los gastos en la contratación de artistas para eventos a favor de iniciativas del Gobierno, bajo el manto de la Ley 26.522, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios).

Sabbatella, presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA), tiene a cargo la aplicación, interpretación y cumplimiento de esta norma. De acuerdo con su texto, el AFSCA debe garantizar el derecho a la información, evitar la formación de monopolios, diversificar prestadores, y fomentar contenidos diversos, entre varios puntos.

Sin embargo, para el Gobierno, en muchos casos parecieran no existir estos contenidos diversos. Casi siempre se contratan los mismos artistas en los shows gratuitos de los actos partidarios, maquillados con fechas patrias o días de “importancia” para los argentinos.

Lo concreto es que durante diciembre del 2012, el famoso mes del fallido “7D”, su organismo favoreció a artistas con contrataciones directas, entre otros motivos, por su supuesto “gran compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Sabbatella1

Según documentos a los que accedió (Eliminando Variables), el 30 de noviembre del 2012 y bajo el marco del ciclo “Todas las voces –Foros y Festivales por la Libertad, la Democracia y la Diversidad”, se contrató a la firma PIRCA PRODUCCIONES SA quien ofreció para eventos en las ciudades de Córdoba, Corrientes, Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a realizarse los días 1, 2 y 4 de diciembre, la contratación de artistas como Palo Pandolfo, La Bomba de Tiempo, Arbolito, Los Pericos, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Chango Spasiuk, Horacio Fontova y Liliana Herrero por un total de 638 mil pesos.

Bajo un expediente que suma las contrataciones directas por exclusividad Nros. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23/12, y con la firma de Sabbatella, se contrataron los servicios de PIRCA PRODUCCIONES SA, compañía del empresario Cristian Merchot, quien propuso y logró los siguientes cachets para los artistas: Palo Pandolfo ($ 30.000, tocando el 1 de diciembre del 2012 en CABA); La Bomba de Tiempo ($ 75.000, tocando el 1 de diciembre del 2012 en CABA); Arbolito ($ 55.000, tocando el 1 de diciembre del 2012 en Córdoba); Los Pericos ($ 125.0000, tocando el 1 de diciembre del 2012 en Córdoba); Teresa Parodi ($  90.000, a presentarse el 2 de diciembre del 2012 en Corrientes); Víctor Heredia ($ 115.000, tocando el 2 de diciembre del 2012 en Corrientes); Chango Spasiuk ($ 63.000, tocando el 2 de diciembre del 2012 en Corrientes); Horacio Fontova ($ 40.000, tocando el 4 de diciembre del 2012 en Rosario) y Liliana Herrero ($ 45.000, tocando el 4 de diciembre del 2012 en Rosario).

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#LeydeMedios, un repertorio de promesas incumplidas (y la necesidad de enfocarse en #telecomunicaciones), por Marcelo Stubrin

12 06 2013

A continuación se reproduce el texto leído por Marcelo Stubrin, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en representación de la primera minoría parlamentaria (la UCR), en el Foro de la Ciudad del Club del Progreso el 22 de mayo de 2013. Estudioso del derecho (y del derecho administrativo en particular), Stubrin -que, aunque con larga trayectoria en el Estado, no tiene formación específica en comunicación-, señala varias inconsistencias de la ley y de su aplicación, y marca algunos puntos para empezar a pensar en su reforma, o en su reemplazo parcial por una norma más moderna, de convergencia o de telecomunicaciones.

La exitosa empresa de reconstrucción democrática iniciada en 1983, tenía una asignatura pendiente: la regulación de los medios de comunicación audiovisuales. El anhelado propósito consistía en proveer normativas que fortalezcan la sociedad civil frente a la posibilidad de que la opinión pública pueda ser manipulada por los gobiernos o por las empresas privadas propietarias de los medios de comunicación.
La libertad de acceso a la información pública, descendiente directa de la libertad de prensa y de la anterior libertad de imprenta se encuentra en el corazón del plexo normativo de las llamadas libertades de primera generación integrando todos los textos constitucionales de las repúblicas democráticas.
Frente a la tiranía y el autoritarismo oscurantista, es sencillo definirla, pero en la sociedad abierta y democrática se complejiza su interpretación sobre todo por el vertiginoso caudal informativo disponible, la incesante creación de nuevas plataformas de acceso y la disponibilidad de variada información global en tiempo real que es consumida por cada vez más amplias capas de la población del mundo. Todo esto ha dado lugar a nuevas interacciones que algunos definen como una ciudadanía universal.

La libertad nunca celebra su consagración plena, siempre hay que estar atentos.

Los inquisidores que mandaban a la hoguera a los libros y sus autores, se reconvirtieron muchas veces en censores de opiniones diferentes, ya sea para servir a los aparatos de propaganda de las tiranías, a dictaduras prepotentes y autoritarismos de diverso pelaje. También acompañaron el colonialismo y otras formas más sofisticadas de control sobre los más débiles, ya sea a través de gobiernos, grupos económicos o élites políticas locales o multinacionales beneficiarias de la empresa colonial.
La metáfora subyacente del oscurantismo es que “la realidad” es lo que aparece en la portada de un diario, una revista o se reproduce en la pantalla de televisores de millones de hogares, sin embargo la historia se encargó de demostrar lo contrario: la verdad prevalece, la pantalla adicta dura poco, no puede sofocar la verdad que se construye en el saber de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad.
Los más grandes aparatos opresivos del Siglo XX han sucumbido y en su lugar han nacido sociedades más abiertas, que vuelven a sufrir amenazas que encienden nuevas alertas, lo que demuestra que libertad, democracia, república y garantías constitucionales son conquistas nunca definitivas que necesitan constante vigilancia y atención.
Este es el entramado en que se inscribe la necesidad de contar con una herramienta legal que, para los servicios abiertos al público en general, tales como la radio y la televisión, regule la disposición de un bien escaso: el espectro radioeléctrico, aunque teniendo en cuenta que esa escasez es cada vez menor, dados los adelantos tecnológicos que permiten una mayor participación en el uso de las frecuencias, sin interferencias.

Allí conviven ondas electromagnéticas cuyo uso debe ser administrado teniendo en cuenta que constituyen una ancha avenida pero con límites precisos que cuando se extralimitan arruinan el sistema, se superponen y perjudican simultáneamente a quienes ejercen su derecho a emitir y a la inmensa mayoría cuyo objetivo es buscar y recibir informaciones, entretenimiento e ideas de toda índole por cualquier sistema a su elección, entre ellos, los medios audiovisuales.

Todos los países del mundo cuentan con servicios de radio y televisión sujetos a regulaciones que difieren en su rigurosidad, y en la Argentina, además, prevalecía un sistema caracterizado por la discrecionalidad del gobierno en la administración de las reglas sobre quienes podían ser propietarios de radios y canales de televisión.

La llamada ley 22285 impuesta por el general Jorge Rafael Videla el 15 de setiembre de 1980, a partir del retorno al sistema democrático fue objeto de diversas modificaciones parciales en su texto, tratando de aplacar en algún caso su rigorismo de base, pero, en realidad, no llegaron a ser más que parches sobre un texto doctrinaria y jurídicamente insostenible en la primera década del siglo XXI, circunstancia que enmarcada en la ruptura del gobierno con el campo, el voto adverso del Vicepresidente de la República y el enfrentamiento con los medios nacionales, derivó, en la sanción por el Congreso Nacional de la Ley 26522, sancionada, promulgada y publicada con inusitada urgencia el día sábado 10 de octubre de 2009, pero que a más de 3 años continúa mayormente inaplicada.

Dicha norma, que mereció numerosas críticas de diferentes sectores políticos durante su tratamiento legislativo, también fue objeto de variadas impugnaciones a su constitucionalidad, por todos conocidas, no obstante lo cual, es la que rige en nuestro país, aunque están pendientes de consideración por la CSJN [Corte Suprema de Justicia de la Nación] algunos artículos cuestionados, que según sea la opinión del Alto Tribunal puede hacer muy dificultosa la futura aplicación lisa y llana de la ley tal como se encuentra redactada.
Sin perjuicio de que volvamos a considerar estos aspectos polémicos, considero necesario evaluar primero la norma en su conjunto, en aquellos aspectos que no han merecido reproches o que éstos no han sido atendidos por los magistrados encargados de evaluar su constitucionalidad.

No se puede más que coincidir con los Objetivos establecidos en el art. 3°. Con gran amplitud se expresa un consenso nacional acerca de los propósitos que deben inspirar a una legislación sobre estas materias, sin embargo es necesario formularse dos preguntas: la primera, sobre si el texto de la norma contribuye a concretar los objetivos propuestos o los dificulta; y la segunda sobre si el campo de aplicación permite abarcar de manera completa la materia bajo análisis.
Lamentablemente la respuesta a las dos preguntas es adversa al texto de la llamada Ley de Medios.

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