Con @aracalacana (Martín Becerra) terminamos en el barro, pero por una buena causa

12 02 2016

 

Reconozco que tu foto en el avatar de Facebook y Twitter (con guantes de box y en posición de pelea) me da un poco de miedo, pero como soy más inconsciente que cobarde, acá va mi respuesta (intenté que fuera corta, pero no hay caso, no me salió).

No quisiera que quienes nos leen se queden con un resumen equivocado: “Vos sos falaz. No, vos sos más falaz. No, vos. Vos, más. Fin del debate”.

Iba por ese camino, y me fui sumergiendo en el barro más y más. Hasta que llegué a este apartado…

Sobre la cuestión de fondo

“Lo que a muchos de los firmantes nos motivó el apoyo a los objetivos de la ley audiovisual fue el reconocimiento de la libertad de expresión como un derecho social amplio, colectivo, lo que supone obligaciones para el Estado no sólo en términos de eliminar la censura (directa e indirecta) sino también en la provisión de políticas activas para garantizar que todo ciudadano pueda recibir, investigar y difundir ideas diversas en los distintos medios. Como dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia que validó la constitucionalidad de la ley audiovisual, para ello es preciso limitar la concentración de un sector que es clave en la tramitación de ese derecho social.”

Comparto palabra por palabra, especialmente en algunos aspectos como la eliminación de la censura directa e indirecta (eso remite a pauta oficial y a la ley antiterrorista) y el acceso de cualquier ciudadano a la información (eso remite a acceso a la información pública). Y por supuesto, coincido con los límites a la concentración económica en general (lo que remite a la ley de defensa de la competencia, cuyos mecanismos nunca se pusieron totalmente en marcha) y en el ámbito de la comunicación, en particular (lo que nos trae finalmente hasta las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones).

Pero sigo sin entender cómo un instrumento legal tan brutal, anticuado y elefantiásico como la ley audiovisual argentina -lamentablemente calcada además en otros lugares, como Uruguay- podría conseguir aquellos objetivos. ¿Dónde están en ese texto las garantías contra la censura? Yo lo veo al revés y creo que hay hechos que me dan la razón: ese texto legal introdujo nuevos mecanismos de censura y autocensura que se manifiestan de manera clara en el sistema punitorio previsto -en el que la ex Afsca puso además mucha atención a juzgar por el número de resoluciones que destinó a multas y sanciones-. ¿Dónde están las garantías para el acceso a la información pública? Nunca como en esta época fue más difícil saber quiénes son los verdaderos dueños (a lo que dedico buena parte de mi trabajo periodístico cotidiano, a riesgo -según me dicen- de cerrarme la puerta a potenciales empleadores en el futuro).

Creo que seis años de vigencia de la ley audiovisual permiten juzgar sus resultados, ya no solamente la letra o el espíritu. Que se haya aplicado “poco y mal” -muletilla que está poniéndose vieja- no invalida ese balance. Considero que la evaluación de esos resultados (salvo honrosas excepciones, entres las que está tu trabajo) no parece interesar a las carreras de comunicación en las que se predica una suerte de dogma sobre la ley audiovisual de manera a-crítica y sin revisar siquiera hechos simples y hasta googleables (yo he escuchado a estudiantes avanzados referencias constantes a cosas que no existen, como “los canales de televisión de pueblos originarios”. Así, en plural).

Aquel párrafo final de tu réplica, con el que empecé esta respuesta, me devolvió el optimismo sobre la posibilidad de que renuncies a la renuncia al debate, con el que arrancás tu texto. Pero no tengo más remedio que volver al barro porque en tu texto hay consideraciones personales que si callara concedería.

Porque respeto el rigor de tu trabajo y sobre todo tu honestidad intelectual siempre te consulté para mis notas cuando lo consideré oportuno y por lo mismo, me permití aportar mis comentarios a la declaración de los investigadores pensando que abría un debate que ahora encuentro prematuramente clausurado. La imagen que tengo de vos siguió intacta aún después de que me acusaras de macrista/oficialista (cuando el nuevo gobierno no había cumplido ni siquiera un mes en el poder). Sólo atiné a decirte: “Estás enojado”. Ahora creo que seguís enojado.

Es una gran carencia que sigamos sin “debate duro” -como lo llamó hoy Roberto H. Iglesias- sobre una ley que destruyó el sector privado audiovisual y terminó concentrándolo aún más de lo que estaba, que dejó indefensos a cientos -tal vez miles- de radiodifusores, que no generó empleo, que estancó el desarrollo de redes de comunicación más robustas en áreas muy necesitadas de ese recurso y que convirtió al Estado en un actor especialmente preponderante con todos los riesgos que ello lleva implícito en el contexto latinoamericano.

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#Argentina Aporte de @rhiglesias al “debate duro” con @aracalacana sobre políticas de #comunicación

12 02 2016

Por Roberto H. Iglesias (tomado de su perfil de Facebook)

El presente texto se refiere tanto a un documento dado a conocer sobre la política de comunicación del actual gobierno;

https://martinbecerra.wordpress.com/…/ante-la-politica-de-…/

a la respuesta al mismo de un artículo del periodista de La Nación José Crettaz

https://mediaandentertainmentobservatory.wordpress.com/…/…/…

a la respuesta a este último del académico de la comunicación Martín Becerra (UNQ/UBA)

https://www.facebook.com/mbecerracomunica/…/930822217014185….

Y finalmente un comentario mío a esta última respuesta que es el que se reproduce a continuación. Destinado a los que les interese el “debate duro” de temas de comunicación.)

Aunque no soy el destinatario directo de la respuesta de Martín Becerra ni obviamente soy autor del artículo de José Crettaz que se objetó, sí escribí algo en otros posts de FB con respecto a la declaración original. Y también me manifestaba –en términos generales— de acuerdo con el artículo de José.

Me sorprendió en ese texto de respuesta de Martín Becerra a José Crettaz la frase que critica el “énfasis opinativo e ideológico” del artículo objetado y de la labor de Crettaz, como si quienes firmaron la declaración hablaran desde un supuesto lugar ascéptico y los demás tuvieran “opinión” e “ideología” pero ellos no. Esto resulta paradójico de parte de varios de esos firmantes que suelen defenderse, precisamente, de quienes los acusan de muy “ideologizados”.

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#Argentina Comentario sobre la declaración de académicos acerca de los cambios en las políticas de #comunicación

11 02 2016

Unos cuarenta investigadores de distintas universidades nacionales -algunos de los cuales participaron en la redacción de la ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009- difundieron una declaración sobre las modificaciones introducidas por decreto en la norma audiovisual y en la ley de telecomunicaciones, pomposamente llamada Argentina Digital. En concreto, los académicos pusieron en la mira lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 (que modificó la ley de ministerios) y 267/2015 (que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones).

 

Todos los investigadores que firman la declaración merecen el mayor de los respetos por el rigor y la pertinencia de sus trabajos, por sus trayectorias en el país y en el exterior y, sobre todas las cosas, por su honestidad intelectual en la búsqueda del bien común.

 

Dicho esto, me parece importante contextualizar cada párrafo de la declaración, en la que se expresa “preocupación (…) tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas”, y enumera de manera “sintética” las que se consideran “principales” (destacados aparecen los párrafos de la declaración).

“La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.”

América latina en general, y la Argentina en particular, experimentaron con dramatismo en los últimos 15 años la implicancia que la política de medios/comunicación tiene para la democracia y la libertad de expresión. Las leyes Resorte (y su ampliación al universo digital) en Venezuela y  orgánica de comunicación en Ecuador, son los dos más nítidos ejemplos del retroceso de las libertades y de la concentración de la información en una sola voz (gubernamental). En Argentina, no puede equipararse a ellas la ley de medios -así llamada por el kirchnerismo gobernante los últimos 12 años- pero sí puede decirse que muchas de las prácticas adoptadas por ley, decreto o simplemente de facto en los últimos años -y que bien pueden caracterizarse como “políticas de comunicación”- buscaron crear un monopolio gubernamental y paragubernamental de la comunicación que incluyó la sanción de normas como la ley de medios (en cuyo diseño ya puede encontrarse la razón de su posterior aplicación sesgada y arbitraria), la ley Argentina Digital, la ley antiterrorista, la ley de desarrollo satelital, y la ley de declaración de interés público de la fabricación de pasta de celulosa y papel para diarios; las resoluciones de autorización de las fusiones de Cablevisión y Multicanal -sin la apertura a la competencia con las telefónicas- y del ingreso de Telefónica de España (controlante de Telefónica de Argentina) en Telecom Argentina a través de Telecom Italia; y las medidas administrativas tendientes a fijar el precio del abono de la TV por cable; la millonaria estatización de los derechos de televisación del fúbtol y el uso político de esas emisiones; la distribución arbitraria de la publicidad oficial y su uso para financiar medios adictos; y la manipulación partidaria y facciosa de los medios públicos (en particular Radio y Televisión Argentina SE). A eso deben sumarse acciones de facto, como la prohibición a las empresas de retail de consumo masivo (principalmente los supermercados) para que publiciten en los diarios nacionales de mayor circulación -medida que se conoció como “cepo publicitario”- o la persecución ideológica contra periodistas y dirigentes opositores con campañas de desprestigio orquestadas de manera organizada -y con intervención de organismos de inteligencia- desde el mismo aparato de propaganda gubernamental y paragubernamental. Este fue el contexto de las políticas de comunicación  en la Argentina en los últimos 12 años, con especial énfasis desde 2005 en adelante. Estas prácticas ya habían sido aplicadas a escala local en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, como bien retrató en su momento el periodista ya fallecido Daniel Osvaldo Gatti en su libro El amo del feudo, de 2003.

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#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

5 09 2015

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

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#Argentina La radio y la TV privadas reclaman por la “excesiva” publicidad electoral que debieron emitir

7 08 2015

ATA ARPA La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) –entidades que agrupan a los licenciatarios históricos de señales de TV abierta y radios AM y FM– difundieron este 6 de agosto de 2015 un comunicado en el que plantearon duras críticas a la obligación de ceder gratuitamente minutos de aire para la difusión de spots de campaña de los distintos partidos políticos y por el trato desigual que eso implica respecto de las señales de programación extranjeras, que están exentas de la obligación.

Además, en lo que pareció una ironía, ATA y ARPA pidieron “disculpas a sus audiencias” por la superabundancia de espacios cedidos por la ley 26.571 (reforma electoral, de 2009) y la ley  26.215 (financiamiento de los partidos, de 2006). Y finalmente, pidieron ser compensados económicamente.

A continuación, el comunicado completo:

Buenos Aires, 6 de agosto de 2015.– La radio y la televisión abierta argentina piden disculpas a sus audiencias por la excesiva cantidad de avisos políticos gratuitos que se emiten diariamente.

Los espacios cedidos conforme ley 26571 para las campañas electorales de las diferentes agrupaciones políticas representaron un elevado porcentaje de nuestras programaciones sin que los medios, obligados a emitirlas, perciban ingreso alguno por ello.

Esta situación genera un fuerte perjuicio económico a las emisoras y una saturación y caída de las audiencias. Por estas razones solicitamos al estado nacional:

  • La compensación económica de los espacios cedidos.

  • El tratamiento igualitario, ya que las señales de programación extranjeras que emiten en el país carecen de esta obligación, al igual que la gran cantidad de medios ilegales, y sin licencias, a quienes no se les ordena la difusión de esta publicidad electoral





#Argentina El mercado de #videojuegos facturará en 2019 unos US$ 200 millones

4 08 2015

La consultora PwC difundió su pronóstico para el mercado de videojuegos de Argentina, contenido en la última edición de sus Meda and Entertainment Outlook.

El mercado de videojuegos de Argentina facturó US$124 millones en 2014, lo que significó un importante crecimiento en comparación con los US$ 66 millones registrados en 2010. En los próximos cuatro años crecerá a una tasa anual compuesta (TCAC) de 10,3%, para alcanzar los US$ 201 millones en 2019, haciendo de Argentina uno de los pocos países del mundo con un crecimiento de dos cifras durante el periodo. Estos datos y los que se presentan a continuación provienen del informe Perspectivas del sector de Entretenimiento y Medios 2015-2019 elaborado por PwC, que analiza la situación actual del segmento de la industria en 54 países y realiza proyecciones para el período 2015-2019.

El ingreso de juegos tradicionales en Argentina no ha logrado seguir el ritmo del ingreso de juegos sociales y casuales. Esto se debe predominantemente a la piratería dado que la industria, al igual que en otros mercados de América Latina, está desatendida por los minoristas de videojuegos y los costos son elevados.  Por caso, el ingreso de los juegos sociales y casuales fue de US$ 66 millones en 2014 y será casi del doble hasta llegar a US$121 millones en los próximos cuatro años. Esto estará impulsado por los incrementos en el ingreso de aplicaciones. Las aplicaciones basadas en juegos son, por lo general, gratuitas o de bajo costo y se monetizan dentro de la aplicación, mediante la compra espontánea en lugar de planificada.

Aun cuando nuevos dispositivos como los smart TV’s, tablets y smartphones están llegando al mercado ofreciendo experiencias de juego más atractivas, las consolas ocupan un lugar de privilegio para una gran parte de los usuarios y son un determinante clave detrás del crecimiento de la industria de los videojuegos. Según el estudio, con el lanzamiento de la nueva generación de consolas, la piratería de juegos disminuirá, conllevando a un aumento total en la venta de juegos de consola a una TCAC de 6.5%, de U$S 21 millones en 2014 a U$S a 29 millones en 2019. La mayoría de este crecimiento provendrá de las compras digitales.

América Latina, determinantes del Mercado

El informe también revela que los ingresos totales del mercado de los videojuegos en América latina fueron de US$1.806 millones en 2014, y se prevé que crezcan a una TCAC de 8.4%, alcanzando los US$2.700 millones en 2019. La región está dominada por dos mercados que conjuntamente representarán el 72% del total de ingresos en 2019: Brasil (39%) y México (33%). Si bien los ingresos totales de los juegos de consola constituyen una parte importante de los ingresos de los videojuegos en América del Norte, Europa Occidental, en partes de Asia y el Pacífico, en América Latina sigue siendo un entretenimiento caro.

Por su parte, el mercado de juegos tradicionales en la región tuvo ingresos por US$ 1.210 millones en 2014 y se estima que aumentará a US$ 1.790 millones en 2019 a una TCAC del 8,2 %. Esta es la región con tasa de crecimiento más alta para el mercado de juegos tradicionales, reflejo de la introducción más reciente de las consolas en ciertos mercados, y el crecimiento de mercados claves como Argentina y Brasil.

Se espera que el total de los ingresos por juegos de PC aumente a una TCAC del 10%, de US$571 millones en 2014 a US$920 millones en 2019. Esto se debe a una disminución en los ingresos por ventas de juegos físicos de PC, contrarrestada por el aumento de ventas de juegos en formato digital, como los juegos online.

El mercado de los videojuegos a nivel mundial

En 2014 los ingresos totales de los videojuegos fueron de US$70.780 millones, y se estima que esta cifra crecerá a una TCAC del 5.7%, hasta alcanzar los US$93.180 millones en 2019. En 2014, los ingresos de los videojuegos tradicionales fueron de US$51.950 millones y se espera que aumenten a US$65.910 millones en 2019, creciendo a una TCAC de 4.9%. Dentro de esta categoría, los ingresos por consolas van a crecer a una TCAC de 3.8%, y se espera que en 2019 los ingresos sean de US$31.850 millones en 2019. Esto es impulsado por el crecimiento de los ingresos en las ventas de juegos para consolas digitales y de los juegos online/micro-transacciones. Este crecimiento compensa la desaceleración en las ventas de juegos de consola físicos, cuyos ingresos disminuirán a una TCAC de -0.7%, pasando de dar ingresos de US$19.560 millones en el  2014 a US$18.900 millones en el 2019.

El informe “Global Entertainment and Media Outlook 2015–2019” fue publicado por PwC en junio de 2015. Ofrece un análisis a nivel mundial de la inversión en publicidad y el gasto de los consumidores. Cubre 13 segmentos: suscripciones de televisión y licencias, publicidad en televisión, acceso a Internet, radio, publicidad en vía pública, videojuegos, programas de entretenimiento, publicación de periódicos, edición de revistas, business to business, publicidad en Internet, publicación de libros educativos y para consumidores, y música. Para más información, por favor ingrese a: www.pwc.com/outlook 





#leydemedios #Argentina Hasta ahora @grupo_clarín sólo vende activos menores (los nombres de los interesados)

1 07 2014

La asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Clarín sorprendió este lunes al aprobar una propuesta de sus abogados para evitar la venta de sus señales de TV paga: envió hoy una nota a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en la que citará dos antecedentes en los que el Estado permitió a licenciatarios de medios audiovisuales conservar más de una señal de TV paga (algo prohibido por la ley de medios, que sólo permite una sola).

Hasta ahora, la Afsca exigía al Grupo Clarín la venta de sus señales TyC Sports, Quiero Música, Magazine y Volver, entre otras siete. Pero en esa empresa, argumentan que el organismo ya aprobó situaciones similares a DirecTV y Manzano-Vila con la sola exigencia de que la sociedad titular de esas señales no lo sea a la vez de licencias de radio y TV (es decir, que se constituyan sociedades formalmente separadas). Según los abogados del conglomerado, estos expedientes fueron aprobados por el directorio de la Afsca y constituyen un hecho nuevo que debe ser invocado. Por eso, Clarín propondrá al organismo poner las señales que ahora le pertenecen a nombre de su controlada Inversora de Eventos (IDESA).

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