#Argentina La radio y la TV privadas reclaman por la “excesiva” publicidad electoral que debieron emitir

7 08 2015

ATA ARPA La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) –entidades que agrupan a los licenciatarios históricos de señales de TV abierta y radios AM y FM– difundieron este 6 de agosto de 2015 un comunicado en el que plantearon duras críticas a la obligación de ceder gratuitamente minutos de aire para la difusión de spots de campaña de los distintos partidos políticos y por el trato desigual que eso implica respecto de las señales de programación extranjeras, que están exentas de la obligación.

Además, en lo que pareció una ironía, ATA y ARPA pidieron “disculpas a sus audiencias” por la superabundancia de espacios cedidos por la ley 26.571 (reforma electoral, de 2009) y la ley  26.215 (financiamiento de los partidos, de 2006). Y finalmente, pidieron ser compensados económicamente.

A continuación, el comunicado completo:

Buenos Aires, 6 de agosto de 2015.– La radio y la televisión abierta argentina piden disculpas a sus audiencias por la excesiva cantidad de avisos políticos gratuitos que se emiten diariamente.

Los espacios cedidos conforme ley 26571 para las campañas electorales de las diferentes agrupaciones políticas representaron un elevado porcentaje de nuestras programaciones sin que los medios, obligados a emitirlas, perciban ingreso alguno por ello.

Esta situación genera un fuerte perjuicio económico a las emisoras y una saturación y caída de las audiencias. Por estas razones solicitamos al estado nacional:

  • La compensación económica de los espacios cedidos.

  • El tratamiento igualitario, ya que las señales de programación extranjeras que emiten en el país carecen de esta obligación, al igual que la gran cantidad de medios ilegales, y sin licencias, a quienes no se les ordena la difusión de esta publicidad electoral





#Argentina El mercado de #videojuegos facturará en 2019 unos US$ 200 millones

4 08 2015

La consultora PwC difundió su pronóstico para el mercado de videojuegos de Argentina, contenido en la última edición de sus Meda and Entertainment Outlook.

El mercado de videojuegos de Argentina facturó US$124 millones en 2014, lo que significó un importante crecimiento en comparación con los US$ 66 millones registrados en 2010. En los próximos cuatro años crecerá a una tasa anual compuesta (TCAC) de 10,3%, para alcanzar los US$ 201 millones en 2019, haciendo de Argentina uno de los pocos países del mundo con un crecimiento de dos cifras durante el periodo. Estos datos y los que se presentan a continuación provienen del informe Perspectivas del sector de Entretenimiento y Medios 2015-2019 elaborado por PwC, que analiza la situación actual del segmento de la industria en 54 países y realiza proyecciones para el período 2015-2019.

El ingreso de juegos tradicionales en Argentina no ha logrado seguir el ritmo del ingreso de juegos sociales y casuales. Esto se debe predominantemente a la piratería dado que la industria, al igual que en otros mercados de América Latina, está desatendida por los minoristas de videojuegos y los costos son elevados.  Por caso, el ingreso de los juegos sociales y casuales fue de US$ 66 millones en 2014 y será casi del doble hasta llegar a US$121 millones en los próximos cuatro años. Esto estará impulsado por los incrementos en el ingreso de aplicaciones. Las aplicaciones basadas en juegos son, por lo general, gratuitas o de bajo costo y se monetizan dentro de la aplicación, mediante la compra espontánea en lugar de planificada.

Aun cuando nuevos dispositivos como los smart TV’s, tablets y smartphones están llegando al mercado ofreciendo experiencias de juego más atractivas, las consolas ocupan un lugar de privilegio para una gran parte de los usuarios y son un determinante clave detrás del crecimiento de la industria de los videojuegos. Según el estudio, con el lanzamiento de la nueva generación de consolas, la piratería de juegos disminuirá, conllevando a un aumento total en la venta de juegos de consola a una TCAC de 6.5%, de U$S 21 millones en 2014 a U$S a 29 millones en 2019. La mayoría de este crecimiento provendrá de las compras digitales.

América Latina, determinantes del Mercado

El informe también revela que los ingresos totales del mercado de los videojuegos en América latina fueron de US$1.806 millones en 2014, y se prevé que crezcan a una TCAC de 8.4%, alcanzando los US$2.700 millones en 2019. La región está dominada por dos mercados que conjuntamente representarán el 72% del total de ingresos en 2019: Brasil (39%) y México (33%). Si bien los ingresos totales de los juegos de consola constituyen una parte importante de los ingresos de los videojuegos en América del Norte, Europa Occidental, en partes de Asia y el Pacífico, en América Latina sigue siendo un entretenimiento caro.

Por su parte, el mercado de juegos tradicionales en la región tuvo ingresos por US$ 1.210 millones en 2014 y se estima que aumentará a US$ 1.790 millones en 2019 a una TCAC del 8,2 %. Esta es la región con tasa de crecimiento más alta para el mercado de juegos tradicionales, reflejo de la introducción más reciente de las consolas en ciertos mercados, y el crecimiento de mercados claves como Argentina y Brasil.

Se espera que el total de los ingresos por juegos de PC aumente a una TCAC del 10%, de US$571 millones en 2014 a US$920 millones en 2019. Esto se debe a una disminución en los ingresos por ventas de juegos físicos de PC, contrarrestada por el aumento de ventas de juegos en formato digital, como los juegos online.

El mercado de los videojuegos a nivel mundial

En 2014 los ingresos totales de los videojuegos fueron de US$70.780 millones, y se estima que esta cifra crecerá a una TCAC del 5.7%, hasta alcanzar los US$93.180 millones en 2019. En 2014, los ingresos de los videojuegos tradicionales fueron de US$51.950 millones y se espera que aumenten a US$65.910 millones en 2019, creciendo a una TCAC de 4.9%. Dentro de esta categoría, los ingresos por consolas van a crecer a una TCAC de 3.8%, y se espera que en 2019 los ingresos sean de US$31.850 millones en 2019. Esto es impulsado por el crecimiento de los ingresos en las ventas de juegos para consolas digitales y de los juegos online/micro-transacciones. Este crecimiento compensa la desaceleración en las ventas de juegos de consola físicos, cuyos ingresos disminuirán a una TCAC de -0.7%, pasando de dar ingresos de US$19.560 millones en el  2014 a US$18.900 millones en el 2019.

El informe “Global Entertainment and Media Outlook 2015–2019” fue publicado por PwC en junio de 2015. Ofrece un análisis a nivel mundial de la inversión en publicidad y el gasto de los consumidores. Cubre 13 segmentos: suscripciones de televisión y licencias, publicidad en televisión, acceso a Internet, radio, publicidad en vía pública, videojuegos, programas de entretenimiento, publicación de periódicos, edición de revistas, business to business, publicidad en Internet, publicación de libros educativos y para consumidores, y música. Para más información, por favor ingrese a: www.pwc.com/outlook 





#leydemedios #Argentina Hasta ahora @grupo_clarín sólo vende activos menores (los nombres de los interesados)

1 07 2014

La asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Clarín sorprendió este lunes al aprobar una propuesta de sus abogados para evitar la venta de sus señales de TV paga: envió hoy una nota a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en la que citará dos antecedentes en los que el Estado permitió a licenciatarios de medios audiovisuales conservar más de una señal de TV paga (algo prohibido por la ley de medios, que sólo permite una sola).

Hasta ahora, la Afsca exigía al Grupo Clarín la venta de sus señales TyC Sports, Quiero Música, Magazine y Volver, entre otras siete. Pero en esa empresa, argumentan que el organismo ya aprobó situaciones similares a DirecTV y Manzano-Vila con la sola exigencia de que la sociedad titular de esas señales no lo sea a la vez de licencias de radio y TV (es decir, que se constituyan sociedades formalmente separadas). Según los abogados del conglomerado, estos expedientes fueron aprobados por el directorio de la Afsca y constituyen un hecho nuevo que debe ser invocado. Por eso, Clarín propondrá al organismo poner las señales que ahora le pertenecen a nombre de su controlada Inversora de Eventos (IDESA).

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Respuesta al ministro entrerriano @PedroaBaez sobre la TV digital oficial #TDT #Argentina

31 05 2014

El 29 de mayo pasado publiqué en el diario La Nación una nota periodística sobre las conclusiones de los duros informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre dos planes en los que el gobierno nacional lleva gastados -según cifras oficiales- $ 15.000 millones desde 2009: la TV digital terrestre y el despliegue de fibra óptica para telecomunicaciones. A propósito de esa información, los colegas Daniel Enz y Jorge Riani me entrevistaron en FM Radio de la Plaza, de Paraná.

Tras esa intervención, en la que cité algunos de los cuestionamientos hechos por la AGN a esos planes y algunas particularidades del despliegue de la TV digital estatal en Entre Ríos, el enorme y costoso aparato de propaganda montado con recursos públicos al servicio del gobernador Sergio Urribarri se volcó en mi contra con bastante fuerza. El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el secretario de Telecomunicaciones, Sergio Del Canto, entre otros funcionarios cuestionaron la veracidad de mis dichos y me acusaron de “desinformar maliciosamente” y de ser “empleado de La Nación”.

Además, algunos cibermilitantes me provocaron en la red social Twitter, esperando tal vez una respuesta destemplada, y -entre otros- los diarios ligados a Urribarri a través de su empresario fetiche, el rosarino Ramiro Nieto, difundieron ampliamente esa posición oficial. Nieto, a través de su productora VTS y otras empresas, recibe abundante publicidad oficial de la provincia (montos que el gobierno entrerriano no difunde), tiene un contrato anual de $ 1,9 millones para transmitir los actos del gobernador y recibió entre el 1° de enero de 2012 y el 30 de julio de 2013, $ 4,6 millones en publicidad oficial nacional (según cifras que pueden contrastarse aquí o, mejor, aquí; todo eso sin contar que es un importante proveedor de producción televisiva para el programa Fútbol para Todos.

En este texto me defiendo de las acusaciones de Báez, quien -en el apuro- pone en mi boca cuestionamientos señalados por la AGN, uno de los órganos de control del Estado creados por la Constitución Nacional. Por ejemplo, es esa auditoría y no yo quien sostiene -tras un análisis técnico de la información oficial- que no se sabe a quiénes fueron otorgados los decodificadores repartidos y si efectivamente fueron repartidos los 1,4 millones de dispositivos comprados por el Estado nacional a empresas como Cometrans (de los hermanos Cirigliano, ex operadores del siniestrado tren Sarmiento y del tren Mitre).

El funcionario me fustiga por el lugar donde me desempeño como periodista, desconociendo que también me emplean en relación de dependencia dos instituciones universitarias, en las que enseño e investigo. Y que en el pasado trabajé como periodista en otros medios (incluidos FM Nogoyá y Canal 4 Nogoyá Televisora Color, donde comencé mi formación). Sí, yo también soy entrerriano.

Tiene razón Báez cuando corrige mi referencia al despliegue de la TV digital en Entre Ríos, donde hay tres plantas transmisoras (Paraná, Gualeguaychú y Concordia) y no dos como señalé. Ante una pregunta concreta de mis colegas Enz y Riani, recurrí a la memoria y me falló. En el país, según reveló días atrás del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, existen más de 80 plantas transmisoras instaladas de la TDT, número que pronto superará las 100.

Báez es un optimista de la TV digital, que viola sistemáticamente varios artículos de la ley de medios con la coartada de ser una tecnología experimental (no lo es desde hace años en varios países europeos), y destaca el reparto de los receptores satelitales y las antenas instaladas en 1300 escuelas, como si las señales que allí se emiten (algunas de ellas de propiedad privada, como CN23 del grupo Garfunkel-Szpolski; C5N, de Cristóbal López; y 360 TV, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) fueran claves en la formación de los niños y jóvenes.

Urribarri, como ha hecho saber a través de Báez, está en todo su derecho de creer que “la TDA es una de las políticas de mayor inclusión social y democratización del acceso a los bienes culturales que lleva adelante nuestro gobierno nacional”. La violación de la ley de medios y el deliberado sesgo que se da a la oferta televisiva de la TV digital gubernamental permiten asegurar que ocurre más bien lo contrario: lo que busca ese sistema no es democratizar sino desinformar. Pero además, Urribarri-Báez ignoran (o niegan) datos objetivos que permiten sostener que el sistema (en el que desde 2009 y hasta fin de este año se habrán invertido $ 6749 millones, según el ministro De Vido) no tuvo el éxito esperado.

Aún después de lanzada la TV digital, en 2009, la penetración de la TV por cable (que en Entre Ríos tiene una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas aún en manos de sus pioneros) siguió creciendo y llegó en la provincia al 68,7% de los hogares con TV en 2013 (en 2012, ese porcentaje había sido de 65%).Si en Argentina hubiera verdadera competencia, con productos de menor precio (como ocurre en otros países de la región), ese porcentaje sería mayor. En el promedio nacional, más del 80% de los hogares tienen TV paga (incluso buena parte de las familias de menores recursos). Esa situación no ha cambiado.

En donde la TV por cable parece haber empezado a retroceder (de la mano de lo que en la industria se conoce como cord cutters, en general jóvenes que se desconectan del servicio y privilegian su abono a la banda ancha) no crece la TV abierta (cuyos niveles de audiencia caen indefectiblemente) sino las plataformas de video a demanda como Netflix y otros servicios de streaming de video. Lamentablemente, la calidad de la banda ancha en Entre Ríos impide en la mayor parte del territorio la libertad de poder elegir ese tipo de contenidos y esa modalidad de consumo.

Investigaciones ad hoc de varias universidades nacionales han confirmado que la mayor parte de los decodificadores repartidos (sean los que fueren y los tenga quien sea) no se usan (lamentablemente, las universidades que cuentan con esos datos han preferido no revelarlos). En la misma línea, un trabajo de la filial local de la consultora francesa Dataxis reveló que sólo en 100.000 hogares argentinos la TV digital es la pantalla principal. Báez es optimista y piensa que la transmisión del Mundial de Brasil podría mejorar esa performance. Como ya he dicho, está en su derecho.

Báez, que además representa a Entre Ríos en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, CFSCA, órgano creado por la ley de medios, comete un grave lapsus en su réplica: sostiene que en la TV digital se pueden encontrar “señales de licencias privadas que aparecen en el sistema pago, pero que en este caso llegan al televidente sin costo alguno”. Las señales privadas transmitidas por la plataforma estatal no tienen licencia ni pasaron por concurso alguno tal como exige la ley de medios, que Báez debería defender desde el CFSCA). También modifica la historia al sostener que el canal Encuentro “ha sido resistido” por el grupo Clarín para incorporarla a la grilla de Cablevisión. Esa señal fue creada e incluida en la grilla de esa cableoperadora en 2005, cuando el CEO del conglomerado de medios, Héctor Magnetto, y el entonces presidente Néstor Kirchner, tenían una relación espléndida. Tan bueno era ese diálogo que muchas veces tuvo como escenario la residencia presidencial de Olivos en comidas a las que también asistieron la ahora presidenta Cristina Kirchner y su entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Deliberadamente o por descuido, Báez también pone en mi boca expresiones de la AGN en relación al despliegue de la red federal de fibra óptica, que comenzó a construirse en 2010 y aún no tiene ningún tramo iluminado (con excepción del salto continente-Tierra del Fuego operado por la empresa Telefónica). En total, este año la inversión en este proyecto sumará $ 9896 millones en poco más de cuatro años.

Como es ya evidente hasta para quienes apoyaron activamente la sanción de la ley de medios en 2009, no es cierto que la comunicación audiovisual se haya democratizado, tal como afirma Báez. Con excepción de los grupos de medios surgidos en estos años al ritmo de la pauta oficial y otros subsidios públicos, y en buena medida al margen de la ley de medios, no hay nuevas voces. Es más, tal como hemos publicado en La Nación y ha verificado la organización no gubernamental Chequeado, son mayoritariamente gubernamentales las radios y canales de TV creados con el nuevo marco jurídico.

Para Báez, “que argentinos para los que pagar un abono de televisión por cable resulta un lujo, como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados, pensionados y ciudadanos de menores ingresos, puedan acceder a un servicio de calidad y gratuito, es algo que molesta los intereses concentrados de la economía, y encuentran en los medios hegemónicos voceros que se prestan para desacreditar políticas justas como la de la Televisión Digital Abierta”. Pedro, ¡fue la Presidenta la que destacó que las villas están llenas de antenas de DirecTV! 
PD: Hace menos de un mes, el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T ofreció US$ 48.500 millones por la operación continental de DirecTV. La fusión AT&T-DirecTV da origen a la mayor empresa de telecomunicaciones y medios audiovisuales del continente… ¿Quién es ahora el más hegemónico?





#leydemedios: la desmentida de la desmentida de la @afscadigital sobre el caso Clarín

15 04 2014

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por medio de su director de Imagen y Comunicación, Fernando Torrillate, distribuyó ayer un texto titulado La Afsca desmintió dos artículos publicados hoy en La Nación, en referencia a las notas publicadas por Carlos Pagni y por mi. El texto fue amplificado primero por la agencia Télam y consecuentemente reproducido por medios de todo el país (como el diario Tiempo Argentino, que tituló Nueva desmentida de la Afsca a La Nación).

[Aprovecho la oportunidad para insistirle a Torrillate con el pedido que ya le he hecho en decenas de veces, en privado y en público, desde noviembre de 2012: ¿Podrá Martín Sabbatella darme una entrevista como la que le concedió a tantos periodistas desde que asumió? No quisiera pensar que le tiene miedo a las preguntas.]

Volviendo al tema, la desmentida que propone el texto de Torrillate está lejos de ese concepto, al menos en la segunda acepción del diccionario español: “Sostener o demostrar la falsedad de un dicho o hecho”

Tras dedicar el primer párrafo de su “desmentida” a agredir a quienes escribimos en La Nación y al diario mismo, Torrillate enumero lo que para él fueron “falsedades”. Primero se ocupó de la nota de Pagni, La Presidenta busca atajos para avanzar sobre la Justicia y los medios, y luego me atacó a mi y de esto último me ocupo en este post, párrafo por párrafo.

En lo que refiere a la nota que firmé en La Nación el 14 de abril, titulada El Gobierno amenaza con reactivar la pelea con Clarín, Torrillate sostiene:

– “En primer lugar, no hay ninguna amenaza; es una obligación de la AFSCA regularizar el mercado de medios, para que todas las empresas estén enmarcadas a los límites establecidos en la ley. Si un licenciatario se niega a hacerlo en forma voluntaria, el Estado lo hará de oficio; del mismo modo que si un automovilista se niega a retirar voluntariamente su coche estacionado en el medio de una ruta, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo”.

Hasta aquí Torrillate no desmiente nada, en todo caso no le gustó el verbo “amenazar” que en el título tiene el sentido de sus sinónimos “apercibir”, “amagar” o “advertir”. Para el kirchnerismo (al que Sabbatella llegó tardíamente, porque en las elecciones legislativas de 2009 enfrentó a Néstor Kirchner y le restó el puñado de votos con los que hubiera podido vencer a Francisco De Narváez), gobernar es editar los diarios. En lugar de trabajar sobre la realidad, prefiere hacerlo sobre la narración de la realidad.

– Sigue Torrillate: “Crettaz, al que le sobran adjetivos para intentar descalificar a Sabbatella o al periodista Víctor Hugo Morales, se queda corto de opiniones cuando se trata de analizar las denuncias hechas por el socio de Clarín, David Martínez, respecto de una posible maniobra ilegal pergeñada en las oficinas de Héctor Magnetto”

– Puede ser que me quede corto, pero Martínez (que está citado en mi nota que a su vez remite a un extenso reportaje publicado el día anterior en Perfil) en ningún momento advierte sobre “una posible maniobra ilegal”, más bien se cuida de utilizar esos términos (como Clarín también se cuida de calificar a Martínez, ambos en definitiva son socios).  Ahora bien, retomando la forma argumental de Torrillate, yo podría decir que la Afsca se queda corta al omitir, ignorar o tolerar que David Martínez siga conservando su 40% de Cablevisión tras haber tomado control de la mayoría accionaria de Telecom Argentina, una empresa de servicios públicos, algo expresamente prohibido por la ley de medios audiovisuales en sus artículos 24 y 25. No es la única empresa de servicios públicos en la que Fintech tiene acciones (también tiene una participación relevante en la distribuidora de gas Emgasud, ahora rebautizada Genneia). El fondo de Martínez, que ya tomó control de Telecom, espera el OK de varios organismos públicos argentinos sobre esa compra. Ahí estaría la clave de su reclamo público contra Clarín.

Claro, todo esto sin considerar que, además, Martínez es mexicano y podría ser alcanzado al menos por el espíritu de los incisos b y c de los ya citados artículos 24 y 25 que impiden a empresas e individuos extranjeros acceder al control de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Finalmente, es por lo menos curiosa la relación que Sabbatella y sus funcionarios tienen con Martínez, a quien reciben con frecuencia. No es raro si se tiene en cuenta que Martínez también se reúne con asiduidad con el jefe informal del ex intendente de Morón, Carlos Zaninni (secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación), quien atiende del mexicano consejos vinculados a la estrategia argentina en la pelea judicial contra los fondos buitres en Estados Unidos: Martínez, y su fondo Fintech, es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda pública argentina renegociada. Martínez se jacta de “comprar barato” y “vender caro”. Zannini y Sabbatella, además de sus antepasados italianos y de una remota militancia en el Partido Comunista, evidentemente comparten un ortodoxo pragmatismo.

Además, la “maniobra ilegal” a la que se refiere Torrillate es la transferencia de licencias a hijos, amigos o empleados y ya fue avalada administrativamente por la Afsca en varios casos, tal como resumí en la nota de La Nación. En uno de esos,  el grupo Moneta, el propio vocero de Sabbatella –muy enojado en aquel momento– me envió una aclaración que se publicó en La Nación y que cito textualmente más adelante. En ese momento, habíamos dicho que el grupo Moneta estaba excedido en cantidad de licencias, pero Torrillate nos explicó que no, que una cosa es el viejo Moneta y su mujer, y otra cosa cada uno de sus  hijos.

“Se trata de tres sociedades independientes. Los padres, Raúl Moneta y su esposa, son accionistas de República Media LLC., sociedad que transfirió a Mayer Business Corp. su participación en Cicsa, la cual es accionista junto a South Media [Cristóbal López] en Radio 10, FM Mega y FM Pop. Los hijos Raúl Cruz y Belisario Moneta, en Radiodifusora Buenos Aires SA y Radiodifusora Metro SA, son licenciatarios de las radios Splendid, Rock&Pop y Metro FM. Por otra parte, otros dos hijos, Faustino y Rufino Moneta, son socios en Radio Libertad SA y San Isidro Labrador SA, licenciatarios de Radio Belgrano, FM Blue y FM San Isidro Labrador. Con tal composición accionaria, no se encuentra ningún integrante de la familia Moneta ni sus sociedades en incumplimiento alguno a los límites establecidos por los artículos 24, 25, 26 y 45 de la ley, como erróneamente señala Alejandro Pereyra, quien fuera ex director general de Asuntos Legales y Normativa del Comfer”.

Tengo el mail con el original por si Torrillate quiere revisarlo.

– Continúa Torrillate: “También le falta [a Crettaz] informar que los 35 planes de adecuación declarados admisibles por la AFSCA, entre los que está el de Clarín, aún no fueron aprobados y que, para ello, los licenciatarios deben cumplir sin excepciones las exigencias de la ley 26.522”.

Tercer párrafo y sigue sin desmentir. Vengo escribiendo de los planes de adecuación desde antes que Sabbatella y Torrillate imaginaran siquiera la oportunidad que iban a tener de conducir un organismos elefantiásico que les está permitiendo financiar la expansión territorial de su partido Nuevo Encuentro (el director de delegaciones de Afsca, Gustavo Hurtado, es el armador nacional del sabbatellismo y cada delegado en el interior es el principal referente local del Nuevo Encuentro, tal como han publicado ya muchos medios, entre ellos Clarín, pero si no gusta, también La Tecla). De los sueldos de los empleados de la Afsca también sale un porcentaje “voluntario” para financiar el partido.

En este punto, es llamativo que Torrillate le haya dado al relator kirchnerista Víctor Hugo Morales una versión deformada de su explicación haciéndole decir a Morales que es falso que se hayan aprobado planes de adecuación, algo que no está en mi nota (donde específicamente se habla de “declaración de admisibilidad”; de todas formas, esto es algo que al común de la gente no le interesa mucho).

Como recordó recientemente María O’Donnel, la pregunta es por qué Sabbatella prometió tener todos los planes de adecuación resueltos “a más tardar en marzo” y aún tiene pendientes varios que fueron presentados antes del 7 de diciembre de 2012, mucho antes que el del grupo Clarín. Y pendientes hay varios planes, entre ellos Telefe (Telefónica de España), Prisa (Radio Continental) y Telecentro (Alberto Pierri). Debería Sabbatella (o su vocero Torrillate) explicar a qué se debe esa demora y por qué cambió diametralmente su opinión sobre el caso Telefe (en diciembre de 2012 él mismo explicaba porqué ese canal estaba acorde con la ley de medios -lo hizo en TV en distintos programas- y hace unos meses pasó a decir que “hay que estudiarlo”). También deberían explicar en la Afsca por qué si Telefónica de España debe vender Telefe (por la cuestión de la incompatibilidad con servicio público), Martínez no debería hacer lo mismo con Cablevisión.

– Finaliza Torrillate: “Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

Termina Torrillate y sigue sin desmentir ninguno de los datos incluidos en mi nota. No es desprestigiar la tarea del Estado decir que el mismo Estado declara “fracasados” o “sin efecto” (y usa esos términos en los textos legales que produce) concursos para la creación de “nuevas voces”.  Ni hay una avalancha de nuevos medios, ni la mayoría de esos medios son de la sociedad (privados o sin fines de lucro), ni hubo suficientes interesados en los 220 canales de TV digital concursados en 2011, ni hubo suficientes interesados en las 140 radios FM concursadas en 2012; que cooperativas y pymes del cable se matan en la Justicia por los postes para colgar sus redes; que los sectores no cooptados de los pueblos originarios (como hizo Clarín en su momento) también reclaman la inconstitucionalidad de un artículo de la ley; que la situación de las productoras audiovisuales pymes del interior es trágica… Lo que le molesta a Torrillate es que se diga lo que Sabbatella no quiere: que el relato de la democratización de la palabra está completamente marchito. 

No es la primera vez que en las comunicaciones públicas de la Afsca se muestra desprecio por la verdad, algo que ya hemos hecho notar aquí (sobre un folleto y cable de Télam conmemorativo de la ley de medios) y que la organización no gubernamental Chequeado también retomó aquí (sobre la cantidad de nuevos medios creados con la nueva ley) y aquí (sobre el número de empleos que habría producido, pero no produjo, la ley de medios).





#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

14 04 2014

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. “Declárese fracasado el concurso referido”, es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para “desmentir” una referencia a estos “fracasos” en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del “fracaso”.

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley”, que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).





Llegó a la Justicia penal una pelea de cableros pymes y cooperativas por la #leydemedios

13 04 2014

La guerra silenciosa desatada entre pymes de la TV por cable y cooperativas de servicios públicos del interior del país tras la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual llegó a la Justicia penal: empresarios pyme denunciaron a integrantes de los consejos de administración de dos cooperativas que se lanzaron a dar TV paga por “dañar” sus redes y “capturar” sus abonados. El escarceo había comenzado en 2009, durante el debate previo a la aprobación de la ley y se fue profundizando con los permisos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue entregando a las cooperativas para operar en estos mercados.

En el sector cooperativo creen que podría ser el comienzo de una oleada de acusaciones similares que los cables lanzarían para frenar su crecimiento en la TV por cable. En tanto, los cableoperadores acusan a las empresas de capital social de competencia desleal y depredatoria por subsidiar el cable con recursos provenientes de actividades monopólicas, como la distribución eléctrica o la telefonía.

El 26 de diciembre pasado, Dante Gigena, dueño de Televisión Cable Color TVCC SRL, de Villa del Rosario, Córdoba, denunció penalmente al presidente, el secretario y la secretaría de la Cooperativa de Servicios Públicos local (Coovilros), Edelmiro Prandi, José Luis Riviere y María Rosa Pavón, respectivamente, que fueron imputados por “daños a las redes de cable” de la empresa, que los acusó de cortarles los cables, desconectar los abonados al cable y reconectarlos al servicio cooperativo (es lo que llaman “captura de abonados”).

Además, en el contexto del expediente 504837, el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, dictó una orden de restricción que obliga al personal técnico de la cooperativa eléctrica a concurrir acompañados de la policía cada vez que operen sobre sus propios postes, de los que se sostiene el cableado de la empresa pyme.

Los directivos de la Coovilros tampoco pueden acercarse a Gigena, que con anterioridad, en las jornadas de la TV por cable de 2013, había denunciado públicamente a la misma cooperativa a la que había acusado de “monopólica”, por operar en once servicios públicos distintos, y a la que responsabilizó “descolgar y tirar al suelo los cables” de TVCC. Según me dijo Gigena a través de su abogado: “Desde agosto, la cooperativa está dando el servicio de TV por cable sin tener habilitación definitiva, algo que hemos denunciado administrativamente ante la Afsca y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”. La habilitación llegará este miércoles, cuando el directorio de ese organismo le de la aprobación definitiva para que comience a funcionar legalmente.

“Esto empezó como un tema aislado pero ahora está extendiéndose. ¿Será una nueva forma de restringir a las cooperativas amenazando a sus consejeros con denuncias penales, como hacía la vieja ley que los obligaba a responder con sus patrimonios personales?, advirtió Marina Rosso Siverino, gerente de Titicom, una consultora que gestiona permisos ante la Afsca para estas empresas. En un reciente encuentro de la TV por cable bonaerense en Mar del Plata, las quejas fueron airadas: “Hay cooperativas que están dando el servicio de TV por cable totalmente gratis, de manera predatoria, como ya ocurrió en Villa Libertador Gral. San Martín, en Jujuy”, dijo un empresario del sector.

El presidente de la Coovilros había recibido la licencia para dar TV paga de manos de la propia presidenta Cristina Kirchner, pero debido al enfrentamiento con TVCC la cooperativa no logró aún la habilitación de la Afsca para dar el servicio, y está prestándolo de manera provisoria. La denuncia penal de Gigena contra los directivos de esa cooperativa fue imitada en los mismos términos por los propietarios de TV5 Cablesat Luque, contra la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de esa localidad, en Córdoba. Sin llegar a la puja judicial, en la provincia de Santa Fe, Cablenet (de San Vicente) no puede extender su servicio a la vecina ciudad de Gálvez porque la cooperativa eléctrica de esa localidad se niega a alquilar sus postes, algo a lo que está obligada. Por el momento, esa empresa de cable fue autorizada por el municipio a sujetar sus cables con ménsulas en los frentes de las viviendas, pero eso es imposible en las zonas más alejadas del centro.

En la provincia de Córdoba nació y se hizo fuerte la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), entidad que funciona como pull de compras (de tecnología y de contenidos) para cooperativas que dan TV por cable de todo el país. Colsecor es la versión cooperativa de Red Intercable, empresa que cumple la misma función para el sector pyme y que, sumando los abonados de todas sus asociadas, es el cuarto cableoperador del país. TVCC y TV5 integran esta última empresa.
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