#Argentina Comentario sobre la declaración de académicos acerca de los cambios en las políticas de #comunicación

11 02 2016

Unos cuarenta investigadores de distintas universidades nacionales -algunos de los cuales participaron en la redacción de la ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009- difundieron una declaración sobre las modificaciones introducidas por decreto en la norma audiovisual y en la ley de telecomunicaciones, pomposamente llamada Argentina Digital. En concreto, los académicos pusieron en la mira lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 (que modificó la ley de ministerios) y 267/2015 (que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones).

 

Todos los investigadores que firman la declaración merecen el mayor de los respetos por el rigor y la pertinencia de sus trabajos, por sus trayectorias en el país y en el exterior y, sobre todas las cosas, por su honestidad intelectual en la búsqueda del bien común.

 

Dicho esto, me parece importante contextualizar cada párrafo de la declaración, en la que se expresa “preocupación (…) tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas”, y enumera de manera “sintética” las que se consideran “principales” (destacados aparecen los párrafos de la declaración).

“La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.”

América latina en general, y la Argentina en particular, experimentaron con dramatismo en los últimos 15 años la implicancia que la política de medios/comunicación tiene para la democracia y la libertad de expresión. Las leyes Resorte (y su ampliación al universo digital) en Venezuela y  orgánica de comunicación en Ecuador, son los dos más nítidos ejemplos del retroceso de las libertades y de la concentración de la información en una sola voz (gubernamental). En Argentina, no puede equipararse a ellas la ley de medios -así llamada por el kirchnerismo gobernante los últimos 12 años- pero sí puede decirse que muchas de las prácticas adoptadas por ley, decreto o simplemente de facto en los últimos años -y que bien pueden caracterizarse como “políticas de comunicación”- buscaron crear un monopolio gubernamental y paragubernamental de la comunicación que incluyó la sanción de normas como la ley de medios (en cuyo diseño ya puede encontrarse la razón de su posterior aplicación sesgada y arbitraria), la ley Argentina Digital, la ley antiterrorista, la ley de desarrollo satelital, y la ley de declaración de interés público de la fabricación de pasta de celulosa y papel para diarios; las resoluciones de autorización de las fusiones de Cablevisión y Multicanal -sin la apertura a la competencia con las telefónicas- y del ingreso de Telefónica de España (controlante de Telefónica de Argentina) en Telecom Argentina a través de Telecom Italia; y las medidas administrativas tendientes a fijar el precio del abono de la TV por cable; la millonaria estatización de los derechos de televisación del fúbtol y el uso político de esas emisiones; la distribución arbitraria de la publicidad oficial y su uso para financiar medios adictos; y la manipulación partidaria y facciosa de los medios públicos (en particular Radio y Televisión Argentina SE). A eso deben sumarse acciones de facto, como la prohibición a las empresas de retail de consumo masivo (principalmente los supermercados) para que publiciten en los diarios nacionales de mayor circulación -medida que se conoció como “cepo publicitario”- o la persecución ideológica contra periodistas y dirigentes opositores con campañas de desprestigio orquestadas de manera organizada -y con intervención de organismos de inteligencia- desde el mismo aparato de propaganda gubernamental y paragubernamental. Este fue el contexto de las políticas de comunicación  en la Argentina en los últimos 12 años, con especial énfasis desde 2005 en adelante. Estas prácticas ya habían sido aplicadas a escala local en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, como bien retrató en su momento el periodista ya fallecido Daniel Osvaldo Gatti en su libro El amo del feudo, de 2003.

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#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

5 09 2015

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

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#leydemedios #Argentina Hasta ahora @grupo_clarín sólo vende activos menores (los nombres de los interesados)

1 07 2014

La asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Clarín sorprendió este lunes al aprobar una propuesta de sus abogados para evitar la venta de sus señales de TV paga: envió hoy una nota a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en la que citará dos antecedentes en los que el Estado permitió a licenciatarios de medios audiovisuales conservar más de una señal de TV paga (algo prohibido por la ley de medios, que sólo permite una sola).

Hasta ahora, la Afsca exigía al Grupo Clarín la venta de sus señales TyC Sports, Quiero Música, Magazine y Volver, entre otras siete. Pero en esa empresa, argumentan que el organismo ya aprobó situaciones similares a DirecTV y Manzano-Vila con la sola exigencia de que la sociedad titular de esas señales no lo sea a la vez de licencias de radio y TV (es decir, que se constituyan sociedades formalmente separadas). Según los abogados del conglomerado, estos expedientes fueron aprobados por el directorio de la Afsca y constituyen un hecho nuevo que debe ser invocado. Por eso, Clarín propondrá al organismo poner las señales que ahora le pertenecen a nombre de su controlada Inversora de Eventos (IDESA).

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Respuesta al ministro entrerriano @PedroaBaez sobre la TV digital oficial #TDT #Argentina

31 05 2014

El 29 de mayo pasado publiqué en el diario La Nación una nota periodística sobre las conclusiones de los duros informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre dos planes en los que el gobierno nacional lleva gastados -según cifras oficiales- $ 15.000 millones desde 2009: la TV digital terrestre y el despliegue de fibra óptica para telecomunicaciones. A propósito de esa información, los colegas Daniel Enz y Jorge Riani me entrevistaron en FM Radio de la Plaza, de Paraná.

Tras esa intervención, en la que cité algunos de los cuestionamientos hechos por la AGN a esos planes y algunas particularidades del despliegue de la TV digital estatal en Entre Ríos, el enorme y costoso aparato de propaganda montado con recursos públicos al servicio del gobernador Sergio Urribarri se volcó en mi contra con bastante fuerza. El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el secretario de Telecomunicaciones, Sergio Del Canto, entre otros funcionarios cuestionaron la veracidad de mis dichos y me acusaron de “desinformar maliciosamente” y de ser “empleado de La Nación”.

Además, algunos cibermilitantes me provocaron en la red social Twitter, esperando tal vez una respuesta destemplada, y -entre otros- los diarios ligados a Urribarri a través de su empresario fetiche, el rosarino Ramiro Nieto, difundieron ampliamente esa posición oficial. Nieto, a través de su productora VTS y otras empresas, recibe abundante publicidad oficial de la provincia (montos que el gobierno entrerriano no difunde), tiene un contrato anual de $ 1,9 millones para transmitir los actos del gobernador y recibió entre el 1° de enero de 2012 y el 30 de julio de 2013, $ 4,6 millones en publicidad oficial nacional (según cifras que pueden contrastarse aquí o, mejor, aquí; todo eso sin contar que es un importante proveedor de producción televisiva para el programa Fútbol para Todos.

En este texto me defiendo de las acusaciones de Báez, quien -en el apuro- pone en mi boca cuestionamientos señalados por la AGN, uno de los órganos de control del Estado creados por la Constitución Nacional. Por ejemplo, es esa auditoría y no yo quien sostiene -tras un análisis técnico de la información oficial- que no se sabe a quiénes fueron otorgados los decodificadores repartidos y si efectivamente fueron repartidos los 1,4 millones de dispositivos comprados por el Estado nacional a empresas como Cometrans (de los hermanos Cirigliano, ex operadores del siniestrado tren Sarmiento y del tren Mitre).

El funcionario me fustiga por el lugar donde me desempeño como periodista, desconociendo que también me emplean en relación de dependencia dos instituciones universitarias, en las que enseño e investigo. Y que en el pasado trabajé como periodista en otros medios (incluidos FM Nogoyá y Canal 4 Nogoyá Televisora Color, donde comencé mi formación). Sí, yo también soy entrerriano.

Tiene razón Báez cuando corrige mi referencia al despliegue de la TV digital en Entre Ríos, donde hay tres plantas transmisoras (Paraná, Gualeguaychú y Concordia) y no dos como señalé. Ante una pregunta concreta de mis colegas Enz y Riani, recurrí a la memoria y me falló. En el país, según reveló días atrás del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, existen más de 80 plantas transmisoras instaladas de la TDT, número que pronto superará las 100.

Báez es un optimista de la TV digital, que viola sistemáticamente varios artículos de la ley de medios con la coartada de ser una tecnología experimental (no lo es desde hace años en varios países europeos), y destaca el reparto de los receptores satelitales y las antenas instaladas en 1300 escuelas, como si las señales que allí se emiten (algunas de ellas de propiedad privada, como CN23 del grupo Garfunkel-Szpolski; C5N, de Cristóbal López; y 360 TV, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) fueran claves en la formación de los niños y jóvenes.

Urribarri, como ha hecho saber a través de Báez, está en todo su derecho de creer que “la TDA es una de las políticas de mayor inclusión social y democratización del acceso a los bienes culturales que lleva adelante nuestro gobierno nacional”. La violación de la ley de medios y el deliberado sesgo que se da a la oferta televisiva de la TV digital gubernamental permiten asegurar que ocurre más bien lo contrario: lo que busca ese sistema no es democratizar sino desinformar. Pero además, Urribarri-Báez ignoran (o niegan) datos objetivos que permiten sostener que el sistema (en el que desde 2009 y hasta fin de este año se habrán invertido $ 6749 millones, según el ministro De Vido) no tuvo el éxito esperado.

Aún después de lanzada la TV digital, en 2009, la penetración de la TV por cable (que en Entre Ríos tiene una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas aún en manos de sus pioneros) siguió creciendo y llegó en la provincia al 68,7% de los hogares con TV en 2013 (en 2012, ese porcentaje había sido de 65%).Si en Argentina hubiera verdadera competencia, con productos de menor precio (como ocurre en otros países de la región), ese porcentaje sería mayor. En el promedio nacional, más del 80% de los hogares tienen TV paga (incluso buena parte de las familias de menores recursos). Esa situación no ha cambiado.

En donde la TV por cable parece haber empezado a retroceder (de la mano de lo que en la industria se conoce como cord cutters, en general jóvenes que se desconectan del servicio y privilegian su abono a la banda ancha) no crece la TV abierta (cuyos niveles de audiencia caen indefectiblemente) sino las plataformas de video a demanda como Netflix y otros servicios de streaming de video. Lamentablemente, la calidad de la banda ancha en Entre Ríos impide en la mayor parte del territorio la libertad de poder elegir ese tipo de contenidos y esa modalidad de consumo.

Investigaciones ad hoc de varias universidades nacionales han confirmado que la mayor parte de los decodificadores repartidos (sean los que fueren y los tenga quien sea) no se usan (lamentablemente, las universidades que cuentan con esos datos han preferido no revelarlos). En la misma línea, un trabajo de la filial local de la consultora francesa Dataxis reveló que sólo en 100.000 hogares argentinos la TV digital es la pantalla principal. Báez es optimista y piensa que la transmisión del Mundial de Brasil podría mejorar esa performance. Como ya he dicho, está en su derecho.

Báez, que además representa a Entre Ríos en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, CFSCA, órgano creado por la ley de medios, comete un grave lapsus en su réplica: sostiene que en la TV digital se pueden encontrar “señales de licencias privadas que aparecen en el sistema pago, pero que en este caso llegan al televidente sin costo alguno”. Las señales privadas transmitidas por la plataforma estatal no tienen licencia ni pasaron por concurso alguno tal como exige la ley de medios, que Báez debería defender desde el CFSCA). También modifica la historia al sostener que el canal Encuentro “ha sido resistido” por el grupo Clarín para incorporarla a la grilla de Cablevisión. Esa señal fue creada e incluida en la grilla de esa cableoperadora en 2005, cuando el CEO del conglomerado de medios, Héctor Magnetto, y el entonces presidente Néstor Kirchner, tenían una relación espléndida. Tan bueno era ese diálogo que muchas veces tuvo como escenario la residencia presidencial de Olivos en comidas a las que también asistieron la ahora presidenta Cristina Kirchner y su entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Deliberadamente o por descuido, Báez también pone en mi boca expresiones de la AGN en relación al despliegue de la red federal de fibra óptica, que comenzó a construirse en 2010 y aún no tiene ningún tramo iluminado (con excepción del salto continente-Tierra del Fuego operado por la empresa Telefónica). En total, este año la inversión en este proyecto sumará $ 9896 millones en poco más de cuatro años.

Como es ya evidente hasta para quienes apoyaron activamente la sanción de la ley de medios en 2009, no es cierto que la comunicación audiovisual se haya democratizado, tal como afirma Báez. Con excepción de los grupos de medios surgidos en estos años al ritmo de la pauta oficial y otros subsidios públicos, y en buena medida al margen de la ley de medios, no hay nuevas voces. Es más, tal como hemos publicado en La Nación y ha verificado la organización no gubernamental Chequeado, son mayoritariamente gubernamentales las radios y canales de TV creados con el nuevo marco jurídico.

Para Báez, “que argentinos para los que pagar un abono de televisión por cable resulta un lujo, como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados, pensionados y ciudadanos de menores ingresos, puedan acceder a un servicio de calidad y gratuito, es algo que molesta los intereses concentrados de la economía, y encuentran en los medios hegemónicos voceros que se prestan para desacreditar políticas justas como la de la Televisión Digital Abierta”. Pedro, ¡fue la Presidenta la que destacó que las villas están llenas de antenas de DirecTV! 
PD: Hace menos de un mes, el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T ofreció US$ 48.500 millones por la operación continental de DirecTV. La fusión AT&T-DirecTV da origen a la mayor empresa de telecomunicaciones y medios audiovisuales del continente… ¿Quién es ahora el más hegemónico?





#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

14 04 2014

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. “Declárese fracasado el concurso referido”, es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para “desmentir” una referencia a estos “fracasos” en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del “fracaso”.

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley”, que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).





#leydemedios: Barbarita Vila y otras perlitas en las “adeucaciones” que @AfscaDigital se apresta a aprobar

13 02 2014

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) también aprobará este lunes otras tres presentaciones, que no dejan de ser llamativas. Una de ellas es la de RTC SA, empresa cableoperadora de Reconquista, Santa Fe, donde habrá una cesión de acciones entre actuales propietarios. En esa situación aparece como socia Barbarita Vila, hija de Daniel, uno de los dueños del grupo Uno-Supercanal, cuyo caso se analiza en otro expediente. Barbarita mantiene allí su posición (que no ocupa “cupo” de licencias de su padre, Daniel Vila, dueño -en sociedad con el ex diputado justicialista José Luis Manzano- del grupo Uno Medios.

Entre las perlitas que aparecen en estos otros casos, está San Juan Cable Color (IoTotal), que según los abogados de la Afsca presentó tres composiciones accionarias distintas: en los registros del Comfer figuraban como propietarios Juan Carlos Ramos y Raquel Teresa Paniggi, pero en las distintas presentaciones de la empresa ante Afsca aparecen Isabel Mabel Romeu y Angel Vicente Casiba, en un caso con el 20% y 80% de las acciones respectivamente, y en otro caso con los porcentajes invertidos. En este caso el pedido de la empresa, uno de cuyos accionistas aspira a contar también con una licencia de TV abierta -algo incompatible con el cable en una misma ciudad- y reclamó una suerte de “adecuación preventiva”, fue rechazado por improcedente.

En el caso de Sergio Mario Ceroni, Rafael Carlos Coronna, Uno Pay TV SA, Moxi SA, Interior Cableexpres SRL y FM Aerupuerto SRL, Afsca rechazó el pedido de “adecuación” también por improcedente dado que ninguno de ellos es “titular de licencias” aunque sí operan “servicios no autorizados” -dos canales de baja potencia- pendientes de regularización y una FM cuyo permiso precario había sido cancelado en 2006.





#leydemedios: en Mar del Plata, Aldrey Iglesias no vende nada y confirma fracaso del Art. 45

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Poco cambiará en Mar del Plata, donde el español Florencio Aldrey Iglesias, controla cuatro emisoras AM y tres FM, y es accionista del principal cableoperador local, además de controlar otras tres AM (Mendoza, Córdoba y Tandil) y tres FM (Bahía Blanca, Mendoza y Villa Gesell). Aldrey Iglesias también es propietario del diario La Capital de Mar del Plata y del histórico La Prensa, de Buenos Aires. El segundo diario marplantense, El Atlántico, adquirido recientemente al grupo Olmos por Néstor Otero, concesionario de la terminal de Retiro, es impreso en los talleres de La Prensa.

La familia Aldrey, liderada por Florencio y sus hijos, redistribuye sus licencias entre los mismos integrantes de las actuales sociedades y agrega como nuevos titulares a actuales ejecutivos de esas empresas. De hecho, los subdirectores de sus diarios, Marcelo Pasetti (La Capital) y Lauro Laíño (La Prensa), son los únicos nombres nuevos vinculados a la titularidad de frecuencias. Esta redistribución que aparece en el expediente 1089 le permite al Multimedios La Capital conservar todas sus emisoras.

Aldrey Antes y Despues Cronica de la Costa

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