#leydemedios: entregan histórica LT28 de Rafaela a una fundación vinculada al kirchnerismo local

Por el momento,  habrá poco  y nada del mentado “sector no comercial” creado por la ley de medios –algo celebrado la semana pasada por la prestigiosa ONG Reporteros sin Fronteras-. Apenas cáscara para esconder los verdaderos dueños, y los fines de uso eminentemente políticos de los medios audiovisuales. No digan que no venimos avisando. A continuación, el caso de la histórica LT28 Radio Rafaela.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobará este lunes 17 de febrero la adjudicación de dos emisoras de radio a «una fundación».  Se trata del primer concurso derivado de la ley de medios audiovisuales en el que se sometieron frecuencias a competencia sólo entre entidades no comerciales.

Entre los temas que tratará el directorio de la Afsca -además de las adecuaciones de Clarín, Manzano-Vila, Aldrey Iglesias, Barbarita Vila y otras tres empresas de medios- está el expediente 2629/Afsca/13 por el cual se aprueban “los actos del concurso público convocado mediante resolución N°1202/Afsca/2013, con el objeto de adjudicar dos licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud en la frecuencia 1470 mhz, identificada con la señal distintiva LT28 y de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 96.5 mhz, canal 243, identificada con la señal distintiva LRM 750, Rafaela, Santa Fe. Adjudícase a la Fundación Rafaela XXI las dos licencias señaladas.”

Para asumir la titularidad de ambas licencias se habían presentado dos fundaciones, Rafaela XXI y Potenciar. Los sobres con las ofertas se habían abierto el 7 de noviembre de 2013 en la sede que la Afsca tiene en Rosario. El artículo 89 de la ley de medios dispone que cuando por distintos motivos el Estado recupere frecuencias, en los nuevos concursos les dará prioridad a organizaciones no comerciales. En rigor, ese artículo -como tantos otros- está siendo incumplido por la Afsca, porque en su primer párrafo exige el diseño de un “plan técnico”, algo que -a más de cuatro años de la sanción de la ley- aún sigue pendiente.

Lejos de pertenecer al llamado “tercer sector”, o a la sociedad civil, o al ámbito no comercial, ambas fundaciones, tanto la ganadora como la perdedora, tienen vínculos con el poder político rafaelino o bien con el sector comercial. LT 28 (cuya historia puede repasarse aquí) había sido intervenida por la Afsca en abril de 2013 tras un extenso conflicto gremial en el que los empleados habían dejado de percibir sus salarios (situación similar a la que ocurre desde fines de 2013 en Radio Chaco/Arte Argentina, de Resistencia, sin que la Afsca se entere demasiado).

La Fundación Rafaela XXI es presidida por Marta Engler, dirigente justicialista que fue mano derecha del ex intendente y actual diputado nacional justicialista Omar Perotti. Cuando Perotti asumió por segunda vez la intendencia de Rafaela en 2003, Engler integró su gabinete como secretaria de Coordinación General de la intendencia, algo que los medios locales apodaron “supersecretaria” municipal.

#leydemedios: Barbarita Vila y otras perlitas en las «adeucaciones» que @AfscaDigital se apresta a aprobar

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) también aprobará este lunes otras tres presentaciones, que no dejan de ser llamativas. Una de ellas es la de RTC SA, empresa cableoperadora de Reconquista, Santa Fe, donde habrá una cesión de acciones entre actuales propietarios. En esa situación aparece como socia Barbarita Vila, hija de Daniel, uno de los dueños del grupo Uno-Supercanal, cuyo caso se analiza en otro expediente. Barbarita mantiene allí su posición (que no ocupa «cupo» de licencias de su padre, Daniel Vila, dueño -en sociedad con el ex diputado justicialista José Luis Manzano- del grupo Uno Medios.

Entre las perlitas que aparecen en estos otros casos, está San Juan Cable Color (IoTotal), que según los abogados de la Afsca presentó tres composiciones accionarias distintas: en los registros del Comfer figuraban como propietarios Juan Carlos Ramos y Raquel Teresa Paniggi, pero en las distintas presentaciones de la empresa ante Afsca aparecen Isabel Mabel Romeu y Angel Vicente Casiba, en un caso con el 20% y 80% de las acciones respectivamente, y en otro caso con los porcentajes invertidos. En este caso el pedido de la empresa, uno de cuyos accionistas aspira a contar también con una licencia de TV abierta -algo incompatible con el cable en una misma ciudad- y reclamó una suerte de “adecuación preventiva”, fue rechazado por improcedente.

En el caso de Sergio Mario Ceroni, Rafael Carlos Coronna, Uno Pay TV SA, Moxi SA, Interior Cableexpres SRL y FM Aerupuerto SRL, Afsca rechazó el pedido de “adecuación” también por improcedente dado que ninguno de ellos es “titular de licencias” aunque sí operan “servicios no autorizados” -dos canales de baja potencia- pendientes de regularización y una FM cuyo permiso precario había sido cancelado en 2006.

Errores y omisiones de la propuesta de adecuación del grupo Manzano-Vila a la #leydemedios, por Alejandro Pereyra

A continuación, el análisis del abogado Alejandro Pereyra (candidato propuesto por el FAP al directorio del Afsca, impugnado por el kirchnerismo y rechazado por la presidenta Cristina Kirchner) sobre la propuesta de adecuación a la ley de medios hecha por el grupo de medios integrado por el ex ministro menemista José Luis Manzano y Daniel Vila (grupo Manzano-Vila).Por ser estrictamente técnica la explicación, pongo primero las conclusiones del autor acerca de por qué la propuesta de Manzano-Vila (y el proyecto de resolución de Afsca que lo aprueba) contradice la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Es una interpretación errónea de la Ley de Medios, en cuanto:
1) Respecto de la fundamentación a su propuesta
• Respecto de la aplicación de las normas de la ley de Sociedades Comerciales en el marco de la ley de medios, los Considerandos del Decreto Reglamentario 1225/10 establecen que si bien la ley 19.550 es de aplicación subsidiaria, no pueden invocarse sus disposiciones para contravenir lo dispuesto en ley de medios; por lo que todas estas referencias normativas que señala no son de aplicación directa al régimen de la ley como parece pretender, y como tal carecen de virtualidad frente a disposiciones específicas en el régimen de la ley de medios.

• Según el Art. 45 de la ley de medios para fijar limitaciones a la concentración de licencias, la ley no centra el eje en los porcentajes de participación (mayor, menor, insignificante o irrelevante) como considera Supercanal, sino en la cantidad de licencias por tipo de servicio, y para computar la cantidad de licencias se toman en cuenta todas las participaciones societarias pues la ley no hace distinciones en este sentido ni establece porcentajes de participación.

Por lo cual esta interpretación de Supercanal de la Ley de Medios, como justificatoria de su propuesta de adecuación en lo que respecta a las modificaciones de participaciones de los accionistas en las empresas licenciatarias propuestos en su presentación, no se ajustaría a los términos de la Ley 26.522.

2) Respecto de la situación general del concurso de acreedores de Supercanal
[La propuesta] señala los efectos que el concurso tiene sobre la oportunidad de la presentación de adecuación de las concursadas, su implementación y condicionamiento, para concluir que la integración accionaria y la situación jurídica de Supercanal viene determinada por la propuesta concursal homologada judicialmente, con efectos de sentencia firme y consecuentemente con DERECHOS ADQURIDOS EN FORMA IRREVOCABLE.
Esta afirmación de la existencia de derechos adquiridos en forma irrevocable no es tan así respecto de los efectos no cumplidos del acuerdo a partir de la aplicación de la Ley de Medios. El Código Civil establece en su Art. 3 que las leyes se aplicarán a las situaciones jurídicas existentes y no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. En la última sentencia de ahora de Cámara respecto del Grupo Clarín, expresamente el Tribunal señala en el marco de las disposiciones del Art. 45 Ley 26.522 que “…en el ámbito que se analiza, cobra fuerza el principio según el cual nadie tiene derecho al mantenimiento de las leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad del derecho objetivo (doctrina de Fallos 310:2845; 329:976) y no el lícito paralizar el ejercicio del poder normativo del Estado con fundamento en el marco jurídico preexistente, sin perjuicio de las consecuencias económicas que pudieran derivarse de tales facultades legítimas”.

Por otra parte, si bien el acuerdo está homologado, se encuentra aún pendiente por parte de las concursadas, realizar la notificación del Art. 8 Ley 25.156 impuesta por los jueces de Primera y Segunda Instancia, y respecto del otorgamiento de garantías (como condición para mantener la homologación) la dada por la concursada mereció el cuestionamiento de los acreedores, no estando resuelto el tema por el Tribunal actuante, pues el trámite se encuentra suspendido por acuerdo de partes. (Cfr. Desarrollo en Puntos 1 y 2 del presente informe). Por lo que ello así, menos aún puede hablarse de derechos adquiridos en forma irrevocable.
Independientemente de todo lo dicho, cabe apuntar que la jurisprudencia administrativa que se genera, deberá también ser aplicables a los casos análogos sobre los concursos de Multicanal y Cablevisión, lo que resulta el principal obstáculo que al día de la fecha llevo a la suspensión del tratamiento de la adecuación.

3) Nada se dice sobre la licencia de televisión por suscripción directa al hogar el Grupo.
De la presentación de Supercanal surge con grado de certeza que los socios resultan ser titulares de una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. En tal situación se debería rechazar todo el planteo de adecuación mientras se mantenga la tenencia de la presente licencia, ya que resulta incompatible con las demás (artículo 45 inciso 1, apartado a) de la Ley 26.522).

4) Nada se dice sobre la localización de la estación de televisión abierta de Canal 2.
La presentación no adecua la determinación de la localización – conforme la licencia de otorgamiento original y vigente – de Canal 2, que por el PLANARA que dio origen a la licencia resulta ser de la Ciudad de La Plata y no de la Ciudad de Buenos Aires como actualmente tiene.

5) Nada se dice sobre la multiplicidad de licencia sobre America 24 y Canal 2.
La presentación no adecua la determinación y cumplimiento sobre la multiplicidad de licencias y la existencia en los mismos estudios sobre la explotación de la Señal America 24 (artículo 45 inciso 2).

#leydemedios Manzano y Vila saben que no serán obligados a «adecuarse» y en (a) cambio podrían invertir en YPF

Hoy, Francisco Olivera publicó en La Nación una muy divertida crónica del discurso del jefe de gabinete (y cerebro detrás de la política de comunicación kirchnerista), Juan Abal Medina, y de la reunión que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, mantuvo con empresarios en el Consejo de las Américas. Allí, entre otras cosas, se cita una declaración del «empresario» y ex ministro menemista (involucrado en su momento en casos de corrupción) José Luis Manzano (socio de Daniel Vila en Grupo Uno Medios y en otros negocios energéticos y de servicios públicos). «‘Acuérdese de lo que le digo: en tres años, [el yacimiento de] Vaca Muerta va a ser Texas. Después dígame si miento’, apostó ante el cronista, y afirmó que él ya estaba trabajando con YPF. ¿A qué precio se sumaría?, se le preguntó, y ahí sí se diferenció de sus colegas: dijo que el valor actual neto del barril de crudo en el mercado interno (73 dólares) era suficiente y que, para el gas no convencional, alcanzaba con los 4,50 dólares por millón de BTU que ‘tiene en este momento todo el mercado por Gas Plus'». Manzano -que según Olivera es «uno de los pocos empresarios de diálogo con la Casa Rosada»– ya no piensa en cómo la ley de medios audiovisuales obligará a Grupo Uno a «adecuarse» al nuevo marco regulatorio. ¿Será que ya está todo arreglado? El 20 de agosto pasado, publiqué en La Nación detalles de la estrategia consensuada con la administración kirchner. A continuación se reproduce ese texto.

Desde que volvió a recorrer los despachos de la Casa Rosada en el último año y medio, José Luis Manzano -ex ministro menemista reconvertido en empresario- está tranquilo. Los negocios que encabeza junto a Daniel Vila, comprovinciano y socio inseparable, están a salvo y podrían acrecentarse al calor de la relación que ambos lograron reconstruir con el kirchnerismo tras el abismo abierto con la sanción de la ley de medios audiovisuales. Ese renovado vínculo es un éxito no menor de Manzano, viejo compañero político de actuales funcionarios, legisladores y jueces. Y ya se nota en los contenidos de sus medios (lo que incluye las televisaciones del Fútbol para Todos y ficciones de producción estatal).

El 2 de septiembre de 2009, cuando la presidenta Cristina Kirchner ya había enviado al Congreso el proyecto que luego se convertiría en ley de medios, Vila pronunció un discurso sin rodeos transmitido por varias de sus emisoras y canales de TV. «A partir de este proyecto nos están sobrando sillas, gente y medios. Esto tiene una gravedad institucional y jurídica solamente comparable con el golpe de Estado de marzo de 1976. El matrimonio Kirchner es un especialista en cercenar la libertad de expresión y un especialista en ejercer la libertad de extorsión. ¿Cómo deben interpretarse los llamados insistentes a los distintos medios de comunicación para acallar las voces de aquellos periodistas que denuncian hechos de corrupción?», se preguntó esa vez, y dijo: «Hoy soy el principal defensor de Clarín».

Fuerte alza de la publicidad oficial en los medios afines al gobierno Kirchner

El balance de la distribución de la publicidad oficial durante 2011 confirma la tendencia: sigue creciendo la participación en los medios afines al Gobierno, mientras que se profundiza el castigo a los independientes.

Sin embargo, el dato sobresaliente fue el crecimiento exponencial de la pauta oficial invertida en los diarios del grupo Uno, cuyos principales accionistas son el empresario Daniel Vila y el ex ministro menemista José Luis Manzano, ambos mendocinos. Los cuatro periódicos de ese grupo editor tuvieron en promedio 920% más de pauta oficial que en 2010. El caso más extremo fue el del diario Uno, de Santa Fe, que recibió del Estado nacional 1500% más: pasó de 545.000 pesos en 2010 a 8,4 millones en 2011. No fue el único caso. Uno, de Paraná, creció 1131% y Uno, de Mendoza, 518 por ciento.

Ley de medios: ¿Por qué el gobierno Kirchner no aplica el artículo 161?

Grupo Clarín, Grupo Uno Medios (Daniel Vila-José Luis Manzano), Cadena 3 (Córdoba) y Grupo Ick (Santiago del Estero) lograron que la Justicia Federal suspenda (cada uno sólo para su propio caso) la aplicación del artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso significa que para ellos no corre aún el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para «adecuarse» al nuevo marco regulatorio. Es decir, para vender los medios que no encajan en las limitaciones vigentes. Todo el resto de los medios de comunicación audiovisual que no se ajustan a la regulación deberían haberlo hecho hace un mes. ¿Por qué el Gobierno no lo aplica? A continuación, algunas ideas para entender por qué.

A casi dos años de su aprobación y uno desde que fue reglamentada, la ley de servicios de comunicación audiovisual todavía no produjo cambios significativos en la TV y la radio, más allá de algunos aspectos formales. Es más, a pesar del orgullo que el Gobierno siente por esta norma, la ley de medios no está totalmente reglamentada: de los 166 artículos que la componen, 81 siguen sin reglamentar, es decir, sin aplicación práctica. Y estos son datos objetivos, de los que disfruta el ministro de Interior, Florencio Randazzo, que esta semana acusó a los diarios LA NACION y Clarín de «mentir», «tergiversar» y tener «una actitud atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia».

La ley de medios abrió un fuerte debate en la sociedad sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia y la intervención del Estado en su regulación. Para algunos, la norma es el mayor triunfo cultural del kirchnerismo que, según esa lógica, habría logrado lo que ningún otro gobierno pudo: doblegar a los medios hegemónicos, como los denomina el oficialismo. «La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo cayéndose todas nuestras caretas, las de los periodistas y las de los políticos», editorializó el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa Bajada de Línea. Para Morales, tal vez la figura pública que más apoyó la sanción de la norma, la ley fue además «absolutamente decisiva en el resultado» de las elecciones primarias de agosto pasado.

Un diario atribuido al ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime fue privilegiado con la pauta oficial federal

El diario La Mañana, de Córdoba, cuya propiedad la Justicia Federal atribuye al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió el 15% de toda la publicidad oficial en medios gráficos del interior del país en 2010. Hasta noviembre, el periódico, cuya circulación se estima en 1000 ejemplares diarios, recibió $ 2.644.053. En tanto, su principal competencia provincial, La Voz del Interior (Grupo Clarín), cuya circulación según el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) alcanza un promedio de 52.392 ejemplares diarios, le facturó al Estado nacional 710.403 en el mismo período.

Al menos ocho de los 20.000 mails de una computadora del principal colaborador de Jaime, Manuel Vázquez, que la Justicia obtuvo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, atribuyen la propiedad de La Mañana al ex secretario de Transporte. Según reveló el periodista Marcelo Veneranda en su momento, el entonces director periodístico de La Mañana, Gustavo Bastos, planteaba en aquellos mails que “el problema de los ingresos” era “determinante” y le encomendaba dos gestiones a Vázquez: “Es imprescindible apurar 20 anunciantes privados nacionales de 10.000 pesos mensuales por el semestre” y conseguir una “pauta de Télam más alta y sin altibajos”. Según lo escrito por Bastos en otro de esos mails, el diario vendía a fines de 2009 unos “1000 ejemplares” por día. Luego de que trascendieran esos mails, La Mañana indicó en un comunicado que sus dueños habían cambiado, aunque no especificó de quiénes se trataba.

No es una buena ley, pero es la que tendremos

Sólo queda la incógnita de si se modificará algún artículo o no, pero no hay duda de que la Argentina tendrá una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual este viernes, cuando el Senado trate el proyecto impulsado por el kirchnerismo.

Ya no importará todo lo que haya hecho Néstor Kirchner desde Olivos para lograrlo. Y miren que ha hecho de todo. Prometió cargos para los legisladores cuyo mandato vence en diciembre, trabajo estatal para ellos y sus familiares; “destrabó” fondos para provincias quebradas –Tierra del Fuego, Corrientes, etc- y en riesgo de cesación de pagos; amenazó con el destierro a quienes “traicionen” el “proyecto” votando negativamente (algo reconocido por el senador jujeño Guillermo Jenefes), etc. Otros, como el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, fueron aún más pragmáticos: los votos, a cambio de medios públicos provinciales. A su manera, Binner lo reconoció. O tal vez, los votos se intercambiaron por impunidad, como el de un senador bussista (sí, del generalísimo Bussi) de Tucumán. Tampoco importará lo que haya hecho la oposición más dura o la que acompañó la ley, ingenuamente según la visión de Pepe Eliaschev.