No es una buena ley, pero es la que tendremos

8 10 2009

Sólo queda la incógnita de si se modificará algún artículo o no, pero no hay duda de que la Argentina tendrá una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual este viernes, cuando el Senado trate el proyecto impulsado por el kirchnerismo.
recinto semivacio
Ya no importará todo lo que haya hecho Néstor Kirchner desde Olivos para lograrlo. Y miren que ha hecho de todo. Prometió cargos para los legisladores cuyo mandato vence en diciembre, trabajo estatal para ellos y sus familiares; “destrabó” fondos para provincias quebradas –Tierra del Fuego, Corrientes, etc- y en riesgo de cesación de pagos; amenazó con el destierro a quienes “traicionen” el “proyecto” votando negativamente (algo reconocido por el senador jujeño Guillermo Jenefes), etc. Otros, como el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, fueron aún más pragmáticos: los votos, a cambio de medios públicos provinciales. A su manera, Binner lo reconoció. O tal vez, los votos se intercambiaron por impunidad, como el de un senador bussista (sí, del generalísimo Bussi) de Tucumán. Tampoco importará lo que haya hecho la oposición más dura o la que acompañó la ley, ingenuamente según la visión de Pepe Eliaschev.

Los grupos de medios y otros opositores a la ley también hicieron su último alegato. Clarín contó la historia de sus últimos 15 años en un tono bastante lacrimógeno. Antes, Daniel Vila, en nombre del segundo grupo de medios más importante del país, había hecho lo suyo. Distintas entidades empresarias y sociales plantearon sus posiciones. El rabino Sergio Bergman encabezó una manifestación contra la ley frente al Congreso, junto con el ruralista Alfredo De Angeli y el piquetero Raúl Castells. Hasta los periodistas del diario Crítica firmaron una carta (entre valiente e ingenua) de apoyo a la norma. Hasta Elisa Carrió resucitó para criticar duramente la ley, y acusando a la vez a los grandes grupos de haber negociado con el kirchnerismo.

Incluso, asistimos a una llamativa militancia pro ley de un periodista reconocido y respetado como Víctor Hugo Morales, cuyas insolencias respecto de quienes no piensan como él en este punto también tuvieron respuesta. Hubo discusiones fuertes, como la del economista Enrique Szewach y el cineasta Juan José Campanella, en el diario Perfil. Voces como la del experto Henoch Aguiar, de extracción política socialdemócrata -fue funcionario de la Alianza en el área de Telecomunicaciones- no fueron del todo atendidas. Las hijas de Adolfo Castelo demandaron a Clarín porque en un spot contra la ley Radio Mitre usó el nombre de su padre (que según ellas hubiese apoyado la ley). Ricardo Foster, docente de la UBA e integrante del grupo de intelectuales kirchneristas Carta Abierta, elevó al debate por la ley de medios al que se dio décadas atrás en materia educativa con el dilema “laica o libre”.

Esta es la ley que tendremos, cuyas consecuencias no serán precisamente positivas para una mayor diversidad de voces ni mucho menos para el efectivo control de los poderes públicos que las democracias occidentales esperan de la prensa. Los discursos que se vienen dando, sobre todo los que se escuchan de bocas del oficialismo, despiertan cierto temor: cualquier diputaducho (con el perdón de la investidura) da clases de periodismo (o de cómo le gustaría que fuese). Por eso, se abre un cono de sombras sobre derechos constitucionales como la libertad expresión, de prensa, de empresa y los derechos adquiridos. Y eso podría ser sólo un primer paso si se consideran los últimos movimientos contra los diarios en Papel Prensa.

La ley que se aprobará mañana es una norma que desconoce realidades básicas del mercado del entretenimiento y los medios, como las sinergias sobre las que se basan productos como TN, América 24 y Canal 26, cadenas de noticias que difícilmente sobrevivan separadas de sus matrices Canal 13/Cablevisión, América y Telecentro. “TN no va a desaparecer, Clarín la puede vender”, dicen los defensores de la ley y critican a Clarín por usar la palabra “desaparecer”. En Argentina, como en ningún otro país de América latina hay cinco cadenas de noticias de dueños, posiciones editoriales y estilos diferentes. Eso se da en gran medida por las sinergias. Aquí la pregunta que nadie se hace es, ¿quién va a pagar esas cinco señales que ahora no podrán tener ninguna relación con canales abiertos ni distribuidores de cable? ¿La torta publicitaria podrá absorber los costos extras, ahora integrados en producciones conjuntas de la que se derivan productos diversos? ¿Lo pagarán los abonados? Y si no, ya sabemos. Para el abogado Damián Loreti, vicedecano de Comunicación de la UBA y uno de los autores del proyecto original, “los cambios no impactarán en la programación”.

Yo creo que sí y tengo la sensación de que habrá una peor oferta de contenidos informativos porque, por ejemplo, de las cinco señales de noticias es altamente factible que tres desaparezcan o se achiquen a zonas geográficas pequeñas por razones del mercado que crea el nuevo marco regulatorio. Cuando ni la publicidad privada ni los abonados pagan los medios, los termina pagando el Estado. Eso en Gran Bretaña, se llama BBC. Aquí, lo hemos conocido como “pauta oficial”. ¿Cómo? Sí, no existe una ley que regule la distribución de la inversión publicitaria del Estado, que sigue estando a la discreción de los funcionarios de turno.

Por supuesto, hay aspectos de la ley que son positivos. La intención -supongamos que buena de parte de los redactores del proyecto- desconcentradora (aunque no el absurdo reglamentarista al que se llegó) y descentralizadora (de mayor generación de contenidos en el interior), el reconocimiento de realidades especiales que demandan medios de comunicación propios como las comunidades aborígenes, religiosas o las universidades (aunque no queda claro si sólo se consideran las estatales), el fomento de la difusión de producciones cinematográficas nacionales, la posibilidad de que cooperativas de servicios puedan prestar el servicio de televisión por cable, entre otras cosas.

Pero claro, además de insuficiente, todo eso está demasiado entreverado con un deliberado intento por desarmar a los principales grupos de medios del país, a los que la corporación política les achaca su mala prensa. Se ven demasiado esos hilos. En el mundo, el mercado mismo de los medios está provocando movimientos desconcentradores. Hace un año, el conglomeradoTime Warner se desprendió de su filial de distribución de cable Warner Cable. Lo hizo voluntariamente porque estar en la producción de contenidos y en su distribución ya no eran viables, más aún en un contexto de crisis. Vivendi Universal, otro grupo global de medios -francocanadiense-, puso en venta NBC Universal, la cadena estadounidense de TV que nos da tantas ¿alegrías? con Dr. House. Todos los países que buscar trascender culturalmente tienen grupos de entretenimiento y medios porque sin empresas fuertes no hay forma de llegar a todos los continentes. Televisa es sinómino de México como OGlobo lo es de Brasil. En ambos países, además, existen otros grandes grupos, y también los hay estatales.

Caben muchas preguntas. Por ejemplo, ¿Por qué el Gobierno montó semejante aparato de propaganda -sí, los medios privados hicieron lo suyo también- para atribuirle a esta ley “beneficios” que podrían haberse dado sin necesidad de modificar nada. En Brasil, por ejemplo, Lula acaba de desgrabar impositivamente a unas 5000 radios comunitarias. ¿Por qué aquí no se hace lo mismo? Es más, ¿Por qué no se regulariza el espectro radioléctrico de las FM, donde están mayormente esas radios -hay unas 5000 emisoras ilegales en el país, una de ellas perteneció hasta hace poco al interventor en el Comfer, Gabriel Mariotto-? ¿Por qué no se las fomenta con ayudas de distinto tipo: subsidios o desgravaciones? ¿Por qué no se empezó a abrir progresivamente el mercado de la TV paga a las cooperativas telefónicas del interior? ¿Por qué cuando se permitió la fusión Cablevisión y Multicanal no se abrió ese mercado a las telefónicas, lo que también podría haberse hecho progresivamente? ¿Por qué un país tan grande como la Argentina tiene sólo 42 canales abiertos de TV? Bastaba con que el Estado licite las frecuencias que siguen disponibles. Tal vez el miedo a nuevas voces, incluso si las señales fuesen operadas por entes estatales, frenó esa expansión.

Para “democratizar” y que “haya más voces” y “hablemos todos”, no hacía falta una nueva ley. Sí, claramente, hace falta una nueva ley pero por otros motivos (el primero y principal, porque la actual es un decreto-ley ilegítimo). El sitio oficial Hablemos Todos fue un compendio de medias verdades y mentiras enteras, de frases sacadas de contexto y falsa ideología detrás de la cual se esconde un pragmatismo inescrupuloso. No es verdad que existan grupos de medios como consecuencia de las locuras de Videla, los que los permitieron fueron los gobiernos democráticos que lo sucedieron. El texto en debate y que se quiere aprobar sin más modificaciones va atomizar de tal manera el sector de la comunicación que habrá que ver quién se le anima luego al Gobierno. A este y a los que vengan. Por eso, desde la oposición tampoco se puso mucha pasión en este asunto.

Algunas cosas se han dicho poco. Mucho se habló de la autoridad de aplicación y de cómo debe integrarse. Sin embargo, la autoridad de aplicación va a ser irrelevante en las ciudades de más de 500.000 habitantes (las que pesan electoralmente) porque allí las licencias las va a otorgar directamente el Poder Ejecutivo. Ese artículo, que es muy claro, está vivito y coleando.

La ley dice que un tercio de las licencias deberán repartirse entre organizaciones de la sociedad civil (ONG, universidades nacionales, comunidades aborígenes, etc.). El Estado puede competir o autootorgarse las licencias que quiera. Con lo cual podría ocurrir que haya menos de un 30% del espectro en manos privadas. Va a empeorar la oferta de contenidos de TV paga por esa misma razón. La televisión satelital no ha participado mucho del debate, tal vez porque quedan algunos huecos que le dejarían algún margen de actuación. O porque saben que están del lado de los amigos del gobierno (aquí una foto de familia del matrimonio presidencial con el dueño de DirecTV, Rubert Murdoch).

nestor y cristina con rupert murdoch

Los extranjeros quedan excluidos del control de empresas de medios y podrán tener una participación accionaria de hasta el 30% de las compañías titulares de licencias como máximo. Salvo que sean ciudadanos de países con los que la Argentina tenga acuerdos de reciprocidad de inversiones, como los Estados Unidos. Por lo tanto, hasta ese punto (que tratándose de un sector de la economía estratégico tiene cierta justificación) está relativizado.

No podrá haber cadenas privadas de radiodifusión, sólo las habrá estatales (que no tienen restricciones) porque los privados podrán tener un máximo de 10 licencias. Cadena 3, por ejemplo, la única radio (único medio, en realidad) del interior que logró éxito comercial en Capital Federal, deberá reducirse a la mitad.

Además, esa cantidad pone en la misma bolsa FM, AM señales de TV abierta y sistemas de cable. ¿Por qué 10 y no 12 o 9? ¿Cuál es el capricho en este caso? ¿Por qué no hay una división geográfica o por regiones en las que se privilegie la promoción de nuevos medios de comunicación en donde la oferta de contenidos locales sea escasa?

En ningún país serio se prohíbe a quienes producen contenidos, distribuirlos. Aquí se lo hará. Si realmente se quisiera más pluralismo podría obligarse a los productores-distribuidores de contenidos (Clarín, Pierri, Vila-Manzano) a distribuir también los contenidos de sus competidores (cosa que ya sucede en gran medida), cosa en la que ha insistido Henoch Aguiar (para quien habría que obligar a los distribuidores que son dueños de señales a transportar también las señales de la competencia; por ejemplo, a Cablevisión -del mismo dueño que TN-, a transmitir Canal 26 -que es propiedad de Telecentro-; o C5N, que no pertenece a un grupo que tenga distribución propia).

La prohibición de que las telefónicas ingresen al mercado de la TV paga es otra burrada que va a contramano de lo que sucede, no ya en Europa y EE.UU, sino de acá nomás, en Chile o Brasil. Es cierto que hay un riesgo por el tamaño de esas empresas de que terminen llevando a la quiebra a las pymes de cable o cooperativas de telecomunicaciones más chicas. Pero eso podría haberse atenuado estableciendo límites y plazos para que las telefónicas ingresen al mercado.

Además, los prestadores de servicios públicos no podrán ser titulares de licencias, pero de los contratistas del Estado no se dice nada. Es decir, no se dice nada de Electroingeniería, Lázaro Báez, Cristóbal López, etc.

¿Por qué el plazo de desinversión es de sólo un año? Termina justo cuando empieza la campaña presidencial de 2011. ¿Por qué no dos o tres? ¿Por qué en esto también hay apuro?

En síntesis, en mi opinión, si la ley termina aplicándose tal cual está, habrá peores medios, peores contenidos y peor periodismo. Tal vez eso no ocurra en lo inmediato, porque se prevé una lluvia de recursos de amparo y medidas cautelares que podrían frenar la instrumentación de la normativa, pero a la larga, salvo que se introduzcan cambios, así será.

Por eso, Beatriz Sarlo ya plantea una agenda post ley de medios. Es decir, las leyes que deberán corregir los desvaríos de esta norma y, lo que tal vez sea peor, lo agujeros negros que queda. Como el financiamiento de los medios “privados no comerciales”, como los llama la ley.

Y para concluir este excesivamente largo post, dos reflexiones ajenas. Un amigo me decía hace unas semanas: “Es impresionante la ‘capacidad de gestión’ que tiene Kirchner, todo lo que se propone, lo logra”. Más que eso, le respondí, lo de Kirchner es “capacidad de extorsión, no de gestión”. Y ayer, uno de mis alumnos de la UADE, me preguntó: “El año que viene se empiezan a vender en Argentina los receptores de radio IP (de emisoras que no usan espectro radioeléctrico sino que transmiten por internet), ¿qué pasará con esas radios?”. No se, le dije. No lo saben los legisladores, ni Kirchner, ni las empresas que deberán desguazarse.

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3 responses

11 10 2009
elanimalismo

che muy buena la transmisión que hiciste desde twiteer el dia que se voto la ley
la verdad te felicito

saludos!

29 04 2010
José Crettaz: “Internet existe y es el presente de los medios” | Clases de Periodismo

[…] la diversidad sin destruir lo existente. Sobre esto he escrito mucho en mi blog (mi último post sobre el tema es un poco viejo pero sigue vigente). Sin ir más lejos, y para graficarte esta […]

9 10 2012
#leydemedios: tres años después… sólo queda el #7D « Latin American Media & Entertainment Observatory

[…] No es una buena ley, pero es la que tendremos Me gusta:Me gustaSe el primero en decir que te gusta. […]

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