Silvana Giudici: “La uniformidad de contenidos y propaganda ultra oficialista que transmite la TDT espanta a los usuarios”

6 09 2012

Silvana Giudici es presidenta de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia. Como diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), fue una férrea opositora a la ley de servicios de comunicación audiovisual. A continuación reproduzco la respuesta on the record que me envió para la nota “TV digital, la pantalla que no miramos”, que publicó La Nación el 6 de septiembre de 2012. Las negritas son mías.

La televisión digital terrestre es otro de los ejemplos de que el gobierno prefiere invertir millones de todos los argentinos para un uso discrecional y arbitrario. El desarrollo de tecnología en comunicaciones debe contar con políticas públicas y control pero puede y es deseable que se convoque al sector privado a realizar las inversiones necesarias. La plataforma digital incluye antenas, multiplexsores, equipos de digitalización, decodificadores, un desarrollo estimado en 1200 millones de euros como lo definió Nemirovsci allá por 2010. Nuestros pedidos de informes no fueron contestados y la información pública no está disponible como debería en la página web.

Hasta la fecha los únicos datos que conocemos son sobre la distribución de 1,1 millón de decodificadores. Nada se sabe de concursos, llamados a licitación o procesos claros en el montaje de las antenas. Mucho menos de los concursos fracasados por las 220 señales digitales que se disponían para el sector privado. De malísima factura administrativa siete resoluciones fueron necesarias para llamar, prorrogar y finalmente suspender los concursos fracasados.
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#Televisión Digital Terrestre: entre el 60% y 70% de los decodificadores distribuidos gratuitamente no está en uso

6 09 2012

Hoy publiqué en La Nación la nota que copio más abajo sobre la penetración de la TV digital impulsada por el Gobierno. Desafortunadamente para mi y para los miles de lectores que la leyeron el dato más revelador me llegó una vez publicada: «Según fuentes oficiales, pero dicho de manera extraoficial, el 60/70 por ciento de las personas que recibieron decodificadores gratuitos los tiene guardados (es decir sin usar) Además, muchos usuarios que tienen TDT en sus decos o TV, no tienen buena recepción y termina frustrandos». Me lo dijo una muy buena fuente con acceso al plan de despliegue oficial.

A más de tres años del lanzamiento de la televisión digital gratuita y abierta, en la que el gobierno nacional invirtió al menos $ 3000 millones, poco más de un millón de hogares está en condiciones de ver esos canales. Aunque nadie se atreve a decir qué rating tiene el servicio, ni la administración Kirchner ni Ibope ni tampoco quienes estudian estos mercados, todos ellos dejan entrever que la audiencia se reduce a un grupo no precisado de jubilados, beneficiarios de planes sociales (entre quienes se distribuyeron gratuitamente 1,1 millones de decodificadores), especialistas en telecomunicaciones, residentes en zonas rurales que no tienen otras alternativas y hasta algunos militantes del kirchnerismo.

Con el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta (TDA), el nombre oficial del emprendimiento, el Gobierno pretendió competir con la TV paga en la que, a juzgar por los números, aún no hizo mella. En los últimos tres años, la penetración del cable y el satélite creció más de 8 puntos y el servicio llegó al 81% de los hogares argentinos. Incluso entre las familias de bajos ingresos, esa cifra llega al 74% de los hogares, según Ibope.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que tiene a su cargo el proyecto, lo ve de otra manera. «Nos habían convencido de que la única forma de comunicar era a través de un cablecito», dijo ayer, al celebrar la expansión de la TDA durante el anuncio del desembarco del Estado en el negocio de las comunicaciones móviles.
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Ley de medios: ¿Por qué el gobierno Kirchner no aplica el artículo 161?

18 09 2011

Grupo Clarín, Grupo Uno Medios (Daniel Vila-José Luis Manzano), Cadena 3 (Córdoba) y Grupo Ick (Santiago del Estero) lograron que la Justicia Federal suspenda (cada uno sólo para su propio caso) la aplicación del artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso significa que para ellos no corre aún el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para «adecuarse» al nuevo marco regulatorio. Es decir, para vender los medios que no encajan en las limitaciones vigentes. Todo el resto de los medios de comunicación audiovisual que no se ajustan a la regulación deberían haberlo hecho hace un mes. ¿Por qué el Gobierno no lo aplica? A continuación, algunas ideas para entender por qué.

A casi dos años de su aprobación y uno desde que fue reglamentada, la ley de servicios de comunicación audiovisual todavía no produjo cambios significativos en la TV y la radio, más allá de algunos aspectos formales. Es más, a pesar del orgullo que el Gobierno siente por esta norma, la ley de medios no está totalmente reglamentada: de los 166 artículos que la componen, 81 siguen sin reglamentar, es decir, sin aplicación práctica. Y estos son datos objetivos, de los que disfruta el ministro de Interior, Florencio Randazzo, que esta semana acusó a los diarios LA NACION y Clarín de «mentir», «tergiversar» y tener «una actitud atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia».

La ley de medios abrió un fuerte debate en la sociedad sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia y la intervención del Estado en su regulación. Para algunos, la norma es el mayor triunfo cultural del kirchnerismo que, según esa lógica, habría logrado lo que ningún otro gobierno pudo: doblegar a los medios hegemónicos, como los denomina el oficialismo. «La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo cayéndose todas nuestras caretas, las de los periodistas y las de los políticos», editorializó el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa Bajada de Línea. Para Morales, tal vez la figura pública que más apoyó la sanción de la norma, la ley fue además «absolutamente decisiva en el resultado» de las elecciones primarias de agosto pasado.
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Electroingeniería, con Villarruel y Llorente, lanzan 360 TV, un nuevo canal abierto (sin concurso ni licencia, obvio)

29 06 2011

Redepente apareció 360 TV en la grilla de canales de la nueva televisión abierta digital estatal. Se trata del canal que anunciaron hace pocos meses los dueños de la contratista de obra pública Electroingeniería (también propietarios de Radio del Plata, los mismos que eyectaron de esa emisora a Nelson Castro). La producción de contenidos está a cargo de On TV, la productora de contenidos los ex Telefe Claudio Villarruel y Bernarda Llorente (esposa del ex canciller Jorge Taiana). Villarruel fue un activo defensor de la ley de medios, una norma que «su» canal ahora no cumple (seguir leyendo para saber por qué).

Generación 360 TV (tal el nombre completo) no concursó por la frecuencia del canal 25.4 que ocupa desde esta semana, y se desconoce si tiene licencia porque carece de página web donde publicar la “carpeta pública”. Concursos, licencias y carpeta pública son algunas de las decenas de exigencias que prevé la nueva ley de medios para los canales de televisión.

Pero no está sola. En esa situación también están, entre otras, CN23, C5N o Gol TV, todas señales privadas que ya están al aire (usando espectro) mediante la plataforma estatal (es decir, no pagan nada para transmitir porque ese servicio se los da gratuitamente el Estado ni pagan nada por usar el espectro, que también gentilmente les fue otorgado por la administración Kirchner mediante invitación exclusiva).
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