#leydemedios: la desmentida de la desmentida de la @afscadigital sobre el caso Clarín

15 04 2014

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por medio de su director de Imagen y Comunicación, Fernando Torrillate, distribuyó ayer un texto titulado La Afsca desmintió dos artículos publicados hoy en La Nación, en referencia a las notas publicadas por Carlos Pagni y por mi. El texto fue amplificado primero por la agencia Télam y consecuentemente reproducido por medios de todo el país (como el diario Tiempo Argentino, que tituló Nueva desmentida de la Afsca a La Nación).

[Aprovecho la oportunidad para insistirle a Torrillate con el pedido que ya le he hecho en decenas de veces, en privado y en público, desde noviembre de 2012: ¿Podrá Martín Sabbatella darme una entrevista como la que le concedió a tantos periodistas desde que asumió? No quisiera pensar que le tiene miedo a las preguntas.]

Volviendo al tema, la desmentida que propone el texto de Torrillate está lejos de ese concepto, al menos en la segunda acepción del diccionario español: “Sostener o demostrar la falsedad de un dicho o hecho”

Tras dedicar el primer párrafo de su “desmentida” a agredir a quienes escribimos en La Nación y al diario mismo, Torrillate enumero lo que para él fueron “falsedades”. Primero se ocupó de la nota de Pagni, La Presidenta busca atajos para avanzar sobre la Justicia y los medios, y luego me atacó a mi y de esto último me ocupo en este post, párrafo por párrafo.

En lo que refiere a la nota que firmé en La Nación el 14 de abril, titulada El Gobierno amenaza con reactivar la pelea con Clarín, Torrillate sostiene:

– “En primer lugar, no hay ninguna amenaza; es una obligación de la AFSCA regularizar el mercado de medios, para que todas las empresas estén enmarcadas a los límites establecidos en la ley. Si un licenciatario se niega a hacerlo en forma voluntaria, el Estado lo hará de oficio; del mismo modo que si un automovilista se niega a retirar voluntariamente su coche estacionado en el medio de una ruta, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo”.

Hasta aquí Torrillate no desmiente nada, en todo caso no le gustó el verbo “amenazar” que en el título tiene el sentido de sus sinónimos “apercibir”, “amagar” o “advertir”. Para el kirchnerismo (al que Sabbatella llegó tardíamente, porque en las elecciones legislativas de 2009 enfrentó a Néstor Kirchner y le restó el puñado de votos con los que hubiera podido vencer a Francisco De Narváez), gobernar es editar los diarios. En lugar de trabajar sobre la realidad, prefiere hacerlo sobre la narración de la realidad.

– Sigue Torrillate: “Crettaz, al que le sobran adjetivos para intentar descalificar a Sabbatella o al periodista Víctor Hugo Morales, se queda corto de opiniones cuando se trata de analizar las denuncias hechas por el socio de Clarín, David Martínez, respecto de una posible maniobra ilegal pergeñada en las oficinas de Héctor Magnetto”

– Puede ser que me quede corto, pero Martínez (que está citado en mi nota que a su vez remite a un extenso reportaje publicado el día anterior en Perfil) en ningún momento advierte sobre “una posible maniobra ilegal”, más bien se cuida de utilizar esos términos (como Clarín también se cuida de calificar a Martínez, ambos en definitiva son socios).  Ahora bien, retomando la forma argumental de Torrillate, yo podría decir que la Afsca se queda corta al omitir, ignorar o tolerar que David Martínez siga conservando su 40% de Cablevisión tras haber tomado control de la mayoría accionaria de Telecom Argentina, una empresa de servicios públicos, algo expresamente prohibido por la ley de medios audiovisuales en sus artículos 24 y 25. No es la única empresa de servicios públicos en la que Fintech tiene acciones (también tiene una participación relevante en la distribuidora de gas Emgasud, ahora rebautizada Genneia). El fondo de Martínez, que ya tomó control de Telecom, espera el OK de varios organismos públicos argentinos sobre esa compra. Ahí estaría la clave de su reclamo público contra Clarín.

Claro, todo esto sin considerar que, además, Martínez es mexicano y podría ser alcanzado al menos por el espíritu de los incisos b y c de los ya citados artículos 24 y 25 que impiden a empresas e individuos extranjeros acceder al control de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Finalmente, es por lo menos curiosa la relación que Sabbatella y sus funcionarios tienen con Martínez, a quien reciben con frecuencia. No es raro si se tiene en cuenta que Martínez también se reúne con asiduidad con el jefe informal del ex intendente de Morón, Carlos Zaninni (secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación), quien atiende del mexicano consejos vinculados a la estrategia argentina en la pelea judicial contra los fondos buitres en Estados Unidos: Martínez, y su fondo Fintech, es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda pública argentina renegociada. Martínez se jacta de “comprar barato” y “vender caro”. Zannini y Sabbatella, además de sus antepasados italianos y de una remota militancia en el Partido Comunista, evidentemente comparten un ortodoxo pragmatismo.

Además, la “maniobra ilegal” a la que se refiere Torrillate es la transferencia de licencias a hijos, amigos o empleados y ya fue avalada administrativamente por la Afsca en varios casos, tal como resumí en la nota de La Nación. En uno de esos,  el grupo Moneta, el propio vocero de Sabbatella –muy enojado en aquel momento– me envió una aclaración que se publicó en La Nación y que cito textualmente más adelante. En ese momento, habíamos dicho que el grupo Moneta estaba excedido en cantidad de licencias, pero Torrillate nos explicó que no, que una cosa es el viejo Moneta y su mujer, y otra cosa cada uno de sus  hijos.

“Se trata de tres sociedades independientes. Los padres, Raúl Moneta y su esposa, son accionistas de República Media LLC., sociedad que transfirió a Mayer Business Corp. su participación en Cicsa, la cual es accionista junto a South Media [Cristóbal López] en Radio 10, FM Mega y FM Pop. Los hijos Raúl Cruz y Belisario Moneta, en Radiodifusora Buenos Aires SA y Radiodifusora Metro SA, son licenciatarios de las radios Splendid, Rock&Pop y Metro FM. Por otra parte, otros dos hijos, Faustino y Rufino Moneta, son socios en Radio Libertad SA y San Isidro Labrador SA, licenciatarios de Radio Belgrano, FM Blue y FM San Isidro Labrador. Con tal composición accionaria, no se encuentra ningún integrante de la familia Moneta ni sus sociedades en incumplimiento alguno a los límites establecidos por los artículos 24, 25, 26 y 45 de la ley, como erróneamente señala Alejandro Pereyra, quien fuera ex director general de Asuntos Legales y Normativa del Comfer”.

Tengo el mail con el original por si Torrillate quiere revisarlo.

– Continúa Torrillate: “También le falta [a Crettaz] informar que los 35 planes de adecuación declarados admisibles por la AFSCA, entre los que está el de Clarín, aún no fueron aprobados y que, para ello, los licenciatarios deben cumplir sin excepciones las exigencias de la ley 26.522”.

Tercer párrafo y sigue sin desmentir. Vengo escribiendo de los planes de adecuación desde antes que Sabbatella y Torrillate imaginaran siquiera la oportunidad que iban a tener de conducir un organismos elefantiásico que les está permitiendo financiar la expansión territorial de su partido Nuevo Encuentro (el director de delegaciones de Afsca, Gustavo Hurtado, es el armador nacional del sabbatellismo y cada delegado en el interior es el principal referente local del Nuevo Encuentro, tal como han publicado ya muchos medios, entre ellos Clarín, pero si no gusta, también La Tecla). De los sueldos de los empleados de la Afsca también sale un porcentaje “voluntario” para financiar el partido.

En este punto, es llamativo que Torrillate le haya dado al relator kirchnerista Víctor Hugo Morales una versión deformada de su explicación haciéndole decir a Morales que es falso que se hayan aprobado planes de adecuación, algo que no está en mi nota (donde específicamente se habla de “declaración de admisibilidad”; de todas formas, esto es algo que al común de la gente no le interesa mucho).

Como recordó recientemente María O’Donnel, la pregunta es por qué Sabbatella prometió tener todos los planes de adecuación resueltos “a más tardar en marzo” y aún tiene pendientes varios que fueron presentados antes del 7 de diciembre de 2012, mucho antes que el del grupo Clarín. Y pendientes hay varios planes, entre ellos Telefe (Telefónica de España), Prisa (Radio Continental) y Telecentro (Alberto Pierri). Debería Sabbatella (o su vocero Torrillate) explicar a qué se debe esa demora y por qué cambió diametralmente su opinión sobre el caso Telefe (en diciembre de 2012 él mismo explicaba porqué ese canal estaba acorde con la ley de medios -lo hizo en TV en distintos programas- y hace unos meses pasó a decir que “hay que estudiarlo”). También deberían explicar en la Afsca por qué si Telefónica de España debe vender Telefe (por la cuestión de la incompatibilidad con servicio público), Martínez no debería hacer lo mismo con Cablevisión.

– Finaliza Torrillate: “Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

Termina Torrillate y sigue sin desmentir ninguno de los datos incluidos en mi nota. No es desprestigiar la tarea del Estado decir que el mismo Estado declara “fracasados” o “sin efecto” (y usa esos términos en los textos legales que produce) concursos para la creación de “nuevas voces”.  Ni hay una avalancha de nuevos medios, ni la mayoría de esos medios son de la sociedad (privados o sin fines de lucro), ni hubo suficientes interesados en los 220 canales de TV digital concursados en 2011, ni hubo suficientes interesados en las 140 radios FM concursadas en 2012; que cooperativas y pymes del cable se matan en la Justicia por los postes para colgar sus redes; que los sectores no cooptados de los pueblos originarios (como hizo Clarín en su momento) también reclaman la inconstitucionalidad de un artículo de la ley; que la situación de las productoras audiovisuales pymes del interior es trágica… Lo que le molesta a Torrillate es que se diga lo que Sabbatella no quiere: que el relato de la democratización de la palabra está completamente marchito. 

No es la primera vez que en las comunicaciones públicas de la Afsca se muestra desprecio por la verdad, algo que ya hemos hecho notar aquí (sobre un folleto y cable de Télam conmemorativo de la ley de medios) y que la organización no gubernamental Chequeado también retomó aquí (sobre la cantidad de nuevos medios creados con la nueva ley) y aquí (sobre el número de empleos que habría producido, pero no produjo, la ley de medios).





Verdad, honestidad y dictadura: las preguntas que Víctor Hugo no responde, por Leonardo Haberkorn (@leohaberkorn)

24 08 2012

[Este texto se publicó en La Nación el 24 de agosto de 2012 con el título “Dos sicarios y los Salieris de Víctor Hugo”]

Vamos a suponer que todos los ataques, insultos e infamias son ciertos. Supongamos que Luciano Alvarez y yo no tenemos una trayectoria detrás. Que no nos conoce nadie. Supongamos que nos alquiló Clarín, como dijo Víctor Hugo. Que, como dijo Hebe de Bonafini, somos “pseudoperiodistas” y “periodistas del amarillismo”. Que somos “legionarios talibanes” como dijo Susana Rinaldi.

Supongamos que Uruguay es un país muy pero muy grande. Inmenso. Que nadie conoce nuestra forma de vida, ni el modo en que nos ganamos el pan desde hace décadas. Supongamos que somos malos tipos, arribistas, oportunistas. Supongamos que, como escribió la decana de la facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Alvarez y yo somos dos sujetos que pretendemos imponer nuestra “visión del mundo” mientras “abiertamente” renegamos “de los cambios culturales por los cuales el país viene luchando en los últimos años”.

Supongamos que, como dijeron Estela de Carlotto y Jaime Roos, el libro que nosotros escribimos y ellos no leyeron, Relato Oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales, es parte de una “operación mediática”. Supongamos que tiene razón Beto Casella, y es posible admitir que uno no leyó un libro y al mismo tiempo calificarlo de “libro miserable”. Supongamos que Luis Bruschtein tuvo el mínimo rigor de leer el libro antes de escribir en Página 12 que todo es un “pequeño chisme” carente de interés periodístico. Supongamos que es legítimo hacer lo que hace Rodolfo Braceli: plantear todo el asunto como una pelea entre Víctor Hugo y Lanata, ignorando por completo el libro.

Lo que cuenta Relato Oculto, ¿es verdadero o falso? Esa debería ser la cuestión a discutir
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Disparen contra el periodismo profesional (¡y que no quede nada de eso!)

16 10 2011

Los periodistas cometemos errores todos los días. No es porque seamos malos sino sólo porque somos humanos. Y lejos de ser objetivos, como se nos ha pedido y como hemos creído, somos sujetos como otros muchos. Eso significa que, además de las ideas y tendencias personales que cada uno defenderá, también tenemos debilidades, muchas de las cuales terminan en errores. Es viejo el chiste ese que dice que los médicos entierran sus errores y los periodistas los publican.

Para prevenir esas malapraxis periodísticas se escribieron decenas de libros de ética y estilo y hasta algunos manuales de idioma urgente, para los casos más leves en los que las únicas víctimas son la ortografía o la gramática. Para combatir errores de consecuencias potencialmente más graves, organizaciones como Fopea (Foro de Periodismo Argentino) impulsan las buenas prácticas éticas y técnicas del oficio. Es decir, hay cosas que se resuelven con adquirir ciertas técnicas, procesos o rutinas del oficio, algo que se logra con capacitación específica. Pero, claro, hay cuestiones todavía más profundas, en la que es necesario fijar límites claros y establecer guías que ayuden a la conciencia a elegir lo correcto: allí están los códigos de ética y los compromisos profesionales.

Fopea, la única organización institucional argentina de periodistas profesionales (hay otros agrupamientos, pero aún no han logrado superar la informalidad de lo grupal), representa en alguna medida esa búsqueda por el ejercicio de un periodismo libre, ético y de calidad. Después, cada periodista aportará su visión, más o menos teñida de su pensamiento y convicciones. Esa es la idea básica del periodismo profesional, que está más allá de la pelea chiquita entre “independientes” y “militantes”. Una puja netamente argentina que colegas periodistas de otros países no alcanzan a entender. No lo entienden ni Robert Cox ni Ignacio Ramonet. El periodismo profesional es sencillo de describir pero difícil de practicar: es una práctica de códigos (por ejemplo, el off the record; y la protección de las víctimas, los niños y los más débiles en general) con un ABC elemental, que incluye consultar a todas las fuentes, contrastar los datos, entender los acontecimientos para poder explicarlos a las audiencias, con las que ahora además debe conversar.

Ese periodismo profesional, que no es de izquierda ni de derecha (categorías que a mi criterio ya no sirven para explicar nada, mucho menos realidades políticas dinámicas -y si no, pregúntenle a Horacio Verbitsky), está bajo fuego. Es atacado con todas las fuerzas por quienes buscan instalar un dualismo tan simplista como peligroso que señala como natural la existencia de un periodismo opositor y otro “militante” (a este sector la palabra “oficialista” le resulta un poco vergonzante). Son los que justifican que en el canal de TV estatal prácticamente no invite a dirigentes opositores (¿cuántas veces estuvieron Mauricio Macri, Alberto Rodríguez Saa o Hermes Binner, por citar algunos) porque esos políticos de “la Opo” tienen a todos los medios de “la Corpo” a su plena disposición. Suponiendo que la Corpo sea eso que nos presentan… digamos que no he visto allí a más dirigentes oficialistas (y de los más recalcitrantes, porque los tibios no van) que en otro lado.

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Víctor Hugo Morales, fuera del aire por la aplicación de la ley de medios

19 09 2011

Ya le había pasado a Juan Pablo Varsky con su programa en Rock&Pop (que dejó de transmitirse en Córdoba, Neuquén y Mar del Plata, entre otras ciudades). Al propio Víctor Hugo Morales le había ocurrido con su programa Competencia, que también dejó de emitirse en varias localidades (algo que los oyentes le reclaman en los mensajes que dejan en la propia radio en el programa Competencia, en el que cada semana está menos). Pero el fenómeno llegó ahora hasta el segmento que Víctor Hugo más cuida y quiere: “La Mañana”, donde ejerce la posición política que adoptó después de que Néstor Kirchner lo llamara para explicarle una inexplicable y millonaria compra de dólares.

Hoy [19.09.2011] “La Mañana” puso al aire el mensaje de un oyente de Concordia, Entre Ríos, en el que el hombre en cuestión se quejaba porque Radio Activa Continental dejó de retransmitir el programa de Víctor Hugo y porque otra emisora había hecho lo mismo con el programa de Eduardo Aliverti, en Radio La Red. Al final de su mensaje, el oyente pedía la “plena aplicación de la ley de medios”. Ya en el estudio, mientras el humorista del ciclo proponía que los escuchen por Internet, Cintia García –la columnista que Víctor Hugo sumó a su programa luego de su conversión para enderezar la línea editorial que antes estaba más apoyada en Daniel López y Paulino Rodrígues, insistió y pidió “la plena aplicación de la ley de medios” para que estas cosas no pasen. De paso, García aprovechó el envión para criticar la estrategia de Cablevisión de llamar “Somos” a sus canales locales (por ejemplo, Somos Paraná, Somos Salta, etc). No se entendió mucho lo que quiso decir la columnista pero quedó claro que lo decía con el ceño fruncido. Por si alguien no lo recuerda, Víctor Hugo fue un activo evangelizador de la causa de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Bueno, la cuestión es que la salida de Víctor Hugo, como lo fue en su momento la de Varsky y la de tantos otros periodistas con programas porteños que se retransmitían más allá de la General Paz, se produce justamente para cumplir con la ley de medios, que fija límites a las cadenas privadas. Es decir, se trata de la “plena vigencia de la ley de medios”. Y no sólo en Concordia. Habría que peinar el país para hacerse una idea global, pero es probable que ya no esté en muchas de las emisoras en las que se lo solía escuchar. Sólo le queda el aire de 590 Mhz (y tal vez con menos potencia) e Internet. Hace tiempo quedó el berrinche por la porteña FM 104.3 (que hacía de espejo de Continental).
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Ley de medios: ¿Por qué el gobierno Kirchner no aplica el artículo 161?

18 09 2011

Grupo Clarín, Grupo Uno Medios (Daniel Vila-José Luis Manzano), Cadena 3 (Córdoba) y Grupo Ick (Santiago del Estero) lograron que la Justicia Federal suspenda (cada uno sólo para su propio caso) la aplicación del artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso significa que para ellos no corre aún el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para “adecuarse” al nuevo marco regulatorio. Es decir, para vender los medios que no encajan en las limitaciones vigentes. Todo el resto de los medios de comunicación audiovisual que no se ajustan a la regulación deberían haberlo hecho hace un mes. ¿Por qué el Gobierno no lo aplica? A continuación, algunas ideas para entender por qué.

A casi dos años de su aprobación y uno desde que fue reglamentada, la ley de servicios de comunicación audiovisual todavía no produjo cambios significativos en la TV y la radio, más allá de algunos aspectos formales. Es más, a pesar del orgullo que el Gobierno siente por esta norma, la ley de medios no está totalmente reglamentada: de los 166 artículos que la componen, 81 siguen sin reglamentar, es decir, sin aplicación práctica. Y estos son datos objetivos, de los que disfruta el ministro de Interior, Florencio Randazzo, que esta semana acusó a los diarios LA NACION y Clarín de “mentir”, “tergiversar” y tener “una actitud atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia”.

La ley de medios abrió un fuerte debate en la sociedad sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia y la intervención del Estado en su regulación. Para algunos, la norma es el mayor triunfo cultural del kirchnerismo que, según esa lógica, habría logrado lo que ningún otro gobierno pudo: doblegar a los medios hegemónicos, como los denomina el oficialismo. “La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo cayéndose todas nuestras caretas, las de los periodistas y las de los políticos”, editorializó el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa Bajada de Línea. Para Morales, tal vez la figura pública que más apoyó la sanción de la norma, la ley fue además “absolutamente decisiva en el resultado” de las elecciones primarias de agosto pasado.
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Martín Becerra: “Hay un consumo de medios que desborda la posibilidad regulatoria de la ley de medios”

18 09 2011

Hace unos días La Nación publicó la entrevista que mantuvimos con Martín Becerra sobre la aplicación de la ley de medios argentina. Becerra es uno de esos académicos que no le escapa al debate con quienes piensan distinto (una especie en extinción en un país que está en otro de sus ciclos de pensamiento único). La agrego aquí y le incluyo algunos videos en los que Becerra se refiere a otros temas vinculados al nuevo marco normativo en comunicación audiovisual.

Martín Becerra es doctor en comunicación, investigador independiente del Conicet, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Dedicó buena parte de su trayectoria académica al estudio de la concentración de medios, sobre lo que tiene varios libros publicados. Desde su cátedra fue un defensor de la ley de medios, a la que considera un gran avance respecto de la situación previa. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, también es un crítico contundente de algunos aspectos de la norma y, principalmente, de cómo el Gobierno está llevando adelante su aplicación. Para Becerra, la ley peca de “generalista” al darle el mismo tratamiento a situaciones totalmente distintas, “no es una norma preparada para la convergencia de medios” y carece de un capítulo que determine cómo se van a financiar los nuevos medios.

-¿Cómo se está aplicando la ley?
-La ley es compleja de poner en funcionamiento rápidamente. Por su naturaleza, por su complejidad y por los temas que regula no existiría esa posibilidad ni aún en un contexto más favorable que el actual. Actualmente tres obstáculos frenan la instrumentación de la norma: el propio Gobierno, la oposición y los grupos privados concentrados. El Gobierno porque está obsesionado con algunos artículos de la ley que están inspirados en la disputa con el grupo Clarín. Entonces enfoca la aplicación de la ley traccionando por el objetivo de atacar, disminuir o erosionar el poder que tiene el grupo. Los grupos privados evidentemente defienden sus intereses acostumbrados a muchas décadas de una regulación funcional con gobiernos dóciles, incluido el de Néstor Kirchner. Y, por último, la oposición política, que boicoteó la integración de los órganos republicanos de control, lo que le hace poco favor a su prédica republicana, lo cual ha sido percibido con claridad por la sociedad.

-¿Es una ley generalista?
La ley peca de generalista, por ejemplo, porque no es lo mismo retransmitir 24 horas contenidos de un canal analógico de televisión de Capital Federal en pueblos pequeños, donde la oferta televisiva propia por definición es limitada, que en ciudades de mediano tamaño. En radio FM, en cambio, el espectro analógico permite que haya una mayor cantidad de oferta de contenidos, y recibe un tratamiento similar al de la televisión analógica… no parece razonable. En general, la ley está redactada tomando como referencia las grandes ciudades argentinas y no está redactada pensando en la mayor parte del territorio, donde no hay grandes ciudades.

-La Argentina decidió regular radiodifusión y telecomunicaciones por separado, ¿es eso correcto?
-Es un error. Hay que pensar en términos de leyes convergentes. No se puede tener un objeto de regulación convergente y leyes divergentes. Así, el Estado tiene una mirada esquizofrénica. Un fracaso provocado por las fuerzas de oposición de centroizquierda al gobierno, es haber impedido que las telefónicas puedan dar TV por cable. Las telefónicas estuvieron, están y seguirán estando en el negocio de los medios; en lugar de prohibirlas el Estado debe exigirles contraprestaciones sociales.
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Víctor Hugo Morales reconoció que cobró sus charlas a favor de la ley de medios

16 06 2011

Enojadísimo con una nota en el diario Libre que adelanta un libro (de investigación) de Luis Majul, Víctor Hugo Morales dedicó cuarenta minutos de su programa a criticar a Jorge Fontevecchia (dueño de Editorial Perfil, editora de Libre) y defenderse de las acusaciones (aunque no las precisó a sus oyentes cuáles eran). En esa “catarsis” (como él mismo la llamó) reconoció que cobró por las charlas a favor de la ley de medios (salvo en el caso “de instituciones de bien público”, aclaró) que dio sobre todo en el interior del país. Según el propio Víctor Hugo Morales, se trató de 14 o 15 charlas.

También criticó duramente a Radio Continental por recibido a Majul y haberle dado información sobre una charla que Víctor Hugo dio en Salta, contratada por el entonces gobernador Juan Carlos Romero. “No, nosotros de las charlas no sabemos nada”, dice el locutor que respondieron en la radio y acusó a la empresa en la que trabaja de estar al tanto de esas transacciones y “de haber vendido publicidad” que después Romero no pagó.

Además, Víctor Hugo ofreció a Poder Ciudadano copia de la factura que le presenta a GP Media, la productora de su ciclo televisivo para demostrar que no se “está forrando” con ese programa [de paso, GP no menciona Bajada de Línea en su web]; anunció que le iniciará juicio a “los tipejos” responsables de la información difundida [no dijo quiénes pero serían Majul y Perfil]; explicó que también perdió “mucha plata” por la discontinuidad del programa que conducía para la aseguradora La Segunda [Protagonistas de la Segunda Argentina]; dijo además que “un criterio medio marxista” lo puso del lado del campo en el conflicto de 2008; criticó duramente a Fontevecchia por “amarillista” y por haber calificado de homosexual al futbolista Diego Forlán pero dedicó diez minutos a describir una nota de la revista Gente de 1998 en la que se indica que Fontevecchia asistía al prostíbulo Spartakus.

El audio con las explicaciones de Víctor Hugo Morales (que no son las primeras, ver este post) está en esta nota de lanacion.com Hay otra grabación, más completa, en este blog.

“La doble moral de Víctor Hugo” es el título del próximo libro de Majul, El y Ella. “Según el diario Libre, uno de los ejemplos del libro habla de una charla en Azul donde Majul afirma que Víctor Hugo cobró dinero de los intendentes por medio de su chofer. En octubre de 2008 en el Teatro Español, el periodista charrúa realizó su programa y entrevistó al intendente, Omar Duclós. De acuerdo a Majul, habría cobrado 22.000 pesos. El pago se le habría efectuado a Héctor Mario Caballero, un ex policía que hoy trabaja junto a Morales y que factura como monotributista”, contó minutouno.com

Estas son las frases que a mi me resultaron más reveladoras:


– Los contratos por las charlas [lo dice casi al final de la media hora de “catarsis”, pero a mi me parece lo más interesante]: “Está la factura que mencioné [de GP Media, sobre lo que puede leerse más adelante], los contratos por las charlas, está la decisión enfática, una cláusula [en esos contratos] en la que dice que para instituciones de bien público, la empresa que me contrata no debe cobrarle a empresas de bien público (sic). Cuando voy a Tapalqué es porque la semana anterior fui a París. Hay gente que debe decir, este es un bacán que va por el mundo… A mi me gusta mostrar que me subo a mi auto me llevo unos canapés para el camino, escucho los diez discos que me acercan artistas, hago 400 km y disfruto de ese viaje, de la compañía de mis amigos con los que voy y de la posibilidad de defender de cosas en las que creo porque mucho he hablado este tiempo no del gobierno, me nefrega el gobierno, sino de la ley de medios que sí me importa. El 21 [de junio] se cumplen 11 años desde que participé de la audiencia en el Senado de la nación, que presidía [Eduardo] Angeloz. Una audiencia a la que fui a denunciar los manejos económicos de una estafa colosal que se hacía contra el fútbol […] Yo no me di vuelta de nada, fui coherente contra una empresa que me ofreció trabajo.

– El reproche a Continental: “Yo no tengo ninguna relación afectiva con las empresas en las que trabajo. Tampoco con esta [radio Continental], que también fue consultada sobre las charlas [sobre la ley de medios]. (…) Ha facturado publicidad la radio porque para poder dar una charla tengo que hacer un programa, y ahí nos piden ‘no nos daría una charlita, en la escuela, en la municipalidad…’ Ahí me peleo con [Juan Carlos] Romero. A Salta, a la radio la invitó Romero, era el gobernador. Romero vino a hacer la nota, lo senté al lado de una persona que criticaba el desmonte, había una tribuna que aplaudía a esta persona. Romero se enojó y después dijo ‘no les pago nada’. Los actuales directivos de la radio probablemente no lo supieran, esto cambia tanto, hemos cambiado tanto de manos y patrones. No sabemos quién trabaja quien nos manda, que además siempre son de afuera, no encontró esta empresa un gerente argentino que pudiera manejar esta situación. La radio no me dijo anda un sotreta queriendo saber algo de sus charlas. Se desentendieron del tema ellos que en más de una ocasión dijeron hagan un poco de publicidad en la radio. (…) Ofrecemos a la radio o nuestro PNT para que tengan publicidad del municipio (…). Les pido mil disculpas nunca más voy a hacer esto [usar el aire del programa La Mañana para defenderse, posiblemente haya querido decir eso]. Me pregunto qué hacen los difamados que no tienen posibilidad de hacer una catarsis. Qué hace alguien que es difamado”.

– La factura por la “presentación”: “Me voy a referir a lo que recoge la nota [de diario Libre]. Se señala en la misma como único dato hablando de las charlas que doy en el resto del país, una ofrecida en octubre de 2008, que fue facturada por otra persona y no por mi. Quiero decirles que aquí tengo la factura 000763, presentación en la ciudad de Azul en el mes de octubre de 2008, 5000 pesos. Factura mía, personal. Lo que yo no tengo posibilidades de vender publicidad o cobrar estas cosas. (sic) Esto estaba en el marco de… 2008, el intendente Douclos ni siquiera es kirchnerista, como se dice. Ustedes han escuchado nuestras incursiones en el interior del país, que hacen promedio con las del exterior del país. Nunca, no existe un programa en el que no hayamos hablado con oficialismo y oposición. Con un dato, siempre la oposición habla después del oficialismo”.

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