#LeydeMedios, un repertorio de promesas incumplidas (y la necesidad de enfocarse en #telecomunicaciones), por Marcelo Stubrin

A continuación se reproduce el texto leído por Marcelo Stubrin, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en representación de la primera minoría parlamentaria (la UCR), en el Foro de la Ciudad del Club del Progreso el 22 de mayo de 2013. Estudioso del derecho (y del derecho administrativo en particular), Stubrin -que, aunque con larga trayectoria en el Estado, no tiene formación específica en comunicación-, señala varias inconsistencias de la ley y de su aplicación, y marca algunos puntos para empezar a pensar en su reforma, o en su reemplazo parcial por una norma más moderna, de convergencia o de telecomunicaciones.

La exitosa empresa de reconstrucción democrática iniciada en 1983, tenía una asignatura pendiente: la regulación de los medios de comunicación audiovisuales. El anhelado propósito consistía en proveer normativas que fortalezcan la sociedad civil frente a la posibilidad de que la opinión pública pueda ser manipulada por los gobiernos o por las empresas privadas propietarias de los medios de comunicación.
La libertad de acceso a la información pública, descendiente directa de la libertad de prensa y de la anterior libertad de imprenta se encuentra en el corazón del plexo normativo de las llamadas libertades de primera generación integrando todos los textos constitucionales de las repúblicas democráticas.
Frente a la tiranía y el autoritarismo oscurantista, es sencillo definirla, pero en la sociedad abierta y democrática se complejiza su interpretación sobre todo por el vertiginoso caudal informativo disponible, la incesante creación de nuevas plataformas de acceso y la disponibilidad de variada información global en tiempo real que es consumida por cada vez más amplias capas de la población del mundo. Todo esto ha dado lugar a nuevas interacciones que algunos definen como una ciudadanía universal.

La libertad nunca celebra su consagración plena, siempre hay que estar atentos.

Los inquisidores que mandaban a la hoguera a los libros y sus autores, se reconvirtieron muchas veces en censores de opiniones diferentes, ya sea para servir a los aparatos de propaganda de las tiranías, a dictaduras prepotentes y autoritarismos de diverso pelaje. También acompañaron el colonialismo y otras formas más sofisticadas de control sobre los más débiles, ya sea a través de gobiernos, grupos económicos o élites políticas locales o multinacionales beneficiarias de la empresa colonial.
La metáfora subyacente del oscurantismo es que “la realidad” es lo que aparece en la portada de un diario, una revista o se reproduce en la pantalla de televisores de millones de hogares, sin embargo la historia se encargó de demostrar lo contrario: la verdad prevalece, la pantalla adicta dura poco, no puede sofocar la verdad que se construye en el saber de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad.
Los más grandes aparatos opresivos del Siglo XX han sucumbido y en su lugar han nacido sociedades más abiertas, que vuelven a sufrir amenazas que encienden nuevas alertas, lo que demuestra que libertad, democracia, república y garantías constitucionales son conquistas nunca definitivas que necesitan constante vigilancia y atención.
Este es el entramado en que se inscribe la necesidad de contar con una herramienta legal que, para los servicios abiertos al público en general, tales como la radio y la televisión, regule la disposición de un bien escaso: el espectro radioeléctrico, aunque teniendo en cuenta que esa escasez es cada vez menor, dados los adelantos tecnológicos que permiten una mayor participación en el uso de las frecuencias, sin interferencias.

Allí conviven ondas electromagnéticas cuyo uso debe ser administrado teniendo en cuenta que constituyen una ancha avenida pero con límites precisos que cuando se extralimitan arruinan el sistema, se superponen y perjudican simultáneamente a quienes ejercen su derecho a emitir y a la inmensa mayoría cuyo objetivo es buscar y recibir informaciones, entretenimiento e ideas de toda índole por cualquier sistema a su elección, entre ellos, los medios audiovisuales.

Todos los países del mundo cuentan con servicios de radio y televisión sujetos a regulaciones que difieren en su rigurosidad, y en la Argentina, además, prevalecía un sistema caracterizado por la discrecionalidad del gobierno en la administración de las reglas sobre quienes podían ser propietarios de radios y canales de televisión.

La llamada ley 22285 impuesta por el general Jorge Rafael Videla el 15 de setiembre de 1980, a partir del retorno al sistema democrático fue objeto de diversas modificaciones parciales en su texto, tratando de aplacar en algún caso su rigorismo de base, pero, en realidad, no llegaron a ser más que parches sobre un texto doctrinaria y jurídicamente insostenible en la primera década del siglo XXI, circunstancia que enmarcada en la ruptura del gobierno con el campo, el voto adverso del Vicepresidente de la República y el enfrentamiento con los medios nacionales, derivó, en la sanción por el Congreso Nacional de la Ley 26522, sancionada, promulgada y publicada con inusitada urgencia el día sábado 10 de octubre de 2009, pero que a más de 3 años continúa mayormente inaplicada.

Dicha norma, que mereció numerosas críticas de diferentes sectores políticos durante su tratamiento legislativo, también fue objeto de variadas impugnaciones a su constitucionalidad, por todos conocidas, no obstante lo cual, es la que rige en nuestro país, aunque están pendientes de consideración por la CSJN [Corte Suprema de Justicia de la Nación] algunos artículos cuestionados, que según sea la opinión del Alto Tribunal puede hacer muy dificultosa la futura aplicación lisa y llana de la ley tal como se encuentra redactada.
Sin perjuicio de que volvamos a considerar estos aspectos polémicos, considero necesario evaluar primero la norma en su conjunto, en aquellos aspectos que no han merecido reproches o que éstos no han sido atendidos por los magistrados encargados de evaluar su constitucionalidad.

No se puede más que coincidir con los Objetivos establecidos en el art. 3°. Con gran amplitud se expresa un consenso nacional acerca de los propósitos que deben inspirar a una legislación sobre estas materias, sin embargo es necesario formularse dos preguntas: la primera, sobre si el texto de la norma contribuye a concretar los objetivos propuestos o los dificulta; y la segunda sobre si el campo de aplicación permite abarcar de manera completa la materia bajo análisis.
Lamentablemente la respuesta a las dos preguntas es adversa al texto de la llamada Ley de Medios.

Cuevana versus el resto del mundo (del video on line en Argentina)

Hace algún tiempo que no veo Cuevana. Mis últimos intentos fueron después de la caída de Megaupload, cuando (escarmiento mediante) la mayoría de los proveedores de almacenamiento eliminaron muchos contenidos con derechos. Adiós House. Adiós The Wire. Es decir, a lo poco que un padre de familia joven (digo, la joven es la familia, los hijos) puede aspirar a ver en algún rato robado a las horas de sueño. Y lo que padece Cuevana, lo sufren todos sus clones.

Mientras HBO, Telefe y Turner (y la Justicia internacional) persiguen a los pibes que suben películas a Internet (a los pocos pibes que logran identificar y a los que les decomisan comprometedores CDs con copias truchas -lo siento, a mi me producen cierta ternura-), y una gran parte de la audiencia se queda sin “plan audiovisual”… Aquí les dejo una infografía que produje hace un par de meses y que Belén Tassino transformó en un lindo cuadro de doble entrada.

Ultimas noticias sobre la ley de medios: ahora dicen que tampoco beneficia a las “otras voces”

Hemos dicho muchas veces aquí que la nueva ley de medios tiene algunos aspectos positivos y hasta interesantes (y que llama la atención que el Gobierno tarde tanto en aplicarlos). Pero hemos escrito todavía mucho más sobre los aspectos perjudiciales de esta norma, a la que calificamos de retrógrada. Y sigue prevaleciendo la opinión de que esta norma se encamina al ridículo (podría volverse abstracta más pronto que tarde por el desarrollo tecnológico o simplemente caer en desuetudo por inaplicable).

En algún momento, incluso, nos permitimos crear el Club de las Viudas de la Ley de Medios. Una invención un poco cruel para aquellos que con honestidad intelectual creyeron (y todavía tratan de creer) que se trataba de un avance en materia de libertad de expresion. No voy a insistir por ese camino, pero sí voy a resumir en este post algunas críticas que aparecen desde los lugares menos impensados.

No es Clarín, no es Telefónica, ni tampoco es Uno Medios. Son los productores de contenidos del interior o los titulares de licencias de radioemisoras barriales quienes levantan ahora la voz para explicar, casos y datos concretos mediante, por qué la nueva ley dista mucho de ser buena, libertaria, pluralista y, por sobre todas las cosas, moderna (como nos han querido hacer creer y algunos no hemos creído nunca).

Estoy convencido de que no serán los últimos Nahuel Gonzalo Abregú, producctor de TV en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y mi comprovinciano Darío Basso, presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (Afmer) en describir las situaciones que a continuación resumo (con los links correspondientes a sus publicaciones originales). Veamos:

El kirchnerismo le propuso un fulbito intelectual a Beatriz Sarlo y terminó perdiendo por goleada

Dos ventajas le dio la ensayista Beatriz Sarlo al panel de la propaganda gubernamental 678: ella sola debatió contra siete panelistas (entre ellos dos filosos defensores de muchos absurdos K, como Ricardo Forster y el concejal Gabriel Mariotto) y lo hizo sólo con las herramientas del sentido común, sin irse por las ramas con la teoría de la comunicación, la filosofía o la sociología.

Alcanza con ver un par de videos para advertirlo. El panelista Orlando Barone (que se escribió una biografía a medida aquí), guerrero de mil batallas dialécticas contra informes muy bien editados, se quedó petrificado cuando Sarlo le recordó que trabajó en los diarios Extra (vespertino menemista) y La Nación, al que ahora denosta cada noche. Y estuvo civilizada: Sarlo podría haberle recordado que también trabajó en el diario Clarín durante los años de la dictadura (incluso en tiempos en los que ese periódico y La Nación compraron la empresa Papel Prensa, operación que durante muchos años no le despertó ningún reparo pero que hoy le parece un crimen de lesa humanidad). “Conmigo no, Barone. Conmigo no”, le dijo Sarlo sin darse cuenta de que en ese mismo acto creaba un éxito del negocio de los ringtone.

Cuevana, el Netflix que supimos conseguir en Argentina (¿hasta que llegue el verdadero?)

En los últimos meses se publicaron algunas notas interesantes sobre Cuevana, seguramente el sitio de video a demanda de cine y series más exitoso de América del Sur. Copio a continuación lo más destacado para mi de tres de esos textos, una nota de Estefanía Romano en Rolling Stone , otra de Franco Varise en La Nación, y una última de Leandro Zanoni. Y, de paso, sumo una pregunta: ¿Qué pasará con Cuevana cuando llegue -si es que llega- Netflix a la región? ¿O si lo hace YouTube Rentals? Personalmente, creo que no sólo se trata de si es gratis o no. Esta batalla la ganará el que mejor gratifique todos los caprichos de la audiencia (en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier dispositivo). Y claro, que el precio no sea significativo. Aquí va mi resumen…

DirecTV incluyó 1/2 Paka Paka en su grilla para calmar al Gobierno

Finalmente, Paka Paka llegó a DirecTV, y me motivó a escribir… El que quiera leer antes la primera parte de esta historia, pase por aquí. Y el que quiera anticiparse al capítulo que viene, que espere porque lo estoy cocinando, lo saco del horno y lo subo. Mientras, copio aquí (con algunos agregados) la nota que salió en La Nación.

La puja por la grilla de programación de la TV paga, que ya lleva nueve meses, no cede. Esta semana, los operadores DirecTV y Antina realizaron modificaciones en su programación que les permiten cumplir parcialmente con lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que obligó a incluir en la grilla todos los canales del Estado o con participación estatal y la señal de noticias privada CN23.

Seis razones para creer que Canal 9 ya no es una emisora privada

Hasta donde se sabe Canal 9 de Buenos Aires es operado por una empresa privada, la legendaria Telerarte SA creada por Alejandro Romay hoy supuestamente controlada por el empresario mexicano Remigio Ángel González González. En la carta pública disponible su página web (a propósito, un buen aporte de la ley de medios), figuran como principales directores Carlos Lorefice Lynch, un abogado de 35 años (presidente); el propio González González, el guatemalteco José F. Villanueva Carrera y el abogado Santiago Lynch, de 32 años, como directores. El empresario mexicano, que en 2008 “emprolijó” sus propiedades en medios bajo el paraguas latinoamericano de Albavisión, también es dueño en Argentina de FM Aspen (algo que pocos saben) desde 2010.

No obstante, por las razones que se explican a continuación Canal 9 podría haber dejado de ser una emisora privada en los términos en los que eso significó siempre en la jerga de la industria. En otras palabras, o se estatizó de hecho, o se transfirió a terceros sin la debida comunicación pública o sus dueños actuales, voluntaria o involuntariamente, dejaron las decisiones sobre la gestión de la empresa a funcionarios o militantes de la administración Kirchner.

Hace ya algunos meses el periodista Jorge Lanata lo dijo en su programa (que ya no está en el aire) y lo comentamos aquí. Ahora hay más datos y el Gobierno ya no logra disimularlo.