Rodrigo de Loredo: «Las licitaciones de Arsat las ganaban siempre las mismas cinco o seis empresas»

El sábado 24 de diciembre de 2016 se publicó en La Nación una entrevista que le hice a Rodrigo de Loredo, presidente de la empresa estatal de comunicaciones Arsat (fue la tercera charla periodística que tuve con él, la primera también fue para La Nación y está aquí y la segunda fue para TMT Radio y está aquí). Muchas veces quise visitar la sede de esa firma en Benavídez, donde está su centro de operaciones, pero nunca pude. Alguna vez se lo pedí personalmente al anterior presidente Matías Bianchi, cuando pasó por la redacción de La Nación para esta entrevista que le hizo Nora Bär, pero no tuve suerte (no me invitaron). Esta vez agarré el auto, manejé hasta Benavidez -que está en el partido de Tigre- y estuve tres horas conversando con De Loredo sobre el pasado reciente, el presente y el futuro de la empresa, que este año (según el propio directivo) tuvo su primer ejercicio económico positivo, en competencia y sin aportes del Tesoro nacional.

El resumen de ese largo rato de charla -que incluyó un almuerzo en el comedor de la empresa- se publicó en La Nación. Pero como la conversación fue muy jugosa, me permito aquí reproducirla completa para quienes quieran indagar con mayor profundidad sobre el plan federal de Internet, la comercialización del DataCenter, los acuerdos de landing rights, el futuro de la TDA y las posibilidades del Arsat III.

Héctor Magnetto: «Nos demonizaron, quisieron convertir nuestra marca y nuestro logo en sinónimo de vergüenza»

Terminé de leer el libro Así lo viví, la larga entrevista de Marcos Novaro a Héctor Magnetto. El libro tiene dos prólogos -uno de Carlos Pagni y otro de Marcelo Longobardi- y se estructura en cinco capítulos con un anexo documental que contiene fragmentos de los discursos del CEO del Grupo Clarín en los encuentros gerenciales de ese conglomerado en los últimos años. Debo decir que las preguntas de Novaro son muy buenas y no esquivan las acusaciones que Clarín recibió del kirchnerismo, y las respuestas (donde se aceptan errores y se señalan responsabilidades) no esquivan esos tópicos. Para mi, esto es lo más importante de ese trabajo.

1. Kirchner y la prensa

Argentina debería promover la existencia de varios grupos de medios sólidos y autosustentables; obviamente, no a costa de destruirlos que ya tiene.

Los medios no eligen presidentes. La historia lo ha demostrado claramente.

[El kirchnerismo] apuntó a consagrar un modelo de gobierno basado en la concentración de poder, la perpetuación familiar y el rechazo de cualquier forma de control.

Como quedó demostrado con muchos otros actores de la Argentina, el problema no era yo, sino cualquier factor de la sociedad que no pudieran controlar.

Con la excusa de los intereses corporativos, se intentó negar legitimidad a la empresa periodística, que es, aquí y en el mundo, la base de sustentación del periodismo profesional.

Me parece que el caso de Clarín lo incomodaba [a Kirchner] especialmente por dos razones: percibía que tenía la autonomía financiera para sobrevivir sin la asistencia estatal, y no se sentía cómodo confrontándolo ideológicamente por la tradición desarrollista del diario y la mirada progresista de varios de sus periodistas.

Néstor Kirchner estuvo obsesionado desde el principio con nosotros. Diseccionaba cada tapa, cada título, cada epígrafe. Se quejaba con los periodistas y también llamaba a la empresa. No sólo cuestionaba análisis y opiniones, sino también el espacio que se les daba a las noticias. Buscaba siempre segundas intenciones, mensajes subliminales, conspiraciones. Desconocía o ninguneaba la lógica periodística.

A principios de 2004, con el secuestro de Axel Blumberg, el acto en la ESMA en el que Kirchner desconoció a Alfonsín y la toma de la comisaría de La Boca por parte de D’Elía, el gobierno recibió fuertes críticas en los medios durante una semana. La reacción de Kirchner fue destemplada. Según cuentan algunos de los integrantes de la comitiva que en esos meses lo acompañó en viajes oficiales a España y China, se irritaba cuando leía los diarios argentinos. Ellos lo escucharon insultarme a gritos por una columna de Van der Kooy, lo que refleja la concepción que tenía del periodismo: para él, todos eran escribas de los dueños.

Durante años, decenas de periodistas soportaron esta descalificación, sin más defensa que la de los colegas que se encontraban en una situación parecida, la de las empresas en las que trabajaban y la de una ética personal que demostró ser valiosa, porque les dio fuerza en medio de la tormenta.

En la calle, viví personalmente las dos cosas, las felicitaciones y los insultos.

Creo que el kirchnerismo, y algunas usinas académicas que terminaron siendo funcionales a él, mezclaron deliberadamente esos escándalos y fraudes con sus propios prejuicios sobre las empresas de medios, para establecer paralelismos más que forzados entre lo que pretendía hacer el gobierno argentino y los dilemas que enfrentaban los países desarrollados.

El objetivo era sentar las bases de un nuevo sistema de medios alineado con el poder político y desarticular al mismo tiempo un sistema de medios privado con posibilidades de autosustentación.

El kirchnerismo quería medios débiles, que necesitaran de la pauta o de otros negocios concecionados por el Estado. Que fueran para siempre tributarios del poder político. O si no, en el otro extremo, grandes corporaciones globales, que no tuvieran la más mínima intención de criticar al poder local. Aquí entran desde los grandes estudios de Hollywood hasta las corporaciones telefónicas o satelitales.

Un medio corrupto no tiene futuro: las audiencias lo detectan y lo abandonan.

En el mercado de medios argentino la competencia es muy intensa, lo ha sido históricamente. Proporcionalmente, hay mucho periodismo político en diarios, radio y televisión, y ha sido siempre muy diverso en términos ideológicos y partidarios.

Una estrategia razonable para un país más que fragmentar artificialmente medios para que terminen dependiendo de otras fuentes de financiamiento podría ser la de favorecer la existencia de diversos grupos de medios privados, autosustentados y diversificados. Y, en paralelo, establecer un sistema transparente de fomento para medios dedicados a atender segmentos específicos, comunidades puntuales, minorías, etc.

Cuando se empieza a hablar en serio de escalas, tecnologías y marcos regulatorios, se ve que los grupos de comunicación nacionales, entre ellos, Clarín, son chicos.

Las mismas posibilidades que tuvimos de integración […] o del ingreso posterior al mercado del cable e Internet, estuvieron disponibles para el resto de los actores de la industria.

Nos adjudicaron habernos beneficiado con la devaluación y la pesificación, cuando fuimos de los más perjudicados. Y obviamente, de haber apoyado el plan económico de la dictadura que Clarín fue el primero en cuestionar. Pero la verdad histórica poco importaba.

Uno de los objetivos de la estigmatización empresarial era disciplinar. Y lo hicieron muy bien con un grupo de empresas no menor, que prefirió hacer negocios a cambio de silenciar sus críticas. Fue otra impostura. Los Kirchner tuvieron un discurso de combate al capital, de enfrentarse a los intereses poderosos y concentrados. Pero la paradoja es que muchos de estos sectores convivieron pacíficamente con ellos sin hacer jamás planteos públicos críticos ni presentar objeciones a las decisiones de gobierno, por más dañinas que las consideraran.

Si podíamos ser atacados, denigrados y difamados todos los días a un nivel tan exasperante, era obvio que tan poderosos no éramos.

Creo que uno de los peores momentos fue cuando intentaron mezclar dos historias, el caso Noble y lo de Papel Prensa, para tratar de meternos presos a la señora de Noble y a mi. Era todo un delirio, pero contaron con la ayuda de algunos organismos de derechos humanos, de algunos fiscales y jueces amigos, y creo que estaban decididos a avanzar con eso incluso sin pruebas.

Cuanto más acorralados parecíamos estar, más gente confiaba en nuestra información.

Aguantamos, además -hay que decirlo-, porque teníamos espalda. Otros debieron vender, o prefirieron vender. No los juzgamos, porque quizás en algún caso era la única manera de proteger las inversiones y las fuentes de trabajo.

 

@GrupoClarin se escindirá en dos sociedades: medios y contenidos, y telecomunicaciones

El siguiente es el press release que difundió Grupo Clarín hoy por la tarde:

Grupo Clarín S.A. (ARG: GCLA; LSE: GCLA) (“Grupo Clarín”) anunció hoy que su Directorio aprobó la escisión (la “Escisión”) de la participación accionaria de Grupo Clarín en Cablevisión S.A. (“Cablevision S.A.”), la subsidiaria de Grupo Clarín que opera sus negocios de televisión por cable, internet y transmisión de datos, en una nueva sociedad argentina bajo el nombre de Cablevisión Holding S.A. (“CVH” o “Newco”). Grupo Clarín va a retener todos los activos y pasivos, y continuará con todas las actividades y operaciones de sus restantes segmentos de negocios que no serán asignados a CVH. Grupo Clarín espera que la transacción sea ejecutada de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias y las normas reglamentarias aplicables a las reorganizaciones libres de impuestos.

La Escisión propuesta está sujeta a la aprobación final de los accionistas de Grupo Clarín. Una asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Clarín ha sido convocada para el 28 de Septiembre de 2016 para considerar y votar la Escisión y asuntos relacionados.

Grupo Clarín espera que las acciones de CVH sean listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“Merval”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en uno o más mercados de valores locales o extranjeros. El registro y la negociación de dichas acciones estarán sujetos a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

El Vicepresidente de Grupo Clarín, Alejandro Urricelqui dijo “La Escisión nos va a permitir focalizarnos mejor en la visión y estrategia respectiva de cada uno de nuestros negocios fundamentales. En consecuencia, Grupo Clarin y CVH individualmente serán capaces de desarrollar estrategias de crecimiento y objetivos independientes a la medida de las demandas de los mercados específicos de cada compañía. CVH además se beneficiará de ser una compañía pública independiente en el atractivo sector de las telecomunicaciones, televisión por cable e internet.”.

La Escisión propuesta está sujeta a la obtención de ciertas autorizaciones regulatorias, aprobaciones  y consentimientos, según corresponda, incluyendo completar un proceso de revisión por parte de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) bajo las normas de mercados de capitales, entre otros. Grupo Clarín apunta a completar la transacción propuesta durante el primer trimestre del 2017.

De acuerdo con la ley argentina, Grupo Clarín va a preparar y publicar un prospecto describiendo la Escisión propuesta y aNewco antes de la asamblea de accionistas.

Goldman, Sachs & Co. actúa como asesor financiero de Grupo Clarín. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and Saenz Valiente & Asociados S.R.L. actúan como asesores legales de Grupo Clarín S.A. en relación a la transacción propuesta.

Sobre Grupo Clarín S.A.

Grupo Clarín es la mayor compañía de medios de la Argentina y una compañía líder en los mercados de gráfica e impresión y televisión abierta y programación. Su diario—“Clarín”—es uno de los de mayor circulación en Latinomérica. Grupo Clarín es el mayor productor de contenidos de medios en la Argentina, incluyendo noticias, deportes y entretenimiento y accede sustancialmente a la totalidad de los segmentos de la población argentina en términos de poder adquisitivo, geográficos y etarios.

 

Sobre Cablevisión S.A.

Cablevisión es el mayor operador de servicios de televisión por cable y sistemas de trasmisión de datos de la Argentina y uno de los mayores proveedores de servicios de cable enLatinomérica en términos de cantidad de suscriptores.  Al 30 de junio de 2016, Cablevisión tenía 3,89 millones relaciones activas con clientes, de las cuales el 54% recibían servicios de banda ancha, el 90% recibía servicios de cable y el 43% recibía ambos servicios. Cablevisión también ofrece  servicios de telefonía móvil inalámbrica bajo la marca de Nextel Argentina, con 0,9 millones de suscriptores post-pagos y 0,5 millones de suscriptores pre-pagos. 

#Argentina Comentario sobre la declaración de académicos acerca de los cambios en las políticas de #comunicación

Unos cuarenta investigadores de distintas universidades nacionales -algunos de los cuales participaron en la redacción de la ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009- difundieron una declaración sobre las modificaciones introducidas por decreto en la norma audiovisual y en la ley de telecomunicaciones, pomposamente llamada Argentina Digital. En concreto, los académicos pusieron en la mira lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 (que modificó la ley de ministerios) y 267/2015 (que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones).

 

Todos los investigadores que firman la declaración merecen el mayor de los respetos por el rigor y la pertinencia de sus trabajos, por sus trayectorias en el país y en el exterior y, sobre todas las cosas, por su honestidad intelectual en la búsqueda del bien común.

 

Dicho esto, me parece importante contextualizar cada párrafo de la declaración, en la que se expresa “preocupación (…) tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas”, y enumera de manera “sintética” las que se consideran “principales” (destacados aparecen los párrafos de la declaración).

“La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.”

América latina en general, y la Argentina en particular, experimentaron con dramatismo en los últimos 15 años la implicancia que la política de medios/comunicación tiene para la democracia y la libertad de expresión. Las leyes Resorte (y su ampliación al universo digital) en Venezuela y  orgánica de comunicación en Ecuador, son los dos más nítidos ejemplos del retroceso de las libertades y de la concentración de la información en una sola voz (gubernamental). En Argentina, no puede equipararse a ellas la ley de medios -así llamada por el kirchnerismo gobernante los últimos 12 años- pero sí puede decirse que muchas de las prácticas adoptadas por ley, decreto o simplemente de facto en los últimos años -y que bien pueden caracterizarse como “políticas de comunicación”- buscaron crear un monopolio gubernamental y paragubernamental de la comunicación que incluyó la sanción de normas como la ley de medios (en cuyo diseño ya puede encontrarse la razón de su posterior aplicación sesgada y arbitraria), la ley Argentina Digital, la ley antiterrorista, la ley de desarrollo satelital, y la ley de declaración de interés público de la fabricación de pasta de celulosa y papel para diarios; las resoluciones de autorización de las fusiones de Cablevisión y Multicanal -sin la apertura a la competencia con las telefónicas- y del ingreso de Telefónica de España (controlante de Telefónica de Argentina) en Telecom Argentina a través de Telecom Italia; y las medidas administrativas tendientes a fijar el precio del abono de la TV por cable; la millonaria estatización de los derechos de televisación del fúbtol y el uso político de esas emisiones; la distribución arbitraria de la publicidad oficial y su uso para financiar medios adictos; y la manipulación partidaria y facciosa de los medios públicos (en particular Radio y Televisión Argentina SE). A eso deben sumarse acciones de facto, como la prohibición a las empresas de retail de consumo masivo (principalmente los supermercados) para que publiciten en los diarios nacionales de mayor circulación -medida que se conoció como “cepo publicitario”- o la persecución ideológica contra periodistas y dirigentes opositores con campañas de desprestigio orquestadas de manera organizada -y con intervención de organismos de inteligencia- desde el mismo aparato de propaganda gubernamental y paragubernamental. Este fue el contexto de las políticas de comunicación  en la Argentina en los últimos 12 años, con especial énfasis desde 2005 en adelante. Estas prácticas ya habían sido aplicadas a escala local en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, como bien retrató en su momento el periodista ya fallecido Daniel Osvaldo Gatti en su libro El amo del feudo, de 2003.

#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

Respuesta al ministro entrerriano @PedroaBaez sobre la TV digital oficial #TDT #Argentina

El 29 de mayo pasado publiqué en el diario La Nación una nota periodística sobre las conclusiones de los duros informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre dos planes en los que el gobierno nacional lleva gastados -según cifras oficiales- $ 15.000 millones desde 2009: la TV digital terrestre y el despliegue de fibra óptica para telecomunicaciones. A propósito de esa información, los colegas Daniel Enz y Jorge Riani me entrevistaron en FM Radio de la Plaza, de Paraná.

Tras esa intervención, en la que cité algunos de los cuestionamientos hechos por la AGN a esos planes y algunas particularidades del despliegue de la TV digital estatal en Entre Ríos, el enorme y costoso aparato de propaganda montado con recursos públicos al servicio del gobernador Sergio Urribarri se volcó en mi contra con bastante fuerza. El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el secretario de Telecomunicaciones, Sergio Del Canto, entre otros funcionarios cuestionaron la veracidad de mis dichos y me acusaron de “desinformar maliciosamente” y de ser “empleado de La Nación”.

Además, algunos cibermilitantes me provocaron en la red social Twitter, esperando tal vez una respuesta destemplada, y -entre otros- los diarios ligados a Urribarri a través de su empresario fetiche, el rosarino Ramiro Nieto, difundieron ampliamente esa posición oficial. Nieto, a través de su productora VTS y otras empresas, recibe abundante publicidad oficial de la provincia (montos que el gobierno entrerriano no difunde), tiene un contrato anual de $ 1,9 millones para transmitir los actos del gobernador y recibió entre el 1° de enero de 2012 y el 30 de julio de 2013, $ 4,6 millones en publicidad oficial nacional (según cifras que pueden contrastarse aquí o, mejor, aquí; todo eso sin contar que es un importante proveedor de producción televisiva para el programa Fútbol para Todos.

En este texto me defiendo de las acusaciones de Báez, quien -en el apuro- pone en mi boca cuestionamientos señalados por la AGN, uno de los órganos de control del Estado creados por la Constitución Nacional. Por ejemplo, es esa auditoría y no yo quien sostiene -tras un análisis técnico de la información oficial- que no se sabe a quiénes fueron otorgados los decodificadores repartidos y si efectivamente fueron repartidos los 1,4 millones de dispositivos comprados por el Estado nacional a empresas como Cometrans (de los hermanos Cirigliano, ex operadores del siniestrado tren Sarmiento y del tren Mitre).

El funcionario me fustiga por el lugar donde me desempeño como periodista, desconociendo que también me emplean en relación de dependencia dos instituciones universitarias, en las que enseño e investigo. Y que en el pasado trabajé como periodista en otros medios (incluidos FM Nogoyá y Canal 4 Nogoyá Televisora Color, donde comencé mi formación). Sí, yo también soy entrerriano.

Tiene razón Báez cuando corrige mi referencia al despliegue de la TV digital en Entre Ríos, donde hay tres plantas transmisoras (Paraná, Gualeguaychú y Concordia) y no dos como señalé. Ante una pregunta concreta de mis colegas Enz y Riani, recurrí a la memoria y me falló. En el país, según reveló días atrás del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, existen más de 80 plantas transmisoras instaladas de la TDT, número que pronto superará las 100.

Báez es un optimista de la TV digital, que viola sistemáticamente varios artículos de la ley de medios con la coartada de ser una tecnología experimental (no lo es desde hace años en varios países europeos), y destaca el reparto de los receptores satelitales y las antenas instaladas en 1300 escuelas, como si las señales que allí se emiten (algunas de ellas de propiedad privada, como CN23 del grupo Garfunkel-Szpolski; C5N, de Cristóbal López; y 360 TV, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) fueran claves en la formación de los niños y jóvenes.

Urribarri, como ha hecho saber a través de Báez, está en todo su derecho de creer que “la TDA es una de las políticas de mayor inclusión social y democratización del acceso a los bienes culturales que lleva adelante nuestro gobierno nacional”. La violación de la ley de medios y el deliberado sesgo que se da a la oferta televisiva de la TV digital gubernamental permiten asegurar que ocurre más bien lo contrario: lo que busca ese sistema no es democratizar sino desinformar. Pero además, Urribarri-Báez ignoran (o niegan) datos objetivos que permiten sostener que el sistema (en el que desde 2009 y hasta fin de este año se habrán invertido $ 6749 millones, según el ministro De Vido) no tuvo el éxito esperado.

Aún después de lanzada la TV digital, en 2009, la penetración de la TV por cable (que en Entre Ríos tiene una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas aún en manos de sus pioneros) siguió creciendo y llegó en la provincia al 68,7% de los hogares con TV en 2013 (en 2012, ese porcentaje había sido de 65%).Si en Argentina hubiera verdadera competencia, con productos de menor precio (como ocurre en otros países de la región), ese porcentaje sería mayor. En el promedio nacional, más del 80% de los hogares tienen TV paga (incluso buena parte de las familias de menores recursos). Esa situación no ha cambiado.

En donde la TV por cable parece haber empezado a retroceder (de la mano de lo que en la industria se conoce como cord cutters, en general jóvenes que se desconectan del servicio y privilegian su abono a la banda ancha) no crece la TV abierta (cuyos niveles de audiencia caen indefectiblemente) sino las plataformas de video a demanda como Netflix y otros servicios de streaming de video. Lamentablemente, la calidad de la banda ancha en Entre Ríos impide en la mayor parte del territorio la libertad de poder elegir ese tipo de contenidos y esa modalidad de consumo.

Investigaciones ad hoc de varias universidades nacionales han confirmado que la mayor parte de los decodificadores repartidos (sean los que fueren y los tenga quien sea) no se usan (lamentablemente, las universidades que cuentan con esos datos han preferido no revelarlos). En la misma línea, un trabajo de la filial local de la consultora francesa Dataxis reveló que sólo en 100.000 hogares argentinos la TV digital es la pantalla principal. Báez es optimista y piensa que la transmisión del Mundial de Brasil podría mejorar esa performance. Como ya he dicho, está en su derecho.

Báez, que además representa a Entre Ríos en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, CFSCA, órgano creado por la ley de medios, comete un grave lapsus en su réplica: sostiene que en la TV digital se pueden encontrar “señales de licencias privadas que aparecen en el sistema pago, pero que en este caso llegan al televidente sin costo alguno”. Las señales privadas transmitidas por la plataforma estatal no tienen licencia ni pasaron por concurso alguno tal como exige la ley de medios, que Báez debería defender desde el CFSCA). También modifica la historia al sostener que el canal Encuentro “ha sido resistido” por el grupo Clarín para incorporarla a la grilla de Cablevisión. Esa señal fue creada e incluida en la grilla de esa cableoperadora en 2005, cuando el CEO del conglomerado de medios, Héctor Magnetto, y el entonces presidente Néstor Kirchner, tenían una relación espléndida. Tan bueno era ese diálogo que muchas veces tuvo como escenario la residencia presidencial de Olivos en comidas a las que también asistieron la ahora presidenta Cristina Kirchner y su entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Deliberadamente o por descuido, Báez también pone en mi boca expresiones de la AGN en relación al despliegue de la red federal de fibra óptica, que comenzó a construirse en 2010 y aún no tiene ningún tramo iluminado (con excepción del salto continente-Tierra del Fuego operado por la empresa Telefónica). En total, este año la inversión en este proyecto sumará $ 9896 millones en poco más de cuatro años.

Como es ya evidente hasta para quienes apoyaron activamente la sanción de la ley de medios en 2009, no es cierto que la comunicación audiovisual se haya democratizado, tal como afirma Báez. Con excepción de los grupos de medios surgidos en estos años al ritmo de la pauta oficial y otros subsidios públicos, y en buena medida al margen de la ley de medios, no hay nuevas voces. Es más, tal como hemos publicado en La Nación y ha verificado la organización no gubernamental Chequeado, son mayoritariamente gubernamentales las radios y canales de TV creados con el nuevo marco jurídico.

Para Báez, “que argentinos para los que pagar un abono de televisión por cable resulta un lujo, como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados, pensionados y ciudadanos de menores ingresos, puedan acceder a un servicio de calidad y gratuito, es algo que molesta los intereses concentrados de la economía, y encuentran en los medios hegemónicos voceros que se prestan para desacreditar políticas justas como la de la Televisión Digital Abierta”. Pedro, ¡fue la Presidenta la que destacó que las villas están llenas de antenas de DirecTV! 
PD: Hace menos de un mes, el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T ofreció US$ 48.500 millones por la operación continental de DirecTV. La fusión AT&T-DirecTV da origen a la mayor empresa de telecomunicaciones y medios audiovisuales del continente… ¿Quién es ahora el más hegemónico?

#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. «Declárese fracasado el concurso referido», es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para «desmentir» una referencia a estos «fracasos» en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del «fracaso».

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley», que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).

Llegó a la Justicia penal una pelea de cableros pymes y cooperativas por la #leydemedios

La guerra silenciosa desatada entre pymes de la TV por cable y cooperativas de servicios públicos del interior del país tras la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual llegó a la Justicia penal: empresarios pyme denunciaron a integrantes de los consejos de administración de dos cooperativas que se lanzaron a dar TV paga por “dañar” sus redes y “capturar” sus abonados. El escarceo había comenzado en 2009, durante el debate previo a la aprobación de la ley y se fue profundizando con los permisos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue entregando a las cooperativas para operar en estos mercados.

En el sector cooperativo creen que podría ser el comienzo de una oleada de acusaciones similares que los cables lanzarían para frenar su crecimiento en la TV por cable. En tanto, los cableoperadores acusan a las empresas de capital social de competencia desleal y depredatoria por subsidiar el cable con recursos provenientes de actividades monopólicas, como la distribución eléctrica o la telefonía.

El 26 de diciembre pasado, Dante Gigena, dueño de Televisión Cable Color TVCC SRL, de Villa del Rosario, Córdoba, denunció penalmente al presidente, el secretario y la secretaría de la Cooperativa de Servicios Públicos local (Coovilros), Edelmiro Prandi, José Luis Riviere y María Rosa Pavón, respectivamente, que fueron imputados por “daños a las redes de cable” de la empresa, que los acusó de cortarles los cables, desconectar los abonados al cable y reconectarlos al servicio cooperativo (es lo que llaman “captura de abonados”).

Además, en el contexto del expediente 504837, el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, dictó una orden de restricción que obliga al personal técnico de la cooperativa eléctrica a concurrir acompañados de la policía cada vez que operen sobre sus propios postes, de los que se sostiene el cableado de la empresa pyme.

Los directivos de la Coovilros tampoco pueden acercarse a Gigena, que con anterioridad, en las jornadas de la TV por cable de 2013, había denunciado públicamente a la misma cooperativa a la que había acusado de “monopólica”, por operar en once servicios públicos distintos, y a la que responsabilizó “descolgar y tirar al suelo los cables” de TVCC. Según me dijo Gigena a través de su abogado: “Desde agosto, la cooperativa está dando el servicio de TV por cable sin tener habilitación definitiva, algo que hemos denunciado administrativamente ante la Afsca y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”. La habilitación llegará este miércoles, cuando el directorio de ese organismo le de la aprobación definitiva para que comience a funcionar legalmente.

“Esto empezó como un tema aislado pero ahora está extendiéndose. ¿Será una nueva forma de restringir a las cooperativas amenazando a sus consejeros con denuncias penales, como hacía la vieja ley que los obligaba a responder con sus patrimonios personales?, advirtió Marina Rosso Siverino, gerente de Titicom, una consultora que gestiona permisos ante la Afsca para estas empresas. En un reciente encuentro de la TV por cable bonaerense en Mar del Plata, las quejas fueron airadas: “Hay cooperativas que están dando el servicio de TV por cable totalmente gratis, de manera predatoria, como ya ocurrió en Villa Libertador Gral. San Martín, en Jujuy”, dijo un empresario del sector.

El presidente de la Coovilros había recibido la licencia para dar TV paga de manos de la propia presidenta Cristina Kirchner, pero debido al enfrentamiento con TVCC la cooperativa no logró aún la habilitación de la Afsca para dar el servicio, y está prestándolo de manera provisoria. La denuncia penal de Gigena contra los directivos de esa cooperativa fue imitada en los mismos términos por los propietarios de TV5 Cablesat Luque, contra la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de esa localidad, en Córdoba. Sin llegar a la puja judicial, en la provincia de Santa Fe, Cablenet (de San Vicente) no puede extender su servicio a la vecina ciudad de Gálvez porque la cooperativa eléctrica de esa localidad se niega a alquilar sus postes, algo a lo que está obligada. Por el momento, esa empresa de cable fue autorizada por el municipio a sujetar sus cables con ménsulas en los frentes de las viviendas, pero eso es imposible en las zonas más alejadas del centro.

En la provincia de Córdoba nació y se hizo fuerte la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), entidad que funciona como pull de compras (de tecnología y de contenidos) para cooperativas que dan TV por cable de todo el país. Colsecor es la versión cooperativa de Red Intercable, empresa que cumple la misma función para el sector pyme y que, sumando los abonados de todas sus asociadas, es el cuarto cableoperador del país. TVCC y TV5 integran esta última empresa.

Por primera vez, la TV por cable argentina reclama #espectro para #movilidad

El jueves 20 de marzo participé de una reunión de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT) y la Asociación de la TV por Cable (ATVC) en Mar del Plata, donde políticos opositores y expertos conversaron sobre el marco regulatorio, el gobierno de Daniel Scioli anunció un acuerdo con los cableros para incluir en la grilla el canal estatal provincial y, lo que a mi me resultó más interesante, por primera vez la principal cámara empresaria del sector pidió públicamente participar en el reparto de espectro para sumar movilidad a los servicios que ya presta: TV, banda ancha, muy poco de telefonía fija y, en un futuro más cercano que lejano, telefonía y banda ancha móvil.

Lo pidió Walter Burzaco, presidente de la ATVC -que en Mar del Plata empezó a festejar los 50 años de la televisión por cable en el país, que se cumplen este 2014-:

“Actualmente nuestra actividad está limitada por una ley reglamentarista en exceso; y por la competencia de otros servicios regidos por esa misma ley, a los que les han otorgado ventajas infranqueables. El servicio que presta una empresa de Cable necesita tener un sustento económico, y que este sea independiente, para continuar su labor comunitaria. No obstante la industria recibe competencia desleal de prestadores de servicios públicos locales y de otros con cobertura panregional o global. Como operadores de vasta experiencia entendemos que resulta indispensable adecuar la ley de medios para abordar los desafíos futuros. Necesitamos que se comprenda que nuestras empresas pueden dar los servicios que ya dan los Cables en Latinoamérica, que van aún más allá de la TV, Internet y telefonía. Necesitamos que escuchen nuestros proyectos sobre el uso del espectro para dar movilidad a los usuarios».

Burzaco lo deslizó como al pasar, pero hasta ahora en Argentina nunca se había escuchado al cable (centrado primero en su pelea con los operadores satelitales y telefónicos, luego dividido entre grandes y pequeños hacia el interior de la propia industria, y más recientemente enfrentado al gobierno por la ley de medios, que perjudicó a unos y otros) pedir espectro para entrar de lleno en la competencia contra las telefónicas. En el marco regulatorio argentino, las leyes de medios y de telecomunicaciones y los pliegos de privatización de Entel ponen frenos a la competencia y prohíben, limitan o hacen inviable el desembarco del cable en la movilidad y el de las telefónicas en la TV paga.

Precisamente, en Mar del Plata también se realizó un panel (que gentilmente la ABT y la ATVC me invitaron a moderar) sobre el marco regulatorio. Participaron el diputado Felipe Solá (Frente Ronovador), el ministro de Cultura y Turismo porteño, Hernán Lombardi (PRO), el director de Afsca por la tercera minoría parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Henoch Aguiar (ex secretario de Comunicaciones, experto en el tema y asesor de la Unión Cívica Radical).

#leydemedios: entregan histórica LT28 de Rafaela a una fundación vinculada al kirchnerismo local

Por el momento,  habrá poco  y nada del mentado “sector no comercial” creado por la ley de medios –algo celebrado la semana pasada por la prestigiosa ONG Reporteros sin Fronteras-. Apenas cáscara para esconder los verdaderos dueños, y los fines de uso eminentemente políticos de los medios audiovisuales. No digan que no venimos avisando. A continuación, el caso de la histórica LT28 Radio Rafaela.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobará este lunes 17 de febrero la adjudicación de dos emisoras de radio a «una fundación».  Se trata del primer concurso derivado de la ley de medios audiovisuales en el que se sometieron frecuencias a competencia sólo entre entidades no comerciales.

Entre los temas que tratará el directorio de la Afsca -además de las adecuaciones de Clarín, Manzano-Vila, Aldrey Iglesias, Barbarita Vila y otras tres empresas de medios- está el expediente 2629/Afsca/13 por el cual se aprueban “los actos del concurso público convocado mediante resolución N°1202/Afsca/2013, con el objeto de adjudicar dos licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud en la frecuencia 1470 mhz, identificada con la señal distintiva LT28 y de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 96.5 mhz, canal 243, identificada con la señal distintiva LRM 750, Rafaela, Santa Fe. Adjudícase a la Fundación Rafaela XXI las dos licencias señaladas.”

Para asumir la titularidad de ambas licencias se habían presentado dos fundaciones, Rafaela XXI y Potenciar. Los sobres con las ofertas se habían abierto el 7 de noviembre de 2013 en la sede que la Afsca tiene en Rosario. El artículo 89 de la ley de medios dispone que cuando por distintos motivos el Estado recupere frecuencias, en los nuevos concursos les dará prioridad a organizaciones no comerciales. En rigor, ese artículo -como tantos otros- está siendo incumplido por la Afsca, porque en su primer párrafo exige el diseño de un “plan técnico”, algo que -a más de cuatro años de la sanción de la ley- aún sigue pendiente.

Lejos de pertenecer al llamado “tercer sector”, o a la sociedad civil, o al ámbito no comercial, ambas fundaciones, tanto la ganadora como la perdedora, tienen vínculos con el poder político rafaelino o bien con el sector comercial. LT 28 (cuya historia puede repasarse aquí) había sido intervenida por la Afsca en abril de 2013 tras un extenso conflicto gremial en el que los empleados habían dejado de percibir sus salarios (situación similar a la que ocurre desde fines de 2013 en Radio Chaco/Arte Argentina, de Resistencia, sin que la Afsca se entere demasiado).

La Fundación Rafaela XXI es presidida por Marta Engler, dirigente justicialista que fue mano derecha del ex intendente y actual diputado nacional justicialista Omar Perotti. Cuando Perotti asumió por segunda vez la intendencia de Rafaela en 2003, Engler integró su gabinete como secretaria de Coordinación General de la intendencia, algo que los medios locales apodaron “supersecretaria” municipal.