#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

14 04 2014

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. «Declárese fracasado el concurso referido», es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para «desmentir» una referencia a estos «fracasos» en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del «fracaso».

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley», que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).





#LeydeMedios, un repertorio de promesas incumplidas (y la necesidad de enfocarse en #telecomunicaciones), por Marcelo Stubrin

12 06 2013

A continuación se reproduce el texto leído por Marcelo Stubrin, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en representación de la primera minoría parlamentaria (la UCR), en el Foro de la Ciudad del Club del Progreso el 22 de mayo de 2013. Estudioso del derecho (y del derecho administrativo en particular), Stubrin -que, aunque con larga trayectoria en el Estado, no tiene formación específica en comunicación-, señala varias inconsistencias de la ley y de su aplicación, y marca algunos puntos para empezar a pensar en su reforma, o en su reemplazo parcial por una norma más moderna, de convergencia o de telecomunicaciones.

La exitosa empresa de reconstrucción democrática iniciada en 1983, tenía una asignatura pendiente: la regulación de los medios de comunicación audiovisuales. El anhelado propósito consistía en proveer normativas que fortalezcan la sociedad civil frente a la posibilidad de que la opinión pública pueda ser manipulada por los gobiernos o por las empresas privadas propietarias de los medios de comunicación.
La libertad de acceso a la información pública, descendiente directa de la libertad de prensa y de la anterior libertad de imprenta se encuentra en el corazón del plexo normativo de las llamadas libertades de primera generación integrando todos los textos constitucionales de las repúblicas democráticas.
Frente a la tiranía y el autoritarismo oscurantista, es sencillo definirla, pero en la sociedad abierta y democrática se complejiza su interpretación sobre todo por el vertiginoso caudal informativo disponible, la incesante creación de nuevas plataformas de acceso y la disponibilidad de variada información global en tiempo real que es consumida por cada vez más amplias capas de la población del mundo. Todo esto ha dado lugar a nuevas interacciones que algunos definen como una ciudadanía universal.

La libertad nunca celebra su consagración plena, siempre hay que estar atentos.

Los inquisidores que mandaban a la hoguera a los libros y sus autores, se reconvirtieron muchas veces en censores de opiniones diferentes, ya sea para servir a los aparatos de propaganda de las tiranías, a dictaduras prepotentes y autoritarismos de diverso pelaje. También acompañaron el colonialismo y otras formas más sofisticadas de control sobre los más débiles, ya sea a través de gobiernos, grupos económicos o élites políticas locales o multinacionales beneficiarias de la empresa colonial.
La metáfora subyacente del oscurantismo es que “la realidad” es lo que aparece en la portada de un diario, una revista o se reproduce en la pantalla de televisores de millones de hogares, sin embargo la historia se encargó de demostrar lo contrario: la verdad prevalece, la pantalla adicta dura poco, no puede sofocar la verdad que se construye en el saber de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad.
Los más grandes aparatos opresivos del Siglo XX han sucumbido y en su lugar han nacido sociedades más abiertas, que vuelven a sufrir amenazas que encienden nuevas alertas, lo que demuestra que libertad, democracia, república y garantías constitucionales son conquistas nunca definitivas que necesitan constante vigilancia y atención.
Este es el entramado en que se inscribe la necesidad de contar con una herramienta legal que, para los servicios abiertos al público en general, tales como la radio y la televisión, regule la disposición de un bien escaso: el espectro radioeléctrico, aunque teniendo en cuenta que esa escasez es cada vez menor, dados los adelantos tecnológicos que permiten una mayor participación en el uso de las frecuencias, sin interferencias.

Allí conviven ondas electromagnéticas cuyo uso debe ser administrado teniendo en cuenta que constituyen una ancha avenida pero con límites precisos que cuando se extralimitan arruinan el sistema, se superponen y perjudican simultáneamente a quienes ejercen su derecho a emitir y a la inmensa mayoría cuyo objetivo es buscar y recibir informaciones, entretenimiento e ideas de toda índole por cualquier sistema a su elección, entre ellos, los medios audiovisuales.

Todos los países del mundo cuentan con servicios de radio y televisión sujetos a regulaciones que difieren en su rigurosidad, y en la Argentina, además, prevalecía un sistema caracterizado por la discrecionalidad del gobierno en la administración de las reglas sobre quienes podían ser propietarios de radios y canales de televisión.

La llamada ley 22285 impuesta por el general Jorge Rafael Videla el 15 de setiembre de 1980, a partir del retorno al sistema democrático fue objeto de diversas modificaciones parciales en su texto, tratando de aplacar en algún caso su rigorismo de base, pero, en realidad, no llegaron a ser más que parches sobre un texto doctrinaria y jurídicamente insostenible en la primera década del siglo XXI, circunstancia que enmarcada en la ruptura del gobierno con el campo, el voto adverso del Vicepresidente de la República y el enfrentamiento con los medios nacionales, derivó, en la sanción por el Congreso Nacional de la Ley 26522, sancionada, promulgada y publicada con inusitada urgencia el día sábado 10 de octubre de 2009, pero que a más de 3 años continúa mayormente inaplicada.

Dicha norma, que mereció numerosas críticas de diferentes sectores políticos durante su tratamiento legislativo, también fue objeto de variadas impugnaciones a su constitucionalidad, por todos conocidas, no obstante lo cual, es la que rige en nuestro país, aunque están pendientes de consideración por la CSJN [Corte Suprema de Justicia de la Nación] algunos artículos cuestionados, que según sea la opinión del Alto Tribunal puede hacer muy dificultosa la futura aplicación lisa y llana de la ley tal como se encuentra redactada.
Sin perjuicio de que volvamos a considerar estos aspectos polémicos, considero necesario evaluar primero la norma en su conjunto, en aquellos aspectos que no han merecido reproches o que éstos no han sido atendidos por los magistrados encargados de evaluar su constitucionalidad.

No se puede más que coincidir con los Objetivos establecidos en el art. 3°. Con gran amplitud se expresa un consenso nacional acerca de los propósitos que deben inspirar a una legislación sobre estas materias, sin embargo es necesario formularse dos preguntas: la primera, sobre si el texto de la norma contribuye a concretar los objetivos propuestos o los dificulta; y la segunda sobre si el campo de aplicación permite abarcar de manera completa la materia bajo análisis.
Lamentablemente la respuesta a las dos preguntas es adversa al texto de la llamada Ley de Medios.

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Para Stubrin, una «inusitada» interpretación de la #leydemedios beneficia a Cristóbal López

4 03 2013

El único representante de la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Marcelo Stubrin (la designación del otro, Alejandro Pereyra, del FAP, está frenada indebidamente por la presidenta Cristina Kirchner) votó negativamente la aprobación de la venta de los medios de Hadad a Cristóbal López y argumentó que se está haciendo una interpretación «inusitada» de la ley. Además, votó favorablemente el plan de adecuación presentado por Cadena 3, de Córdoba, aunque «lamentó» tener que hacerlo. A continuación, los votos y sus argumentos en una carta que Stubrin le envió al presidente del directorio de Afsca, Martín Sabbatella.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2013

Sr. Presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual Sr. Martín Sabbatella
S./D.

De mi consideración:
Me dirijo al Sr. Presidente a fin de acompañar por escrito el fundamento de mis votos en los asuntos detallados que fueron considerados en la reunión de Directorio celebrada en el día de la fecha.

En relación a las resoluciones de alcance particular, AUTORIZACIONES:
Voto AFIRMATIVO en todos los casos, señalando que resulta imperioso dar urgente cumplimiento a la Aprobación de las Normas Técnicas para la instalación y operación de servicios de radiodifusión y la Norma Nacional de Servicios, al encontrarse sobradamente vencido el plazo de ciento ochenta (180) días determinado por el artículo 156, inciso c) de la Ley N° 26.522.

En relación a la resolución de alcance particular sobre la ADECUCACIÓN EXP. 1400/AFSCA/12 – DECLÁRESE FORMALMENTE ADMISIBLE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA SOCIEDAD RADIODIFUSORA DEL CENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA S/ ADECUACIÓN LEY 26522:
Voto AFIRMATIVO, atendiendo a que se trata de resolver favorablemente un pedido de adecuación formulado por Radiodifusora del Centro SA y las sociedades controladas en el conjunto económico denominado Cadena 3, sin perjuicio de destacar que se trata de la lamentable reducción operativa del único emprendimiento llevado a cabo por particulares en el ámbito de la radiodifusión que ha surgido en la última década, como real expresión del federalismo, al emitirse desde la provincia de Córdoba hacia todo el país.

En relación a la resolución de alcance particular sobre la ADECUACIÓN EXP. 1392/AFSCA/12 Y EXP. 1394/AFSCA/12 – DECLÁRESE FORMALMENTE ADMISIBLE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LOS SRES. GERARDO DANIEL HADAD Y POR VIVIANA MABEL ZOCCO Y POR SOUTH MEDIA INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA S/ ADECUACIÓN LEY 26522:
Voto NEGATIVO, el principio de intransferibilidad de la licencias del primer párrafo del Art. 41 de la ley de medios ha sido dotado de una contundencia mayor que la de su antecesora la llamada ley 22285, emanada de la Dictadura Militar. Por lo tanto sus excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva. Para este caso se pretende que el Art.161 último párrafo tenga una extensión inusitada, ya que pretende permitir al propietario de una red de medios vender sus licencias para que el comprador de las mismas se adecue a las previsiones del Art.45 de la ley sobre multiplicidad. Estamos frente a una utilización desviada de la excepción que desvirtúa el principio establecido en el Art.41. Dicho artículo, que debería ser reformado, y su actual interpretación perjudica a los licenciatarios de medios audiovisuales de menor tamaño que por no superar la cantidad de licencias del Art.45, sufren la plena vigencia de la intransferibilidad y se encuentran fuera del comercio.

Sin otro particular, lo saluda atte.