#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

5 09 2015

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

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Millonario embargo a Raúl Moneta en una causa por supuesta extorsión a Cablevisión (cuando aún no era de @Grupo_Clarín)

15 08 2012

Para producir la nota que reproduzco a continuación me leí unas cuantas fojas de varias resoluciones judiciales en la causa que directivos de Cablevisión (antes de que fuera adquirido por Grupo Clarín) y el fondo HMTF acusan al empresario mendocino Raúl Moneta por intento de extorsión. Sobre esa denuncia hay más data en el Centro de Información Judicial (agencia de noticias de la Corte Suprema), donde está colgada la resolución del procesamiento de Moneta (por las dudas, aquí hay una copia). Los detalles del modus operandi de la supuesta extorsión son tremendos. Lectura recomendada.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo interinamente de Marcelo Martínez de Giorgi, dictó “la inhibición general de bienes” del empresario mendocino Raúl Moneta, en una causa en la que éste se encuentra procesado por “extorsión en grado de tentativa” contra directivos de Cablevisión y el fondo de inversión Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF). Los hechos se habrían producido entre mediados de 2002 y principios de 2004, dos años antes de que la cableoperadora se fusionara con Multicanal y quedara bajo control del Grupo Clarín.

El juez dictó esta resolución el jueves pasado y ese mismo día comunicó la inhibición al Banco Central, la Bolsa de Comercio, los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, Buques y Aeronaves, y al Ministerio de Agricultura de la Nación. En la resolución -a la que tuvo acceso LA NACION- el magistrado rechaza un seguro de caución propuesto por los defensores de Moneta y confirmó el embargo para garantizar “la pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y las costas” que puedan derivarse del proceso.

Moneta había sido procesado por esta causa el 15 de junio de 2011, momento en el que la Justicia le había trabado el embargo ahora confirmado. La denuncia había sido presentada en 2005 por Alfredo Iribarren y Francisco Castex, apoderados de Cablevisión, que acusaron al empresario de tener “conductas destinadas a presionar a los accionistas y directores de Cablevisión, y entorpecer su proceso de reestructuración, a efectos de apropiarse de esa compañía, de la que no era accionista ni acreedor”.

Según la denuncia, el empresario reclamaba “40 millones de dólares y un relevante control de Cablevisión, bajo la amenaza de iniciar una batalla judicial y una difamación mediática para hacer presión en el gobierno contra el grupo HMTF y sus empresas”.
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