Szpolski y Olmos deberán pagar deudas impositivas y previsionales por $ 53,7 millones

21 11 2016

[Una versión resumida de este texto se publicó en La Nación el 21/11/2016]

La secretaría de Comunicación Pública dio de baja dos acuerdos de canje de deudas previsionales e impositivas de las empresas Balkbrug SA, editora del diario kirchnerista Tiempo Argentino, y de Manucorp SA, propietaria de la revista Veintitrés. Ambas firmas pertenecieron al grupo Veintitrés, cuyos propietarios reconocidos fueron Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Tiempo Argentino dejó de imprimirse en enero de este año -y su marca y línea periodística fue continuada en un semanario por la cooperativa Por Más Tiempo, intregrada por sus ex empleados- y la revista Veintitrés dejó de imprimirse y se convirtió en un sitio digital en octubre pasado. Esta última publicación había sido adquirida por el grupo Crónica, de Alejandro y Raúl Olmos, en noviembre de 2014. En conjunto ambas empresas deberán pagar 53,7 millones de pesos, más del 90% de los fondos que pretendían canjear por pauta oficial

La decisión está plasmada en dos resoluciones del secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, próximas a publicarse en el Boletín Oficial. Esos textos recuerdan que el 6 de junio de 2014 y mediante el decreto 852/15, el gobierno de Cristina Kirchner habilitó -bajo el tecnicismo de “dación en pago”- el mecanismo de canje de deudas fiscales y previsionales por pauta oficial. En total, por esos canjes el Estado nacional acumula un crédito de pauta oficial por de $ 8000 millones, de los cuales unos $ 6000 millones aún no se canjearon.

El 24 de octubre de 2014, Balkbrug SA, solicitó para su diario Tiempo Argentino la adhesión al sistema por una deuda de $ 38.021.630, y el acuerdo se firmó el 18 de noviembre de 2015. Desde entonces, el gobierno cursó pauta oficial allí sólo por $ 2.792.080. Como Balkbrug SA ya no edita el diario y las intimaciones no fueron respondidas por la empresa (que tuvo una venta frustrada al promotor de espectáculos correntino Mariano Martínez Rojas), el Estado dio de baja el acuerdo y la AFIP está nuevamente facultada para reclamar el pago de $ 35.229.549. Szpolski, ex candidato kirchnerista a intendente de Tigre, ya acumula varias causas judiciales y cientos de juicios laborales de sus ex empleados.

El 7 de noviembre de 2014, Manucorp SA pidió para su revista Veintitrés, la adhesión al canje por una deuda de $ 19.064.033 y firmó el acuerdo respectivo el 24 de septiembre de 2015. Desde entonces, el Estado nacional cursó allí pauta oficial por $ 533.571, pero al modificarse el formato de la publicación del papel al digital -no permitido en el acuerdo-, la secretaría de Comunicación Pública intimó a la firma mediante cartas documento que no fueron contestadas. Por eso, la AFIP quedó facultada para reclamarle al grupo Olmos -propietario de la revista- 18.541.461 en concepto de deuda previsional e impositiva. El grupo Olmos también acumula expedientes judiciales, entre ellos un pedido de quiebra del fundador del diario Crónica y el canal Crónica TV -que dan nombre al grupo-, Héctor Ricardo García.





@GrupoClarin se escindirá en dos sociedades: medios y contenidos, y telecomunicaciones

16 08 2016
El siguiente es el press release que difundió Grupo Clarín hoy por la tarde:
Grupo Clarín S.A. (ARG: GCLA; LSE: GCLA) (“Grupo Clarín”) anunció hoy que su Directorio aprobó la escisión (la “Escisión”) de la participación accionaria de Grupo Clarín en Cablevisión S.A. (“Cablevision S.A.”), la subsidiaria de Grupo Clarín que opera sus negocios de televisión por cable, internet y transmisión de datos, en una nueva sociedad argentina bajo el nombre de Cablevisión Holding S.A. (“CVH” o “Newco”). Grupo Clarín va a retener todos los activos y pasivos, y continuará con todas las actividades y operaciones de sus restantes segmentos de negocios que no serán asignados a CVH. Grupo Clarín espera que la transacción sea ejecutada de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias y las normas reglamentarias aplicables a las reorganizaciones libres de impuestos.
La Escisión propuesta está sujeta a la aprobación final de los accionistas de Grupo Clarín. Una asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Clarín ha sido convocada para el 28 de Septiembre de 2016 para considerar y votar la Escisión y asuntos relacionados.
Grupo Clarín espera que las acciones de CVH sean listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“Merval”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en uno o más mercados de valores locales o extranjeros. El registro y la negociación de dichas acciones estarán sujetos a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.
El Vicepresidente de Grupo Clarín, Alejandro Urricelqui dijo “La Escisión nos va a permitir focalizarnos mejor en la visión y estrategia respectiva de cada uno de nuestros negocios fundamentales. En consecuencia, Grupo Clarin y CVH individualmente serán capaces de desarrollar estrategias de crecimiento y objetivos independientes a la medida de las demandas de los mercados específicos de cada compañía. CVH además se beneficiará de ser una compañía pública independiente en el atractivo sector de las telecomunicaciones, televisión por cable e internet.”.
La Escisión propuesta está sujeta a la obtención de ciertas autorizaciones regulatorias, aprobaciones  y consentimientos, según corresponda, incluyendo completar un proceso de revisión por parte de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) bajo las normas de mercados de capitales, entre otros. Grupo Clarín apunta a completar la transacción propuesta durante el primer trimestre del 2017.
De acuerdo con la ley argentina, Grupo Clarín va a preparar y publicar un prospecto describiendo la Escisión propuesta y aNewco antes de la asamblea de accionistas.
Goldman, Sachs & Co. actúa como asesor financiero de Grupo Clarín. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and Saenz Valiente & Asociados S.R.L. actúan como asesores legales de Grupo Clarín S.A. en relación a la transacción propuesta.
Sobre Grupo Clarín S.A.
Grupo Clarín es la mayor compañía de medios de la Argentina y una compañía líder en los mercados de gráfica e impresión y televisión abierta y programación. Su diario—“Clarín”—es uno de los de mayor circulación en Latinomérica. Grupo Clarín es el mayor productor de contenidos de medios en la Argentina, incluyendo noticias, deportes y entretenimiento y accede sustancialmente a la totalidad de los segmentos de la población argentina en términos de poder adquisitivo, geográficos y etarios.
 
Sobre Cablevisión S.A.
Cablevisión es el mayor operador de servicios de televisión por cable y sistemas de trasmisión de datos de la Argentina y uno de los mayores proveedores de servicios de cable enLatinomérica en términos de cantidad de suscriptores.  Al 30 de junio de 2016, Cablevisión tenía 3,89 millones relaciones activas con clientes, de las cuales el 54% recibían servicios de banda ancha, el 90% recibía servicios de cable y el 43% recibía ambos servicios. Cablevisión también ofrece  servicios de telefonía móvil inalámbrica bajo la marca de Nextel Argentina, con 0,9 millones de suscriptores post-pagos y 0,5 millones de suscriptores pre-pagos. 




#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

14 04 2014

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. “Declárese fracasado el concurso referido”, es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para “desmentir” una referencia a estos “fracasos” en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del “fracaso”.

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley”, que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).





Llegó a la Justicia penal una pelea de cableros pymes y cooperativas por la #leydemedios

13 04 2014

La guerra silenciosa desatada entre pymes de la TV por cable y cooperativas de servicios públicos del interior del país tras la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual llegó a la Justicia penal: empresarios pyme denunciaron a integrantes de los consejos de administración de dos cooperativas que se lanzaron a dar TV paga por “dañar” sus redes y “capturar” sus abonados. El escarceo había comenzado en 2009, durante el debate previo a la aprobación de la ley y se fue profundizando con los permisos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue entregando a las cooperativas para operar en estos mercados.

En el sector cooperativo creen que podría ser el comienzo de una oleada de acusaciones similares que los cables lanzarían para frenar su crecimiento en la TV por cable. En tanto, los cableoperadores acusan a las empresas de capital social de competencia desleal y depredatoria por subsidiar el cable con recursos provenientes de actividades monopólicas, como la distribución eléctrica o la telefonía.

El 26 de diciembre pasado, Dante Gigena, dueño de Televisión Cable Color TVCC SRL, de Villa del Rosario, Córdoba, denunció penalmente al presidente, el secretario y la secretaría de la Cooperativa de Servicios Públicos local (Coovilros), Edelmiro Prandi, José Luis Riviere y María Rosa Pavón, respectivamente, que fueron imputados por “daños a las redes de cable” de la empresa, que los acusó de cortarles los cables, desconectar los abonados al cable y reconectarlos al servicio cooperativo (es lo que llaman “captura de abonados”).

Además, en el contexto del expediente 504837, el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, dictó una orden de restricción que obliga al personal técnico de la cooperativa eléctrica a concurrir acompañados de la policía cada vez que operen sobre sus propios postes, de los que se sostiene el cableado de la empresa pyme.

Los directivos de la Coovilros tampoco pueden acercarse a Gigena, que con anterioridad, en las jornadas de la TV por cable de 2013, había denunciado públicamente a la misma cooperativa a la que había acusado de “monopólica”, por operar en once servicios públicos distintos, y a la que responsabilizó “descolgar y tirar al suelo los cables” de TVCC. Según me dijo Gigena a través de su abogado: “Desde agosto, la cooperativa está dando el servicio de TV por cable sin tener habilitación definitiva, algo que hemos denunciado administrativamente ante la Afsca y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”. La habilitación llegará este miércoles, cuando el directorio de ese organismo le de la aprobación definitiva para que comience a funcionar legalmente.

“Esto empezó como un tema aislado pero ahora está extendiéndose. ¿Será una nueva forma de restringir a las cooperativas amenazando a sus consejeros con denuncias penales, como hacía la vieja ley que los obligaba a responder con sus patrimonios personales?, advirtió Marina Rosso Siverino, gerente de Titicom, una consultora que gestiona permisos ante la Afsca para estas empresas. En un reciente encuentro de la TV por cable bonaerense en Mar del Plata, las quejas fueron airadas: “Hay cooperativas que están dando el servicio de TV por cable totalmente gratis, de manera predatoria, como ya ocurrió en Villa Libertador Gral. San Martín, en Jujuy”, dijo un empresario del sector.

El presidente de la Coovilros había recibido la licencia para dar TV paga de manos de la propia presidenta Cristina Kirchner, pero debido al enfrentamiento con TVCC la cooperativa no logró aún la habilitación de la Afsca para dar el servicio, y está prestándolo de manera provisoria. La denuncia penal de Gigena contra los directivos de esa cooperativa fue imitada en los mismos términos por los propietarios de TV5 Cablesat Luque, contra la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de esa localidad, en Córdoba. Sin llegar a la puja judicial, en la provincia de Santa Fe, Cablenet (de San Vicente) no puede extender su servicio a la vecina ciudad de Gálvez porque la cooperativa eléctrica de esa localidad se niega a alquilar sus postes, algo a lo que está obligada. Por el momento, esa empresa de cable fue autorizada por el municipio a sujetar sus cables con ménsulas en los frentes de las viviendas, pero eso es imposible en las zonas más alejadas del centro.

En la provincia de Córdoba nació y se hizo fuerte la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), entidad que funciona como pull de compras (de tecnología y de contenidos) para cooperativas que dan TV por cable de todo el país. Colsecor es la versión cooperativa de Red Intercable, empresa que cumple la misma función para el sector pyme y que, sumando los abonados de todas sus asociadas, es el cuarto cableoperador del país. TVCC y TV5 integran esta última empresa.
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Por primera vez, la TV por cable argentina reclama #espectro para #movilidad

22 03 2014

El jueves 20 de marzo participé de una reunión de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT) y la Asociación de la TV por Cable (ATVC) en Mar del Plata, donde políticos opositores y expertos conversaron sobre el marco regulatorio, el gobierno de Daniel Scioli anunció un acuerdo con los cableros para incluir en la grilla el canal estatal provincial y, lo que a mi me resultó más interesante, por primera vez la principal cámara empresaria del sector pidió públicamente participar en el reparto de espectro para sumar movilidad a los servicios que ya presta: TV, banda ancha, muy poco de telefonía fija y, en un futuro más cercano que lejano, telefonía y banda ancha móvil.

Lo pidió Walter Burzaco, presidente de la ATVC -que en Mar del Plata empezó a festejar los 50 años de la televisión por cable en el país, que se cumplen este 2014-:

“Actualmente nuestra actividad está limitada por una ley reglamentarista en exceso; y por la competencia de otros servicios regidos por esa misma ley, a los que les han otorgado ventajas infranqueables. El servicio que presta una empresa de Cable necesita tener un sustento económico, y que este sea independiente, para continuar su labor comunitaria. No obstante la industria recibe competencia desleal de prestadores de servicios públicos locales y de otros con cobertura panregional o global. Como operadores de vasta experiencia entendemos que resulta indispensable adecuar la ley de medios para abordar los desafíos futuros. Necesitamos que se comprenda que nuestras empresas pueden dar los servicios que ya dan los Cables en Latinoamérica, que van aún más allá de la TV, Internet y telefonía. Necesitamos que escuchen nuestros proyectos sobre el uso del espectro para dar movilidad a los usuarios”.

Burzaco lo deslizó como al pasar, pero hasta ahora en Argentina nunca se había escuchado al cable (centrado primero en su pelea con los operadores satelitales y telefónicos, luego dividido entre grandes y pequeños hacia el interior de la propia industria, y más recientemente enfrentado al gobierno por la ley de medios, que perjudicó a unos y otros) pedir espectro para entrar de lleno en la competencia contra las telefónicas. En el marco regulatorio argentino, las leyes de medios y de telecomunicaciones y los pliegos de privatización de Entel ponen frenos a la competencia y prohíben, limitan o hacen inviable el desembarco del cable en la movilidad y el de las telefónicas en la TV paga.

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Precisamente, en Mar del Plata también se realizó un panel (que gentilmente la ABT y la ATVC me invitaron a moderar) sobre el marco regulatorio. Participaron el diputado Felipe Solá (Frente Ronovador), el ministro de Cultura y Turismo porteño, Hernán Lombardi (PRO), el director de Afsca por la tercera minoría parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Henoch Aguiar (ex secretario de Comunicaciones, experto en el tema y asesor de la Unión Cívica Radical).
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#leydemedios: entregan histórica LT28 de Rafaela a una fundación vinculada al kirchnerismo local

16 02 2014

Por el momento,  habrá poco  y nada del mentado “sector no comercial” creado por la ley de medios algo celebrado la semana pasada por la prestigiosa ONG Reporteros sin Fronteras-. Apenas cáscara para esconder los verdaderos dueños, y los fines de uso eminentemente políticos de los medios audiovisuales. No digan que no venimos avisando. A continuación, el caso de la histórica LT28 Radio Rafaela.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobará este lunes 17 de febrero la adjudicación de dos emisoras de radio a “una fundación”.  Se trata del primer concurso derivado de la ley de medios audiovisuales en el que se sometieron frecuencias a competencia sólo entre entidades no comerciales.

Entre los temas que tratará el directorio de la Afsca -además de las adecuaciones de Clarín, Manzano-Vila, Aldrey Iglesias, Barbarita Vila y otras tres empresas de medios- está el expediente 2629/Afsca/13 por el cual se aprueban “los actos del concurso público convocado mediante resolución N°1202/Afsca/2013, con el objeto de adjudicar dos licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud en la frecuencia 1470 mhz, identificada con la señal distintiva LT28 y de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 96.5 mhz, canal 243, identificada con la señal distintiva LRM 750, Rafaela, Santa Fe. Adjudícase a la Fundación Rafaela XXI las dos licencias señaladas.”

Para asumir la titularidad de ambas licencias se habían presentado dos fundaciones, Rafaela XXI y Potenciar. Los sobres con las ofertas se habían abierto el 7 de noviembre de 2013 en la sede que la Afsca tiene en Rosario. El artículo 89 de la ley de medios dispone que cuando por distintos motivos el Estado recupere frecuencias, en los nuevos concursos les dará prioridad a organizaciones no comerciales. En rigor, ese artículo -como tantos otros- está siendo incumplido por la Afsca, porque en su primer párrafo exige el diseño de un “plan técnico”, algo que -a más de cuatro años de la sanción de la ley- aún sigue pendiente.

Lejos de pertenecer al llamado “tercer sector”, o a la sociedad civil, o al ámbito no comercial, ambas fundaciones, tanto la ganadora como la perdedora, tienen vínculos con el poder político rafaelino o bien con el sector comercial. LT 28 (cuya historia puede repasarse aquí) había sido intervenida por la Afsca en abril de 2013 tras un extenso conflicto gremial en el que los empleados habían dejado de percibir sus salarios (situación similar a la que ocurre desde fines de 2013 en Radio Chaco/Arte Argentina, de Resistencia, sin que la Afsca se entere demasiado).

La Fundación Rafaela XXI es presidida por Marta Engler, dirigente justicialista que fue mano derecha del ex intendente y actual diputado nacional justicialista Omar Perotti. Cuando Perotti asumió por segunda vez la intendencia de Rafaela en 2003, Engler integró su gabinete como secretaria de Coordinación General de la intendencia, algo que los medios locales apodaron “supersecretaria” municipal.

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En el Congreso, #leydemedios no tuvo masivo apoyo opositor como suele escucharse

21 11 2013

El kirchnerismo ha sido un gran creador de mitos. No siempre lo logra con los grandes mitos (por ejemplo, a pesar de los millones invertidos no logró aún convertir en leyenda a la figura de su fundador, también fue millonario). Pero sí ha sido muy efectivo en los pequeños mitos, que se meten en la cotidianidad y hasta los más informados asumen y repetir hasta que la cuestión choca. Y a veces choca literalmente: como el mito de la recuperación del ferrocarril, que ya casi no resiste nuevas colisiones.

Respecto de la historia del debate y aprobación de la ley de medios audiovisuales hay mucho mito dando vueltas. Y cuando digo muchos, digo muuuuuchos. Imposibles de resolver en un solo post (al menos para mi en este momento).

Entre esos mitos está el supuesto gran apoyo opositor en el debate parlamentario de la norma. Y eso es un mito porque es absolutamente falso.

Acá van los nombres y números de las votaciones en general:
En la Cámara de Diputados los principales bloques opositores se retiraron “indignados” (algo que creo no debieron hacer para pelear en la votación en particular la reforma de algunos de los artículos luego impugnados judicialmente).

El resultado final dio 147 votos positivos, 4 votos negativos y 1 abstención (Miguel Bonasso). Fruto de aquella masiva retirada, 104 diputados estuvieron ausentes. O sea, no hubo una mayoría aplastante, sino más bien lo contrario.

Y si uno se pone a analizar cómo fueron votados los artículos luego cuestionados en la Justicia (sin éxito al final) por el Grupo Clarín, en algunos casos los resultados fueron más ajustados.

En diputados, sólo el bloque completo del Partido Socialista (integrado mayoritariamente por diputados santafecinos referenciados en Hermes Binner, entonces gobernador de esa provincia que deseaba tener un canal de TV distrital) votó a favor de la ley (10 votos). A eso hay que sumarle los votos de lo que por entonces se denominaba Proyecto Sur, Claudio Lozano, que funcionaba en interbloque que otros dirigentes filokirchneristas (como Victoria Donda, luego devenida completamente opositora), y el solitario voto de un diputado del bloque referenciado en el cordobés Luis Juez. Ese fue todo el acompañamiento opositor a la ley de medios entre los diputados.

Aquí, la planilla oficial con nombres, partidos, provincias representadas y sentido del voto.

En la Cámara de Senadores, que ratificó el texto aprobado en Diputados, el tratamiento fue más calmo porque el kirchnerismo tenía mayoría suficiente para sacar la norma como quisiera (aunque previamente el propio Néstor Kirchner tuvo que ajustar a algunos rebeldes que por convicción o por intereses económicos –como el caso del ahora vicegobernador de Jujuy y desde entonces empresario de medios, Guillermo Jenefes-).

En esta cámara el resultado fue el siguiente: 44 votos positivos, 24 votos negativos, y 4 ausentes. Aquí los únicos realmente opositores que acompañaron la ley fueron el socialista de Santa Fe Rubén Giustiniani y el bussista de Tucumán Carlos Salazar (que días antes había sido un duro opositor al texto legal).

Aquí, la lista de nombres, partidos, provincias representadas y sentido del voto.

Como se ve, el apoyo opositor fue escueto, y su relevancia se limitó al Partido Socialista.