Szpolski y Olmos deberán pagar deudas impositivas y previsionales por $ 53,7 millones

[Una versión resumida de este texto se publicó en La Nación el 21/11/2016]

La secretaría de Comunicación Pública dio de baja dos acuerdos de canje de deudas previsionales e impositivas de las empresas Balkbrug SA, editora del diario kirchnerista Tiempo Argentino, y de Manucorp SA, propietaria de la revista Veintitrés. Ambas firmas pertenecieron al grupo Veintitrés, cuyos propietarios reconocidos fueron Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Tiempo Argentino dejó de imprimirse en enero de este año -y su marca y línea periodística fue continuada en un semanario por la cooperativa Por Más Tiempo, intregrada por sus ex empleados- y la revista Veintitrés dejó de imprimirse y se convirtió en un sitio digital en octubre pasado. Esta última publicación había sido adquirida por el grupo Crónica, de Alejandro y Raúl Olmos, en noviembre de 2014. En conjunto ambas empresas deberán pagar 53,7 millones de pesos, más del 90% de los fondos que pretendían canjear por pauta oficial

La decisión está plasmada en dos resoluciones del secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, próximas a publicarse en el Boletín Oficial. Esos textos recuerdan que el 6 de junio de 2014 y mediante el decreto 852/15, el gobierno de Cristina Kirchner habilitó -bajo el tecnicismo de “dación en pago”- el mecanismo de canje de deudas fiscales y previsionales por pauta oficial. En total, por esos canjes el Estado nacional acumula un crédito de pauta oficial por de $ 8000 millones, de los cuales unos $ 6000 millones aún no se canjearon.

El 24 de octubre de 2014, Balkbrug SA, solicitó para su diario Tiempo Argentino la adhesión al sistema por una deuda de $ 38.021.630, y el acuerdo se firmó el 18 de noviembre de 2015. Desde entonces, el gobierno cursó pauta oficial allí sólo por $ 2.792.080. Como Balkbrug SA ya no edita el diario y las intimaciones no fueron respondidas por la empresa (que tuvo una venta frustrada al promotor de espectáculos correntino Mariano Martínez Rojas), el Estado dio de baja el acuerdo y la AFIP está nuevamente facultada para reclamar el pago de $ 35.229.549. Szpolski, ex candidato kirchnerista a intendente de Tigre, ya acumula varias causas judiciales y cientos de juicios laborales de sus ex empleados.

El 7 de noviembre de 2014, Manucorp SA pidió para su revista Veintitrés, la adhesión al canje por una deuda de $ 19.064.033 y firmó el acuerdo respectivo el 24 de septiembre de 2015. Desde entonces, el Estado nacional cursó allí pauta oficial por $ 533.571, pero al modificarse el formato de la publicación del papel al digital -no permitido en el acuerdo-, la secretaría de Comunicación Pública intimó a la firma mediante cartas documento que no fueron contestadas. Por eso, la AFIP quedó facultada para reclamarle al grupo Olmos -propietario de la revista- 18.541.461 en concepto de deuda previsional e impositiva. El grupo Olmos también acumula expedientes judiciales, entre ellos un pedido de quiebra del fundador del diario Crónica y el canal Crónica TV -que dan nombre al grupo-, Héctor Ricardo García.

@GrupoClarin se escindirá en dos sociedades: medios y contenidos, y telecomunicaciones

El siguiente es el press release que difundió Grupo Clarín hoy por la tarde:

Grupo Clarín S.A. (ARG: GCLA; LSE: GCLA) (“Grupo Clarín”) anunció hoy que su Directorio aprobó la escisión (la “Escisión”) de la participación accionaria de Grupo Clarín en Cablevisión S.A. (“Cablevision S.A.”), la subsidiaria de Grupo Clarín que opera sus negocios de televisión por cable, internet y transmisión de datos, en una nueva sociedad argentina bajo el nombre de Cablevisión Holding S.A. (“CVH” o “Newco”). Grupo Clarín va a retener todos los activos y pasivos, y continuará con todas las actividades y operaciones de sus restantes segmentos de negocios que no serán asignados a CVH. Grupo Clarín espera que la transacción sea ejecutada de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias y las normas reglamentarias aplicables a las reorganizaciones libres de impuestos.

La Escisión propuesta está sujeta a la aprobación final de los accionistas de Grupo Clarín. Una asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Clarín ha sido convocada para el 28 de Septiembre de 2016 para considerar y votar la Escisión y asuntos relacionados.

Grupo Clarín espera que las acciones de CVH sean listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“Merval”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en uno o más mercados de valores locales o extranjeros. El registro y la negociación de dichas acciones estarán sujetos a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

El Vicepresidente de Grupo Clarín, Alejandro Urricelqui dijo “La Escisión nos va a permitir focalizarnos mejor en la visión y estrategia respectiva de cada uno de nuestros negocios fundamentales. En consecuencia, Grupo Clarin y CVH individualmente serán capaces de desarrollar estrategias de crecimiento y objetivos independientes a la medida de las demandas de los mercados específicos de cada compañía. CVH además se beneficiará de ser una compañía pública independiente en el atractivo sector de las telecomunicaciones, televisión por cable e internet.”.

La Escisión propuesta está sujeta a la obtención de ciertas autorizaciones regulatorias, aprobaciones  y consentimientos, según corresponda, incluyendo completar un proceso de revisión por parte de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) bajo las normas de mercados de capitales, entre otros. Grupo Clarín apunta a completar la transacción propuesta durante el primer trimestre del 2017.

De acuerdo con la ley argentina, Grupo Clarín va a preparar y publicar un prospecto describiendo la Escisión propuesta y aNewco antes de la asamblea de accionistas.

Goldman, Sachs & Co. actúa como asesor financiero de Grupo Clarín. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and Saenz Valiente & Asociados S.R.L. actúan como asesores legales de Grupo Clarín S.A. en relación a la transacción propuesta.

Sobre Grupo Clarín S.A.

Grupo Clarín es la mayor compañía de medios de la Argentina y una compañía líder en los mercados de gráfica e impresión y televisión abierta y programación. Su diario—“Clarín”—es uno de los de mayor circulación en Latinomérica. Grupo Clarín es el mayor productor de contenidos de medios en la Argentina, incluyendo noticias, deportes y entretenimiento y accede sustancialmente a la totalidad de los segmentos de la población argentina en términos de poder adquisitivo, geográficos y etarios.

 

Sobre Cablevisión S.A.

Cablevisión es el mayor operador de servicios de televisión por cable y sistemas de trasmisión de datos de la Argentina y uno de los mayores proveedores de servicios de cable enLatinomérica en términos de cantidad de suscriptores.  Al 30 de junio de 2016, Cablevisión tenía 3,89 millones relaciones activas con clientes, de las cuales el 54% recibían servicios de banda ancha, el 90% recibía servicios de cable y el 43% recibía ambos servicios. Cablevisión también ofrece  servicios de telefonía móvil inalámbrica bajo la marca de Nextel Argentina, con 0,9 millones de suscriptores post-pagos y 0,5 millones de suscriptores pre-pagos. 

#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. «Declárese fracasado el concurso referido», es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para «desmentir» una referencia a estos «fracasos» en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del «fracaso».

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley», que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).

Llegó a la Justicia penal una pelea de cableros pymes y cooperativas por la #leydemedios

La guerra silenciosa desatada entre pymes de la TV por cable y cooperativas de servicios públicos del interior del país tras la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual llegó a la Justicia penal: empresarios pyme denunciaron a integrantes de los consejos de administración de dos cooperativas que se lanzaron a dar TV paga por “dañar” sus redes y “capturar” sus abonados. El escarceo había comenzado en 2009, durante el debate previo a la aprobación de la ley y se fue profundizando con los permisos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue entregando a las cooperativas para operar en estos mercados.

En el sector cooperativo creen que podría ser el comienzo de una oleada de acusaciones similares que los cables lanzarían para frenar su crecimiento en la TV por cable. En tanto, los cableoperadores acusan a las empresas de capital social de competencia desleal y depredatoria por subsidiar el cable con recursos provenientes de actividades monopólicas, como la distribución eléctrica o la telefonía.

El 26 de diciembre pasado, Dante Gigena, dueño de Televisión Cable Color TVCC SRL, de Villa del Rosario, Córdoba, denunció penalmente al presidente, el secretario y la secretaría de la Cooperativa de Servicios Públicos local (Coovilros), Edelmiro Prandi, José Luis Riviere y María Rosa Pavón, respectivamente, que fueron imputados por “daños a las redes de cable” de la empresa, que los acusó de cortarles los cables, desconectar los abonados al cable y reconectarlos al servicio cooperativo (es lo que llaman “captura de abonados”).

Además, en el contexto del expediente 504837, el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, dictó una orden de restricción que obliga al personal técnico de la cooperativa eléctrica a concurrir acompañados de la policía cada vez que operen sobre sus propios postes, de los que se sostiene el cableado de la empresa pyme.

Los directivos de la Coovilros tampoco pueden acercarse a Gigena, que con anterioridad, en las jornadas de la TV por cable de 2013, había denunciado públicamente a la misma cooperativa a la que había acusado de “monopólica”, por operar en once servicios públicos distintos, y a la que responsabilizó “descolgar y tirar al suelo los cables” de TVCC. Según me dijo Gigena a través de su abogado: “Desde agosto, la cooperativa está dando el servicio de TV por cable sin tener habilitación definitiva, algo que hemos denunciado administrativamente ante la Afsca y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”. La habilitación llegará este miércoles, cuando el directorio de ese organismo le de la aprobación definitiva para que comience a funcionar legalmente.

“Esto empezó como un tema aislado pero ahora está extendiéndose. ¿Será una nueva forma de restringir a las cooperativas amenazando a sus consejeros con denuncias penales, como hacía la vieja ley que los obligaba a responder con sus patrimonios personales?, advirtió Marina Rosso Siverino, gerente de Titicom, una consultora que gestiona permisos ante la Afsca para estas empresas. En un reciente encuentro de la TV por cable bonaerense en Mar del Plata, las quejas fueron airadas: “Hay cooperativas que están dando el servicio de TV por cable totalmente gratis, de manera predatoria, como ya ocurrió en Villa Libertador Gral. San Martín, en Jujuy”, dijo un empresario del sector.

El presidente de la Coovilros había recibido la licencia para dar TV paga de manos de la propia presidenta Cristina Kirchner, pero debido al enfrentamiento con TVCC la cooperativa no logró aún la habilitación de la Afsca para dar el servicio, y está prestándolo de manera provisoria. La denuncia penal de Gigena contra los directivos de esa cooperativa fue imitada en los mismos términos por los propietarios de TV5 Cablesat Luque, contra la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de esa localidad, en Córdoba. Sin llegar a la puja judicial, en la provincia de Santa Fe, Cablenet (de San Vicente) no puede extender su servicio a la vecina ciudad de Gálvez porque la cooperativa eléctrica de esa localidad se niega a alquilar sus postes, algo a lo que está obligada. Por el momento, esa empresa de cable fue autorizada por el municipio a sujetar sus cables con ménsulas en los frentes de las viviendas, pero eso es imposible en las zonas más alejadas del centro.

En la provincia de Córdoba nació y se hizo fuerte la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), entidad que funciona como pull de compras (de tecnología y de contenidos) para cooperativas que dan TV por cable de todo el país. Colsecor es la versión cooperativa de Red Intercable, empresa que cumple la misma función para el sector pyme y que, sumando los abonados de todas sus asociadas, es el cuarto cableoperador del país. TVCC y TV5 integran esta última empresa.

Por primera vez, la TV por cable argentina reclama #espectro para #movilidad

El jueves 20 de marzo participé de una reunión de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT) y la Asociación de la TV por Cable (ATVC) en Mar del Plata, donde políticos opositores y expertos conversaron sobre el marco regulatorio, el gobierno de Daniel Scioli anunció un acuerdo con los cableros para incluir en la grilla el canal estatal provincial y, lo que a mi me resultó más interesante, por primera vez la principal cámara empresaria del sector pidió públicamente participar en el reparto de espectro para sumar movilidad a los servicios que ya presta: TV, banda ancha, muy poco de telefonía fija y, en un futuro más cercano que lejano, telefonía y banda ancha móvil.

Lo pidió Walter Burzaco, presidente de la ATVC -que en Mar del Plata empezó a festejar los 50 años de la televisión por cable en el país, que se cumplen este 2014-:

“Actualmente nuestra actividad está limitada por una ley reglamentarista en exceso; y por la competencia de otros servicios regidos por esa misma ley, a los que les han otorgado ventajas infranqueables. El servicio que presta una empresa de Cable necesita tener un sustento económico, y que este sea independiente, para continuar su labor comunitaria. No obstante la industria recibe competencia desleal de prestadores de servicios públicos locales y de otros con cobertura panregional o global. Como operadores de vasta experiencia entendemos que resulta indispensable adecuar la ley de medios para abordar los desafíos futuros. Necesitamos que se comprenda que nuestras empresas pueden dar los servicios que ya dan los Cables en Latinoamérica, que van aún más allá de la TV, Internet y telefonía. Necesitamos que escuchen nuestros proyectos sobre el uso del espectro para dar movilidad a los usuarios».

Burzaco lo deslizó como al pasar, pero hasta ahora en Argentina nunca se había escuchado al cable (centrado primero en su pelea con los operadores satelitales y telefónicos, luego dividido entre grandes y pequeños hacia el interior de la propia industria, y más recientemente enfrentado al gobierno por la ley de medios, que perjudicó a unos y otros) pedir espectro para entrar de lleno en la competencia contra las telefónicas. En el marco regulatorio argentino, las leyes de medios y de telecomunicaciones y los pliegos de privatización de Entel ponen frenos a la competencia y prohíben, limitan o hacen inviable el desembarco del cable en la movilidad y el de las telefónicas en la TV paga.

Precisamente, en Mar del Plata también se realizó un panel (que gentilmente la ABT y la ATVC me invitaron a moderar) sobre el marco regulatorio. Participaron el diputado Felipe Solá (Frente Ronovador), el ministro de Cultura y Turismo porteño, Hernán Lombardi (PRO), el director de Afsca por la tercera minoría parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Henoch Aguiar (ex secretario de Comunicaciones, experto en el tema y asesor de la Unión Cívica Radical).

#leydemedios: entregan histórica LT28 de Rafaela a una fundación vinculada al kirchnerismo local

Por el momento,  habrá poco  y nada del mentado “sector no comercial” creado por la ley de medios –algo celebrado la semana pasada por la prestigiosa ONG Reporteros sin Fronteras-. Apenas cáscara para esconder los verdaderos dueños, y los fines de uso eminentemente políticos de los medios audiovisuales. No digan que no venimos avisando. A continuación, el caso de la histórica LT28 Radio Rafaela.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobará este lunes 17 de febrero la adjudicación de dos emisoras de radio a «una fundación».  Se trata del primer concurso derivado de la ley de medios audiovisuales en el que se sometieron frecuencias a competencia sólo entre entidades no comerciales.

Entre los temas que tratará el directorio de la Afsca -además de las adecuaciones de Clarín, Manzano-Vila, Aldrey Iglesias, Barbarita Vila y otras tres empresas de medios- está el expediente 2629/Afsca/13 por el cual se aprueban “los actos del concurso público convocado mediante resolución N°1202/Afsca/2013, con el objeto de adjudicar dos licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud en la frecuencia 1470 mhz, identificada con la señal distintiva LT28 y de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 96.5 mhz, canal 243, identificada con la señal distintiva LRM 750, Rafaela, Santa Fe. Adjudícase a la Fundación Rafaela XXI las dos licencias señaladas.”

Para asumir la titularidad de ambas licencias se habían presentado dos fundaciones, Rafaela XXI y Potenciar. Los sobres con las ofertas se habían abierto el 7 de noviembre de 2013 en la sede que la Afsca tiene en Rosario. El artículo 89 de la ley de medios dispone que cuando por distintos motivos el Estado recupere frecuencias, en los nuevos concursos les dará prioridad a organizaciones no comerciales. En rigor, ese artículo -como tantos otros- está siendo incumplido por la Afsca, porque en su primer párrafo exige el diseño de un “plan técnico”, algo que -a más de cuatro años de la sanción de la ley- aún sigue pendiente.

Lejos de pertenecer al llamado “tercer sector”, o a la sociedad civil, o al ámbito no comercial, ambas fundaciones, tanto la ganadora como la perdedora, tienen vínculos con el poder político rafaelino o bien con el sector comercial. LT 28 (cuya historia puede repasarse aquí) había sido intervenida por la Afsca en abril de 2013 tras un extenso conflicto gremial en el que los empleados habían dejado de percibir sus salarios (situación similar a la que ocurre desde fines de 2013 en Radio Chaco/Arte Argentina, de Resistencia, sin que la Afsca se entere demasiado).

La Fundación Rafaela XXI es presidida por Marta Engler, dirigente justicialista que fue mano derecha del ex intendente y actual diputado nacional justicialista Omar Perotti. Cuando Perotti asumió por segunda vez la intendencia de Rafaela en 2003, Engler integró su gabinete como secretaria de Coordinación General de la intendencia, algo que los medios locales apodaron “supersecretaria” municipal.

En el Congreso, #leydemedios no tuvo masivo apoyo opositor como suele escucharse

El kirchnerismo ha sido un gran creador de mitos. No siempre lo logra con los grandes mitos (por ejemplo, a pesar de los millones invertidos no logró aún convertir en leyenda a la figura de su fundador, también fue millonario). Pero sí ha sido muy efectivo en los pequeños mitos, que se meten en la cotidianidad y hasta los más informados asumen y repetir hasta que la cuestión choca. Y a veces choca literalmente: como el mito de la recuperación del ferrocarril, que ya casi no resiste nuevas colisiones.

Respecto de la historia del debate y aprobación de la ley de medios audiovisuales hay mucho mito dando vueltas. Y cuando digo muchos, digo muuuuuchos. Imposibles de resolver en un solo post (al menos para mi en este momento).

Entre esos mitos está el supuesto gran apoyo opositor en el debate parlamentario de la norma. Y eso es un mito porque es absolutamente falso.

Acá van los nombres y números de las votaciones en general:
En la Cámara de Diputados los principales bloques opositores se retiraron “indignados” (algo que creo no debieron hacer para pelear en la votación en particular la reforma de algunos de los artículos luego impugnados judicialmente).

El resultado final dio 147 votos positivos, 4 votos negativos y 1 abstención (Miguel Bonasso). Fruto de aquella masiva retirada, 104 diputados estuvieron ausentes. O sea, no hubo una mayoría aplastante, sino más bien lo contrario.

Y si uno se pone a analizar cómo fueron votados los artículos luego cuestionados en la Justicia (sin éxito al final) por el Grupo Clarín, en algunos casos los resultados fueron más ajustados.

En diputados, sólo el bloque completo del Partido Socialista (integrado mayoritariamente por diputados santafecinos referenciados en Hermes Binner, entonces gobernador de esa provincia que deseaba tener un canal de TV distrital) votó a favor de la ley (10 votos). A eso hay que sumarle los votos de lo que por entonces se denominaba Proyecto Sur, Claudio Lozano, que funcionaba en interbloque que otros dirigentes filokirchneristas (como Victoria Donda, luego devenida completamente opositora), y el solitario voto de un diputado del bloque referenciado en el cordobés Luis Juez. Ese fue todo el acompañamiento opositor a la ley de medios entre los diputados.

Aquí, la planilla oficial con nombres, partidos, provincias representadas y sentido del voto.

En la Cámara de Senadores, que ratificó el texto aprobado en Diputados, el tratamiento fue más calmo porque el kirchnerismo tenía mayoría suficiente para sacar la norma como quisiera (aunque previamente el propio Néstor Kirchner tuvo que ajustar a algunos rebeldes que por convicción o por intereses económicos –como el caso del ahora vicegobernador de Jujuy y desde entonces empresario de medios, Guillermo Jenefes-).

En esta cámara el resultado fue el siguiente: 44 votos positivos, 24 votos negativos, y 4 ausentes. Aquí los únicos realmente opositores que acompañaron la ley fueron el socialista de Santa Fe Rubén Giustiniani y el bussista de Tucumán Carlos Salazar (que días antes había sido un duro opositor al texto legal).

Aquí, la lista de nombres, partidos, provincias representadas y sentido del voto.

Como se ve, el apoyo opositor fue escueto, y su relevancia se limitó al Partido Socialista.

Diputada mapuche @RitaLiempe pidió la inconstitucionalidad del Art. 151 de la #leydemedios

[El siguiente texto se publicó en La Nación el 14.11.2013]

La ley de medios audiovisuales volvió ayer a los tribunales y podría llegar nuevamente hasta la Corte Suprema: la diputada bonaerense mapuche Rita Liempe pidió que se declare inconstitucional el artículo 151 de la norma, que otorga a pueblos originarios el acceso a frecuencias de radio y TV, o en su defecto se declare su inaplicabilidad. Además, pidió que -hasta que haya una definición sobre esas cuestiones- se dicte una medida cautelar para que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se abstenga de dar nuevas autorizaciones a nombre de supuestos pueblos originarios.

El planteo [que es analizado por el juzgado Contencioso Administrativo Fed. N° 2, a cargo del juez Esteban Furnari] se produce a casi diez días del fallo de la Corte Suprema que confirmó la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la misma norma, que habían sido impugnados por el Grupo Clarín, y también a pocas semanas de la denuncia de Deolinda Buenuleo, integrante del directorio de LRG 461 Canal 2 Wall Kintun, de Bariloche, que ante Cynthia Ottaviano, defensora del público (cargo creado por la ley), denunció el estado de abandono en el que se encuentra esa emisora, inaugurada el denominado 7D y promocionada por el gobierno nacional como el primer canal aborigen.

En esta nueva demanda, presentada contra el Estado nacional y la Afsca ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, se argumenta que no existe en la institucionalidad argentina la figura legal de «pueblo originario» y por lo tanto se están entregando las autorizaciones (que a diferencia de las licencias para tener medios no tienen vencimiento) a empresas privadas, cooperativas y algunas organizaciones vinculadas a la temática aborigen, pero que no pueden ser consideradas pueblos.

Los “21 puntos”, corazón partido de la #leydemedios de los que ya pocos se acuerdan

El corazón de la ley de medios audiovisuales, que dio lugar a una de sus cualidades casi míticas, está en los “21 puntos para una radiodifusión democrática” elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un grupo grueso de universidades, entidades y personalidades de la comunicación (de la “emisión” más que de la “recepción”, aunque suene extraño hacer ese tipo de distinciones en esta época).

Representantes de esa coalición –que fue perdiendo integrantes a medida que fue siendo cooptada por el kirchnerismo- fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y visitaron con frecuencia a los distintos presidentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), incluido Martín Sabbatella.

Sabbatella –entre otros funcionarios oficiales, a los que hay que sumar al jefe de gabinete Juan Abal Medina– suele recordar que la ley de medios se originó en aquellos 21 puntos, sin aclarar cuánto de ese ADN hay en la ley de medios y en su aplicación. 

Un repaso por los 21 puntos mentados demuestra que al menos la mitad de ellos no están presentes en la ley o son violados sistemáticamente. ¿Qué no?, repasemos uno por uno (resumo los puntos para poder abarcarlos, quien quiera leerlos en versión completa, puede ir aquí).

1.- Derecho a la comunicación (SE CUMPLE. Digamos que está en el texto de la ley y eso ya es bastante, pero a juzgar por las restricciones al acceso a la información del Estado desde 2007 hasta el presente, es letra muerta y algo vieja en tiempos de Internet)

2.- Radiodifusión no es simple negocio comercial sino servicio esencial  (SE CUMPLE. Digamos que se cumple porque está en el contenido de la ley, pero habría que plantear algunos grandes asteriscos de esos que aclaran al pie con letra chiquita: Diego Gvirtz, Sergio Szpolski-Matías Garfunkel, productora la Corte, Gerardo Ferreyra-Osvaldo Acosta Electroingeniería-360 TV, etc.)

3.- Estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial (NO SE CUMPLE, no está en la ley, no hay una ley específica, hay varios fallos judiciales, algunos de la propia Corte, que el Poder Ejecutivo incumple).

4.- Frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse.  (NO SE CUMPLE. Sabbatella interpreta que donde la ley dice que se pueden transferir licencias “al solo efecto de la adecuación”, significa que en este proceso se pueden vender todos los medios que se quiera, no sólo aquellos que sean necesarios transferir para no exceder los topes máximos permitidos respecto del número de licencias: casos Daniel Hadad-Cristóbal López y Nemesio, entre otros).

5.- Promoción de la diversidad y el pluralismo (…) Igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. (SE CUMPLE A MEDIAS. La radio y la TV estatales pueden ser plurales en términos religiosos, de minorías étnicas o colectivos sociales, pero no tiene ni el más mínimo atisbo de pluralismo político, lo que viola aspectos concretos de la ley de medios. Sin fuentes de financiamiento genuinos no hay posibilidad de que algunos sectores sociales puedan acceder a medios. Y aún cuando accedan, ¿qué les asegura audiencia? En este punto vuelve a confirmarse la visión acotada que tuvo también el corazón de la ley)

6.- Políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad  (SE CUMPLE. Aunque, claro, el modo en que propone afectará –en mi modesto parecer– el desarrollo digital de la Argentina, algo que ya he explicado en otro post–)

7.- Se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores (NO SE CUMPLE. Por favor, sobre este punto consultar a Juan Miceli -al que por esto, le pasó esto– o Marcelo Longobardi, que por esto, le pasó esto).

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo (SE CUMPLE Aunque el debate quizá sea otro. ¿Qué incumbencias profesionales requieren los medios y las industrias culturales del presente y del futuro inmediato? ¿Qué son los derechos intelectuales en este tiempo? ¿Cómo deben regularse?)

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias.  (NO SE CUMPLE. El Afsca es un organismo opaco. No son públicos esos registros si por publicidad se entiende que estén en Internet y sean fáciles de consultar para cualquier ciudadano. Pero tampoco existen si uno presenta un pedido de acceso a la información pública en los términos del aquel olvidado decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003; yo participé de un pedido de ese tipo y la Afsca nos mandó a recorrer oficinas y visitar páginas web de, por lo menos, 15.000 medios de comunicación audiovisual que, según Gabriel Mariotto, hay en Argentina).

10.- No podrán ser titulares de licencias  funcionarios públicos. (NO SE CUMPLE. El país se llenó de esposas, hermanos, hijos, sobrinos, amigos de la infancia, etc. de funcionarios públicos que encabezan medios o grupos de medios de comunicación. Algunos de esos funcionarios transfirieron esos medios de manera reciente: por ejemplo, Guillermo Jenefes, ex senador que fue clave para la habilitación del tratamiento de la ley de medios en 2009, actual vicegobernador de Jujuy, dueño de Radio Visión Jujuy (un grupo provincial de medios), que se “adecuó» a la norma en los mismos términos en los que proponen hacerlo Ick (Santiago del Estero), Manzano-Vila y Clarín. De lado opositor, el diputado Francisco de Narváez conserva un tercio relevante del grupo América, en sociedad con Manzano-Vila, lo que incluye el canal de TV, una señal de noticias y la radio La Red. José Luis Manzano y Alberto Pierri, son ex funcionarios clave del gobierno de Carlos Menem devenidos luego en importantísimos empresarios de medios. Pero no son los únicos. Y no estamos contando aquí los medios comprados por amigos o a instancias de los gobernadores. La lista sería interminable).

11.- Existen tres tipos de prestadores: públicos, comerciales y comunitarios (NO SE CUMPLE. Como decía una tía abuela muy querida, “ni noticia” del 33% del espectro –otro tema para discutir porque el espectro es necesario también para la Internet móvil de alta velocidad, fundamental para que se escuchen y vean muchos más y mejores medios de los que el broadcasting permite-. Las licencias otorgadas a radiodifusores comunitarios son un puñado (muchas de ellas habían sido pedidas antes de la sanción de la ley) y el mayor problema (sobre el que la ley no dice nada) está en la ausencia de fuentes genuinas de financiamiento, lo que vuelve a esos medios dependientes del Estado, es decir –en Argentina- del gobierno de turno.)

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. (NO SE CUMPLE, y se observa al kirchnerismo muy orgulloso de ello. La Corte Suprema, de manera superficial y meramente declarativa, adhirió a este aspecto olvidado de los “21 puntos” en su fallo de ratificación de la constitucionalidad de la ley audiovisual. Claro, para el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, la cosa es distinta: «Canal 7 es plural»).

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias para entidades sin fines de lucro. (NO SE CUMPLE porque ni siquiera hay “planes técnicos”. Hace unos días escuché a Graciana Peñafort destacar que sí hay plan técnico para la Televisión Digital Terrestre estatal, pero eso no está dentro de la ley de medios sino completamente fuera y si se le aplicara la ley el Estado no podría hacer lo que está haciendo: invitando a privados por decreto a transmitir sin licencia y sin haber participado de concursos por frecuencias a emitir por esa plataforma a más del 80% de la población cuando la ley sólo les permitiría llegar hasta el 35% -otro tope absurdo-).

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. (SE CUMPLE A MEDIAS y Afsca permite que así sea al haber autorizado el uso de producciones estatales para cubrir el cupo de “producción local independiente” que exige la ley de medios).

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia. (NO SE CUMPLE. Emisoras muy importantes, interesantes y destacadas alquilan las frecuencias por donde emiten –por ejemplo, Vorterix-; otras alquilan sus horarios marginales –por ejemplo, allí donde aparecen los pastores brasileños en la trasnoche-; otras alquilan espacios –lo cual está muy bien para la pluralidad de voces pero está prohibid por ley- a productoras que elaboran y comercializan sus propios programas).

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla. (SE CUMPLE, ponele)

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. (SE CUMPLE. Fue la primera –y casi única- prueba de la existencia de la ley de medios: Comienzo de espacio publicitario-Fin de espacio publicitario. Pero dentro del espacio de contenidos hay innumerable cantidad de PNT –publicidad no tradicional- y sería gravísimo para la sustentabilidad de muchos medios que se prohíban, tal como se desprende de la ley. En cuanto a la publicidad de producción nacional (de lo que las “señales internacionales” están exceptuadas, aunque se produzcan y emitan desde Buenos Aires), algunas consecuencias podría tener en el Mercosur.)

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. (NO SE CUMPLE. Mis amigos de DirecTV se van a volver a enojar -ya se enojaron conmigo varias veces-, pero ellos son grandes incumplidores de la letra del artículo con el ok de Afsca, que centra su reclamo por el mismo asunto contra Cablevisión.  Además de obligar a tener un canal de generación propia, la ley prohíbe tener más de uno, lo que está dando lugar a situaciones absurdas como la que ocurre en Tucumán).

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil. (SE CUMPLE, ponele. Aunque por “organizaciones de la sociedad civil” suele considerarse en estos tiempos a sólo una parte de esas entidades, las que son ideológicamente afines).

20.- Se creará la figura de la «Defensoría del público» (SE CUMPLE)

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión  (NO SE CUMPLE ni hay ninguna novedad al respecto. Mientras tanto, en Buenos Aires, hay frecuencias en las que emiten hasta 20 radios).

Para cumplir #leydemedios, cable CCC de Tucumán deberá cerrar dos señales locales

Cuanto más se toca con la realidad, más se deshilacha la ley de medios audiovisuales argentina. En Tucumán, el cable CCC, que tenía tres señales locales -ubicadas en los canales 12,13 y 14 de la grilla- deberá cerrar dos para adecuarse al artículo 45 en el inciso que limita a una sola la cantidad de señales que un cableoperador puede tener (la norma la llama «señal de generación propia»). CCC Compañía de Circuitos Cerrados pertenece al grupo empresario Domínguez, también dueño de una empresa constructora VHA, que suele hacer varias obras públicas en la provincia.

Le pedí a dos colegas de Tucumán que verificaran esta situación, que preocupa a periodistas y productoras de esa ciudad, que podrían verse afectados por el cierre de esas señales (sí, pueden desarecer, como lo haría TN si se separara de Canal 13 -aunque esa es otra historia-) .

Por casos como este, digo que la ley de medios le está quitando fuentes de financiamiento genuinas a la producción de contenidos, especialmente en aquellos lugares donde no hay o no alcanza el mercado publicitario. Si considera que su audiencia le reclama más contenido local, un cableoperador puede destinar recursos del negocio de la distribución (lo que los hogares pagan mensualmente) a producir contenidos. La ley podría haberlos obligado a ello (tal vez, progresivamente, en relación con el tamaño de la plaza en la que operan) en lugar de prohibírselo.

A continuación la respuesta de Federico Türpe, de La Gaceta, uno de los colegas que consulté:

«En Tucumán hay tres compañías de cable en la capital. TCC, la más chica, ATS, que fue comprada hace unos años por Supercanal y CCC, la más grande, que sigue siendo 100% una empresa local. ATS tiene un solo canal de producción propia y CCC tiene tres (12, 13 y 14 en su grilla). De acuerdo a la ley deberá desprenderse de dos. Es muy difícil que alguien quiera comprarlos porque son canales apenas rentables.Los tres tienen programación 100% local y abarcan noticias, deportes, interés general, moda, espectáculos, etc. No sabría decirte cuanta gente emplean esos tres canales pero es mucha, entre técnicos, productoras, agencias de publicidad, periodistas, etc.

«Paradójicamente, mientras el espíritu de la ley es amplificar y proteger ‘lo nuestro’, en Tucumán, y supongo en otras provincias ocurrirá lo mismo, se pone en jaque a señales locales, pero HBO mantiene 42 señales, Fox 30, Discovery 11 y Disney 9.

«Otro dato, DirecTV, que ya tiene el 8% de los abonados de la TV paga en la provincia, no emite ninguna señal local, ni siquiera los dos canales de aire de la provincia. El que tiene DirecTV es sólo de Bs As y señales internacionales.

«Tampoco sabemos qué pasará con los canales de aire. El 8 es de Telefé y dependerá de la adecuación que haga Telefónica. En el 10 el accionista mayoritario es la Universidad Nacional de Tucumán, aunque le ha cedido el control editorial al gobierno, que tiene el 33% de las acciones. Lo gracioso de canal 10 es que es prácticamente una repetidora de canal 13 de Bs As (es una sociedad de muchos años, anterior a la pelea Clarín-Gobierno), pero no transmiten ni noticieros ni programas políticos del 13 como Lanata, y en su lugar son reemplazados por noticieros locales, ultra alperovichistas-kirchneristas y por programas de la TV pública como 678!!! Luego de la pelea con Clarín se volvió un canal ezquizoide, mitad 13 mitad K».

Como se sabe, Tucumán no es un lugar fácil para ejercer el periodismo. Las señales involucradas -de gran diversidad temática- tienen escasos programas de actualidad  o periodísticos. Pero la comunicación audiovisual no es sólo información, también es entretenimiento, recreación cultural y social, y educación. En el Jardín de la República, la ley de medios empezó restando nuevas voces.