#Argentina La pirámide de fomento audiovisual del nuevo gobierno

14 06 2016

El presidente Mauricio Macri anunció el jueves 9 de junio el primer plan de fomento de la industria audiovisual de su gestión: unos $ 400 millones de pesos para el desarrollo y la producción de series de ficción, docu-ficción, animación y webseries durante un año. De esos recursos, el Estado aportará unos $ 200 millones y las empresas privadas otros $ 180 millones en un esquema de cooperación en el que ambos sectores pondrán pantallas para la difusión.

Hoy voy a entrevistar para Conversaciones LN a Ralph Haiek, vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que me adelantó cómo será la estructura de pirámide con la que está pensado el nuevo plan de fomento.

Incaa Uno

Incaa dos

Incaa cinco

Macri hizo este anuncio en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada ante unos 80 productores, directores y actores del sector y junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y de Cultura, Pablo Avelluto. “No serán subsidios sino fomento, y no habrá condicionamientos ideológicos. Queremos darles la oportunidad a nuestros jóvenes en el desarrollo del sistema audiovisual de forma federal”, dijo Macri en el encuentro, del que participaron los actores Luis Brandoni, Oscar Martínez, Esmeralda Mitre y Martín Seefeld.

Según explicaron los ministros, que estuvieron acompañados por la secretaria de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes, y por el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Alejandro Cacetta, el proyecto prevé producir 125 contenidos audiovisuales, que generarán entre 1800 y 2000 empleos directos en todo el país. Esos 125 contenidos serán 63 producciones y 62 proyectos de desarrollo y tendrán diferentes formas de financiamiento público, que irá del 30% al 100% de los presupuestos. Parte del aporte estatal consistirá en la compra de contenidos para las señales oficiales TV Pública Argentina, Encuentro, Paka Paka, DeportTV, Acua Mayor y Acua Federal.

Incaa tres

La iniciativa retoma y coordina la inversión oficial en producción audiovisual que durante el kirchnerismo estuvo dispersa en distintos ámbitos, pero principalmente en el ex Ministerio de Planificación Federal, a cargo del ahora diputado nacional Julio De Vido. “De los planes de fomento del año pasado nos dejaron una deuda de $ 495 millones, de la que ya pagamos con el actual presupuesto $ 267 millones”, recordó Lombardi. “El Estado apoyará la experimentación, aportará pantallas y promoverá el acceso a los mercados internacionales”, aseguró Avelluto. Ricardes agregó que se flexibilizará el plazo que las productoras tenían para comercializar sus obras en el exterior antes de pasar al Banco de Contenidos Audiovisuales Universales Argentino (Bacua) para que puedan tener una mejor internacionalización.

Incaa cuatro





#Argentina Comentario sobre la declaración de académicos acerca de los cambios en las políticas de #comunicación

11 02 2016

Unos cuarenta investigadores de distintas universidades nacionales -algunos de los cuales participaron en la redacción de la ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009- difundieron una declaración sobre las modificaciones introducidas por decreto en la norma audiovisual y en la ley de telecomunicaciones, pomposamente llamada Argentina Digital. En concreto, los académicos pusieron en la mira lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 (que modificó la ley de ministerios) y 267/2015 (que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones).

 

Todos los investigadores que firman la declaración merecen el mayor de los respetos por el rigor y la pertinencia de sus trabajos, por sus trayectorias en el país y en el exterior y, sobre todas las cosas, por su honestidad intelectual en la búsqueda del bien común.

 

Dicho esto, me parece importante contextualizar cada párrafo de la declaración, en la que se expresa “preocupación (…) tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas”, y enumera de manera “sintética” las que se consideran “principales” (destacados aparecen los párrafos de la declaración).

“La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.”

América latina en general, y la Argentina en particular, experimentaron con dramatismo en los últimos 15 años la implicancia que la política de medios/comunicación tiene para la democracia y la libertad de expresión. Las leyes Resorte (y su ampliación al universo digital) en Venezuela y  orgánica de comunicación en Ecuador, son los dos más nítidos ejemplos del retroceso de las libertades y de la concentración de la información en una sola voz (gubernamental). En Argentina, no puede equipararse a ellas la ley de medios -así llamada por el kirchnerismo gobernante los últimos 12 años- pero sí puede decirse que muchas de las prácticas adoptadas por ley, decreto o simplemente de facto en los últimos años -y que bien pueden caracterizarse como “políticas de comunicación”- buscaron crear un monopolio gubernamental y paragubernamental de la comunicación que incluyó la sanción de normas como la ley de medios (en cuyo diseño ya puede encontrarse la razón de su posterior aplicación sesgada y arbitraria), la ley Argentina Digital, la ley antiterrorista, la ley de desarrollo satelital, y la ley de declaración de interés público de la fabricación de pasta de celulosa y papel para diarios; las resoluciones de autorización de las fusiones de Cablevisión y Multicanal -sin la apertura a la competencia con las telefónicas- y del ingreso de Telefónica de España (controlante de Telefónica de Argentina) en Telecom Argentina a través de Telecom Italia; y las medidas administrativas tendientes a fijar el precio del abono de la TV por cable; la millonaria estatización de los derechos de televisación del fúbtol y el uso político de esas emisiones; la distribución arbitraria de la publicidad oficial y su uso para financiar medios adictos; y la manipulación partidaria y facciosa de los medios públicos (en particular Radio y Televisión Argentina SE). A eso deben sumarse acciones de facto, como la prohibición a las empresas de retail de consumo masivo (principalmente los supermercados) para que publiciten en los diarios nacionales de mayor circulación -medida que se conoció como “cepo publicitario”- o la persecución ideológica contra periodistas y dirigentes opositores con campañas de desprestigio orquestadas de manera organizada -y con intervención de organismos de inteligencia- desde el mismo aparato de propaganda gubernamental y paragubernamental. Este fue el contexto de las políticas de comunicación  en la Argentina en los últimos 12 años, con especial énfasis desde 2005 en adelante. Estas prácticas ya habían sido aplicadas a escala local en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, como bien retrató en su momento el periodista ya fallecido Daniel Osvaldo Gatti en su libro El amo del feudo, de 2003.

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#leydemedios: en Mar del Plata, Aldrey Iglesias no vende nada y confirma fracaso del Art. 45

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Poco cambiará en Mar del Plata, donde el español Florencio Aldrey Iglesias, controla cuatro emisoras AM y tres FM, y es accionista del principal cableoperador local, además de controlar otras tres AM (Mendoza, Córdoba y Tandil) y tres FM (Bahía Blanca, Mendoza y Villa Gesell). Aldrey Iglesias también es propietario del diario La Capital de Mar del Plata y del histórico La Prensa, de Buenos Aires. El segundo diario marplantense, El Atlántico, adquirido recientemente al grupo Olmos por Néstor Otero, concesionario de la terminal de Retiro, es impreso en los talleres de La Prensa.

La familia Aldrey, liderada por Florencio y sus hijos, redistribuye sus licencias entre los mismos integrantes de las actuales sociedades y agrega como nuevos titulares a actuales ejecutivos de esas empresas. De hecho, los subdirectores de sus diarios, Marcelo Pasetti (La Capital) y Lauro Laíño (La Prensa), son los únicos nombres nuevos vinculados a la titularidad de frecuencias. Esta redistribución que aparece en el expediente 1089 le permite al Multimedios La Capital conservar todas sus emisoras.

Aldrey Antes y Despues Cronica de la Costa

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#leydemedios: Manzano-Vila, desprolijo, tendrá que hacer más cambios (probablemente cosméticos)

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Bien enredada es la situación del grupo Manzano-Vila, cuyo expediente se apresta a analizar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en breve. Manzano-Vila, que aunque comercialmente se presenta como grupo Uno Medios, no tiene unidad corporativa y sus múltiples empresas figuran en cabezas de distintos accionistas. El dictamen que aprobará Afsca el lunes próximo (si se confirma la reunión convocada todavía informalmente) sobre la presentación hecha por Manzano, Daniel Vila y su hermano Alfredo deja expuestas múltiples irregularidades del grupo en la operación de sus medios y, consecuentemente, exigirá varias modificaciones, lo que no impedirá su aprobación.

Entre otras cosas, los hermanos no podrán tener más del 1% de las acciones de Supercanal SA cuando se ejecute la homologación de su concurso de acreedores (dictada en 2011), algo que el juez interviniente supeditó a la presentación de garantías (por al menos US$ 35 millones) que aseguren a los acreedores el pago de la deuda y que se remita previamente la actuación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Según el abogado experto en radiodifusión Alejandro Pereyra “la condición del cierre del concurso no está en la parte resolutiva de los dictámenes sujetos a aprobación del directorio y por lo tanto se estaría inmiscuyendo la Afsca en las decisiones de la Justicia”, dado que el organismo estaría decidiendo el destino de activos cuyos dueños son aún inciertos. De manera llamativa, al citar una medida cautelar que impide a la Afsca decidir sobre las licencias de Supercanal, el mismo dictamen sólo menciona las iniciales de los nombres de las partes en ese litigio: juicio 152089 “V,AF c/VSDE y Otro p/ordinario S/medida cautelar”, que se tramita en el Juzgado Civil, Comercial y Minas N°9 de Mendoza.
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#leydemedios: @Grupo_Clarin tendrá más plazo (que Manzano-Vila) para informar eventuales nuevos titulares

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

La ley de servicios de comunicación audiovisual podría cerrar este lunes un nuevo capítulo de su accidentada historia pero sin producir aún ninguna transformación concreta en el mapa de medios de la Argentina: la mayoría oficialista del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se apresta a declarar admisibles sin cambios el plan de adecuación a la norma presentado por el grupo Clarín, que además tendrá más tiempo que otros grupos para llevar a la práctica esa propuesta.

También aprobará, pero con algunas exigencias, el plan propuesto por Manzano-Vila, el segundo grupo de medios del país, cuya adecuación completa podría quedar suspendida para el caso de su principal empresa, la cableoperadora Supercanal, hasta que se efectivice la homologación de su concurso de acreedores iniciado el 19 de abril de 2000, hace 15 años, y se resuelva una medida cautelar dictada en un misterioso juicio que impide al Afsca innovar sobre las licencias.

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Los cables pyme fueron al Congreso y pidieron una reforma de la #leydemedios

15 09 2013

La Cámara Argentina de Cable-Operadores Pymes (Cacpy) fue recibida el jueves 12 de septiembre de 2013 por la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí expuso sobre la problemática de los cableoperadores pymes (la Cacpy, con sede central en Rosario, representa mayormente a pymes de Santa Fe y Córdoba), criticó la “competencia desleal de las cooperativas del interior” y del operador satelital DirecTV y pidió “una reforma a la ley de servicios de comunicación audiovisual” que incorpore un capítulo específico para su sector.

La Cacpy se creó en 2010 y agrupa a 600 operadores, todos de “capital nacional y arraigo local” –según afirman en su página web–. Genera unas 2400 horas diarias de producción local y para este año proyectaban inversiones “de más $ 300 millones la para renovación de redes y la incorporación de nuevos servicios como Internet y alta definición”.

La cámara, creada después de la sanción de la ley de medios –en cuya redacción participaron varios de sus actuales integrantes–, se ha mostrado cercana a la administración Kirchner, en especial al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno (con quien se comprometieron a mantener estable el precio del abono), y al presidente de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella.
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Grupo Cristóbal López “ratifica y reafirma su permanente cumplimiento” de la #leydemedios

5 03 2013

Comunicado de Grupo Cristóbal López


Por medio de la presente, South Media Investments S.A., una empresa perteneciente a Grupo Indalo, informa en relación a la adquisición de medios audiovisuales del Grupo Hadad:

1) El día 12 de abril de 2012, Grupo Indalo suscribió un contrato de compraventa con Gerardo Daniel Hadad y Viviana Mabel Zocco para adquirir en forma directa o indirecta, sujeto a la aprobación de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), acciones de las sociedades titulares de las licencias: Radio 10 AM 710, Mega FM 98.3, Pop FM 101.5, TKM FM 103.7 y Vale FM 97.5.

2) El día 06 de Septiembre de 2012 Gerardo Daniel Hadad y Viviana Mabel Zocco formalizaron las presentaciones al AFSCA, notificando la venta de las acciones a Grupo Indalo “ad referéndum” de la autorización del mencionado organismo, por encontrarse en situación de multiplicidad de licencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, solicitando la aplicación del artículo 161 de la mencionada Ley que habilita la desinversión de licencias para su adecuación.

3) Consecuentemente, en cumplimiento de la Ley, el día 06 de noviembre de 2012 Grupo Indalo presentó al AFSCA su propuesta de plan de adecuación para encuadrarse dentro de los límites establecidos por la norma, cumpliendo estrictamente las condiciones de admisibilidad requeridas por ley. Es importante destacar que no todos los titulares de licencias de medios de comunicación audiovisual se han sometido al régimen legal aplicable.

4) En el día de la fecha, hemos tomado conocimiento de la aprobación por parte del AFSCA del plan de adecuación presentado por Grupo Indalo, disponiendo de un plazo de hasta 180 días para concretar el encuadramiento legal definitivo.

Una vez más Grupo Indalo ratifica y reafirma su permanente cumplimiento de las normas vigentes y el fuerte compromiso con su personal, nuestro país y el desarrollo económico y social de las regiones donde trabajamos.

Carlos Fabián De Sousa
Presidente
South Media Investments S.A.
Grupo Indalo