#Argentina La pirámide de fomento audiovisual del nuevo gobierno

El presidente Mauricio Macri anunció el jueves 9 de junio el primer plan de fomento de la industria audiovisual de su gestión: unos $ 400 millones de pesos para el desarrollo y la producción de series de ficción, docu-ficción, animación y webseries durante un año. De esos recursos, el Estado aportará unos $ 200 millones y las empresas privadas otros $ 180 millones en un esquema de cooperación en el que ambos sectores pondrán pantallas para la difusión.

Hoy voy a entrevistar para Conversaciones LN a Ralph Haiek, vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que me adelantó cómo será la estructura de pirámide con la que está pensado el nuevo plan de fomento.

Macri hizo este anuncio en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada ante unos 80 productores, directores y actores del sector y junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y de Cultura, Pablo Avelluto. «No serán subsidios sino fomento, y no habrá condicionamientos ideológicos. Queremos darles la oportunidad a nuestros jóvenes en el desarrollo del sistema audiovisual de forma federal», dijo Macri en el encuentro, del que participaron los actores Luis Brandoni, Oscar Martínez, Esmeralda Mitre y Martín Seefeld.

Según explicaron los ministros, que estuvieron acompañados por la secretaria de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes, y por el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Alejandro Cacetta, el proyecto prevé producir 125 contenidos audiovisuales, que generarán entre 1800 y 2000 empleos directos en todo el país. Esos 125 contenidos serán 63 producciones y 62 proyectos de desarrollo y tendrán diferentes formas de financiamiento público, que irá del 30% al 100% de los presupuestos. Parte del aporte estatal consistirá en la compra de contenidos para las señales oficiales TV Pública Argentina, Encuentro, Paka Paka, DeportTV, Acua Mayor y Acua Federal.

La iniciativa retoma y coordina la inversión oficial en producción audiovisual que durante el kirchnerismo estuvo dispersa en distintos ámbitos, pero principalmente en el ex Ministerio de Planificación Federal, a cargo del ahora diputado nacional Julio De Vido. «De los planes de fomento del año pasado nos dejaron una deuda de $ 495 millones, de la que ya pagamos con el actual presupuesto $ 267 millones», recordó Lombardi. «El Estado apoyará la experimentación, aportará pantallas y promoverá el acceso a los mercados internacionales», aseguró Avelluto. Ricardes agregó que se flexibilizará el plazo que las productoras tenían para comercializar sus obras en el exterior antes de pasar al Banco de Contenidos Audiovisuales Universales Argentino (Bacua) para que puedan tener una mejor internacionalización.

El proyecto se concretará a través del Concurso Federal de Fomento a la Producción Audiovisual de TV y Otros Medios, que estará a cargo del Incaa, y del Concurso Federal Audiovisual de Formatos Preestablecidos para casas productoras de todo el país: siete contenidos, siete productoras y siete regiones», que estará a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Las bases y condiciones de ambos concursos se publicarán el lunes en las páginas web de ambos organismos.

#Argentina Comentario sobre la declaración de académicos acerca de los cambios en las políticas de #comunicación

Unos cuarenta investigadores de distintas universidades nacionales -algunos de los cuales participaron en la redacción de la ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009- difundieron una declaración sobre las modificaciones introducidas por decreto en la norma audiovisual y en la ley de telecomunicaciones, pomposamente llamada Argentina Digital. En concreto, los académicos pusieron en la mira lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 (que modificó la ley de ministerios) y 267/2015 (que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones).

 

Todos los investigadores que firman la declaración merecen el mayor de los respetos por el rigor y la pertinencia de sus trabajos, por sus trayectorias en el país y en el exterior y, sobre todas las cosas, por su honestidad intelectual en la búsqueda del bien común.

 

Dicho esto, me parece importante contextualizar cada párrafo de la declaración, en la que se expresa “preocupación (…) tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas”, y enumera de manera “sintética” las que se consideran “principales” (destacados aparecen los párrafos de la declaración).

“La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.”

América latina en general, y la Argentina en particular, experimentaron con dramatismo en los últimos 15 años la implicancia que la política de medios/comunicación tiene para la democracia y la libertad de expresión. Las leyes Resorte (y su ampliación al universo digital) en Venezuela y  orgánica de comunicación en Ecuador, son los dos más nítidos ejemplos del retroceso de las libertades y de la concentración de la información en una sola voz (gubernamental). En Argentina, no puede equipararse a ellas la ley de medios -así llamada por el kirchnerismo gobernante los últimos 12 años- pero sí puede decirse que muchas de las prácticas adoptadas por ley, decreto o simplemente de facto en los últimos años -y que bien pueden caracterizarse como “políticas de comunicación”- buscaron crear un monopolio gubernamental y paragubernamental de la comunicación que incluyó la sanción de normas como la ley de medios (en cuyo diseño ya puede encontrarse la razón de su posterior aplicación sesgada y arbitraria), la ley Argentina Digital, la ley antiterrorista, la ley de desarrollo satelital, y la ley de declaración de interés público de la fabricación de pasta de celulosa y papel para diarios; las resoluciones de autorización de las fusiones de Cablevisión y Multicanal -sin la apertura a la competencia con las telefónicas- y del ingreso de Telefónica de España (controlante de Telefónica de Argentina) en Telecom Argentina a través de Telecom Italia; y las medidas administrativas tendientes a fijar el precio del abono de la TV por cable; la millonaria estatización de los derechos de televisación del fúbtol y el uso político de esas emisiones; la distribución arbitraria de la publicidad oficial y su uso para financiar medios adictos; y la manipulación partidaria y facciosa de los medios públicos (en particular Radio y Televisión Argentina SE). A eso deben sumarse acciones de facto, como la prohibición a las empresas de retail de consumo masivo (principalmente los supermercados) para que publiciten en los diarios nacionales de mayor circulación -medida que se conoció como “cepo publicitario”- o la persecución ideológica contra periodistas y dirigentes opositores con campañas de desprestigio orquestadas de manera organizada -y con intervención de organismos de inteligencia- desde el mismo aparato de propaganda gubernamental y paragubernamental. Este fue el contexto de las políticas de comunicación  en la Argentina en los últimos 12 años, con especial énfasis desde 2005 en adelante. Estas prácticas ya habían sido aplicadas a escala local en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, como bien retrató en su momento el periodista ya fallecido Daniel Osvaldo Gatti en su libro El amo del feudo, de 2003.

#leydemedios: en Mar del Plata, Aldrey Iglesias no vende nada y confirma fracaso del Art. 45

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Poco cambiará en Mar del Plata, donde el español Florencio Aldrey Iglesias, controla cuatro emisoras AM y tres FM, y es accionista del principal cableoperador local, además de controlar otras tres AM (Mendoza, Córdoba y Tandil) y tres FM (Bahía Blanca, Mendoza y Villa Gesell). Aldrey Iglesias también es propietario del diario La Capital de Mar del Plata y del histórico La Prensa, de Buenos Aires. El segundo diario marplantense, El Atlántico, adquirido recientemente al grupo Olmos por Néstor Otero, concesionario de la terminal de Retiro, es impreso en los talleres de La Prensa.

La familia Aldrey, liderada por Florencio y sus hijos, redistribuye sus licencias entre los mismos integrantes de las actuales sociedades y agrega como nuevos titulares a actuales ejecutivos de esas empresas. De hecho, los subdirectores de sus diarios, Marcelo Pasetti (La Capital) y Lauro Laíño (La Prensa), son los únicos nombres nuevos vinculados a la titularidad de frecuencias. Esta redistribución que aparece en el expediente 1089 le permite al Multimedios La Capital conservar todas sus emisoras.

#leydemedios: Manzano-Vila, desprolijo, tendrá que hacer más cambios (probablemente cosméticos)

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Bien enredada es la situación del grupo Manzano-Vila, cuyo expediente se apresta a analizar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en breve. Manzano-Vila, que aunque comercialmente se presenta como grupo Uno Medios, no tiene unidad corporativa y sus múltiples empresas figuran en cabezas de distintos accionistas. El dictamen que aprobará Afsca el lunes próximo (si se confirma la reunión convocada todavía informalmente) sobre la presentación hecha por Manzano, Daniel Vila y su hermano Alfredo deja expuestas múltiples irregularidades del grupo en la operación de sus medios y, consecuentemente, exigirá varias modificaciones, lo que no impedirá su aprobación.

Entre otras cosas, los hermanos no podrán tener más del 1% de las acciones de Supercanal SA cuando se ejecute la homologación de su concurso de acreedores (dictada en 2011), algo que el juez interviniente supeditó a la presentación de garantías (por al menos US$ 35 millones) que aseguren a los acreedores el pago de la deuda y que se remita previamente la actuación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Según el abogado experto en radiodifusión Alejandro Pereyra “la condición del cierre del concurso no está en la parte resolutiva de los dictámenes sujetos a aprobación del directorio y por lo tanto se estaría inmiscuyendo la Afsca en las decisiones de la Justicia”, dado que el organismo estaría decidiendo el destino de activos cuyos dueños son aún inciertos. De manera llamativa, al citar una medida cautelar que impide a la Afsca decidir sobre las licencias de Supercanal, el mismo dictamen sólo menciona las iniciales de los nombres de las partes en ese litigio: juicio 152089 «V,AF c/VSDE y Otro p/ordinario S/medida cautelar», que se tramita en el Juzgado Civil, Comercial y Minas N°9 de Mendoza.

#leydemedios: @Grupo_Clarin tendrá más plazo (que Manzano-Vila) para informar eventuales nuevos titulares

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

La ley de servicios de comunicación audiovisual podría cerrar este lunes un nuevo capítulo de su accidentada historia pero sin producir aún ninguna transformación concreta en el mapa de medios de la Argentina: la mayoría oficialista del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se apresta a declarar admisibles sin cambios el plan de adecuación a la norma presentado por el grupo Clarín, que además tendrá más tiempo que otros grupos para llevar a la práctica esa propuesta.

También aprobará, pero con algunas exigencias, el plan propuesto por Manzano-Vila, el segundo grupo de medios del país, cuya adecuación completa podría quedar suspendida para el caso de su principal empresa, la cableoperadora Supercanal, hasta que se efectivice la homologación de su concurso de acreedores iniciado el 19 de abril de 2000, hace 15 años, y se resuelva una medida cautelar dictada en un misterioso juicio que impide al Afsca innovar sobre las licencias.

Los cables pyme fueron al Congreso y pidieron una reforma de la #leydemedios

La Cámara Argentina de Cable-Operadores Pymes (Cacpy) fue recibida el jueves 12 de septiembre de 2013 por la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí expuso sobre la problemática de los cableoperadores pymes (la Cacpy, con sede central en Rosario, representa mayormente a pymes de Santa Fe y Córdoba), criticó la “competencia desleal de las cooperativas del interior” y del operador satelital DirecTV y pidió “una reforma a la ley de servicios de comunicación audiovisual” que incorpore un capítulo específico para su sector.

La Cacpy se creó en 2010 y agrupa a 600 operadores, todos de “capital nacional y arraigo local” –según afirman en su página web–. Genera unas 2400 horas diarias de producción local y para este año proyectaban inversiones “de más $ 300 millones la para renovación de redes y la incorporación de nuevos servicios como Internet y alta definición”.

La cámara, creada después de la sanción de la ley de medios –en cuya redacción participaron varios de sus actuales integrantes–, se ha mostrado cercana a la administración Kirchner, en especial al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno (con quien se comprometieron a mantener estable el precio del abono), y al presidente de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella.

Grupo Cristóbal López «ratifica y reafirma su permanente cumplimiento» de la #leydemedios

Comunicado de Grupo Cristóbal López

Por medio de la presente, South Media Investments S.A., una empresa perteneciente a Grupo Indalo, informa en relación a la adquisición de medios audiovisuales del Grupo Hadad:

1) El día 12 de abril de 2012, Grupo Indalo suscribió un contrato de compraventa con Gerardo Daniel Hadad y Viviana Mabel Zocco para adquirir en forma directa o indirecta, sujeto a la aprobación de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), acciones de las sociedades titulares de las licencias: Radio 10 AM 710, Mega FM 98.3, Pop FM 101.5, TKM FM 103.7 y Vale FM 97.5.

2) El día 06 de Septiembre de 2012 Gerardo Daniel Hadad y Viviana Mabel Zocco formalizaron las presentaciones al AFSCA, notificando la venta de las acciones a Grupo Indalo “ad referéndum” de la autorización del mencionado organismo, por encontrarse en situación de multiplicidad de licencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, solicitando la aplicación del artículo 161 de la mencionada Ley que habilita la desinversión de licencias para su adecuación.

3) Consecuentemente, en cumplimiento de la Ley, el día 06 de noviembre de 2012 Grupo Indalo presentó al AFSCA su propuesta de plan de adecuación para encuadrarse dentro de los límites establecidos por la norma, cumpliendo estrictamente las condiciones de admisibilidad requeridas por ley. Es importante destacar que no todos los titulares de licencias de medios de comunicación audiovisual se han sometido al régimen legal aplicable.

4) En el día de la fecha, hemos tomado conocimiento de la aprobación por parte del AFSCA del plan de adecuación presentado por Grupo Indalo, disponiendo de un plazo de hasta 180 días para concretar el encuadramiento legal definitivo.

Una vez más Grupo Indalo ratifica y reafirma su permanente cumplimiento de las normas vigentes y el fuerte compromiso con su personal, nuestro país y el desarrollo económico y social de las regiones donde trabajamos.

Carlos Fabián De Sousa
Presidente
South Media Investments S.A.
Grupo Indalo

#leydemedios: Cynthia Ottaviano tendrá $ 40,4 millones para defender al público de los medios

La defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, Cynthia Ottaviano (ex productora periodística de Telenoche Investiga (Grupo Clarín), programa con el cual ganó varios premios), tendrá $40,4 millones para ejercer su función, creada por la ley de medios en 2009.

Aunque la defensoría del público depende de la comisión bicameral ad hoc creada también por esa norma, los fondos asignados a Ottaviano -cuya tarea era remunerada hasta ahora por fondos administrados por el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi- fueron restados del presupuesto de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Así lo informó el Centro de Estudios de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (Asap) que analizó varias reasignaciones de recursos publicadas en el Boletín Oficial. A continuación, la síntesis de ese relevamiento:

El pasado viernes 22 de febrero fue publicada en el Boletín Oficial una Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros, por medio de la cual se modificó la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013. Se trata de la Decisión Administrativa N° 10/13, que aprobó un refuerzo de $ 29,5 millones en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital del Poder Legislativo, y de $ 10,9 millones en sus aplicaciones financieras (disponibilidades en caja y bancos), compensando ambos incrementos mediante una reducción de $ 40,4 millones en las aplicaciones financieras de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo descentralizado en la órbita de la Presidencia de la Nación.

De acuerdo a los fundamentos, la medida se dicta con la finalidad de incorporar en forma transitoria los créditos, recursos financieros y humanos correspondientes a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por el artículo 19 de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta que la misma cuente con Servicio Administrativo Financiero propio. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo dependiente del Poder Legislativo, cuyo titular es designado por resolución conjunta de ambas Cámaras, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.

Argentina tendrá 37 millones de usuarios móviles para 2017 (pero la calidad de conexión crecerá menos que en la región)

En Argentina habrá 37 millones de usuarios móviles en 2017 (frente a 33 millones en 2012), y la velocidad media de conexión móvil crecerá 11 veces desde 2012 hasta 2017, llegando a 1,7 Mbps en 2017 en nuestro país, destacó Mariano O’Kon, director de Ingeniería, Colaboración y Borderless Networks, de Cisco para Latinoamérica y el Caribe durante la presentación local del Índice de Red Visual de Cisco, que proyecta crecimiento de trece veces en el Tráfico de Datos de Internet Móvil Global entre los años 2012-2017. El PDF de la presentación que dio O’Kon puede verse aquí.

América latina tendrá una tasa de crecimiento del 67% (13.2 veces) -es decir, la calidad de conectividad en Argentina sigue creciendo menos que el promedio de la región). Para 2017, casi la mitad de todo el tráfico celular será descargado; se espera que 4G soporte casi el 10% de todas las conexiones móviles para 2017 en la región.

De acuerdo con el pronóstico del Índice de Red Visual de Cisco (VNI) para el Tráfico de Datos Móviles Global entre los años 2012 y 2017 (Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast for 2012 to 2017), el tráfico de datos móviles a nivel mundial crecerá 13 veces en los próximos cinco años, alcanzando 11.2 exabytes por mes (ó una tasa anual de 134 exabytes) para 2017.

El esperado aumento en el tráfico móvil es debido, en parte, al fuerte crecimiento continuo del número de conexiones de Internet Móvil (dispositivos personales y aplicaciones de máquina a máquina M2M, que excederá el número de personas en la tierra (se estima que la población mundial para 2017 será de 7600 millones de acuerdo con las Naciones Unidas).

El pronóstico de tasa anual de 134 exabytes del tráfico de datos móviles es el equivalente a:
134 veces más que todo el tráfico de Protocolo de Internet (IP) ( fijo y móvil) generado en 2000
30 trillones de imágenes (por ej. MMS ó Instagram) — 10 imágenes diarias, de cada persona en la tierra, para todo un año 3 trillones de video clips, (por ej. YouTube) -un video clip diario, de cada persona en la tierra, en todo un año. Un exabyte es una unidad de información o de almacenamiento de computo igual a un quintillón de bytes.

El aumento proyectado de tráfico de datos móviles global entre 2012 y 2017 representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 66%. La creciente cantidad de tráfico que se agrega a Internet móvil sólo entre 2016 y 2017 es de 3.7 exabytes por mes, que es más que 4 veces mayor que el tamaño estimado de toda la Internet móvil en 2012 (884 petabytes por mes).

Durante el período de pronóstico entre 2012 y 2017, Cisco anticipa que el tráfico de datos móviles global superará al tráfico de datos fijos global en tres veces. Las siguientes tendencias están impulsando el crecimiento del tráfico de datos móviles global:

1. Más usuarios móviles: Para 2017, habrá 5.200 millones de usuarios móviles (de 4.300 en 2012).

2. Más conexiones móviles: Para 2017, habrá más de 10.000 millones de dispositivos/ conexiones móviles, incluyendo más de 1.700 millones de conexiones de máquina a máquina (M2M) (de un total de 7.000 millones de dispositivos móviles y conexiones M2M en el año 2012).

3. Velocidades móviles más veloces: Las velocidades promedio de red móvil global aumentarán 7 veces de 2012 (0.5 Mbps) a 2017 (3.9 Mbps).

4. Más videos móviles: Para 2017, el video móvil representará el 66% del tráfico de datos móvil (del 51% en 2012).

Sobre la #leydemedios, larga explicación para periodistas

Hace unos días envié al Foro de Periodismo Argentino (Fopea) –al que orgullosamente pertenezco- el texto que sigue a continuación. Se trata de una explicación extensa (escrita a última hora, después de un cierre trabajoso) y poco estructurada acerca de lo que a mi entender está ocurriendo en el debate público sobre la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Aquí lo comparto a pedido de algún amigo.

A la ley de medios no sólo hay que leerla, también hay que entenderla y ponerla en contexto. Y sobre todo, hay que salir del debate chiquito que se propone «¿Qué va a pasar el 7D?» para ir a uno más grande, más amplio y de cara al futuro (pero no el futuro del mes próximo, sino el de los próximos cinco a diez años).

Para mí, el tema es mucho más amplio, tiene que ver directamente con la libertad de expresión y no solamente con cuestiones patrimoniales de algunas empresas. Tiene que ver con la convergencia digital y el futuro de la comunicación. Y tiene que ver con el periodismo que no hacemos por no entender y centrarnos sólo en la pelea de un Gobierno contra una empresa o de una empresa contra un gobierno, como fuere.

Este texto va a ser largo. Pero me parece importante señalar algunas cuestiones básicas (procurando que sean más hechos que opiniones, aunque eso es sólo una intención).

Nos confunden cuando hablan de licencias y las equiparan a medios, y peor cuando se mezclan las frecuencias: las licencias son permisos administrativos necesarios para contar con medios audiovisuales, en general están vinculadas a frecuencias (un «espacio» en el espectro radioeléctrico por el cual el medio emitirá si es que requiere espectro, como la TV abierta, las AM y las FM).

Clarín no tiene 300 medios, ni 300 frecuencias, tiene 300 licencias, de las cuales más de 260 –y estoy citando de memoria- son licencias de cable (que no ocupa espectro como su nombre lo indica). Una licencia de cable por localidad (a veces dos, fruto de aquella fusión aprobada por Néstor Kirchner). Además, cable es distribución; medios (canales de TV, radio y señales de TV paga) refiere a contenidos. En el mundo, las restricciones a la cantidad de licencias se aplican al espectro que es limitado y es considerado propiedad del Estado (como los ríos, el mar o el espacio aéreo), no al cable (porque el único límite a la instalación de cables es la barrera económica para hacerlo; no hay impedimentos naturales o físicos)

Si hablamos de medios, Telefé tiene más canales de TV abierta (9) que Clarín (4), y Moneta-Garfunkel tiene más radios (8 o 9, quién sabe bien, contra cinco o seis de Clarín, entre las que destacan Radio Mitre, Radio Mitre Córdoba y La 100). Si hablamos de señales de TV paga, los programadores oligopólicos son Fox, Turner y Disney (a los que no se les aplica si quiera cuotas relevantes de contenido nacional: apenas deben destinar el 0,5% de la facturación total anual a comprar contenido nacional pero sólo aquellos que emitan cine en más del 50% de sus programas).

Y, finalmente, si hablamos de uso de espectro, en el área metropolitana de Buenos Aires el que más espectro de TV -por ejemplo- tiene asignado es Telecentro (y ahí cerca, Antina). Ese espectro es usado para dar TV paga inalámbrica. Mientras Clarín tiene un canal (13) y Telefe tiene otro (11), Telecentro (Alberto Pierri, ex presidente de la Cámara de Diputados en los 90), tiene 1 (el 26, que usa para su señal abierta –algo que pocos saben- Canal 26, y 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 y 69, para su servicio pago).

El espectro en radio está colapsado completamente y Afsca no ha demostrado tener un plan técnico (que debería confeccionar junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). ¿Cómo se va a cumplir el 33% del espectro para entidades sin fines de lucro si en el área metropolitana no entra ni un alfiler en el espectro?

A juzgar por el tratamiento que recibe, por ejemplo Radio Cooperativa (una radio completamente ilegal, que usurpa una frecuencia que es canal libre internacional y que consiguió cuando a la radio que la usaba –también floja de papeles- se «le cayó» la antena…) no parece que haya intención de cambiar ese contexto en el corto plazo. No hubo en ese sentido ninguna medida. En esa radio (por citar sólo un caso -podría escribirse un libro sobre este tema-) la agencia estatal Télam tuvo un programa durante años y aún es responsable del espacio agropecuario. Aclaro: Radio Cooperativa NO ES una cooperativa.

En la ley de medios también hay cuestiones de mercado que no fueron contempladas durante el proceso de debate de la norma, aunque ya se señalaban en ese momento. ¿Por qué no se habló más del concurso que durante más de un año prometió 220 nuevos canales de TV? Porque sólo había 50 interesados para 220 canales, 14 de los cuales (si no recuerdo mal) iban a estar en Buenos Aires. Es habitual escuchar a los canales actuales decir que no es rentable la TV abierta (con sólo cinco canales) y si se analizan los números de pauta oficial (que marcan una fuerte inversión estatal en varios de ellos) podrían tener razón.