#Argentina Comentario sobre la declaración de académicos acerca de los cambios en las políticas de #comunicación

11 02 2016

Unos cuarenta investigadores de distintas universidades nacionales -algunos de los cuales participaron en la redacción de la ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009- difundieron una declaración sobre las modificaciones introducidas por decreto en la norma audiovisual y en la ley de telecomunicaciones, pomposamente llamada Argentina Digital. En concreto, los académicos pusieron en la mira lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 (que modificó la ley de ministerios) y 267/2015 (que modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones).

 

Todos los investigadores que firman la declaración merecen el mayor de los respetos por el rigor y la pertinencia de sus trabajos, por sus trayectorias en el país y en el exterior y, sobre todas las cosas, por su honestidad intelectual en la búsqueda del bien común.

 

Dicho esto, me parece importante contextualizar cada párrafo de la declaración, en la que se expresa “preocupación (…) tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas”, y enumera de manera “sintética” las que se consideran “principales” (destacados aparecen los párrafos de la declaración).

“La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.”

América latina en general, y la Argentina en particular, experimentaron con dramatismo en los últimos 15 años la implicancia que la política de medios/comunicación tiene para la democracia y la libertad de expresión. Las leyes Resorte (y su ampliación al universo digital) en Venezuela y  orgánica de comunicación en Ecuador, son los dos más nítidos ejemplos del retroceso de las libertades y de la concentración de la información en una sola voz (gubernamental). En Argentina, no puede equipararse a ellas la ley de medios -así llamada por el kirchnerismo gobernante los últimos 12 años- pero sí puede decirse que muchas de las prácticas adoptadas por ley, decreto o simplemente de facto en los últimos años -y que bien pueden caracterizarse como “políticas de comunicación”- buscaron crear un monopolio gubernamental y paragubernamental de la comunicación que incluyó la sanción de normas como la ley de medios (en cuyo diseño ya puede encontrarse la razón de su posterior aplicación sesgada y arbitraria), la ley Argentina Digital, la ley antiterrorista, la ley de desarrollo satelital, y la ley de declaración de interés público de la fabricación de pasta de celulosa y papel para diarios; las resoluciones de autorización de las fusiones de Cablevisión y Multicanal -sin la apertura a la competencia con las telefónicas- y del ingreso de Telefónica de España (controlante de Telefónica de Argentina) en Telecom Argentina a través de Telecom Italia; y las medidas administrativas tendientes a fijar el precio del abono de la TV por cable; la millonaria estatización de los derechos de televisación del fúbtol y el uso político de esas emisiones; la distribución arbitraria de la publicidad oficial y su uso para financiar medios adictos; y la manipulación partidaria y facciosa de los medios públicos (en particular Radio y Televisión Argentina SE). A eso deben sumarse acciones de facto, como la prohibición a las empresas de retail de consumo masivo (principalmente los supermercados) para que publiciten en los diarios nacionales de mayor circulación -medida que se conoció como “cepo publicitario”- o la persecución ideológica contra periodistas y dirigentes opositores con campañas de desprestigio orquestadas de manera organizada -y con intervención de organismos de inteligencia- desde el mismo aparato de propaganda gubernamental y paragubernamental. Este fue el contexto de las políticas de comunicación  en la Argentina en los últimos 12 años, con especial énfasis desde 2005 en adelante. Estas prácticas ya habían sido aplicadas a escala local en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, como bien retrató en su momento el periodista ya fallecido Daniel Osvaldo Gatti en su libro El amo del feudo, de 2003.

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#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

5 09 2015

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

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#leydemedios: la desmentida de la desmentida de la @afscadigital sobre el caso Clarín

15 04 2014

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por medio de su director de Imagen y Comunicación, Fernando Torrillate, distribuyó ayer un texto titulado La Afsca desmintió dos artículos publicados hoy en La Nación, en referencia a las notas publicadas por Carlos Pagni y por mi. El texto fue amplificado primero por la agencia Télam y consecuentemente reproducido por medios de todo el país (como el diario Tiempo Argentino, que tituló Nueva desmentida de la Afsca a La Nación).

[Aprovecho la oportunidad para insistirle a Torrillate con el pedido que ya le he hecho en decenas de veces, en privado y en público, desde noviembre de 2012: ¿Podrá Martín Sabbatella darme una entrevista como la que le concedió a tantos periodistas desde que asumió? No quisiera pensar que le tiene miedo a las preguntas.]

Volviendo al tema, la desmentida que propone el texto de Torrillate está lejos de ese concepto, al menos en la segunda acepción del diccionario español: “Sostener o demostrar la falsedad de un dicho o hecho”

Tras dedicar el primer párrafo de su “desmentida” a agredir a quienes escribimos en La Nación y al diario mismo, Torrillate enumero lo que para él fueron “falsedades”. Primero se ocupó de la nota de Pagni, La Presidenta busca atajos para avanzar sobre la Justicia y los medios, y luego me atacó a mi y de esto último me ocupo en este post, párrafo por párrafo.

En lo que refiere a la nota que firmé en La Nación el 14 de abril, titulada El Gobierno amenaza con reactivar la pelea con Clarín, Torrillate sostiene:

– “En primer lugar, no hay ninguna amenaza; es una obligación de la AFSCA regularizar el mercado de medios, para que todas las empresas estén enmarcadas a los límites establecidos en la ley. Si un licenciatario se niega a hacerlo en forma voluntaria, el Estado lo hará de oficio; del mismo modo que si un automovilista se niega a retirar voluntariamente su coche estacionado en el medio de una ruta, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo”.

Hasta aquí Torrillate no desmiente nada, en todo caso no le gustó el verbo “amenazar” que en el título tiene el sentido de sus sinónimos “apercibir”, “amagar” o “advertir”. Para el kirchnerismo (al que Sabbatella llegó tardíamente, porque en las elecciones legislativas de 2009 enfrentó a Néstor Kirchner y le restó el puñado de votos con los que hubiera podido vencer a Francisco De Narváez), gobernar es editar los diarios. En lugar de trabajar sobre la realidad, prefiere hacerlo sobre la narración de la realidad.

– Sigue Torrillate: “Crettaz, al que le sobran adjetivos para intentar descalificar a Sabbatella o al periodista Víctor Hugo Morales, se queda corto de opiniones cuando se trata de analizar las denuncias hechas por el socio de Clarín, David Martínez, respecto de una posible maniobra ilegal pergeñada en las oficinas de Héctor Magnetto”

– Puede ser que me quede corto, pero Martínez (que está citado en mi nota que a su vez remite a un extenso reportaje publicado el día anterior en Perfil) en ningún momento advierte sobre “una posible maniobra ilegal”, más bien se cuida de utilizar esos términos (como Clarín también se cuida de calificar a Martínez, ambos en definitiva son socios).  Ahora bien, retomando la forma argumental de Torrillate, yo podría decir que la Afsca se queda corta al omitir, ignorar o tolerar que David Martínez siga conservando su 40% de Cablevisión tras haber tomado control de la mayoría accionaria de Telecom Argentina, una empresa de servicios públicos, algo expresamente prohibido por la ley de medios audiovisuales en sus artículos 24 y 25. No es la única empresa de servicios públicos en la que Fintech tiene acciones (también tiene una participación relevante en la distribuidora de gas Emgasud, ahora rebautizada Genneia). El fondo de Martínez, que ya tomó control de Telecom, espera el OK de varios organismos públicos argentinos sobre esa compra. Ahí estaría la clave de su reclamo público contra Clarín.

Claro, todo esto sin considerar que, además, Martínez es mexicano y podría ser alcanzado al menos por el espíritu de los incisos b y c de los ya citados artículos 24 y 25 que impiden a empresas e individuos extranjeros acceder al control de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Finalmente, es por lo menos curiosa la relación que Sabbatella y sus funcionarios tienen con Martínez, a quien reciben con frecuencia. No es raro si se tiene en cuenta que Martínez también se reúne con asiduidad con el jefe informal del ex intendente de Morón, Carlos Zaninni (secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación), quien atiende del mexicano consejos vinculados a la estrategia argentina en la pelea judicial contra los fondos buitres en Estados Unidos: Martínez, y su fondo Fintech, es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda pública argentina renegociada. Martínez se jacta de “comprar barato” y “vender caro”. Zannini y Sabbatella, además de sus antepasados italianos y de una remota militancia en el Partido Comunista, evidentemente comparten un ortodoxo pragmatismo.

Además, la “maniobra ilegal” a la que se refiere Torrillate es la transferencia de licencias a hijos, amigos o empleados y ya fue avalada administrativamente por la Afsca en varios casos, tal como resumí en la nota de La Nación. En uno de esos,  el grupo Moneta, el propio vocero de Sabbatella –muy enojado en aquel momento– me envió una aclaración que se publicó en La Nación y que cito textualmente más adelante. En ese momento, habíamos dicho que el grupo Moneta estaba excedido en cantidad de licencias, pero Torrillate nos explicó que no, que una cosa es el viejo Moneta y su mujer, y otra cosa cada uno de sus  hijos.

“Se trata de tres sociedades independientes. Los padres, Raúl Moneta y su esposa, son accionistas de República Media LLC., sociedad que transfirió a Mayer Business Corp. su participación en Cicsa, la cual es accionista junto a South Media [Cristóbal López] en Radio 10, FM Mega y FM Pop. Los hijos Raúl Cruz y Belisario Moneta, en Radiodifusora Buenos Aires SA y Radiodifusora Metro SA, son licenciatarios de las radios Splendid, Rock&Pop y Metro FM. Por otra parte, otros dos hijos, Faustino y Rufino Moneta, son socios en Radio Libertad SA y San Isidro Labrador SA, licenciatarios de Radio Belgrano, FM Blue y FM San Isidro Labrador. Con tal composición accionaria, no se encuentra ningún integrante de la familia Moneta ni sus sociedades en incumplimiento alguno a los límites establecidos por los artículos 24, 25, 26 y 45 de la ley, como erróneamente señala Alejandro Pereyra, quien fuera ex director general de Asuntos Legales y Normativa del Comfer”.

Tengo el mail con el original por si Torrillate quiere revisarlo.

– Continúa Torrillate: “También le falta [a Crettaz] informar que los 35 planes de adecuación declarados admisibles por la AFSCA, entre los que está el de Clarín, aún no fueron aprobados y que, para ello, los licenciatarios deben cumplir sin excepciones las exigencias de la ley 26.522”.

Tercer párrafo y sigue sin desmentir. Vengo escribiendo de los planes de adecuación desde antes que Sabbatella y Torrillate imaginaran siquiera la oportunidad que iban a tener de conducir un organismos elefantiásico que les está permitiendo financiar la expansión territorial de su partido Nuevo Encuentro (el director de delegaciones de Afsca, Gustavo Hurtado, es el armador nacional del sabbatellismo y cada delegado en el interior es el principal referente local del Nuevo Encuentro, tal como han publicado ya muchos medios, entre ellos Clarín, pero si no gusta, también La Tecla). De los sueldos de los empleados de la Afsca también sale un porcentaje “voluntario” para financiar el partido.

En este punto, es llamativo que Torrillate le haya dado al relator kirchnerista Víctor Hugo Morales una versión deformada de su explicación haciéndole decir a Morales que es falso que se hayan aprobado planes de adecuación, algo que no está en mi nota (donde específicamente se habla de “declaración de admisibilidad”; de todas formas, esto es algo que al común de la gente no le interesa mucho).

Como recordó recientemente María O’Donnel, la pregunta es por qué Sabbatella prometió tener todos los planes de adecuación resueltos “a más tardar en marzo” y aún tiene pendientes varios que fueron presentados antes del 7 de diciembre de 2012, mucho antes que el del grupo Clarín. Y pendientes hay varios planes, entre ellos Telefe (Telefónica de España), Prisa (Radio Continental) y Telecentro (Alberto Pierri). Debería Sabbatella (o su vocero Torrillate) explicar a qué se debe esa demora y por qué cambió diametralmente su opinión sobre el caso Telefe (en diciembre de 2012 él mismo explicaba porqué ese canal estaba acorde con la ley de medios -lo hizo en TV en distintos programas- y hace unos meses pasó a decir que “hay que estudiarlo”). También deberían explicar en la Afsca por qué si Telefónica de España debe vender Telefe (por la cuestión de la incompatibilidad con servicio público), Martínez no debería hacer lo mismo con Cablevisión.

– Finaliza Torrillate: “Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

Termina Torrillate y sigue sin desmentir ninguno de los datos incluidos en mi nota. No es desprestigiar la tarea del Estado decir que el mismo Estado declara “fracasados” o “sin efecto” (y usa esos términos en los textos legales que produce) concursos para la creación de “nuevas voces”.  Ni hay una avalancha de nuevos medios, ni la mayoría de esos medios son de la sociedad (privados o sin fines de lucro), ni hubo suficientes interesados en los 220 canales de TV digital concursados en 2011, ni hubo suficientes interesados en las 140 radios FM concursadas en 2012; que cooperativas y pymes del cable se matan en la Justicia por los postes para colgar sus redes; que los sectores no cooptados de los pueblos originarios (como hizo Clarín en su momento) también reclaman la inconstitucionalidad de un artículo de la ley; que la situación de las productoras audiovisuales pymes del interior es trágica… Lo que le molesta a Torrillate es que se diga lo que Sabbatella no quiere: que el relato de la democratización de la palabra está completamente marchito. 

No es la primera vez que en las comunicaciones públicas de la Afsca se muestra desprecio por la verdad, algo que ya hemos hecho notar aquí (sobre un folleto y cable de Télam conmemorativo de la ley de medios) y que la organización no gubernamental Chequeado también retomó aquí (sobre la cantidad de nuevos medios creados con la nueva ley) y aquí (sobre el número de empleos que habría producido, pero no produjo, la ley de medios).





#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

14 04 2014

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. “Declárese fracasado el concurso referido”, es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para “desmentir” una referencia a estos “fracasos” en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del “fracaso”.

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley”, que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).





#leydemedios: entregan histórica LT28 de Rafaela a una fundación vinculada al kirchnerismo local

16 02 2014

Por el momento,  habrá poco  y nada del mentado “sector no comercial” creado por la ley de medios algo celebrado la semana pasada por la prestigiosa ONG Reporteros sin Fronteras-. Apenas cáscara para esconder los verdaderos dueños, y los fines de uso eminentemente políticos de los medios audiovisuales. No digan que no venimos avisando. A continuación, el caso de la histórica LT28 Radio Rafaela.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobará este lunes 17 de febrero la adjudicación de dos emisoras de radio a “una fundación”.  Se trata del primer concurso derivado de la ley de medios audiovisuales en el que se sometieron frecuencias a competencia sólo entre entidades no comerciales.

Entre los temas que tratará el directorio de la Afsca -además de las adecuaciones de Clarín, Manzano-Vila, Aldrey Iglesias, Barbarita Vila y otras tres empresas de medios- está el expediente 2629/Afsca/13 por el cual se aprueban “los actos del concurso público convocado mediante resolución N°1202/Afsca/2013, con el objeto de adjudicar dos licencias, para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud en la frecuencia 1470 mhz, identificada con la señal distintiva LT28 y de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 96.5 mhz, canal 243, identificada con la señal distintiva LRM 750, Rafaela, Santa Fe. Adjudícase a la Fundación Rafaela XXI las dos licencias señaladas.”

Para asumir la titularidad de ambas licencias se habían presentado dos fundaciones, Rafaela XXI y Potenciar. Los sobres con las ofertas se habían abierto el 7 de noviembre de 2013 en la sede que la Afsca tiene en Rosario. El artículo 89 de la ley de medios dispone que cuando por distintos motivos el Estado recupere frecuencias, en los nuevos concursos les dará prioridad a organizaciones no comerciales. En rigor, ese artículo -como tantos otros- está siendo incumplido por la Afsca, porque en su primer párrafo exige el diseño de un “plan técnico”, algo que -a más de cuatro años de la sanción de la ley- aún sigue pendiente.

Lejos de pertenecer al llamado “tercer sector”, o a la sociedad civil, o al ámbito no comercial, ambas fundaciones, tanto la ganadora como la perdedora, tienen vínculos con el poder político rafaelino o bien con el sector comercial. LT 28 (cuya historia puede repasarse aquí) había sido intervenida por la Afsca en abril de 2013 tras un extenso conflicto gremial en el que los empleados habían dejado de percibir sus salarios (situación similar a la que ocurre desde fines de 2013 en Radio Chaco/Arte Argentina, de Resistencia, sin que la Afsca se entere demasiado).

La Fundación Rafaela XXI es presidida por Marta Engler, dirigente justicialista que fue mano derecha del ex intendente y actual diputado nacional justicialista Omar Perotti. Cuando Perotti asumió por segunda vez la intendencia de Rafaela en 2003, Engler integró su gabinete como secretaria de Coordinación General de la intendencia, algo que los medios locales apodaron “supersecretaria” municipal.

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#leydemedios: Barbarita Vila y otras perlitas en las “adeucaciones” que @AfscaDigital se apresta a aprobar

13 02 2014

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) también aprobará este lunes otras tres presentaciones, que no dejan de ser llamativas. Una de ellas es la de RTC SA, empresa cableoperadora de Reconquista, Santa Fe, donde habrá una cesión de acciones entre actuales propietarios. En esa situación aparece como socia Barbarita Vila, hija de Daniel, uno de los dueños del grupo Uno-Supercanal, cuyo caso se analiza en otro expediente. Barbarita mantiene allí su posición (que no ocupa “cupo” de licencias de su padre, Daniel Vila, dueño -en sociedad con el ex diputado justicialista José Luis Manzano- del grupo Uno Medios.

Entre las perlitas que aparecen en estos otros casos, está San Juan Cable Color (IoTotal), que según los abogados de la Afsca presentó tres composiciones accionarias distintas: en los registros del Comfer figuraban como propietarios Juan Carlos Ramos y Raquel Teresa Paniggi, pero en las distintas presentaciones de la empresa ante Afsca aparecen Isabel Mabel Romeu y Angel Vicente Casiba, en un caso con el 20% y 80% de las acciones respectivamente, y en otro caso con los porcentajes invertidos. En este caso el pedido de la empresa, uno de cuyos accionistas aspira a contar también con una licencia de TV abierta -algo incompatible con el cable en una misma ciudad- y reclamó una suerte de “adecuación preventiva”, fue rechazado por improcedente.

En el caso de Sergio Mario Ceroni, Rafael Carlos Coronna, Uno Pay TV SA, Moxi SA, Interior Cableexpres SRL y FM Aerupuerto SRL, Afsca rechazó el pedido de “adecuación” también por improcedente dado que ninguno de ellos es “titular de licencias” aunque sí operan “servicios no autorizados” -dos canales de baja potencia- pendientes de regularización y una FM cuyo permiso precario había sido cancelado en 2006.





#leydemedios: en Mar del Plata, Aldrey Iglesias no vende nada y confirma fracaso del Art. 45

13 02 2014

[Una versión similar a esta nota se publicó el 13/02/2013 en La Nación]

Poco cambiará en Mar del Plata, donde el español Florencio Aldrey Iglesias, controla cuatro emisoras AM y tres FM, y es accionista del principal cableoperador local, además de controlar otras tres AM (Mendoza, Córdoba y Tandil) y tres FM (Bahía Blanca, Mendoza y Villa Gesell). Aldrey Iglesias también es propietario del diario La Capital de Mar del Plata y del histórico La Prensa, de Buenos Aires. El segundo diario marplantense, El Atlántico, adquirido recientemente al grupo Olmos por Néstor Otero, concesionario de la terminal de Retiro, es impreso en los talleres de La Prensa.

La familia Aldrey, liderada por Florencio y sus hijos, redistribuye sus licencias entre los mismos integrantes de las actuales sociedades y agrega como nuevos titulares a actuales ejecutivos de esas empresas. De hecho, los subdirectores de sus diarios, Marcelo Pasetti (La Capital) y Lauro Laíño (La Prensa), son los únicos nombres nuevos vinculados a la titularidad de frecuencias. Esta redistribución que aparece en el expediente 1089 le permite al Multimedios La Capital conservar todas sus emisoras.

Aldrey Antes y Despues Cronica de la Costa

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