#Argentina El decomiso de @AntenaNegraTV, la #leydemedios y la impericia del Estado kirchnerista

Desde los años 90 no ocurría algo así en la Argentina: este 4 de septiembre de 2015, al mediodía, unos 40 efectivos de la Policía Federal llegaron a Ángel Gallardo 752, antigua sucursal del fundido Banco Mayo y sede de Antena Negra TV (de militancia política opositora al kirchnerismo) con una orden judicial de secuestro de sus equipos de emisión. La causa comenzó con una denuncia de la Policía Federal por interferencia de un sistema de seguridad operado por la empresa Prosegur. ¿Vuelve la guerra fría con el choque comunismo-capitalismo? No, se trata más más bien de una sucesión de impericias de las autoridades nacionales, empezando por la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner y siguiendo por al menos tres superentes estatales creados en los últimos años: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -responsable del despliegue de esa tecnología-, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -responsable de la aplicación de la ley de medios- y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) -responsable de la regulación de todas las comunicaciones, de las postales hasta las digitales-.

Conté brevemente el triste episodio de Antena Negra TV en esta nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. Pero me pareció oportuno volcar aquí las respuestas que recibí de tres de los múltiples actores involucrados en el caso: Antena Negra, Prosegur y la Policía Federal Argentina. También difundió un escueto comunicado la Aftic. Ni la Afsca ni la coordinación del Sistema Argentino de Televisión Digital se expresaron sobre el hecho.

 

La lista de funcionarios involucrados en la salvajada de cerrar un medio de comunicación que está operando es larga, pero podríamos resumirla en la siguiente lista: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Sergio Berni, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Norberto Berner, Nicolás Karavasky y Osvaldo Nemirovsci, muchos de ellos candidatos del PJ-Frente para la Victoria (FPV) a cargos ejecutivos o legislativos en el proceso electoral en marcha.

A continuación las versiones que escuché el viernes 4 de septiembre de cada uno de los involucrados:

Anuncio publicitario

Respuesta al ministro entrerriano @PedroaBaez sobre la TV digital oficial #TDT #Argentina

El 29 de mayo pasado publiqué en el diario La Nación una nota periodística sobre las conclusiones de los duros informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre dos planes en los que el gobierno nacional lleva gastados -según cifras oficiales- $ 15.000 millones desde 2009: la TV digital terrestre y el despliegue de fibra óptica para telecomunicaciones. A propósito de esa información, los colegas Daniel Enz y Jorge Riani me entrevistaron en FM Radio de la Plaza, de Paraná.

Tras esa intervención, en la que cité algunos de los cuestionamientos hechos por la AGN a esos planes y algunas particularidades del despliegue de la TV digital estatal en Entre Ríos, el enorme y costoso aparato de propaganda montado con recursos públicos al servicio del gobernador Sergio Urribarri se volcó en mi contra con bastante fuerza. El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el secretario de Telecomunicaciones, Sergio Del Canto, entre otros funcionarios cuestionaron la veracidad de mis dichos y me acusaron de “desinformar maliciosamente” y de ser “empleado de La Nación”.

Además, algunos cibermilitantes me provocaron en la red social Twitter, esperando tal vez una respuesta destemplada, y -entre otros- los diarios ligados a Urribarri a través de su empresario fetiche, el rosarino Ramiro Nieto, difundieron ampliamente esa posición oficial. Nieto, a través de su productora VTS y otras empresas, recibe abundante publicidad oficial de la provincia (montos que el gobierno entrerriano no difunde), tiene un contrato anual de $ 1,9 millones para transmitir los actos del gobernador y recibió entre el 1° de enero de 2012 y el 30 de julio de 2013, $ 4,6 millones en publicidad oficial nacional (según cifras que pueden contrastarse aquí o, mejor, aquí; todo eso sin contar que es un importante proveedor de producción televisiva para el programa Fútbol para Todos.

En este texto me defiendo de las acusaciones de Báez, quien -en el apuro- pone en mi boca cuestionamientos señalados por la AGN, uno de los órganos de control del Estado creados por la Constitución Nacional. Por ejemplo, es esa auditoría y no yo quien sostiene -tras un análisis técnico de la información oficial- que no se sabe a quiénes fueron otorgados los decodificadores repartidos y si efectivamente fueron repartidos los 1,4 millones de dispositivos comprados por el Estado nacional a empresas como Cometrans (de los hermanos Cirigliano, ex operadores del siniestrado tren Sarmiento y del tren Mitre).

El funcionario me fustiga por el lugar donde me desempeño como periodista, desconociendo que también me emplean en relación de dependencia dos instituciones universitarias, en las que enseño e investigo. Y que en el pasado trabajé como periodista en otros medios (incluidos FM Nogoyá y Canal 4 Nogoyá Televisora Color, donde comencé mi formación). Sí, yo también soy entrerriano.

Tiene razón Báez cuando corrige mi referencia al despliegue de la TV digital en Entre Ríos, donde hay tres plantas transmisoras (Paraná, Gualeguaychú y Concordia) y no dos como señalé. Ante una pregunta concreta de mis colegas Enz y Riani, recurrí a la memoria y me falló. En el país, según reveló días atrás del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, existen más de 80 plantas transmisoras instaladas de la TDT, número que pronto superará las 100.

Báez es un optimista de la TV digital, que viola sistemáticamente varios artículos de la ley de medios con la coartada de ser una tecnología experimental (no lo es desde hace años en varios países europeos), y destaca el reparto de los receptores satelitales y las antenas instaladas en 1300 escuelas, como si las señales que allí se emiten (algunas de ellas de propiedad privada, como CN23 del grupo Garfunkel-Szpolski; C5N, de Cristóbal López; y 360 TV, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) fueran claves en la formación de los niños y jóvenes.

Urribarri, como ha hecho saber a través de Báez, está en todo su derecho de creer que “la TDA es una de las políticas de mayor inclusión social y democratización del acceso a los bienes culturales que lleva adelante nuestro gobierno nacional”. La violación de la ley de medios y el deliberado sesgo que se da a la oferta televisiva de la TV digital gubernamental permiten asegurar que ocurre más bien lo contrario: lo que busca ese sistema no es democratizar sino desinformar. Pero además, Urribarri-Báez ignoran (o niegan) datos objetivos que permiten sostener que el sistema (en el que desde 2009 y hasta fin de este año se habrán invertido $ 6749 millones, según el ministro De Vido) no tuvo el éxito esperado.

Aún después de lanzada la TV digital, en 2009, la penetración de la TV por cable (que en Entre Ríos tiene una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas aún en manos de sus pioneros) siguió creciendo y llegó en la provincia al 68,7% de los hogares con TV en 2013 (en 2012, ese porcentaje había sido de 65%).Si en Argentina hubiera verdadera competencia, con productos de menor precio (como ocurre en otros países de la región), ese porcentaje sería mayor. En el promedio nacional, más del 80% de los hogares tienen TV paga (incluso buena parte de las familias de menores recursos). Esa situación no ha cambiado.

En donde la TV por cable parece haber empezado a retroceder (de la mano de lo que en la industria se conoce como cord cutters, en general jóvenes que se desconectan del servicio y privilegian su abono a la banda ancha) no crece la TV abierta (cuyos niveles de audiencia caen indefectiblemente) sino las plataformas de video a demanda como Netflix y otros servicios de streaming de video. Lamentablemente, la calidad de la banda ancha en Entre Ríos impide en la mayor parte del territorio la libertad de poder elegir ese tipo de contenidos y esa modalidad de consumo.

Investigaciones ad hoc de varias universidades nacionales han confirmado que la mayor parte de los decodificadores repartidos (sean los que fueren y los tenga quien sea) no se usan (lamentablemente, las universidades que cuentan con esos datos han preferido no revelarlos). En la misma línea, un trabajo de la filial local de la consultora francesa Dataxis reveló que sólo en 100.000 hogares argentinos la TV digital es la pantalla principal. Báez es optimista y piensa que la transmisión del Mundial de Brasil podría mejorar esa performance. Como ya he dicho, está en su derecho.

Báez, que además representa a Entre Ríos en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, CFSCA, órgano creado por la ley de medios, comete un grave lapsus en su réplica: sostiene que en la TV digital se pueden encontrar “señales de licencias privadas que aparecen en el sistema pago, pero que en este caso llegan al televidente sin costo alguno”. Las señales privadas transmitidas por la plataforma estatal no tienen licencia ni pasaron por concurso alguno tal como exige la ley de medios, que Báez debería defender desde el CFSCA). También modifica la historia al sostener que el canal Encuentro “ha sido resistido” por el grupo Clarín para incorporarla a la grilla de Cablevisión. Esa señal fue creada e incluida en la grilla de esa cableoperadora en 2005, cuando el CEO del conglomerado de medios, Héctor Magnetto, y el entonces presidente Néstor Kirchner, tenían una relación espléndida. Tan bueno era ese diálogo que muchas veces tuvo como escenario la residencia presidencial de Olivos en comidas a las que también asistieron la ahora presidenta Cristina Kirchner y su entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Deliberadamente o por descuido, Báez también pone en mi boca expresiones de la AGN en relación al despliegue de la red federal de fibra óptica, que comenzó a construirse en 2010 y aún no tiene ningún tramo iluminado (con excepción del salto continente-Tierra del Fuego operado por la empresa Telefónica). En total, este año la inversión en este proyecto sumará $ 9896 millones en poco más de cuatro años.

Como es ya evidente hasta para quienes apoyaron activamente la sanción de la ley de medios en 2009, no es cierto que la comunicación audiovisual se haya democratizado, tal como afirma Báez. Con excepción de los grupos de medios surgidos en estos años al ritmo de la pauta oficial y otros subsidios públicos, y en buena medida al margen de la ley de medios, no hay nuevas voces. Es más, tal como hemos publicado en La Nación y ha verificado la organización no gubernamental Chequeado, son mayoritariamente gubernamentales las radios y canales de TV creados con el nuevo marco jurídico.

Para Báez, “que argentinos para los que pagar un abono de televisión por cable resulta un lujo, como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados, pensionados y ciudadanos de menores ingresos, puedan acceder a un servicio de calidad y gratuito, es algo que molesta los intereses concentrados de la economía, y encuentran en los medios hegemónicos voceros que se prestan para desacreditar políticas justas como la de la Televisión Digital Abierta”. Pedro, ¡fue la Presidenta la que destacó que las villas están llenas de antenas de DirecTV! 
PD: Hace menos de un mes, el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T ofreció US$ 48.500 millones por la operación continental de DirecTV. La fusión AT&T-DirecTV da origen a la mayor empresa de telecomunicaciones y medios audiovisuales del continente… ¿Quién es ahora el más hegemónico?

Los supuestos logros de la #leydemedios

La agencia gubernamental de noticias Telam difundió hoy a las 14 un cable titulado “Logros concretos de la ley desde su sanción”

Allí, enumera una serie de logros del nuevo marco legal que no se corresponden con la realidad. Qué dice Telam, y qué pasa realmente

DICE TELAM:
El relevamiento, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) que preside Martín Sabbatella, da cuenta de la concesión de «1018 autorizaciones y licencias para radio, televisión abierta y televisión paga», y la «autorización para funcionar a 210 radios comunitarias en todo el país», entre otros logros.

DICE LA REALIDAD:
Ya lo habíamos explicado aquí. Y lo volvimos a hacer hoy aquí. No se pueden computar como nuevos medios hijos de la ley sancionada hace cuatro años a los medios creados a partir de expedientes abiertos antes de la aprobación de esa norma. Entre otras cosas, difieren los plazos de duración de las licencias. La amplia mayoría de las autorizaciones y licencias que dicen Afsca y Télam surgen de expedientes iniciados mucho antes de la sanción de la ley (algunos datan de la década del 80).
Por otro lado, “autorizar” un medio no implica que este automáticamente comience a transmitir. Como explicamos aquí, un repaso de las resoluciones de “habilitación” indica que son muchos menos los medios que, tras ser autorizados, comenzaron concretamente a emitir. Los concursos y planes de financiamiento (de muy corto alcance) lanzados este año por Afsca para medios comunitarios y municipales confirman que hay más dificultades que las previstas originalmente para llevar a la práctica esas intenciones.
Finalmente, es gracioso leer que Afsca hizo un “relevamiento” porque en realidad lo que debe hacer es un censo, una por una, de sus propias resoluciones (como hice yo). Los números no cierran.
En cambio, algunas radios preexistentes plantean una realidad distinta, como acaba de contar aquí Lili Berardi, de La Radio 92,3 de San Pedro.

DICE TELAM:
Además, se destaca la realización de 6000 horas de producción de contenidos distribuidas en más de 40 canales nacionales y provinciales y más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector audiovisual.

DICE LA REALIDAD:
Si consideramos que hay no menos de 600 cableoperadores pymes cada uno de los cuales tiene programas locales, y no menos de 150 canales de TV abierta analógica comunitaria o pyme, que también los tienen, ya llegamos a ese número de horas de programación anual. O sea, antes de la sanción de la ley ya existía ese volumen de programación. Y eso sin contar los canales, señales audiovisuales y productoras mainstream de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Lo de los 100.000 puestos de trabajo no tiene ningún asidero y menos si uno sigue el día a día del sector y los reclamos del SAT (que tampoco son tan sonoros por su estrecha relación política con el kirchnerismo).

DICE TELAM:
Además, desde la vigencia de la ley se realizaron «940 producciones audiovisuales entre series de ficción, series de micro y unitarios documentales para TV, se transmitieron gratis y en vivo en todo el país, todos los partidos de la Primera División A y en promedio 6 de los 10 de la Primera B Nacional», así como también «los encuentros de la Selección Mayor de Fútbol y la mayoría de los juegos de la Copa Argentina.

DICE LA REALIDAD:
Las 940 producciones audiovisuales a las que refiere Afsca no surgen de la ley de medios (no se derivan de su articulado ni se financian con los escasos recursos económicos allí mencionados). Esas producciones, entre las que hay algunos muy buenos contenidos y varias series de propaganda oficial –como El Pacto, sobre Papel Prensa-, se financian con fondos del Ministerio de Planificación Federal que conduce el ministro Julio De Vido. Afsca no tiene ninguna participación en esos concursos, que a pedido del ministro son coordinados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y forman parte del proyecto más amplio de Televisión Digital Abierta (TDA) que el Estado nacional lleva adelante desde 2010. Todo el proyecto TDA está completamente fuera del alcance de la ley de medios y si esta se le aplicara serían ilegales muchas de las actividades que allí se realizan: por ejemplo, la transmisión en abierto de canales de TV privados que no participaron de concurso ni tienen licencia para emitir y que, además, superan el tope del 35% de la población previsto en la ley.
En cuanto al fútbol, si entre 7 y 8 de cada 10 hogares de Argentina ven TV por suscripción como sostienen múltiples informes y relevamientos, entonces es falso que esos partidos se ven de manera gratuita. Es especialmente falso si se tiene en cuenta que, como ha explicado muchas veces mi colega Alejandro Casar González:
“En lugares del interior, no es ‘para todos’ ya que Canal 9 y América 2, habituales pantallas, son inaccesibles en la TV abierta de algunas provincias”
“Por superposición de horarios y falta de pantallas, hubo partidos que se emitieron sólo por canales de cable (Crónica TV, A24, CN23), algo que el contrato Estado-AFA prohíbe expresamente”.

Las antenas en Córdoba y lo que el Gobierno #Kirchner no dice sobre la TV digital estatal: que no se rige por la #leydemedios

Apagar antenas, interferir o cerrar medios, impedir su circulación o bloquearles sus fuentes de financiamiento siempre está mal. La decisión del gobierno de Córdoba de cesar preventivamente las antenas de la estatal Televisión Digital Abierta (TDA), que podría tener fundamentos ambientales-administrativos porque no se habrían seguido los pasos que las leyes provinciales prevén para la instalación de este tipo de antenas, no tiene justificación.

Por lo que pudo saber el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la TDA «sigue llegando a las localidades cordobesas (Córdoba, Villa María, Leones, Malagueño y Villa Dolores) pese al cese preventivo, situación que podría, empeorar en el corto plazo si es que se aplica la clausura o corte de la transmisión. No sucede lo mismo en Río Cuarto donde la intervención del Ministerio de Agua Ambiente y Energía directamente no permitió que se inaugure la antena, lo que implica que el sistema allí no funciona». En otras palabras, salvo en Río IV, en el resto de la provincia esta discusión también es teórica.

Como bien ha señalado ese foro de periodistas «es imposible negar el contexto de enfrentamiento político entre ambas administraciones (nacional y provincial), pero desde Fopea señalamos que la sociedad no puede ser rehén (y menos aún quedar perjudicada) por intereses de dirigentes y funcionarios».

Sin embargo, para comprender mejor lo que está sucediendo, para salir del relato y darse una vuelta por la realidad, hacen falta algunos otros datos sobre este nuevo conflicto político y judicial en torno a los medios de comunicación en Argentina:

– No es correcto a mi criterio afirmar que el derecho a la información se esté «ampliando» con el sistema de Televisión Digital estatal, más bien me parece que lo que se está procurando es un sistema de desinformación, a juzgar por la cantidad de señales informativas de similar cuño que se emiten por esa plataforma, carente de la más mínima pluralidad (C5N, Telesur, CN23, 360 TV…). En el caso de Córdoba, se suma la señal de noticias local CBA 24 N (del Sistema de Radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba). La UNC tiene el multimedios universitario más grande del país, un canal de TV abierta (Canal 10, cuyo programa central en prime time es 678), una radio AM y otra FM, y la señal de noticias). CBA 24 podría ser referente en cadenas regionales de información por TV (una especie que prácticamente no existe en el mundo occidental, donde las señales de noticias generalistas y nacionales de 24 horas son más bien escasas), sin embargo eligió (tal vez no tenga alternativa) el camino del “periodismo militante». Y tan militante es que, en lo que respecta a la información nacional, en lugar de tomar la información de la TV Pública la toma de CN23, la señal de noticias del grupo Szpolski-Garfunkel que se dirige a control remoto desde la oficina del jefe de gabinete Juan Abal Medina.

– El despliegue de la televisión digital terrestre estatal no se ajusta a lo dispuesto en la ley de servicios de comunicación audiovisual sino que es una excepción a esa norma (con el argumento legal de que se trata de una tecnología experimental, lo cual es completamente falso porque la TDT es la tecnología estándar ya en muchos países). El Gobierno no aplica la ley de medios a la TDA porque no podría hacer lo que está haciendo, poniendo los canales que quiere de manera arbitraria y con nula transparencia para digitar la oferta informativa. Si aplicara la ley, la mitad de los canales que se emiten allí no podría hacerlo por muchas razones pero básicamente porque no pasó por ningún concurso para usar las frecuencias que están usando. Electroingenieria (360TV), Szpolski-Garfunkel (CN23, Vibra), Cristóbal Lopez (C5N y Stars HD), el mexicano Remigio Gonzalez (Suri TV y Arpeggio)… todos ellos tienen su canal en la TDA. Y hay canales cuyos dueños son desconocidos, como el infantil Ta-Te-Ti. Osvaldo Nemirosci, coordinador del consejo asesor del sistema de TDA reconoció que él mismo no tiene idea de quién es el dueño de algunos canales.

– Si se aplicara la ley de medios, los privados (que fueron invitados por decisión arbitraria del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de selección ni concurso) no podrían llegar a más del 35% de la población. Sin embargo, la TDA (nombre oficial de la plataforma) ya llega al 75/80 por ciento de la población según dicen en el propio gobierno. Afsca y su presidente Martín Sabbatella no tienen ninguna jurisdicción sobre el sistema, que está en manos del Ministerio de Planificación Federal (lo mismo que los planes de fomento de contenidos, que son financiados por el área del ministro Julio De Vido con escasa participación de Afsca, la Secretaría de Cultura y el Incaa -este último es un mero ente coordinador-). Por eso es simpático ver a Sabbatella impulsando la firma de un comunicado de repudio junto a los directores de todos aquellos canales «invitados» (más los de América, Telefe y Canal 9 de Buenos Aires). Sabbatella, cuya autoridad debe aplicar la ley de medios a todos los servicios audiovisuales menos a los que emiten en la TDA, también presentó un recurso de amparo contra la decisión del gobernador José Manuel de la Sota.

– Los privados invitados (Szpolski, Electroingeniería, Cristóbal López…) son puestos al aire con infraestructura y recursos públicos sin que se conozca ningún tipo de contraprestación al respecto. Además, utilizan espectro -un bien público- sin haber licitado, concursado o adquirido de ninguna forma las frecuencias (en realidad, segmentos de frecuencias) que usan.

Las inconsistencias de la propaganda de @AfscaDigital sobre la #leydemedios

Desde que asumió al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella repite un machete que el organismo formalizó y –militancia y pauta mediante– ahora difunde de cara al 7D. El panfleto lleva el título «A partir de la ley de medios todo es mejor que antes» (que me hace acordar al «Nosotros somos buenos» de Tucap Amaru). Hay allí algunas verdades, muchas exageraciones y mentiras flagrantes. A saber:

– Según Afsca, “la ley reserva el 33% del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, una medida de vanguardia en el mundo”.
– Podría ser verdadero, pero… La verdad concreta, real: en la mayor parte del país el espectro radioeléctrico está colapsado (hay más de una radio por cada frecuencia disponible, lo que genera interferencias mutuas) y Afsca (junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones y otros organismos) aún no diseñó un plan técnico para saber qué espectro disponible hay y, luego, cómo podría repartirse. Hasta que ese plan técnico esté disponible, empiece a aplicarse y se haga lugar en el espectro, Frank La Rue (relator de libertad de expresión de la ONU) tendrá que seguir esperando para celebrar el arribo de entidades del tercer sector al espectro. Es decir: no hay posibilidad de destinar 33% del espectro a ese sector sencillamente porque ese espectro ya está ocupado (mayormente de manera ilegal).

Por otro lado, aunque es un poco tarde para introducir el tema, habría que discutir qué destino se le da al espectro. Mientras que en Argentina –como si estuviéramos en los 80 o 90- cuando se habla de espectro se piensa en medios, en el mundo cuando se habla de lo mismo se piensa en Internet móvil (por donde “van” ahora no sólo los medios sino una amplia gama de actividades humanas). ¿Qué están proponiendo en el Reino Unido…, por ejemplo?

Según Afsca: “Ya se adjudicaron más de 365 licencias de AM y FM en toda la Argentina. Y están en marcha más de 650 concursos públicos para frecuencias de radio”.
Verdadero. Se regularizaron situaciones de hecho y se concluyeron trámites de solicitud de licencias que el ex Comfer ya venía tramitando. En cuanto a los nuevos concursos, hay que decir que se licitan frecuencias en lugares donde nunca hubo limitaciones para que surgieran (como sucedió en todo el país) nuevas emisoras. Es decir, allí no había más FM y AM sencillamente porque no había interés por crearlas. El problema para las nuevas emisoras (y también para las antiguas), sean comerciales o sin fines de lucro, es el mismo: de dónde sacar los recursos para sostener el emprendimiento y ser viables en el tiempo. Algunos de los primeros impulsores de la nueva ley ya hablan de la necesidad de agregarle a la ley de medios un capítulo económico o directamente de sancionar una nueva ley de financiamiento de los medios.

Juan M. Baretto: «Sin el fútbol, que es el contenido Premium, casi no habría interés en la TDT»

El Ing. Juan M. Baretto es vicepresidente de Coradir, empresa que -entre otras cosas- fabrica decodificadores de Televisión Digital Terrestre. Su empresa es uno de los tres proveedores en los que el Estado argentino se abastece de esos dispositivos para repatirlos gratuitamente entre jubilados y beneficiarios de planes sociales. Para la nota «TV digital, la pantalla que no miramos», lo consulté sobre el tamaño del «parque instalado» de decos y el promedio de ventas, y esto fue lo que me respondió:

«El Estado no detuvo sus compras. En nuestro caso, la primera fue 510.000 unidades, y la segunda de 105.000. Y luego una ampliación de 70.000. Al público hemos vendido unas 125.000 unidades. Según nuestros cálculos debe haber más de 1,5 millones de decodificadores en el mercado argentino.

Enrique Carrier: «En lo que va de 2012, apenas el 0,2% de los teléfonos ingresados al país cuenta con capacidad para sintonizar TDT»

«En lo que va de 2012, apenas el 0,2% de los teléfonos ingresados al país cuentan con capacidad para sintonizar TDT. Esto equivale a 11.000 equipos (sobre 6,5 millones). El año pasado fueron unos 10.000 en todo el año», me respondió Enrique Carrier, uno de los consultores que más sabe sobre el mercado argentino de la movilidad. Para la nota sobre la Televisión Digital Terrestre (TDT) que publicó La Nación, «TV digital, la pantalla que no miramos», también le pregunté su opinión general sobre el despliegue de la TDT (o TDA, Televisión Digital Abierta), y me remitió a este post de su blog Comentarios (que recomiendo vivamente). Me permito reproducirlo aquí con los links correspondientes.

Esta semana el gobierno nacional convocó a operadores de telefonía móvil y fabricantes de dispositivos (no a las marcas) con el fin de instarlos a presentar planes para ofrecer celulares que sintonicen TDT. Si bien la tecnología adoptada por Argentina contempla en forma nativa su utilización desde equipos móviles, la incorporación de ésta en los celulares no está exenta de desafíos.

Silvana Giudici: “La uniformidad de contenidos y propaganda ultra oficialista que transmite la TDT espanta a los usuarios”

Silvana Giudici es presidenta de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia. Como diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), fue una férrea opositora a la ley de servicios de comunicación audiovisual. A continuación reproduzco la respuesta on the record que me envió para la nota “TV digital, la pantalla que no miramos”, que publicó La Nación el 6 de septiembre de 2012. Las negritas son mías.

La televisión digital terrestre es otro de los ejemplos de que el gobierno prefiere invertir millones de todos los argentinos para un uso discrecional y arbitrario. El desarrollo de tecnología en comunicaciones debe contar con políticas públicas y control pero puede y es deseable que se convoque al sector privado a realizar las inversiones necesarias. La plataforma digital incluye antenas, multiplexsores, equipos de digitalización, decodificadores, un desarrollo estimado en 1200 millones de euros como lo definió Nemirovsci allá por 2010. Nuestros pedidos de informes no fueron contestados y la información pública no está disponible como debería en la página web.

Hasta la fecha los únicos datos que conocemos son sobre la distribución de 1,1 millón de decodificadores. Nada se sabe de concursos, llamados a licitación o procesos claros en el montaje de las antenas. Mucho menos de los concursos fracasados por las 220 señales digitales que se disponían para el sector privado. De malísima factura administrativa siete resoluciones fueron necesarias para llamar, prorrogar y finalmente suspender los concursos fracasados.

La aplicación de la #leydemedios audiovisuales, al 30 de julio de 2012

La hora y la temperatura en pantalla, la advertencia sobre el comienzo y el fin del espacio de publicidad -aunque luego los programas estén llenos de avisos- y la aclaración de que los noticieros incluyen contenidos «no aptos para niños, niñas y adolescentes» fueron hace dos años las primeras evidencias concretas de la aplicación de la ley de medios. Y siguen siendo las más relevantes hasta ahora.

Esta ley fue sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009. Ese mismo día fue publicada en el Boletín Oficial en una edición dominical extraordinaria. Pero a pesar de esa aparente ansiedad para su puesta en práctica recién fue reglamentada el 31 de agosto de 2010, y sólo parcialmente. A poco menos de tres años de su sanción, no sólo está pendiente la participación en los organismos creados por la ley de representantes de las minorías parlamentarias.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) destinó su resolución N° 1 a convocar a un censo de medios audiovisuales para saber cuántas radios, canales, productoras y cableoperadores hay en el país, pero esos resultados nunca fueron publicados. Informalmente, el ex presidente del organismo y actual vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto anticipó hace más de un año que «hay 15.000 medios». La disposición de publicar en Internet una carpeta de acceso público con información sobre los dueños de cada medio tiene un bajo índice de cumplimiento.

Record de abonados a la TV paga argentina: 8.537.728 hogares conectados

La TV paga creció en 2011 el 7% y sumó otros 600.000 abonados, lo que la ubica en el récord de 8.537.728 hogares conectados. Los datos fueron difundidos ayer por el Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales (Lamac, por sus siglas en inglés), una cámara que agrupa a 40 señales de televisión paga. Según estos números, y a pesar del crecimiento de la televisión digital abierta estatal (TDT), el 72% de los hogares que tienen televisor está abonado a algún servicio de TV paga.

De acuerdo con el relevamiento, el 82% de los hogares accede a televisión y servicios mediante cableoperadores, y el 18% restante lo hace mediante sistemas de televisión satelital directa al hogar (DTH). Los principales actores siguen siendo Cablevisión y DirecTV. Pero se mantiene la relevancia de cientos de cableoperadores independientes en el interior del país.

En el agregado total, el 30% de los hogares está conectado a algún tipo de servicio digital (lo que permite acceder a un mayor número de señales y a paquetes adicionales de contenidos). Aunque lentamente la penetración del servicio digital sigue avanzando. En 2011, sólo el 26% de los clientes estaban conectados a paquetes digitales.

El 37% de los abonados a la TV paga está en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y el 63% restante, en el interior del país. La penetración del servicio en las casas con televisor es mayor en el centro y el sur del país y menor en el norte, en sintonía con el poder de compra promedio de los habitantes de esas regiones.

La provincia con más alta penetración de TV paga es Santa Cruz, con el 96%, seguida por La Pampa, con el 91%, y Neuquén, con el 90%. Más atrás, vienen Chubut y la Capital Federal, ambos distritos con el 86%, y Tierra del Fuego, 84%. Luego siguen Río Negro y el Gran Buenos Aires, con el 79% cada uno; San Juan, 78%; Córdoba y Catamarca, ambos con 77%; Santa Fe, 76%, y la provincia de Buenos Aires (sin GBA), el 74%. La penetración más baja de la TV paga se da en Santiago del Estero, 43%; Misiones, 49%; Formosa, 52%; Tucumán, 53%, y Chaco, 57%.

Este texto fue publicado en La Nación el 13 de marzo de 2012