#leydemedios: la desmentida de la desmentida de la @afscadigital sobre el caso Clarín

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por medio de su director de Imagen y Comunicación, Fernando Torrillate, distribuyó ayer un texto titulado La Afsca desmintió dos artículos publicados hoy en La Nación, en referencia a las notas publicadas por Carlos Pagni y por mi. El texto fue amplificado primero por la agencia Télam y consecuentemente reproducido por medios de todo el país (como el diario Tiempo Argentino, que tituló Nueva desmentida de la Afsca a La Nación).

[Aprovecho la oportunidad para insistirle a Torrillate con el pedido que ya le he hecho en decenas de veces, en privado y en público, desde noviembre de 2012: ¿Podrá Martín Sabbatella darme una entrevista como la que le concedió a tantos periodistas desde que asumió? No quisiera pensar que le tiene miedo a las preguntas.]

Volviendo al tema, la desmentida que propone el texto de Torrillate está lejos de ese concepto, al menos en la segunda acepción del diccionario español: “Sostener o demostrar la falsedad de un dicho o hecho”

Tras dedicar el primer párrafo de su “desmentida” a agredir a quienes escribimos en La Nación y al diario mismo, Torrillate enumero lo que para él fueron “falsedades”. Primero se ocupó de la nota de Pagni, La Presidenta busca atajos para avanzar sobre la Justicia y los medios, y luego me atacó a mi y de esto último me ocupo en este post, párrafo por párrafo.

En lo que refiere a la nota que firmé en La Nación el 14 de abril, titulada El Gobierno amenaza con reactivar la pelea con Clarín, Torrillate sostiene:

– “En primer lugar, no hay ninguna amenaza; es una obligación de la AFSCA regularizar el mercado de medios, para que todas las empresas estén enmarcadas a los límites establecidos en la ley. Si un licenciatario se niega a hacerlo en forma voluntaria, el Estado lo hará de oficio; del mismo modo que si un automovilista se niega a retirar voluntariamente su coche estacionado en el medio de una ruta, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo”.

– Hasta aquí Torrillate no desmiente nada, en todo caso no le gustó el verbo “amenazar” que en el título tiene el sentido de sus sinónimos “apercibir”, “amagar” o “advertir”. Para el kirchnerismo (al que Sabbatella llegó tardíamente, porque en las elecciones legislativas de 2009 enfrentó a Néstor Kirchner y le restó el puñado de votos con los que hubiera podido vencer a Francisco De Narváez), gobernar es editar los diarios. En lugar de trabajar sobre la realidad, prefiere hacerlo sobre la narración de la realidad.

– Sigue Torrillate: “Crettaz, al que le sobran adjetivos para intentar descalificar a Sabbatella o al periodista Víctor Hugo Morales, se queda corto de opiniones cuando se trata de analizar las denuncias hechas por el socio de Clarín, David Martínez, respecto de una posible maniobra ilegal pergeñada en las oficinas de Héctor Magnetto”

– Puede ser que me quede corto, pero Martínez (que está citado en mi nota que a su vez remite a un extenso reportaje publicado el día anterior en Perfil) en ningún momento advierte sobre “una posible maniobra ilegal”, más bien se cuida de utilizar esos términos (como Clarín también se cuida de calificar a Martínez, ambos en definitiva son socios).  Ahora bien, retomando la forma argumental de Torrillate, yo podría decir que la Afsca se queda corta al omitir, ignorar o tolerar que David Martínez siga conservando su 40% de Cablevisión tras haber tomado control de la mayoría accionaria de Telecom Argentina, una empresa de servicios públicos, algo expresamente prohibido por la ley de medios audiovisuales en sus artículos 24 y 25. No es la única empresa de servicios públicos en la que Fintech tiene acciones (también tiene una participación relevante en la distribuidora de gas Emgasud, ahora rebautizada Genneia). El fondo de Martínez, que ya tomó control de Telecom, espera el OK de varios organismos públicos argentinos sobre esa compra. Ahí estaría la clave de su reclamo público contra Clarín.

Claro, todo esto sin considerar que, además, Martínez es mexicano y podría ser alcanzado al menos por el espíritu de los incisos b y c de los ya citados artículos 24 y 25 que impiden a empresas e individuos extranjeros acceder al control de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Finalmente, es por lo menos curiosa la relación que Sabbatella y sus funcionarios tienen con Martínez, a quien reciben con frecuencia. No es raro si se tiene en cuenta que Martínez también se reúne con asiduidad con el jefe informal del ex intendente de Morón, Carlos Zaninni (secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación), quien atiende del mexicano consejos vinculados a la estrategia argentina en la pelea judicial contra los fondos buitres en Estados Unidos: Martínez, y su fondo Fintech, es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda pública argentina renegociada. Martínez se jacta de “comprar barato” y “vender caro”. Zannini y Sabbatella, además de sus antepasados italianos y de una remota militancia en el Partido Comunista, evidentemente comparten un ortodoxo pragmatismo.

Además, la «maniobra ilegal» a la que se refiere Torrillate es la transferencia de licencias a hijos, amigos o empleados y ya fue avalada administrativamente por la Afsca en varios casos, tal como resumí en la nota de La Nación. En uno de esos,  el grupo Moneta, el propio vocero de Sabbatella –muy enojado en aquel momento– me envió una aclaración que se publicó en La Nación y que cito textualmente más adelante. En ese momento, habíamos dicho que el grupo Moneta estaba excedido en cantidad de licencias, pero Torrillate nos explicó que no, que una cosa es el viejo Moneta y su mujer, y otra cosa cada uno de sus  hijos.

«Se trata de tres sociedades independientes. Los padres, Raúl Moneta y su esposa, son accionistas de República Media LLC., sociedad que transfirió a Mayer Business Corp. su participación en Cicsa, la cual es accionista junto a South Media [Cristóbal López] en Radio 10, FM Mega y FM Pop. Los hijos Raúl Cruz y Belisario Moneta, en Radiodifusora Buenos Aires SA y Radiodifusora Metro SA, son licenciatarios de las radios Splendid, Rock&Pop y Metro FM. Por otra parte, otros dos hijos, Faustino y Rufino Moneta, son socios en Radio Libertad SA y San Isidro Labrador SA, licenciatarios de Radio Belgrano, FM Blue y FM San Isidro Labrador. Con tal composición accionaria, no se encuentra ningún integrante de la familia Moneta ni sus sociedades en incumplimiento alguno a los límites establecidos por los artículos 24, 25, 26 y 45 de la ley, como erróneamente señala Alejandro Pereyra, quien fuera ex director general de Asuntos Legales y Normativa del Comfer».

Tengo el mail con el original por si Torrillate quiere revisarlo.

– Continúa Torrillate: “También le falta [a Crettaz] informar que los 35 planes de adecuación declarados admisibles por la AFSCA, entre los que está el de Clarín, aún no fueron aprobados y que, para ello, los licenciatarios deben cumplir sin excepciones las exigencias de la ley 26.522”.

– Tercer párrafo y sigue sin desmentir. Vengo escribiendo de los planes de adecuación desde antes que Sabbatella y Torrillate imaginaran siquiera la oportunidad que iban a tener de conducir un organismos elefantiásico que les está permitiendo financiar la expansión territorial de su partido Nuevo Encuentro (el director de delegaciones de Afsca, Gustavo Hurtado, es el armador nacional del sabbatellismo y cada delegado en el interior es el principal referente local del Nuevo Encuentro, tal como han publicado ya muchos medios, entre ellos Clarín, pero si no gusta, también La Tecla). De los sueldos de los empleados de la Afsca también sale un porcentaje «voluntario» para financiar el partido.

En este punto, es llamativo que Torrillate le haya dado al relator kirchnerista Víctor Hugo Morales una versión deformada de su explicación haciéndole decir a Morales que es falso que se hayan aprobado planes de adecuación, algo que no está en mi nota (donde específicamente se habla de «declaración de admisibilidad»; de todas formas, esto es algo que al común de la gente no le interesa mucho).

Como recordó recientemente María O’Donnel, la pregunta es por qué Sabbatella prometió tener todos los planes de adecuación resueltos “a más tardar en marzo” y aún tiene pendientes varios que fueron presentados antes del 7 de diciembre de 2012, mucho antes que el del grupo Clarín. Y pendientes hay varios planes, entre ellos Telefe (Telefónica de España), Prisa (Radio Continental) y Telecentro (Alberto Pierri). Debería Sabbatella (o su vocero Torrillate) explicar a qué se debe esa demora y por qué cambió diametralmente su opinión sobre el caso Telefe (en diciembre de 2012 él mismo explicaba porqué ese canal estaba acorde con la ley de medios -lo hizo en TV en distintos programas- y hace unos meses pasó a decir que “hay que estudiarlo”). También deberían explicar en la Afsca por qué si Telefónica de España debe vender Telefe (por la cuestión de la incompatibilidad con servicio público), Martínez no debería hacer lo mismo con Cablevisión.

– Finaliza Torrillate: “Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

– Termina Torrillate y sigue sin desmentir ninguno de los datos incluidos en mi nota. No es desprestigiar la tarea del Estado decir que el mismo Estado declara “fracasados” o “sin efecto” (y usa esos términos en los textos legales que produce) concursos para la creación de “nuevas voces”.  Ni hay una avalancha de nuevos medios, ni la mayoría de esos medios son de la sociedad (privados o sin fines de lucro), ni hubo suficientes interesados en los 220 canales de TV digital concursados en 2011, ni hubo suficientes interesados en las 140 radios FM concursadas en 2012; que cooperativas y pymes del cable se matan en la Justicia por los postes para colgar sus redes; que los sectores no cooptados de los pueblos originarios (como hizo Clarín en su momento) también reclaman la inconstitucionalidad de un artículo de la ley; que la situación de las productoras audiovisuales pymes del interior es trágica… Lo que le molesta a Torrillate es que se diga lo que Sabbatella no quiere: que el relato de la democratización de la palabra está completamente marchito. 

No es la primera vez que en las comunicaciones públicas de la Afsca se muestra desprecio por la verdad, algo que ya hemos hecho notar aquí (sobre un folleto y cable de Télam conmemorativo de la ley de medios) y que la organización no gubernamental Chequeado también retomó aquí (sobre la cantidad de nuevos medios creados con la nueva ley) y aquí (sobre el número de empleos que habría producido, pero no produjo, la ley de medios).

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#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. «Declárese fracasado el concurso referido», es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para «desmentir» una referencia a estos «fracasos» en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del «fracaso».

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley», que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).

Desmonopolización, transparencia y modernidad: tres grandes promesas incumplidas de la ley de medios audiovisuales

Invitado por las senadoras Norma Morandini, María Eugenia Estensoro y Laura Montero, participé como panelista en la audiencia «Aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. A tres años de su sanción». Compartí el panel con Henoch Aguiar y Guillermo Mastrini. También había confirmado su presencia el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Santiago Aragón, cuya renuncia a ese cargo se publicó hoy en el Boletín Oficial. Por obvias razones no estuvo. Fue un honor estar sentado al lado de dos grandes profesionales, maestros en sus disciplinas, de esos que uno suele leer o escuchar en la vida universitaria, y tiene como referentes. Por todo esto, también era una gran responsabilidad lo que dijera, así que me lo terminé escribiendo. Lo que sigue a continuación es el texto completo de lo que pensaba leer en ese contexto. Por razones de tiempo, lo que leí fue un 70 u 80 por ciento de lo que sigue. A pedido de algunos interesados… ahí va.

Anoche, mi hijo mayor –que tiene 6 años y es muy futbolero- se quedó sin TV porque no cumplió con alguna indicación de su madre. Mi hijo mira todos los partidos que puede, y anoche se complicó. Pero TV no es PC. Y preguntó si podía usar la computadora. Se le dijo que sí porque después de todo aquella pequeña falta no era para tanto. Los siguientes pasos: Google, Roja Directa y, en pocos segundos, gracias a una conexión normal de 5 megas, allí estaba mirando en la PC los partidos en vivo. Como todo chico de esa edad con acceso a la web, prefiere ver TV en Internet. Y de hecho, contra lo que muchos aquí podrían llegar a pesar, mi hijo es fanático de José Zamba, el personaje principal de Paka-Paka. No dejó un solo capítulo sin ver –algunos más de una vez- .

Doy clases en la universidad, y cada comienzo de cuatrimestre hago una encuesta rápida entre los estudiantes, de 18 a 20 años aproximadamente, sobre qué ven y cómo ven. En los últimos años, ya contabilicé algunos primeros casos de alumnos universitarios que no tienen televisor en su casa, que ven TV por Internet. Y sobre películas y series: 11 millones de usuarios únicos mensuales llegó a tener Cuevana, el sitio de cine y series sobre el que los tribunales argentinos no han sabido todavía qué decir.

Estas anécdotas, me parece, vienen a cuento para poner en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de medios y de comunicación en estos tiempos, donde la convergencia tecnológica y las profundas transformaciones en el cambio de hábitos de las audiencias desdibujó completamente las fronteras entre la radio, la televisión y la prensa escrita, pero también está borrando los límites que nos permitían distinguir la radiodifusión de las telecomunicaciones, e incluso más, lo que distinguía a los fabricantes de dispositivos de los productores y distribuidores de contenidos. Hoy podemos decir que grandes conglomerados globales como Time Warner o Disney compiten por la audiencia con AT&T, pero también con Google, Microsoft, Sony o Apple.

Este es el verdadero contexto: convergente, miltimedial, global, hiperconectado, hipersocial y con una audiencia activa, que no sólo consume contenidos de manera pasiva sino que produce sus propios mensajes, o reinterpreta y reelabora los que recibe.

La ley de medios, a la que se intentó dotar de un carácter refundacional del país, prácticamente como si fuera una segunda Constitución, se debatió de espaldas a esas realidades. No obstante, es justo reconocer que esta norma trajo al marco regulatorio de la comunicación mediada algunas novedades positivas. En general, un conjunto de buenas intenciones que fueron el resultado de años de búsqueda, investigación y militancia de múltiples actores de la comunicación.

A tres años de su sanción, la ley de medios no cumplió ninguna de aquellas promesas. Quince minutos no alcanzan para un análisis extenso, por lo que sólo me voy a centrar en algunos aspectos:
– La promesa de la desmonopolización
– La promesa de la transparencia
– La promesa de la modernidad

#Televisión Digital Terrestre: entre el 60% y 70% de los decodificadores distribuidos gratuitamente no está en uso

Hoy publiqué en La Nación la nota que copio más abajo sobre la penetración de la TV digital impulsada por el Gobierno. Desafortunadamente para mi y para los miles de lectores que la leyeron el dato más revelador me llegó una vez publicada: «Según fuentes oficiales, pero dicho de manera extraoficial, el 60/70 por ciento de las personas que recibieron decodificadores gratuitos los tiene guardados (es decir sin usar) Además, muchos usuarios que tienen TDT en sus decos o TV, no tienen buena recepción y termina frustrandos». Me lo dijo una muy buena fuente con acceso al plan de despliegue oficial.

A más de tres años del lanzamiento de la televisión digital gratuita y abierta, en la que el gobierno nacional invirtió al menos $ 3000 millones, poco más de un millón de hogares está en condiciones de ver esos canales. Aunque nadie se atreve a decir qué rating tiene el servicio, ni la administración Kirchner ni Ibope ni tampoco quienes estudian estos mercados, todos ellos dejan entrever que la audiencia se reduce a un grupo no precisado de jubilados, beneficiarios de planes sociales (entre quienes se distribuyeron gratuitamente 1,1 millones de decodificadores), especialistas en telecomunicaciones, residentes en zonas rurales que no tienen otras alternativas y hasta algunos militantes del kirchnerismo.

Con el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta (TDA), el nombre oficial del emprendimiento, el Gobierno pretendió competir con la TV paga en la que, a juzgar por los números, aún no hizo mella. En los últimos tres años, la penetración del cable y el satélite creció más de 8 puntos y el servicio llegó al 81% de los hogares argentinos. Incluso entre las familias de bajos ingresos, esa cifra llega al 74% de los hogares, según Ibope.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que tiene a su cargo el proyecto, lo ve de otra manera. «Nos habían convencido de que la única forma de comunicar era a través de un cablecito», dijo ayer, al celebrar la expansión de la TDA durante el anuncio del desembarco del Estado en el negocio de las comunicaciones móviles.

Ley de medios: ¿Por qué el gobierno Kirchner no aplica el artículo 161?

Grupo Clarín, Grupo Uno Medios (Daniel Vila-José Luis Manzano), Cadena 3 (Córdoba) y Grupo Ick (Santiago del Estero) lograron que la Justicia Federal suspenda (cada uno sólo para su propio caso) la aplicación del artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso significa que para ellos no corre aún el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para «adecuarse» al nuevo marco regulatorio. Es decir, para vender los medios que no encajan en las limitaciones vigentes. Todo el resto de los medios de comunicación audiovisual que no se ajustan a la regulación deberían haberlo hecho hace un mes. ¿Por qué el Gobierno no lo aplica? A continuación, algunas ideas para entender por qué.

A casi dos años de su aprobación y uno desde que fue reglamentada, la ley de servicios de comunicación audiovisual todavía no produjo cambios significativos en la TV y la radio, más allá de algunos aspectos formales. Es más, a pesar del orgullo que el Gobierno siente por esta norma, la ley de medios no está totalmente reglamentada: de los 166 artículos que la componen, 81 siguen sin reglamentar, es decir, sin aplicación práctica. Y estos son datos objetivos, de los que disfruta el ministro de Interior, Florencio Randazzo, que esta semana acusó a los diarios LA NACION y Clarín de «mentir», «tergiversar» y tener «una actitud atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia».

La ley de medios abrió un fuerte debate en la sociedad sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia y la intervención del Estado en su regulación. Para algunos, la norma es el mayor triunfo cultural del kirchnerismo que, según esa lógica, habría logrado lo que ningún otro gobierno pudo: doblegar a los medios hegemónicos, como los denomina el oficialismo. «La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo cayéndose todas nuestras caretas, las de los periodistas y las de los políticos», editorializó el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa Bajada de Línea. Para Morales, tal vez la figura pública que más apoyó la sanción de la norma, la ley fue además «absolutamente decisiva en el resultado» de las elecciones primarias de agosto pasado.

Los malabares del Gobierno para hacer de cuenta que la ley de medios puede cumplirse (y la idea “híbrida” que acercó DirecTV)

La ley de medios da potestad a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para que, resolución mediante, “ordene” la grilla de programación de la TV paga. Así lo hizo el organismo que preside el concejal de Lomas de Zamora Gabriel Mariotto. Mucho se ha dicho acerca de las deficiencias técnicas de la nueva ley de medios (algo señalado, entre otros, por Julio Bárbaro –«La ley de medios fue hecha por universitarios que nunca estuvieron en los medios»).

Mediante la resolución 296/10, ordenó incluir “todas las cadenas de noticias” lo que se traduce como “incluir el canal oficialista CN23” y todos los canales con participación estatal lo que debe entenderse como “los canales estatales que el Gobierno quiera”. Así fueron a parar a la grilla CN23 (sólo Cablevisión resiste) y PakaPaka (el infantil del que hemos escrito mucho aquí, aquí y aquí). Curiosamente, el Gobierno no ha hecho nada para incluir Incaa TV (sólo el muy prolijo Telecentro lo tiene en su grilla) ni los demás canales que el Estado está abriendo para dotar de contenidos a su televisión digital terrestre (entre ellos el turístico Argentina HD –que en rigor no es HD– y el próximo a inaugurar, Sonar TV –Teresa Parodi y Víctor Heredia, mediante–).

Algunas ideas sueltas para entender qué pasa con el canal infantil Paka Paka

Cablevisión debería realizar todas las gestiones técnicas y contractuales para sumar a su grilla a Paka Paka e Incaa TV, es cierto. Pero eso es tan cierto como que el Gobierno esconde detrás del pedido por el canal infantil del ministerio de Educación otro interés: instalar CN23 la señal de (buenas) noticias del tándem Szpolski-Garfunkel, totalmente controlada por la usina informativa paraestatal (Dato: al menos el 80% de la facturación de ese grupo mediático proviene de la pauta oficial). Si no, no se comprende mucho la embestida (una más) contra Clarín.

En los últimos días asistimos en Argentina a otra discusión incomprensible: el Gobierno Kirchner acompañó un recurso de amparo en la Justicia para pedir la incorporación en la grilla de Cablevisión de Paka Paka y organizó un festival frente al Ministerio de Educación, al que asistieron numerosos funcionarios. En tanto, Cablevisión salió a explicar por qué la señal infantil no está en su programación.

Cablevisión (grupo Clarín) no es el único sistema de medios que no incluyó esos canales en su grilla. El segundo operador de TV paga de Argentina es DirecTV, con 1,3 millones de hogares conectados y tampoco incluyó Paka Paka en su grilla ni lo hará. ¿Por qué el Gobierno no arremetió ahora contra DirecTV por «censurar» a Paka Paka? Facilísimo, porque ese conglomerado global (que factura el triple que el Grupo Clarín) ya incluyó en su programación a CN23. Los argumentos de DirecTV para descartar la incorporación de Paka Paka e Incaa TV a su grilla son parecidos a los de Cablevisión y están relacionados con la capacidad de transporte de señales de sus respectivos sistemas (para incorporar nuevas hay que dar de baja algunas de las existentes, 1 x 1) y con la existencia de lazos contractuales vigentes. De hecho, para poner CN23 en su grilla, DirecTV dio de baja un cultural cultural argentino histórico Canal (a).

Tampoco es verdad que todos los sistemas de cable del país ya transmitan el canal infantil y el de cine argentino y latinoamericano (Incaa TV, que a mi también me gustaría tener en el televisor) y el único que se resista sea el grupo Clarín. En el interior argentino profundo, una indeterminada cantidad de cableoperadores pymes tampoco baja la señal y por lo tanto no la distribuye entre sus abonados. ¿Qué responden al grupo Clarín? ¿Le tienen miedo? No, ahora que el fútbol es «gratis», nada que ver. Por una parte, se trata de empresas que tienen varios miles de clientes y están algo atrasadas tecnológicamente. Podrían emitir gustosamente Paka Paka pero para eso tal vez deberían estar completamente en regla para pedir el decodificador oficial, o poder transmitir 40 canales que se vean bien. Personalmente, se de varios casos concretos para protegerlas prefiero no mencionarlas. Por otra parte, hay decenas de cableoperadores (algunos cooperativos) que ya pidieron los decodificadores y aún no los recibieron. ¿Por qué tanto apuro en Buenos Aires y tanta demora en el interior? ¿Dónde es que vota la gente? Ah, eso no tiene nada que ver, claro. Además, ¡los chicos no votan!

El gobierno porteño impide el ingreso de un nuevo operador de triple play pero no sabe cómo justificarlo

A principios de mes, publiqué en La Nación esta información: Macri frena el ingreso de un nuevo operador de triple play. El tema fue levantado por Fortunaweb.com, el sitio de la revista económica del diario Perfil; lapoliticaonline.com.ar, radiodifusiondata.com.ar, diariosobrediarios.com.ar y la agencia Nova, entre otros sitios. Ese mismo día recibí un mail de un colega y amigo de un medio del Grupo Szpolski que me pedía referencias sobre la empresa a la que se le niegan los permisos municipales para operar. Hasta ahora no vi en los medios de ese grupo (que destinan varias páginas al análisis de su competencia con referencias siempre críticas sobre lo que hacen sus colegas) ni una breve sobre el caso.

La empresa a la que el gobierno de la ciudad le niega los permisos se llama Gigared. Conocí de su existencia por un mail subido de tono que me escribió uno de sus directivos de la firma enojadísimo porque no había incluido a esa empresa en un panorama sobre el sector del triple play en Argentina. Tras aquel primer contacto pasaron varios meses hasta que finalmente pude visitar las instalaciones de la empresa, en el barrio porteño de Villa Ortúzar.

No tengo ningún compromiso comercial ni personal con Gigared (lo aclaro porque en el país de hoy hay que aclarar todo: ah, y durante la dictadura era un niño). No me contrataron ni me pagan para escribir este post. Me llama la atención que los medios alineados con el Gobierno Kirchner se hayan perdido la oportunidad de fustigar a su archienemigos, Clarín y Macri, con este tema, lo que me termina de confirmar lo difícil que es ser empresario en Argentina. Así, empresario sin más. Ni pro ni contra. Ni K, ni anti K. Parece que hay que estar alineado para sacar ventaja (ser «expertos en mercados regulados», como diría un amigo). Y eso no deja de causarme cierta tristeza. No por Gigared, cuyos dueños no son unos pobrecitos sin recursos, sino por el desarrollo del país, que requiere más y mejor conectividad, y mayor inclusión digital (lo que se logra también generando competencia para bajar los precios y mejorar los servicios).

Para quienes quieran saber más sobre el caso Gigared, aquí copio el cruce de explicaciones del que fui intermediario. Qué dice el gobierno de Mauricio Macri y qué responde Gigared. Al final, para quienes no están en tema, incluyo la nota publicada en La Nación.

La televisión paga argentina apuesta a la alta definición

Una nota que publiqué hoy en La Nación.

La televisión paga será de alta definición (HD, como se la conoce) o no será nada. Ese parece ser el destino de la TV por cable o satélite ante la multiplicación de contenidos en la TV abierta gratuita y la commoditización del cable básico: ampliar la oferta de señales en alta definición.

El desarrollo del HD, que ya tiene unos 250.000 usuarios en la Argentina, comenzó el año pasado, empujado por el Mundial de Sudáfrica -el primero transmitido íntegramente en ese estándar- y por la financiación en hasta 50 cuotas ofrecidas por bancos y cadenas comerciales. Con ese impulso, programadores, sistemas de TV paga, fabricantes y cadenas consultados por LA NACION, creen que 2011 será el año del gran salto.

Los 300.000 hogares con HD.- «En la Argentina podríamos superar los 300.000 hogares a fin de año. Para entonces, en América latina podría haber 2,2 millones de abonados», explicó Adrián Herzkovich, gerente general de Fox Argentina, donde la firma (dueña de Cinecanal HD, Movie City HD, Nat Geo HD, entre otras) prevé ofrecer 20 señales este año. «Toda la televisión va a ser HD, hacia eso tiende la industria, porque así lo piden los usuarios que una vez que conocieron la alta definición no quieren volver a la estándar», agregó Sergio Canavese, director regional de Afiliados de Discovery Networks, que en la región ofrece dos señales en ese sector, Discovery HD Theater y TLC HD.

Algunas consideraciones sobre el triple play en Argentina y América Latina

Hace un tiempo escribí en La Nación una nota sobre el poco desarrollo que tiene el triple play en el país. Se tituló: Mientras avanza en el mundo, el triple play se estancó en el país. En este post quiero retomar el tema y aportar alguna otra información específica, fruto de una serie de consultas con distintos actores de la industria de las telecomunicaciones. Sobre este sector, hacia el final del post, se encontrará información actualizada sobre facturación y market share.

Básicamente, decíamos en aquella nota: