Por primera vez, la TV por cable argentina reclama #espectro para #movilidad

22 03 2014

El jueves 20 de marzo participé de una reunión de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT) y la Asociación de la TV por Cable (ATVC) en Mar del Plata, donde políticos opositores y expertos conversaron sobre el marco regulatorio, el gobierno de Daniel Scioli anunció un acuerdo con los cableros para incluir en la grilla el canal estatal provincial y, lo que a mi me resultó más interesante, por primera vez la principal cámara empresaria del sector pidió públicamente participar en el reparto de espectro para sumar movilidad a los servicios que ya presta: TV, banda ancha, muy poco de telefonía fija y, en un futuro más cercano que lejano, telefonía y banda ancha móvil.

Lo pidió Walter Burzaco, presidente de la ATVC -que en Mar del Plata empezó a festejar los 50 años de la televisión por cable en el país, que se cumplen este 2014-:

“Actualmente nuestra actividad está limitada por una ley reglamentarista en exceso; y por la competencia de otros servicios regidos por esa misma ley, a los que les han otorgado ventajas infranqueables. El servicio que presta una empresa de Cable necesita tener un sustento económico, y que este sea independiente, para continuar su labor comunitaria. No obstante la industria recibe competencia desleal de prestadores de servicios públicos locales y de otros con cobertura panregional o global. Como operadores de vasta experiencia entendemos que resulta indispensable adecuar la ley de medios para abordar los desafíos futuros. Necesitamos que se comprenda que nuestras empresas pueden dar los servicios que ya dan los Cables en Latinoamérica, que van aún más allá de la TV, Internet y telefonía. Necesitamos que escuchen nuestros proyectos sobre el uso del espectro para dar movilidad a los usuarios”.

Burzaco lo deslizó como al pasar, pero hasta ahora en Argentina nunca se había escuchado al cable (centrado primero en su pelea con los operadores satelitales y telefónicos, luego dividido entre grandes y pequeños hacia el interior de la propia industria, y más recientemente enfrentado al gobierno por la ley de medios, que perjudicó a unos y otros) pedir espectro para entrar de lleno en la competencia contra las telefónicas. En el marco regulatorio argentino, las leyes de medios y de telecomunicaciones y los pliegos de privatización de Entel ponen frenos a la competencia y prohíben, limitan o hacen inviable el desembarco del cable en la movilidad y el de las telefónicas en la TV paga.

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Precisamente, en Mar del Plata también se realizó un panel (que gentilmente la ABT y la ATVC me invitaron a moderar) sobre el marco regulatorio. Participaron el diputado Felipe Solá (Frente Ronovador), el ministro de Cultura y Turismo porteño, Hernán Lombardi (PRO), el director de Afsca por la tercera minoría parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Henoch Aguiar (ex secretario de Comunicaciones, experto en el tema y asesor de la Unión Cívica Radical).
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#LeydeMedios, un repertorio de promesas incumplidas (y la necesidad de enfocarse en #telecomunicaciones), por Marcelo Stubrin

12 06 2013

A continuación se reproduce el texto leído por Marcelo Stubrin, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en representación de la primera minoría parlamentaria (la UCR), en el Foro de la Ciudad del Club del Progreso el 22 de mayo de 2013. Estudioso del derecho (y del derecho administrativo en particular), Stubrin -que, aunque con larga trayectoria en el Estado, no tiene formación específica en comunicación-, señala varias inconsistencias de la ley y de su aplicación, y marca algunos puntos para empezar a pensar en su reforma, o en su reemplazo parcial por una norma más moderna, de convergencia o de telecomunicaciones.

La exitosa empresa de reconstrucción democrática iniciada en 1983, tenía una asignatura pendiente: la regulación de los medios de comunicación audiovisuales. El anhelado propósito consistía en proveer normativas que fortalezcan la sociedad civil frente a la posibilidad de que la opinión pública pueda ser manipulada por los gobiernos o por las empresas privadas propietarias de los medios de comunicación.
La libertad de acceso a la información pública, descendiente directa de la libertad de prensa y de la anterior libertad de imprenta se encuentra en el corazón del plexo normativo de las llamadas libertades de primera generación integrando todos los textos constitucionales de las repúblicas democráticas.
Frente a la tiranía y el autoritarismo oscurantista, es sencillo definirla, pero en la sociedad abierta y democrática se complejiza su interpretación sobre todo por el vertiginoso caudal informativo disponible, la incesante creación de nuevas plataformas de acceso y la disponibilidad de variada información global en tiempo real que es consumida por cada vez más amplias capas de la población del mundo. Todo esto ha dado lugar a nuevas interacciones que algunos definen como una ciudadanía universal.

La libertad nunca celebra su consagración plena, siempre hay que estar atentos.

Los inquisidores que mandaban a la hoguera a los libros y sus autores, se reconvirtieron muchas veces en censores de opiniones diferentes, ya sea para servir a los aparatos de propaganda de las tiranías, a dictaduras prepotentes y autoritarismos de diverso pelaje. También acompañaron el colonialismo y otras formas más sofisticadas de control sobre los más débiles, ya sea a través de gobiernos, grupos económicos o élites políticas locales o multinacionales beneficiarias de la empresa colonial.
La metáfora subyacente del oscurantismo es que “la realidad” es lo que aparece en la portada de un diario, una revista o se reproduce en la pantalla de televisores de millones de hogares, sin embargo la historia se encargó de demostrar lo contrario: la verdad prevalece, la pantalla adicta dura poco, no puede sofocar la verdad que se construye en el saber de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad.
Los más grandes aparatos opresivos del Siglo XX han sucumbido y en su lugar han nacido sociedades más abiertas, que vuelven a sufrir amenazas que encienden nuevas alertas, lo que demuestra que libertad, democracia, república y garantías constitucionales son conquistas nunca definitivas que necesitan constante vigilancia y atención.
Este es el entramado en que se inscribe la necesidad de contar con una herramienta legal que, para los servicios abiertos al público en general, tales como la radio y la televisión, regule la disposición de un bien escaso: el espectro radioeléctrico, aunque teniendo en cuenta que esa escasez es cada vez menor, dados los adelantos tecnológicos que permiten una mayor participación en el uso de las frecuencias, sin interferencias.

Allí conviven ondas electromagnéticas cuyo uso debe ser administrado teniendo en cuenta que constituyen una ancha avenida pero con límites precisos que cuando se extralimitan arruinan el sistema, se superponen y perjudican simultáneamente a quienes ejercen su derecho a emitir y a la inmensa mayoría cuyo objetivo es buscar y recibir informaciones, entretenimiento e ideas de toda índole por cualquier sistema a su elección, entre ellos, los medios audiovisuales.

Todos los países del mundo cuentan con servicios de radio y televisión sujetos a regulaciones que difieren en su rigurosidad, y en la Argentina, además, prevalecía un sistema caracterizado por la discrecionalidad del gobierno en la administración de las reglas sobre quienes podían ser propietarios de radios y canales de televisión.

La llamada ley 22285 impuesta por el general Jorge Rafael Videla el 15 de setiembre de 1980, a partir del retorno al sistema democrático fue objeto de diversas modificaciones parciales en su texto, tratando de aplacar en algún caso su rigorismo de base, pero, en realidad, no llegaron a ser más que parches sobre un texto doctrinaria y jurídicamente insostenible en la primera década del siglo XXI, circunstancia que enmarcada en la ruptura del gobierno con el campo, el voto adverso del Vicepresidente de la República y el enfrentamiento con los medios nacionales, derivó, en la sanción por el Congreso Nacional de la Ley 26522, sancionada, promulgada y publicada con inusitada urgencia el día sábado 10 de octubre de 2009, pero que a más de 3 años continúa mayormente inaplicada.

Dicha norma, que mereció numerosas críticas de diferentes sectores políticos durante su tratamiento legislativo, también fue objeto de variadas impugnaciones a su constitucionalidad, por todos conocidas, no obstante lo cual, es la que rige en nuestro país, aunque están pendientes de consideración por la CSJN [Corte Suprema de Justicia de la Nación] algunos artículos cuestionados, que según sea la opinión del Alto Tribunal puede hacer muy dificultosa la futura aplicación lisa y llana de la ley tal como se encuentra redactada.
Sin perjuicio de que volvamos a considerar estos aspectos polémicos, considero necesario evaluar primero la norma en su conjunto, en aquellos aspectos que no han merecido reproches o que éstos no han sido atendidos por los magistrados encargados de evaluar su constitucionalidad.

No se puede más que coincidir con los Objetivos establecidos en el art. 3°. Con gran amplitud se expresa un consenso nacional acerca de los propósitos que deben inspirar a una legislación sobre estas materias, sin embargo es necesario formularse dos preguntas: la primera, sobre si el texto de la norma contribuye a concretar los objetivos propuestos o los dificulta; y la segunda sobre si el campo de aplicación permite abarcar de manera completa la materia bajo análisis.
Lamentablemente la respuesta a las dos preguntas es adversa al texto de la llamada Ley de Medios.

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