#Argentina Seis razones para creer que el auditor Francisco Javier Fernández fue uno de los dueños del grupo Veintitrés

10 05 2016

 

carta de francisco javier fernandez

Francisco Javier Fernández, que ocupa una silla de auditor general en la Auditoría General de la Nación (AGN), ese organismo que supo presidir Leandro Despouy y que ahora está en manos de Ricardo Echegaray -cómo fue ese descenso al infierno del descontrol aún no fue explicado-, envió hace unos meses a La Nación una carta de lectores -que el diario publicó como corresponde- en la que desmiente asépticamente la información que publiqué en dos notas en el mismo diario: que es uno de los “accionistas” ocultos (“inversores”, dice alguno de los socios) del grupo Veintitrés.

Lo dije aquí y lo repetí aquí. Y me arriesgo ahora a algún llamado telefónico en el que alguien quiera demostrar que sabe dónde vivo, los nombres de mis hijos y a qué colegio van. No es paranoia, son antecedentes.

¿Por qué afirmo que Francisco Javier Fernández sí es/fue accionista/inversor en el grupo Veintitrés si -hasta el momento- no aparece en ningún documento vinculado a empresas de ese conglomerado? Bueno, en primer lugar hay que decir que el extinto grupo Veintitrés fue un conjunto de empresas sui generis bastante flojo de papeles en todo sentido: en lo comercial, en lo tributario, en lo previsional y en materia de regulación audiovisual. A los interesados sobre este punto sugiero zambullirse en el libro de Alejandro Alfie, “Los agentes Néstor y Cristina”.

Que Francisco Javier Fernández -eficiente “operador judicial” del kirchnerismo en los Tribunales- sea socio de Sergio Szpolski, Darío Richarte y Matías Garfunkel podría explicar la falta de interés de jueces y fiscales en curiosear cómo es eso de que una sola empresa de medios se llevó al menos unos 800 millones de pesos en pauta oficial en sólo seis años, muy lejos del promedio de cualquier otra. El “operador judicial” tiene ahora capacidad instalada ociosa y, dado que su principal cliente -el kirchnerismo- ya no es tan buen pagador, anda ofreciendo sus servicios de “relacionamiento judicial” a otros interesados. Su vínculo con Darío Richarte y el de éste con Daniel Angelici y el de éste con el presidente Mauricio Macri son también un argumento de venta de esos servicios.

Bueno, aquí van las razones por las cuales creo que Fernández -del que pocos se animan a informar, entre los cuales está mi colega en La Nación Hugo Alconada Mon-.

  1. En primer lugar, Fernández reconoció tener una relación comercial con el grupo Veintitrés al que le prestó una suma de dinero, que el grupo no pagó y por el cual se ejecutó una garantía que hizo que las oficinas que Szpolski y Garfunkel ocupaban en Puerto Madero ahora le pertenezcan.
  2. En segundo lugar, Manuel Menéndez, un jubilado que es tío de Fernández, integró los directorios de distintas empresas del grupo Veintitrés (a las que F. Javier Fernández les prestó plata y a las que, por ser auditor general de la Nación, debía controlar en distintos temas, como por ejemplo la pauta oficial).
  3. En tercer lugar, uno de los socios del grupo Veintitrés me lo dijo de manera directa y expresa, y me lo confirmó cuando le volví a preguntar: Fernández es uno de los socios. El estudio de abogados que asesora a aquel accionista -y que dice tener elementos para sostener esa afirmación- me resulta de mucha confianza.
  4. En cuarto lugar, escuché una referencia que confirma la participación de Fernández en la propiedad del grupo Veintitrés de otro socio del grupo Veintitrés en una grabación que podría tener validez en una causa judicial. Allí, incluso se sostiene alegremente que la especialidad de Fernández es la de “mover expedientes”.
  5. En quinto lugar, porque cuando se informó oficialmente el ingreso de Sergio Szolski a Indalo Media pregunté expresamente qué pasaba con Darío Richarte y Javier Fernández. “Vienen con Szpolski y él se ocupa”, me dijeron.
  6. Y finalmente, por que la diputada nacional Elisa Carrió y el legislador Gustavo Vera -antes aliados y ahora archienemigos- sostienen públicamente y en expedientes judiciales todo lo anterior.

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