Las inconsistencias de la propaganda de @AfscaDigital sobre la #leydemedios

29 10 2012

Desde que asumió al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella repite un machete que el organismo formalizó y –militancia y pauta mediante– ahora difunde de cara al 7D. El panfleto lleva el título “A partir de la ley de medios todo es mejor que antes” (que me hace acordar al “Nosotros somos buenos” de Tucap Amaru). Hay allí algunas verdades, muchas exageraciones y mentiras flagrantes. A saber:

– Según Afsca, “la ley reserva el 33% del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, una medida de vanguardia en el mundo”.
Podría ser verdadero, pero… La verdad concreta, real: en la mayor parte del país el espectro radioeléctrico está colapsado (hay más de una radio por cada frecuencia disponible, lo que genera interferencias mutuas) y Afsca (junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones y otros organismos) aún no diseñó un plan técnico para saber qué espectro disponible hay y, luego, cómo podría repartirse. Hasta que ese plan técnico esté disponible, empiece a aplicarse y se haga lugar en el espectro, Frank La Rue (relator de libertad de expresión de la ONU) tendrá que seguir esperando para celebrar el arribo de entidades del tercer sector al espectro. Es decir: no hay posibilidad de destinar 33% del espectro a ese sector sencillamente porque ese espectro ya está ocupado (mayormente de manera ilegal).

Por otro lado, aunque es un poco tarde para introducir el tema, habría que discutir qué destino se le da al espectro. Mientras que en Argentina –como si estuviéramos en los 80 o 90- cuando se habla de espectro se piensa en medios, en el mundo cuando se habla de lo mismo se piensa en Internet móvil (por donde “van” ahora no sólo los medios sino una amplia gama de actividades humanas). ¿Qué están proponiendo en el Reino Unido…, por ejemplo?

Según Afsca: “Ya se adjudicaron más de 365 licencias de AM y FM en toda la Argentina. Y están en marcha más de 650 concursos públicos para frecuencias de radio”.
Verdadero. Se regularizaron situaciones de hecho y se concluyeron trámites de solicitud de licencias que el ex Comfer ya venía tramitando. En cuanto a los nuevos concursos, hay que decir que se licitan frecuencias en lugares donde nunca hubo limitaciones para que surgieran (como sucedió en todo el país) nuevas emisoras. Es decir, allí no había más FM y AM sencillamente porque no había interés por crearlas. El problema para las nuevas emisoras (y también para las antiguas), sean comerciales o sin fines de lucro, es el mismo: de dónde sacar los recursos para sostener el emprendimiento y ser viables en el tiempo. Algunos de los primeros impulsores de la nueva ley ya hablan de la necesidad de agregarle a la ley de medios un capítulo económico o directamente de sancionar una nueva ley de financiamiento de los medios.

Según Afsca: “Se reservaron 1150 frecuencias para radios municipales. Y más de 50 para radios universitarias”

En fin…! Decir que habrá más pluralismo porque los intendentes tendrán su propia radio (pienso en el conurbano y pienso en los pueblos en los que viví en Entre Ríos) no sólo es un chiste sino que además es desconocer profundamente la situación de los medios en el interior donde intendentes, senadores, diputados, concejales y demás hace rato que tienen/financian sus propias “emisoras partidarias” (como se dice en el fútbol).
Las radios universitarias tienen décadas de existencia en la Argentina (como lo demuestran las AM de las universidades nacionales de Santa Fe, Córdoba y Tucumán). Incluso hay algunos canales de TV (Tucumán y Córdoba) que existen desde hace décadas. Y otras universidades (como la de La Plata) tenían frecuencias asignadas desde los años 90. Los medios universitarios pueden ser un gran aporte, pero para eso necesitan financiamiento genuino y de eso precisamente carecen. Por eso la UBA, que podría tener un potente multimedio apenas cuenta con una FM (que ha logrado cierto posicionamiento en los últimos años). Esa falta de recursos deja a los medios universitarios sin cualquier tipo de autonomía, como lo demuestra el triste desempeño de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyos contenidos estrella (en prime time) son 678 y los noticieros de la señal de noticias privada CN23.

Según Afsca: “Se crearon más de 130 radios en escuelas primarias y secundarias”
Verdadero. Algo muy bueno como experiencia pedagógica y contacto con la comunidad de parte de esas emisoras.

Según Afsca: “Y se abrieron más de 20 radios de pueblos originarios”.
Dudoso. No es dudosa la cifra sino el hecho no verificado que sean “de pueblos originarios”. Hay allí una disputa entre distintas comunidades aborígenes tapada deliberadamente por la propaganda oficial y una cuestión aún irresuelta: jurídicamente, ¿qué es un pueblo originario? En principio, son pueblos originarios aquellos que están registrados como tales en el Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), pero allí hay un puñado de naciones. ¿Si se le diera una emisora a la Agrupación Tupac Amaru de Milagro Sala, esa radio contaría como emisora de pueblo originario? Eso es lo que discuten los aborígenes. Allí también hay K y no K (por ejemplo, el Consejo Nacional Indígena). Todo eso, sin contar que hay pueblos indígenas que se consideran anteriores a la creación del Estado y no reconocen su legitimidad.

Dice Afsca: “Más de 50 cooperativas recibieron su licencia para operar cables. Y más de 100 iniciaron su trámite”.
Verdadero, pero… Al día de hoy (a más de tres años de la sanción de la ley de medios, a más de dos años de su reglamentación y con un artículo que sólo estuvo suspendido algunos meses), ninguna cooperativa de servicios públicos está dando TV por cable. La cooperativa que está más cerca de hacerlo (Santa Rosa, La Pampa) tiene todo listo, tiene el servicio vendido pero aún no comenzó a transmitir. El resto, sigue esperando. Los expedientes se traban en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que debe autorizar esas transmisiones en ciudades donde ya haya un cableoperador. De hecho, los cableoperadores pymes tienen muchos reparos sobre ese aspecto de la ley. Sobre este tema, recomiendo seguir al presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), @dariowoliver

Dice Afsca: “Y 50 universidades nacionales pueden tener su propia señal de televisión”
Y bue: Como se dijo antes, varias universidades tenían canales de TV desde antes de la ley de medios, y otras tenían frecuencias asignadas. Muchas universidades nacionales y varias facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) también tenían estaciones de FM. Es decir, ya “podían” desde antes. Ahora tienen allanado el camino jurídico, tal vez, pero sigue siendo el talón de Aquiles el camino de sustentabilidad económica.

Dice Afsca. “Se produjeron más de 4000 horas de contenidos televisivos, generadas en el marco de los planes de fomento del Estado nacional. Así, un centenar de productoras de contenidos realizaron 67 series de ficción. Y de estas series, 44 se elaboraron en provincias argentinas. Hay 9 polos audiovisuales y 39 nodos audiovisuales tecnológicos, que articulan a más de 750 organizaciones para fortalecer la producción nacional de contenidos”.

Es completamente falso que esas 4000 horas (todas producidas por el Ministerio de Planificación Federal que dirige Julio De Vido) se deriven de la ley de medios, más bien tienen que ver con una excepción a la ley. Esos contenidos –entre los que hay algunos muy buenos programas y también alguna propaganda progubernamental- fueron producidos para dotar de atractivo a los canales de la televisión digital abierta (TDA) que impulsa el Estado pero que jurídicamente están exceptuados de la aplicación de la norma. La TDA se basa en dos decretos firmados por la presidenta Cristina Kirchner (decreto 1148/2009) mientras se trataba en el Congreso la ley de medios, y para el Gobierno esta nueva TV es la tecnología experimental que según la ley de medios está “exceptuada” de cumplir ese marco regulatorio. Así lo dijo el coordinador de la TDA, Osvaldo Nemirovsci: “La ley 26522 [de servicios de comunicación audiovisual] no contiene notorias regulaciones sobre TDA a pesar de lo cual, la misma se ajusta a un par de articulos que tratan el tema”.

Todo el programa de producción de contenidos (también conocido como “Ficciones para todos”, los nodos audiovisuales y tecnológicos y demás) son financiados por el Ministerio de Planificación (De Vido) con asesoramiento del Incaa y la Secretaría de Cultura, pero prácticamente sin participación de Afsca, órgano de aplicación de la ley de medios. Además, no se trata en ningún caso de un programa permanente sino de convocatorias puntuales sin financiamiento natural (es decir, dependerá siempre de los fondos que cada año decida el Poder Ejecutivo invertir en esa producción).

Según Afsca: “Los cableoperadores pymes ya producen más de 2800 horas diarias de programación. Esto genera más de 6000 puestos de trabajo en más de 700 localidades y pueblos”

Verdadero desde hace años (antes de la ley de medios). Quienes alguna vez trabajamos en un cable pyme o mediano (yo lo hice en uno de 4500 abonados) sabemos de los noticieros locales, la cobertura de los deportes locales y demás actividades sociales de los pueblos. Si en Argentina hay 1000 cables independientes, entonces hay bastante más de 2800 horas de programación diaria. Siempre la hubo. Aunque es común entre los políticos, no está bien (no es ético y hasta podría ser delito) asumir como propios “éxitos” ajenos. Sobre este tema, aconsejo seguir al cableoperador independiente @RaulMalisani

Lo que Afsca no dice es que el principal proyecto derivado de la ley de medios fracasó y fue barrido bajo la alfombra: el fracaso del concurso para crear 220 nuevas canales de TV en todo el país, que fue dejado sin efecto, y sobre el que aún no se cumplió la promesa de nuevos pliegos para la TV sin fines de lucro.

Yo estoy de acuerdo con las emisoras universitarias y de pueblos originarios, con que las cooperativas de servicios públicos compitan en triple play (es decir, que incluyan TV paga en su oferta) y que compitan todos contra todos (con la protección por algún tiempo y el fomento permanente del Estado para cooperativas y pequeñas y medianas empresas). Desde que en aquel canal de pueblo (Nogoyá Televisora Color) llegamos a tener una programación local de 13 ciclos (entre noticieros, deportivos, culturales, etc), soy un entusiasta promotor de las programaciones locales. Tiene que haber más contenido local sin que deje de existir una oferta nacional (aglutinante del país todo) pero eso no va a ocurrir por arte de magia o porque un texto legal lo diga, eso sólo va a ocurrir si hay financiamiento genuino. A nivel nacional, parte de ese financiamiento se desvanece por la aplicación de la ley que impide a distribuidores de TV por cable tener señales de contenidos nacionales, lo que deja librado al oligopolio de los programadores internacionales la mayor parte de la grilla de TV paga.

Sin ley de acceso a la información, sin ley de distribución de la pauta oficial, sin el fomento de la industria nacional audiovisual genuina y económicamente independiente (que libere al Estado del mayor peso y le permita direccionar los subsidios a la producción cultural que el mercado no puede satisfacer), la aplicación de la ley de medios sólo busca reforzar el discurso del poder de turno. No es el primer gobierno que lo intenta, pero sí el que más lejos ha llegado.

Para construir no siempre hace falta destruir. Se puede levantar sobre lo existente, salvo en Argentina, donde cada gobierno parece querer empezaron donde los viejos dejaron en 1810.


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