La libertad de expresión en Internet empieza por… tener Internet

Esto fue lo que dije (o tenía previsto decir) el 11 de septiembre de 2013 en el panel «Libertad de expresión en Internet: casos de actualidad», que tuve el honor de compartir con la diputada nacional Paula Bertol; la presenta de Vía Libre y docente universitaria, Beatriz Busaniche; y el periodista de Canal 26, Eduardo Serenellini, con la moderación del periodista de Todo Noticias y Canal 13 y docente universitario Santiago do Rego, en las «V Jornadas Nacionales sobre Imagen, Comunicación y Redes Sociales» en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Muchas gracias Fernando Tomeo por la invitación.

I.- Introducción
En las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, en La Nación usamos -tal vez por primera vez- las redes sociales para una cobertura informativa de un acontecimiento en curso. Fue el primer contacto de muchos periodistas del diario con Twitter. Varias decenas de periodistas, con teléfonos inteligentes, recorrieron escuelas y sedes partidarias y reportaron desde allí distintos tipos de información. Fue un intento también de colaborar en la transparencia de la elección, que en el interior del conurbano profundo siempre despierta dudas.

Los periodistas con alguna experiencia tenemos una relación difícil con las redes sociales. Primero respecto de la separación entre lo personal y lo laboral. Algunos deciden tener un perfil personal y no uno profesional y setean su uso de las redes sociales permitiendo sólo el contacto con amigos y familiares. Otros optan por lo inverso, apuestan a un uso profesional -es decir, usar las redes para viralizar sus contenidos, dar sus opiniones y dialogar con las audiencias- y entonces renuncian a un uso personal: nada de fotos de hijos ni de las últimas vacaciones. Otros, la mayoría, hacen lo que pueden.

También está la cuestión del tono y del lugar desde el que se habla. Hay una suerte de “investidura” periodística que uno tiene que cuidar. Se puede ser irónico, se puede ser punzante, se puede ser divertido… pero en ningún momento se deja de ser periodista. Y el mayor capital de un periodista es su credibilidad. La credibilidad se construye ladrillo sobre ladrillo a fuerza de profesionalismo, de verificar hechos, contrastar fuentes, reconocer rápido al que miente y decirle sin pelos en la lengua. Pero esa construcción puede venirse abajo en un tuit. Hay muchos casos ya, incluso en Argentina, de periodistas despedidos por un tuit. Por desconocimiento del alcance de esta nueva comunicación social, por falta de tacto o simplemente por impulsivos. Ser impulsivos y tener una ventana abierta a miles o decenas de miles de seguidores que a su vez son seguidos en conjunto por millones es muy muy peligroso.

Habría otros muchos aspectos a analizar, por ejemplo, hasta dónde uno está vinculado un perfil personal con la empresa o las empresas periodísticas donde uno trabaja. Ese es un tema espinoso para muchas empresas, que extienden sus propias reglas de conducta a los periodistas que usan las redes sociales (aunque ninguna empresa periodística tenga derechos sobre Twitter, Facebook, Linked-in, etc.).

Está también la cuestión del diálogo. Los medios antiguos y los periodistas tradicionales no están (o debería decir, no estamos) acostumbrados a dialogar con la audiencia. No estamos acostumbrados a que nos auditen masivamente, a que se nos cuestione en nuestra cara o que se nos exijan más pruebas y demostraciones de lo que decimos o hacemos. No estamos acostumbrados a que nos evalúen así, con tanta exposición. Hay colegas que no están cómodos con esta situación.

En cualquier caso no puede haber libertad sin responsabilidad. No hay responsabilidad sin ética y sin formación permanente. Me alegra que entidades como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entre otras instituciones, (nos) estén ayudando a los periodistas a sumarse al diálogo con los usuarios a través de las redes sociales. Que podamos empezar a tomar de esa conversación y de todas las conversaciones que se dan en este nuevo espacio público de comunicación multidireccional nuevos temas para convertir en historias que expongan situaciones injustas que deben ser resueltas, hechos de interés público que quieren ser ocultados o tendencias sociales en las que nos veamos reflejados.

Esto es cuanto puedo decir sobre las redes sociales y el periodismo, una relación que recién empieza a dar sus frutos.

Sin embargo, hay otras cuestiones que creo deben ser mencionadas en estas jornadas y que condicionan la libertad de expresión en los medios sociales.

2.- Libertad de acceso.
No hay libertad de expresión en las redes sociales si no hay acceso a Internet. Una computadora en cada casa y una conexión de calidad a Internet ya deberían estar entre las necesidades básicas a satisfacer en cada hogar, sobre todo entre los más pobres. La distribución de notebooks del plan Conectar Igualdad es una buena idea pero no alcanza si no es acompañada por muchas otras acciones.

Esto nos remite al desarrollo de infraestructura de conectividad. Quienes estamos en el ámbito de las ciencias sociales tendemos a perder de vista ese pequeño detalle. Sin infraestructura de conectividad no hay posibilidad de acceso y por lo tanto no hay manera de ejercer la libertad de expresión en el ámbito digital en general y en los medios sociales en particular.

¿Quieren saber cuál es el panorama en nuestro país? Es fácil de resumir pero es trágico y si no se hace algo rápidamente sólo puede seguir empeorando.

– Argentina tiene la Internet más cara, más ineficiente y crecientemente más costosa del América latina. El gasto mínimo que debe realizar un hogar para abonarse a un servicio de acceso a Internet de banda ancha fija en Argentina duplica el que debe realizar un hogar en Brasil o Uruguay.

– La velocidad de descarga ofrecida en Argentina es de apenas 30 megas, contra 200 mega en Brasil y 120 en Uruguay y Chile.

Cuando no se avanza, se retrocede.

– Si hablamos de Internet móvil, Argentina es prácticamente el único país de América del Sur que no anunció aún qué hará en materia de LTE-4G, la próxima generación de conectividad móvil que permitirá mayores velocidades de navegación por la red celular.

– Argentina es uno de los dos grandes mercados latinoamericanos que aún limita por ley el desarrollo de los servicios N-play.

– La red federal de fibra óptica según la cual el Estado nacional desplegará o comprará en total más de 50.000 km de red troncal es por ahora una ilusión. Se construyó menos de un tercio de lo previsto y sólo está iluminado y operativo el tramo submarino del estrecho de Magallanes, que es operado por un privado.

Cuando no se avanza, se retrocede.

3.- Libertad de ejercicio
Yo lo llamo así aunque no sea una expresión del todo acertada. Digamos que hacen falta mayores garantías para poder usar sin restricciones las redes de conectividad siempre que uno cumpla con todas las normas legales vigentes.

Eso remite a un tema que seguramente se tocará o se habrá tocado ya en estas jornadas: la neutralidad de la red, que interpretada en sentido amplio significa que el intercambio de información en Internet no puede ser restringida, afectada o interrumpida por ningún Estado ni por ningún actor privado. Es decir, ni por razones comerciales ni por razones políticas.

Ahora mismo, en Argentina no tenemos ninguna garantía de que esto no esté ocurriendo. Las propias operadoras de telecomunicaciones se acusan mutuamente -aunque por lo bajo- de filtrar sus productos y los impulsores del sitio Cuevana lo han hecho públicamente con algunos proveedores de acceso. Incluso no faltó quien desde el Estado propusiera prohibir (impedir el acceso) los enlaces que remitan a sitios que enseñan a desbloquear las notebooks del plan Conectar Igualdad. A propósito, les sugiero estudiar un poco esos videos, muy didácticos, elaborados de manera casera por los propios estudiantes.

Esta libertad de ejercicio exige además educación para un uso que permita explotar la potencialidad de la red, especialmente entre niños y jóvenes, principales usuarios de “mundos virtuales” y “redes sociales”, respectivamente. Hay que educar sobre fakes, sobre trols, sobre cómo reaccionar ante extraños, etc.

También hacen falta mayores prestaciones para el ciudadano (de parte del Estado), para los consumidores (de parte de proveedores de productos y servicios), para el usuario en general. Esto nos remite a plataformas de gobierno abierto y a voceros oficiales que respondan a los ciudadanos de manera más o menos instantánea en las redes sociales. Hace falta un cambio cultural: hace falta un Estado que responda.

Y por eso hace falta también que el Estado garantice el derecho de todos los ciudadanos a conocer qué hacen los gobiernos. Eso se llama “acceso a la información pública”, una materia en la que se dieron algunos pequeños pero muy importantes pasos en 2003 y luego se retrocedieron kilómetros los diez años siguientes.

Nos hace falta aprender a convivir y a mantener este diálogo social masivo de manera civilizada y constructiva. Para eso hay que trabajar sobre el alto nivel de hostigamiento existente en las redes sociales contra quien piensa distinto. No puede existir el trabajo de “piraña”, esa especie de hostigador profesional en las redes sociales que detecta y ataca en masa al que opina distinto. Y no quisiera creer que es el Estado el principal empleador de estas pirañas. Controlar esa plaga sólo se logrará con educación para la convivencia es decir, con una sociedad que se autoregula, donde el respeto y la tolerancia son valores potentes.

Hay que dejar de perseguir a las fuentes informativas de los periodistas y los medios: Consumidores Libres, Unión de Consumidores de Argentina, Adelco… las consultoras privadas que miden la inflación han sido obligadas a callarse y nos acostumbramos a que eso ocurra.

En fin, para ser verdaderamente libres nos hace falta recorrer aún un largo camino. En infraestructura, en regulación, en educación, y, en lo que a mi me toca, en la mejora de la calidad de los periodistas. Tenemos que aprender a conversar con las audiencias, aprovechar su auditoría para mejorar nuestro trabajo y la función social que tenemos en las sociedades democráticas.