María Seoane mintió y algunos periodistas se lo permitieron

12 12 2012

María Seoane, directora de Radio Nacional, mintió. Dijo que “no es verdad” que el Gobierno nacional prevea levantar los contenidos locales de las 48 radios que el Estado tiene en todo el país para hacerle espacio al programa de Luciano Galende que Radio Nacional Buenos Aires emite de 9 a 12. Dio su palabra de honor. “Desmintió”, repiten muchos periodistas, algunos de los cuales no pueden ser acusados de oficialistas. Y, particularmente, me desmintió a mi, y a esta nota que publiqué en La Nación.
Pero resulta que Seoane, una periodista de extensa trayectoria y muchísimos premios, mintió. Y es fácil de demostrarlo. Hay muchos hechos que confirman su mentira y hay cientos de personas que saben que mintió y podrían decirlo si tuvieran la certeza de que su puesto de trabajo en los medios estatales no correrá peligro. Los empleados de aquellas 48 radios (40 integrantes de la cadena de Radio Nacional y 8 ex emisoras comerciales del Estado) recibieron la semana pasada la confirmación de que habrá que hacerle espacio a Galende.  “Es una orden de arriba”, “es una cuestión política”, fue la explicación que recibieron de parte de los directores de las emisoras, algunos de los cuales hicieron reuniones en los que se conversó del tema. Es más, esa “bajada de línea” originó una serie de protestas gremiales que comenzó en LT 14 Radio General Urquiza, de Paraná, y siguió en LT 11, Radio General Ramírez, de Concepción del Uruguay, y rápidamente se extendió a las otras seis ex emisoras comerciales del Estado, que desde la aprobación de la ley de medios pasaron a pertenecer a Radio y Televisión Argentina SE. Esas radios siempre gozaron de cierta autonomía para elegir sus programas. En cambio, las 40 emisoras de la red de Nacional tienen menos libertad sindical y hasta ahora han respondido al discurso del kirchnerismo. Eso mismo está provocando algunos cortocircuitos ahora porque son kirchneristas los programas que deberán correrse del horario de la mañana para dejarle lugar al kirchnerismo centralista porteño. Además, ¿y la ley de medios que iba a federalizar los contenidos y a fomentar la producción de contenidos locales?
Bueno, resulta que Seoane salió por algunas emisoras a “desmentir” y muchos periodistas se quedaron con la desmentida. ¿Y la verificación de los hechos? ¿Y la consulta a todas las fuentes? Yo también hablé con Seoane y a mi me dijo lo mismo que dijo al aire. Pero inmediatamente después, también hablé con delegados sindicales y empleados de las emisoras afectadas, y también me llegaron mensajes espontáneos de varias radios de la cadena. ¿Y qué dicen? Dicen que todo sigue en marcha, que ese es el mensaje que les llegó. Que las radios comerciales tendrán la alternativa de emitir a Galende por AM o por FM, a elección, pero que las radios nacionales deberán seguir con el amontonamiento de programas  a la tarde para despejar el horario central.
¿Desde cuándo el periodismo dejó a los funcionarios la última palabra? El que inauguró esa mala praxis (eso sí que es mala praxis) en la actual coyuntura política argentina fue Víctor Hugo Morales, después de que Néstor Kirchner lo llamó para aclararle cómo y por qué compró 2 millones de dólares a un precio conveniente en pleno conflicto agropecuario de 2008. A Víctor Hugo esa explicación le alcanzó. Ya está, no se hable más. De hecho, ese fue el momento de conversión del relator uruguayo (cuyo pasado revelan dos periodistas que no pueden ser acusados de integrar ninguna derecha ni estar vinculados al grupo Clarín). El fenómeno se generalizó. Por ejemplo, los lectores de Página/12 deben seguir creyendo que el canal Wall Kintun TV, cuya propiedad se atribuye al pueblo mapuche, está al aire. Pero hasta ahora no lo está. Nunca estuvo al aire, y ni siquiera tiene transmisor.
Sobre lo que Seoane dice que no ocurrió, hubo reuniones, explicaciones, protestas… todos hechos que confirman el plan. Es decir, confirman que Seoane  mintió. Y aún ahora, después de su desmentida, hay información que confirma que el plan “Galende para todos”, previsto para febrero de 2013, sigue en marcha. Y esa información agrega un dato en favor de la propia Seoane: la directora de Radio Nacional no comparte la idea de poner a Galende en cadena en las 48 radios. Pero la ex periodista de Clarín es hoy un soldado de la causa. Y es cierto que esta orden “viene de arriba”.

Con el kirchnerismo los periodistas militantes tendrán mejor sueldo pero tienen menos trabajo: para ellos es suficiente con encender el micrófono cuando habla el funcionario. En cambio, los periodistas profesionales nunca tuvimos una tarea más esforzada: tenemos que chequear hasta lo obvio.

Ojalá que Seoane imponga su criterio y que la nacionalización de Galende (conductor de la propaganda oficial 678) haya sido sólo una mala idea. 

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Henoch Aguiar: “La ley de medios tiene dos años pero todavía no camina, apenas gatea”

3 10 2011

La semana pasada participé de un interesante panel sobre el estado de aplicación de la ley de medios. Fue en las XXI Jornadas de la Televisión por Cable organizadas por la ATVC y Cappsa. Me tocó moderar ese panel, en el que hablaron las diputadas Silvana Giudice y Patricia Bullrich, y en el que Henoch Aguiar realizó un balance rápido y urgente de los “avances” en la aplicación de la norma. “Cumplió dos años pero todavía no camina, apenas gatea”, resumió Aguiar -abogado experto en telecomunicaciones y ex secretario de Comunicaciones de la Nación- el panorama, que resumió en el análisis de diez aspectos concretos del nuevo marco regulatorio.

Artículos que no se aplican (pero no por medidas judiciales), artículos derogados de hecho, artículos que no se sabe cómo se aplicarán porque el despligue tecnológico impulsado por el propio gobierno los contradicen… sólo por hacer une mera clasificación. Me tomé el trabajo de desgrabar la exposición de Aguiar que en apenas 15 minutos pulverizó unos cuantos de los mitos que todavía circulan sobre la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Le agrego algunas fotos sólo para provocar a aquellos que viven del eslogan sin abrir los ojos a la realidad concreta, la que tienen a mano, la que ocurre en la práctica. Y renuevo aquello que dije hace casi un año y que creo sigue vigente: la ley de medios se encamina hacia el ridículo. Dicho esto, con ustedes, Henoch Aguiar:

Podríamos analizar esta ley desde tres visiones diferentes. La ley como intención, la ley como norma y como transformación.
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Martín Becerra: “Hay un consumo de medios que desborda la posibilidad regulatoria de la ley de medios”

18 09 2011

Hace unos días La Nación publicó la entrevista que mantuvimos con Martín Becerra sobre la aplicación de la ley de medios argentina. Becerra es uno de esos académicos que no le escapa al debate con quienes piensan distinto (una especie en extinción en un país que está en otro de sus ciclos de pensamiento único). La agrego aquí y le incluyo algunos videos en los que Becerra se refiere a otros temas vinculados al nuevo marco normativo en comunicación audiovisual.

Martín Becerra es doctor en comunicación, investigador independiente del Conicet, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Dedicó buena parte de su trayectoria académica al estudio de la concentración de medios, sobre lo que tiene varios libros publicados. Desde su cátedra fue un defensor de la ley de medios, a la que considera un gran avance respecto de la situación previa. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, también es un crítico contundente de algunos aspectos de la norma y, principalmente, de cómo el Gobierno está llevando adelante su aplicación. Para Becerra, la ley peca de “generalista” al darle el mismo tratamiento a situaciones totalmente distintas, “no es una norma preparada para la convergencia de medios” y carece de un capítulo que determine cómo se van a financiar los nuevos medios.

-¿Cómo se está aplicando la ley?
-La ley es compleja de poner en funcionamiento rápidamente. Por su naturaleza, por su complejidad y por los temas que regula no existiría esa posibilidad ni aún en un contexto más favorable que el actual. Actualmente tres obstáculos frenan la instrumentación de la norma: el propio Gobierno, la oposición y los grupos privados concentrados. El Gobierno porque está obsesionado con algunos artículos de la ley que están inspirados en la disputa con el grupo Clarín. Entonces enfoca la aplicación de la ley traccionando por el objetivo de atacar, disminuir o erosionar el poder que tiene el grupo. Los grupos privados evidentemente defienden sus intereses acostumbrados a muchas décadas de una regulación funcional con gobiernos dóciles, incluido el de Néstor Kirchner. Y, por último, la oposición política, que boicoteó la integración de los órganos republicanos de control, lo que le hace poco favor a su prédica republicana, lo cual ha sido percibido con claridad por la sociedad.

-¿Es una ley generalista?
La ley peca de generalista, por ejemplo, porque no es lo mismo retransmitir 24 horas contenidos de un canal analógico de televisión de Capital Federal en pueblos pequeños, donde la oferta televisiva propia por definición es limitada, que en ciudades de mediano tamaño. En radio FM, en cambio, el espectro analógico permite que haya una mayor cantidad de oferta de contenidos, y recibe un tratamiento similar al de la televisión analógica… no parece razonable. En general, la ley está redactada tomando como referencia las grandes ciudades argentinas y no está redactada pensando en la mayor parte del territorio, donde no hay grandes ciudades.

-La Argentina decidió regular radiodifusión y telecomunicaciones por separado, ¿es eso correcto?
-Es un error. Hay que pensar en términos de leyes convergentes. No se puede tener un objeto de regulación convergente y leyes divergentes. Así, el Estado tiene una mirada esquizofrénica. Un fracaso provocado por las fuerzas de oposición de centroizquierda al gobierno, es haber impedido que las telefónicas puedan dar TV por cable. Las telefónicas estuvieron, están y seguirán estando en el negocio de los medios; en lugar de prohibirlas el Estado debe exigirles contraprestaciones sociales.
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Fútbol para todos, excepto para los opositores a la ley de medios

10 06 2010

El Gobierno de la provincia argentina de San Luis, gobernada por el peronista opositor Alberto Rodríguez Saá, informó que la TV Pública -bajo control de la administración Kirchner- no le cedió los derechos al canal provincial como sí hizo con otros canales abiertos públicos del interior argentino. Finalmente, la provincia compró la posibilidad de retransmitir los partidos a Telefé (del grupo Telefónica), el otro canal que compró a la FIFA los derechos de televisación.
En un comunicado, San Luis informó lo siguiente:
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