[DOCUMENTO] Completa, la demanda de inconstitucionalidad del Art. 151 de #leydemedios

17 11 2013

PROMUEVEN ACCION MERAMENTE DECLARATIVA INCONSTITUCIONALIDAD ART. 151 LEY 26522 – INTERVENCION JUDICIAL.-

Señor Juez:
RITA BEATRIZ LIEMPE, en el carácter que precedentemente pasare a exponer, con el patrocinio letrado del Dr. JERONIMO SABAS TORRES, letrado, Monotributista, CUIT 20-29676646-2, T 603 Fº 754 del CFALP, constituyendo domicilio en la Av. Cabildo 3816, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires -Estudio, a V.S. respetuosamente decimos:

I.- PERSONERIA
Quien suscribe, Rita Beatriz Liempe DNI Nº 18.599.367, descendiente de los mapuches, pueblo que no era sedentario, nuestras familias o sea nuestro apellido está en distintos lugares del Wuall Mapu. La madre de mi abuela paterna era de Azul. Fueron prisioneros del ejército, logrando escapar al sur. Mi abuelo fue de Gulu Mapu, de Curá Cautin. Por parte de mi abuelo paterno, o sea Liempe -Illay siendo el apellido de mi bisabuela, la madre de mi abuela, Paineo.

Si debemos decir una identidad territorial, somos mapuche-ranculche.

Después de la guerra mis ancestros se asentaron en la zona de Epuyen y Maiten en lo que es hoy la provincia de Chubut. Hoy en día quien suscribe, es diputada electa periodo 2011-2015, por la cuarta sección electoral, conforme acredito mediante el instrumento que adjunto.-

II.- OBJETO
Que en cumplimiento del citado cometido, la razón y sentido de su pertenencia étnica originaria, Mapuche, en total cumplimiento del mandamiento que surge del juramento de representación colectiva como legisladora por provincial, Buenos Aires y en los términos del art. 12 del Convenio 169 OIT; vengo a interponer acción declarativa de nulidad y/o inconstitucionalidad (art. 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) contra la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y/o el Estado Nacional, y/o Poder Ejecutivo Nacional, con domicilio en Suipacha 765 y Balcarse 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin que se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad del Artículo 151 de la Ley 26.522 y de la aplicación y procesos derivados del mismo, que reza: “Los Pueblos originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y Modulación de Frecuencia así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley, los derechos de la presente ley se ejercerán en los términos y alcances de la ley 24.071”; texto original y aprobado del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (Expediente Nº 0022-P-09), referido a la regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.-

Asimismo solicito como medida cautelar, que se suspendan los efectos del artículo 151 de la ley de servicios audiovisuales cuestionada, hasta tanto se resuelva la pretensión de fondo referida en autos. Ello conforme el artículo 232 y concordantes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación.-
En particular y atento la irreparable lesion, de la gravedad y violación de la normativa constitucional y compromisos internacionales en cuestión, proceda a la inmediata suspensión transitoria de los efectos del decreto del PEN 1559/12, el art. 37 del decr. 1225/10, como así de las respuestas emitidas por la AFSCA 432/11, 685/11, 1465/11, 1655/11, 698/12, 1926/11, todas en lo que respecta a la adjudicación de licencias a personas jurídicas sin fines de lucro, en tanto refiera a Pueblos Originarios y en específico el Instructivo de: “Presentación de solicitud de autorización para Pueblos Originarios. Art. 151” emitido por la AFSCA. Se anexan copia de dicha normativa.-

Encuadramiento de la cuestión planteada:
En el procedimiento de sanción de la ley llevado adelante en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del citado proyecto, se produjeron múltiples irregularidades al no aplicarse un procedimiento de Consulta y Participación correspondiente a lo citado en la norma que precede como alcance de reglamento de ejercicio Ley 24.071 de ratificación del Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Como así también en algunos aspectos decisivos del trámite por no existir un Registro Nacional de Pueblos originarios y/o no encontrarse en el momento de tratamiento la estructuración de representación real, de los mismos para tal fin; o darle una interpretación contraria a sus prescripciones y al de la propia Constitución Nacional en lo que respecta a las atribuciones del Congreso de la Nación respecto al reconocimiento de la preexistencia originaria; en otro y a disposiciones de Tratados de Derechos Humanos con jerarquía Constitucional como los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.-

Todo ello conlleva la necesidad de plantear la presente acción a los efectos de que V.S. determine la nulidad/inconstitucionalidad del trámite referido, por los vicios que se detallarán más adelante y/o, asimismo, la inconstitucionalidad del procedimiento debido a que oportunamente, la omisión de la aplicación del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (RCD), en las partes pertinentes, vulneró groseramente las normas constitucionales referidas a la forma republicana de gobierno (art. 1º de la Constitución Nacional), al convenio internacional 169 de OIT Organización Internacional del Trabajo y las competencias del Poder Legislativo de la Nación (arts. 75, sgtes. y concordantes de la C.N.) y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es por ello que vengo a promover las siguientes acciones:

A.-ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA (Art. 322 CPCC)
Respecto a la Representación Legal que surge de la operatividad de la ley 23.302 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sobre los pueblos Originarios ante la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) V.S. ponga fin a la incertidumbre, declarando la operatividad del Convenio 169, reconociendo el rango constitucional que del mismo procede y en tal sentido el efecto que del mismo surge, respecto a los derechos de participación y consulta que corresponden a las comunidades indígenas por ostentar personerías jurídicas que los emancipan de cualquier tutela privada o institucional.-

B.-INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 151 DE LA LEY 26.522
Solicito en tal sentido se declare la INCONSTITUCIONALIDAD del art. 151 de la ley 26.522 y la INCONSTITUCIONALIDAD de la actual conformación en lo atinente a medios audiovisuales dentro del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) y de LA AGENCIA FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Puesto que dicha normativa es aplicada con representación forzosa, falaz y andromina, por parte del INAI Y AFSCA sin consulta ni participación de las comunidades originarias y con ello poner fin a la incertidumbre que la situación produce, que se traduce en la negación del efectivo ejercicio de los derechos DE REPRESENTACION, PARTICIPACION Y CONSULTA QUE ESTABLECE EL CONVENIO INTERNACIONAL 169 DE OIT- Ratificado por ley nacional 24.701 y que la CN ha reconocido a los Pueblos originarios y las Comunidades Aborígenes en el art. 75 inc 17.-

Solicito se decrete la inconstitucionalidad del art. 151 de la ley 26.522, que diera lugar al origen o a la creación de la posibilidad de pertenencia de medios de comunicación, determinando la conformación del mismo bajo una forma que resiste a las precisiones que se establecen en el Convenio OIT arts. 2º-1- y 2º, 2b. 2ºc del citado Convenio rompiendo el esquema trazado, el que determina con toda precisión que en toda decisión respecto a los Pueblos Originarios debe consultarse, dar intervención a estas Comunidades cuando se tratare de la regulación sobre cuestiones de su interés.-

Asimismo, en los términos del art. 322 del Ritual venimos a promover acción Declarativa de Certeza respecto a los fines de que V.S. decrete la inconstitucionalidad del art 151 de la ley 26.522. Como así también solicitamos se ponga fin a la situación de incertidumbre y ello se encuentra centrada en la razón de que -pese a encontrarse ratificado por ley nacional el Convenio 169 de OIT-las Comunidades Indígenas, que han sido reconocidas por la CN a instancias del art. 75 inc. 17 como preexistentes, han visto vedada la posibilidad de ejercer con plenitud los derechos que emergen de la situación o condición de Pueblos Originarios.-

C.-SE DECRETE LA INTERVENCION JUDICIAL DE LOS ORGANISMOS INTERNOS DE OPERATIVIDAD DE APLICACIÓN DEL ART. 151 DE LA LEY DE MEDIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) Y AGENCIA FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA).

DEL DAÑO.-
Que determina el estado de incertidumbre y esta dado por la imposibilidad fáctica de ejercer sus derechos tanto civiles, políticos, culturales, patrimoniales y los relacionados con los Derechos Humanos elementales del ciudadano que son violados sistemáticamente, precisamente por la pertenencia de los lesionados a diversas comunidades y que, por las diferentes limitaciones que conlleva la situación de pertenencia, no se expresan en la realización de los derechos específicos que los amparan. Se hace ostensible la falta de disposiciones precisas y concretas que determinen la entidad, alcances y contenidos de los derechos en cuestión, sumados a la aparente regulación de los institutos legales que cuestionamos en la presente acción, y que no son otra cosa que falsas expectativas que sólo sirven para dividir a las comunidades cuando debieran ser beneficiarias de los derechos que se niegan sistemáticamente a los Pueblos Originarios.-

En consecuencia es menester recordar que de la ley 23.302 creadora del INAI, no surge facultad alguna que pueda generar algún tipo de representatividad de los pueblos indígenas pues a instancias del art. 1º de la última ley citada puede leerse: “Declarase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades…”.-

Lo apuntado es importante en razón de que los preceptos que inspiraron a aquella ley se encontraban dentro de las previsiones del Convenio 107 OIT de 1957, donde todavía se consideraba que las comunidades debían integrarse al proceso socioeconómico de la Nación, sin tener en cuenta sus propios valores, su cultura, sus creencias, sus decisiones, y hasta la consulta “previa, libre e informada” que claramente se determinó en el nuevo Convenio 169 OIT. Así puede leerse en el art. 2º del Decreto 155/89 cuya primera parte expresa: “EL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS entenderá como autoridad de aplicación en todo lo referente a la ley Nº 23.302, disposiciones modificatorias y complementarias y al Convenio 107 sobre protección e integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales aprobado por la Ley 14.932, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes”.-

En el sentido señalado, ninguna duda cabe que si bien los propósitos de la ley 23.302 resultaron un principio casi voluntarista de resolver la cuestión, su vigencia, su permanencia, detenida allá en el tiempo, luce como instrumento caduco y contrario a la legalidad constitucional que pretendemos impulsar en su vigencia. Se verá como en el art. 5º de la ley donde se crea el INAI, resulta de una conformación que nada tiene que ver con la participación de los pueblos originarios. Y mucho menos con la representación legal de los pueblos ante cualquier institución u organismo nacional o internacional.-

A su vez, de la simple lectura del decr. del PEN 1559/12, el art. 37 del decr. 1225/10, como así de las res. emitidas por la AFSCA 432/11, 685/11, 1465/11, 1655/11, 698/12, 1926/11, y en específico el Instructivo de: “Presentación de solicitud de autorización para Pueblos Originarios. Art. 151” emitido por la AFSCA, emergen claramente los perjuicios ocasionados a los derechos que surgen del Conv. 169 y de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que todos estos actos administrativos y legislativos fueron llevados a cabo sin consentimiento libre previo e informado de los pueblos originarios que habitan la República Argentina.-

III.-LEGITIMACION

En cuanto a la legitimación de la accionante consideramos que debe V.S. admitirla en base a las prescripciones del art. 43 de la Constitución Nacional, que amplía los supuestos de legitimación activa, en relación a la acción de amparo y, por ende, a la acción declarativa de inconstitucionalidad.-

En la parte pertinente dicho artículo establece: “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”. En este caso los accionantes son afectados, no como titulares de un derecho personal o individual, sino como miembros de una clase, sector o categoría afectada (cualquier persona involucrada directa o indirectamente en una situación compartida con otros).-

No estamos de acuerdo con que el afectado sea el titular de un derecho subjetivo clásico, pues entonces no habría distinción entre el afectado del segundo párrafo del art. 43 y el damnificado del primer párrafo del mismo artículo 43, referido al amparo individual. En el presente caso consideramos que el afectado puede promover una acción meramente declarativa, que se equipara al amparo colectivo, tal como la Corte Suprema lo aceptó en el caso “AGUEERA c/ Provincia de Buenos Aires” (Fallos 320:690), de 1.997.-

Solicitamos a V.S. reconozca la legitimación activa de la accionante como ciudadano, quien a su vez es legisladora Provincial por la Provincia de Buenos Aires, pues está representando a la sociedad y al sector de descendientes de pueblos originarios preexistentes no reconocidos en el ejercicio de sus derechos como tal y conformantes como ciudadanos argentinos con todos los derechos correspondientes, como así también deberes y obligaciones; sector que es afectado y agraviado por el procedimiento irregular, ilegítimo, inconstitucional y nulo de la sanción de la ley de servicios de radiodifusión.-

En cuanto al derecho a la legitimación que surge del artículo 33 de la Constitución Nacional y que la justicia reconociera, entre otros, en el caso “Kattán” de 1.983 (el caso de las toninas overas), verdadero reconocimiento de una acción popular, (La Ley 1.983-D-568); en el conocido caso “Ekmekdjian contra Sofovich” (Fallos 315:1492), pronunciado por nuestro más alto tribunal en 1.992, en el que se le reconoce legitimación activa a Ekmekdjian como representante de la grey católica y en el caso “Fernández, Raúl c/ PEN” (La Ley 1.997-E, 535) en el que la Sala IV de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo consideró “afectado” a quien invoca un interés lo suficientemente concreto, directo e inmediato. La interpretación de “afectado” debe ser amplia, no restrictiva, y referida a quien ha sido sencillamente menoscabado o perjudicado o en caso de pueblos originarios, olvidados.-

Tal como se explicará en esta demanda, la normativa indicada afecta numerosos derechos y principios constitucionales, entre ellos y sin perjuicio de otros, lo concerniente a lo normado por El Congreso de la Nación, cuyas facultades regla el artículo 75 CN, que no puede dictar normas que alteren los derechos y garantías reconocidos por la CN, constituyendo la legalidad y la razonabilidad límites infranqueables del Estado de Derecho, tal como lo establecen los artículos 19 y 28 de la Constitución Nacional.-

Probablemente el Constituyente no creyó necesario advertirle expresamente al Poder Legislativo que estas facultades extraordinarias que le vedaba delegar, tampoco las tenía en cabeza propia. Sin embargo, hoy parece que esta aclaración se hace imprescindible: el Congreso de la Nación no puede dictar leyes en las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna, menos en la condición irresuelta de los derechos que le corresponden a los ciudadanos preexistentes procedentes de pueblos originarios primeros habitantes de la nación.-

El Estado de Derecho se caracteriza por el sometimiento de los Poderes Constituidos a la Constitución Nacional y la Ley. Este sometimiento no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para conseguir una determinada finalidad. Esta es, en nuestro sistema político-jurídico el sometimiento del Estado al “bloque de legalidad” (leyes, reglamentos, principios generales, precedentes, tratados internacionales, Constitución Nacional) y consecuentemente, el reconocimiento de los derechos públicos subjetivos y el otorgamiento a los particulares de los medios necesarios para su defensa. Someter al Estado al bloque de la legalidad es someterlo al Derecho, y, por ende, servir a la defensa de la libertad.-

El articulo impugnado de la ley de Medios es evidentemente inconstitucional y el Poder Judicial no debería ser un acompañante indiferente a este avasallamiento, pues de aceptarse, lo esencial de su tarea se reduciría a no entorpecer al PEN, de modo que el juzgamiento de la constitucionalidad de una decisión o de una medida se limitaría a valorar su mera conveniencia para el PEN o los eventuales beneficiarios.-

IV.- PROCEDENCIA FORMAL Y DERECHO
La demanda que se deduce es procedente porque están reunidos los requisitos a que el Alto Tribunal de la Nación ha subordinado la procedencia de las acciones meramente declarativas de inconstitucionalidad, de acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 322 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, y a partir de la doctrina de Fallos 307:1379 (“Provincia de Santiago del Estero c/ Nación Argentina”), entre otros.-

Procede la acción declarativa de inconstitucionalidad en la medida en que la cuestión manifiestamente significativa e institucionalmente trascendente, lejos de tener un carácter simplemente consultivo o importar una indagación meramente especulativa, responde a un “caso” y busca impedir los efectos de un acto legislativo al que se atribuye lesión a las bases del régimen republicano, transgrediendo centralmente el procedimiento de formación y sanción de las leyes y la publicidad de los actos de gobierno.-

Lejos de constituir una manifestación genérica, académica o de fines puramente doctrinarios; la presente acción reconoce un supuesto de hecho concreto y específico, como es la tutela de los más altos intereses de la Nación: el respeto a la Constitución y a la ley, la obediencia a los procedimientos constitucionales de formación y sanción de la ley. La violación a la Constitución Nacional y al Reglamento de la Cámara de Diputados representa un hecho de gravedad institucional.-

El primer paso para vivir la democracia y la Constitución Nacional, es respetarla. Conforme todo lo anterior y lo dispuesto por el art. 322 del CPCCN, el procedimiento instaurado es el que mejor -el más rápido, efectivo y adecuado-procura la tutela constitucional que se recaba. Causa Judiciable Tradicionalmente, en el ámbito federal, el control de constitucionalidad sólo se ejercía como defensa o excepción. El establecimiento de la acción declarativa de certeza (art. 322, CPCCN) como vía idónea para peticionar una declaración de inconstitucionalidad incorporó la posibilidad del control de constitucionalidad como acción.-

El Dr. Alberto Bianchi (“De la acción declarativa de certeza a la acción declarativa de inconstitucionalidad. La conversión del caso federal en caso judicial”, ED-2000/2001-577) sostiene que la Suprema Corte ha creado, sin decirlo expresamente, una nueva forma de acción declarativa que el Código Procesal no contempla expresamente: la acción declarativa de inconstitucionalidad. Mientras que la acción meramente declarativa de certeza procura “hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiese de otro medio legal para ponerle término inmediatamente” (art. 322, CPCCN); en la acción declarativa de inconstitucionalidad el objeto es simple y directamente la declaración de inconstitucionalidad de una norma, cuando ésta genera un daño futuro pero cierto en el demandante. El autor citado continúa diciendo que no es una acción pura o abstracta, ya que requiere la presencia de un “caso”, toda vez que, en fórmula habitual de la Corte “dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa”.-

Asimismo, corresponde aclarar que el caso resulta justiciable porque a pesar de tratarse del procedimiento de formación y sanción de las leyes, tema que en un principio la Corte Suprema de Justicia había considerado “cuestión política” (in re “Cullen c/ Llerena” de 1.893 Fallos 53:420); esta doctrina judicial fue modificada en 1.963 in re “Soria de Guerrero c/ Bodegas y Viñedos Pulenta S.A. Fallos: 256:556, reiterada en 1.967 in re “Colella c/ Fevre Basset S.A. Fallos 268:352, en los que manifiesta la judiciabilidad del proceso de formación y sanción de la ley cuando se produce la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley. A estos precedentes debemos sumar el fallo “Nobleza Picardo S.A.I.C y F c/ Estado Nacional -Dirección General Impositiva- s/ repetición”, del 15 de diciembre de 1.998. En el último, la actora fundó su petición en la inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 23.905 que dispuso la extensión del pago de determinadas sumas de dinero hasta el mes de diciembre de 1.991, porque dicha ley había sido sancionada violando el proceso de formación y sanción de la ley regulado en la Constitución Nacional. La Cámara de Diputados había extendido el pago de las sumas hasta el 31 de mayo de 1.991 y el Senado hasta el 31 de diciembre, sin reenviar el proyecto de ley a la Cámara de origen. La Corte Suprema estima que es clara la cuestión de hecho -cada una de las Cámaras del Congreso votó un plazo legal distinto-: “Que de lo precedentemente expresado resulta con toda nitidez que no hubo acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado acerca del momento en que fenecería el restablecimiento de la vigencia de las normas a que se refiere el art. 37 de la ley 23.763. Es indudable entonces que ha mediado una manifiesta inobservancia de los aludidos requisitos mínimos e indispensables para la creación de la ley, ya que al no haber sido aprobado el proyecto por ambas cámaras, no pudo ser pasado al Poder Ejecutivo para su examen y promulgación (conf. art. 69 Constitución Nacional, texto 1.853-1.860, y artículo 78 del texto posterior a la reforma de 1.994)”.-

Otro precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resulta aplicable al caso es “Binotti, Julio César c/ E.N. -Honorable Cámara de Diputados (mensaje 1412/02)- s/amparo”, del 17 de mayo de 2007. El demandante solicitó la nulidad de la votación realizada en la Sesión de la Cámara de Senadores del día 27/11/2002, por la que se había rechazado su ascenso. Los Senadores que habían votado en contra de su ascenso eran 26, el dictamen de minoría que lo aprobaba fue votado por 20 miembros, mientras que 9 senadores fueron autorizados a abstenerse de votar. El accionante discutió que estaba mal conformada la mayoría puesto que esos 9 senadores que no votaron no estaban ausentes sino que se habían abstenido. La Corte Suprema consideró la causa como justiciable, y ratificó su competencia como tribunal para juzgar “la existencia y los límites de las facultades privativas de los otros poderes” (Fallos 210:1095) y “la excedencia de las atribuciones en la que éstos puedan incurrir (Fallos 254:43)”. Asimismo citó el Fallo 324:3358 por el que la Corte Suprema resolvió que es una cuestión justiciable determinar si una Cámara del Congreso de la Nación ha actuado, o no, dentro de su competencia. Ello tanto al interpretar normas de la Constitución Nacional como los Reglamentos de las Cámaras del Congreso, que revisten el carácter de federal. Finalmente, el máximo tribunal decide la procedencia del amparo y declara la nulidad de la votación de la Cámara de Senadores.-

Conviene aclarar que tratándose de la violación del procedimiento de sanción de la ley, los vicios apuntados afectan la ley toda. Por tal motivo, es que solicitamos la nulidad de la sanción del artículo altamente cuestionado por la falta de legitimación en la representación que se alude a quienes beneficiaria.-

Coincidimos con Alberto Bianchi cuando señala que si los vicios de la ley son de fondo corresponde declarar la inconstitucionalidad de la misma, pero cuando se trata de vicios en la forma de sanción más que la inconstitucionalidad correspondería declarar su nulidad. (Bianchi, Alberto. “Una cuestión política que ha dejado de serlo: el proceso de formación y sanción de las leyes”. El Derecho. Tomo 182, pág. 1.107 y ss.). En el telón de fondo del planteo expuesto emerge una cuestión clave. Ella es el control de constitucionalidad que constituye la primera y principal misión de los magistrados judiciales. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde antiguo (“Municipalidad de la Capital c/Isabel A. de Elortondo”, año 1.888; Fallos Tomo 33, pág. 162) ha dicho que “Es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con eltexto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ellas …”. Además y coincidentemente es el Supremo Tribunal al que le está encomendado asegurar la vigencia plena de la Constitución Nacional (art. 31) con el fin de procurar, tanto la perfección como la efectividad de su funcionamiento y de los principios que las Provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordaron respetar al concurrir a realizar la reforma de la Constitución de 1.994 (doctrina Fallos 310:804).-

Por último, el caso se revela como de aquellos reservados a la competencia de los tribunales federales según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, toda vez que la acción entablada se funda en prescripciones de la Constitución Nacional y más aún con atribuciones delegadas no cumplimentadas y se halla en juego, de manera clara y predominantemente, una cuestión institucional, por demás trascendente. La acción declarativa constituye la vía apta para intentar la tacha de nulidad e inconstitucionalidad y obtener el acatamiento a lo que manda la Constitución Nacional. Como queda demostrado a lo largo del presente escrito, éste no es un planteo abstracto ni se pretende ejercer una acción popular. Estamos frente a una incertidumbre cierta sobre el alcance o modalidad de una relación jurídica concreta, como es el procedimiento de sanción de una ley de vital importancia para la sociedad argentina y sus pueblos originarios no reconocidos, esta falta de certeza puede producir un perjuicio o lesión actual y no se dispone de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.-

V.-HECHOS
Durante años la Argentina negó la existencia de pueblos originarios en el país, alegando que la mayor parte de ellos se habían extinguido o estaban en vías de hacerlo y que el resto se habían integrado a la sociedad nacional sin distinción de su origen. Sin embargo debemos tener presente los sucesivos procesos de conquista y colonización que la historia revela, en las cuales los pueblos indígenas fueron arrinconados en áreas de frontera. Como ya conocemos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se llevaron a cabo dos campañas militares que reúnen todas las características de un proceso de exclusión y marginalización sobre las poblaciones indígenas llevado adelante por el Estado, conocidas como “Conquista del Desierto”, a la Patagonia en 1879 y al Chaco en 1884. Los objetivos no fueron ocultados, en un caso se pretendía la apropiación de tierras, en el otro se buscaba convertir a los indígenas en trabajadores rurales para las nacientes industrias, pero su efecto fue el mismo: el sometimiento de las tribus indígenas para dar lugar a un nuevo proceso de exclusión a través de la asimilación sociocultural. Hoy en día aún se vislumbran las consecuencias de estos procesos colonizadores. Las comunidades aborígenes se hallan en aldeas rurales tanto al norte como al sur del país y una alta proporción de ellos vive en las ciudades, como resultado de procesos de migración forzada debido a la reducción de sus territorios y a la escasez de oportunidades laborales.-

Hasta la actualidad se han producido en Argentina algunos cambios en relación a las políticas vinculadas a los pueblos originarios. Algunas adecuaciones normativas, entre ellas la sanción de la ley nacional 23.302 en 1985, que incorpora algunos reconocimientos parciales a la diferencia cultural en materia de la propiedad comunitaria de tierras ocupadas y de educación bilingüe, aunque como componentes de una política de atención especial para una población considerada “pobre” y en situación desventajosa respecto del resto de los ciudadanos. En 1992 se adoptó el convenio 169 de la OIT que fue ratificado en 2000 y entró en vigencia en 2001, y entre 1986 y 1998 se reformaron la constitución nacional y varias constituciones provinciales y se promulgaron otras leyes integrales de atención a la población indígena. Pero no podemos dejar de observar que, sin perjuicio de los avances normativos de los últimos 20 años en materia indígena, hoy en día mediante distintos mecanismos y acciones fraudulentas, se manipula a nuestros Pueblos Originarios, intentando disfrazar de legalidad acciones de gobierno, siendo los pueblos indigenas los mayores perjudicados y vulnerados en sus derechos.-

El Convenio 169 de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por la Ley Nº 24.071, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.-

La Constitución Nacional del año 1994 en su artículo 75, inciso 17, ha reconocido la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece que deberá asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.-

La Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes dispone que el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) cuente con un Consejo de Coordinación integrado por representantes elegidos por las comunidades aborígenes cuyo número, requisitos y procedimiento electivo determine la reglamentación. El artículo 10 del Decreto Nº 155/89 reglamentario de la Ley Nº 23.302 estableció que las comunidades indígenas estarán representadas en el Consejo de Coordinación por delegados designados por aquéllas una vez institucionalizados los mecanismos de elección.
Ahora bien, dado este marco, el Poder Ejecutivo Nacional aprovecha la actual situación y dicta el Decreto Nº 791/12 mediante el cual faculta al INAI para designar a los delegados que representen a las comunidades indígenas en el Consejo de Coordinación supuestamente “con el fin de optimizar y otorgar agilidad administrativa en la designación de la participación indígena”, cuando en realidad el fin de dicha herramienta jurídica no es más que darle legalidad a las modificaciones legislativas que se impulsen desde los órganos de gobierno burlando la legítima representación de los Pueblos Originarios en los procesos de consulta previstos por el Convenio Nº169 de la OIT ratificado por el Estado Argentino.-

No es sólo ello, conforme surge de la contestación a la solicitud del AFSCA realizado por la suscripta, Diputada Rita Liempe, el Poder Ejecutivo Nacional y el INAI hacen y deshacen, ponen y deponen libremente y mediante resolución y/o decreto los representantes de los Pueblos Originarios sin previa consulta a los mismos, configurándose un insistente olvido voluntario sobre una real participación indígena.-

Asimismo, en total concordancia con cualquier objetividad contraria a la real interpretacion de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, aclara dentro de la constitucionalidad de aplicacion que la misma debe ser transparente en sus politicas sobre subsidios publicidad oficial y sobre todo debe ser independiente como asi tambien, aplicada respetando la igualdad y el debido proceso.

El espíritu de la ley es eliminar los monopolios de la información y democratizar la comunicación audiovisual, avanzar en el respeto por la diversidad cultural en el país y la promoción de contenidos locales y federales.
En su artículo 3º se refiere a los Objetivos y en el inciso ñ) establece “la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios”.

El artículo 9º acaso resulta fundamental para la transformación del paradigma cultural; se describe al Idioma en que los Medios de Comunicación Audiovisual están obligados a utilizar en su contenido. “La programación que se emita a través de los servicios contemplados por esta ley, incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada en el idioma oficial o en los idiomas de los Pueblos Originarios”.
El derecho de los Pueblos Originarios es de carácter público, como el Estado y la iglesia católica; ese estatus lo resguarda la Constitución argentina. Por eso, el artículo 151, del Titulo IX, menciona la “Autorización a los Pueblos Originarios para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y modulación de frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones establecidos en la presente ley”.

Antes de la Ley 26.522 los escasos medios de comunicación minoritarios dedicados a la problematica indigena, mayoritariamente radios, sobrevivían a pan y agua, pero con la clara convicción que el mensaje era lo primordial. Para revertir un enorme mar de desigualdad, la normativa se refiere al Financiamiento de los Medios Indígenas tomando estos ejemplos sin contemplar el objeto de la demanda en cuestion, aun asi la ley dispone con firmezza de absoluto desconocimiento, en su artículo 152, que: “Los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos provenientes de: a) Asignaciones del presupuesto nacional; b) Venta de publicidad; c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica; d) La venta de contenidos de producción propia; e) Auspicios o patrocinios; f) Recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Los artículos 3 y 9, por citar casos, no se han aplicado hasta la fecha. Ni la identidad ni los valores culturales de los Pueblos Originarios se promocionan en los medios de comunicación audiovisual estatales, ni comerciales. Tampoco gozan de plenitud en los medios audiovisuales los idiomas de los Pueblos indígenas del país, lo que genera una lesion y vaciamiento cultural gravísimo.

Los incisos A y F del artículo 152 del Titulo IX continúan sin aplicación. Hasta el momento los medios de comunicación audiovisual de los Pueblos Originarios que supuestamente segun ordenamiento interno de AFSCA YA ESTAN HABILITADOS COMPLETAMENTE A EMITIR, no han recibido asignaciones del presupuesto nacional ni recursos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Según la AFSCA, hasta la fecha, ha otorgado 34 licencias a Pueblos Originarios (32 radios FM, una radio AM y un canal de televisión abierta).

El canal mencionado es “Wallkintun TV” de Bariloche. “El primer canal de un Pueblo Originario con la nueva ley” tramite realizado en la oscuridad de la falta de informacion y debido respeto por los procesos, collevado por la titularidad de la comunidad indigena Buenuleo con personeria juridica Nº 31 ubicada a 8 km de San Carlos de Bariloche al pie del cerro la Ventana, de quienes se desconoce produccion coordinada de contenidos o formato de intergracion de la misma, siendo para la AFSCA/INAI, esta situacion, emergente de los tramites realizados inernamente de las instituciones oficiales, el resultado que arroja la oficializacion de arrogarse la determinacion de todo el pueblo Mapuche, designando, como, representante de los mismos , al canal en cuestion.

Es muy importante resaltar, que toda esta devastacion de procesos reales sin participacion y consulta, fueron llevados con tanta precariedad y objetivos engorrosos que no se tomo ni la mas minima precaucion especifica de llevar adelante para que la estricta transparencia del proceso sea concordante con lo que se arguye como fundamento de inclusion del texto real del articulo 151 en cuestion, no existe en la puesta a disposicion del mismo una relacion concreta con la aplicacion del contenido del texto , puesto que deberia estar ajustado especificamente a planes tecnicos y operativos del ordenamiento del expectroocupado o no, capacitacion especifica de los alcances reales de un concurso por la licencia, o minimamente instalar en el proceso la diferenciacion de una entidad con o sin fines de lucro y una comunidad originaria en representacion de pueblos originarios, con la aberracion juridica de haber olvidado una adecuacion a las caracteristicas particulares de lo que significa un medio comunitario , alternativo o popular, garantizando un proceso de cambio y democratizacion.

Todo lo contrario fue el caracter de aplicacion de la AFSCA, puesto que con las incongruencias falaces convirtio en una posibilidad de engalo la disponibilidad del espectro, puesto que en muchos casos las licencias otorgadas, con vigencia congelada a un plazo de 10 años desde el 2005, podrian posibilitar, una real afectacion directa a la disponibilidad dell espectro.

La promoción de la diversidad cultural en los medios públicos estatales; la exigencia a las empresas de comunicación para la producción de contenido local; la nula respuesta ante las denuncias de radios supuestamente indígenas en representacion de pueblos originarios, y para el caso que lo interpretaran de esta manera tampoco reciben las partidas presupuestarias de parte del INAI, ni del estado, son parte de una total falacia andromina.

Asimismo e igualmente podemos llegar a las mismas conclusiones respecto del proceso de participación y consulta a los Pueblos Originarios respecto a muchos casos reales de actual convivencia, basta mencionar, al proyecto de reforma del Código Civil Argentino. Ello deviene necesariamente de la falta absoluta de regulación respecto a los mecanismos que se van a llevar a cabo a los fines de que los Pueblos Originarios elijan sus representantes como asimismo con referencia a los procedimientos de consulta para que expresen su voluntad, y ello porque ni el Congreso de la Nación ni el Poder Ejecutivo Nacional por sí o por medio del INAI han dictado normativa al efecto.-

Debemos también recordar que los pueblos originarios son reconocidos por las leyes estatales en términos de “comunidad” aplicándoles el marco organizativo reconocido de Persona Jurídica sujeta a las leyes del Estado. El forzamiento al reconocimiento a través de una figura legal en cierta manera va en contra del fortalecimiento de los pueblos originarios y de su reconocimiento. Además, las comunidades así registradas, pueden participar como interlocutores entre ellas y el Estado pero de manera fragmentada. Las posibilidades de negociación colectiva por parte de las comunidades se parcializan reduciendo las demandas a los requerimientos particulares de cada comunidad. Una verdadera norma jurídica que se atribuya el nombre de “Ley Indígena” solo puede serlo si en ella se pronuncia la determinación libre de los pueblos originarios y la garantía de su participación efectiva en las políticas del Estado para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos inalienables.-

En tal sentido resulta necesario avanzar en que se lleve adelante la reglamentación legislativa del art. 75 inc. 17 de la CN; que se cree un registro de Pueblos Originarios; que se establezcan o legalmente se garanticen los mecanismos a los efectos de que los Pueblos y comunidades elijan libremente sus representantes, democráticamente, ajustadas a las formas de toma de decisión ancestrales y culturales según corresponda; que los organismos del Estado en tal sentido no puedan ejercer en modo alguno representación de los Pueblos; que se jerarquice a nivel constitucional al Convenio Nº 169; que se suspenda todo acto legislativo y/o administrativo relativo a pueblos originarios, hasta tanto se establezcan los mecanismos necesarios que garanticen la real consulta, participación y la designación democrática de los representantes.

Oportunamente, la accionante Diputada Provincial Rita Liempe envió el Director del AFSCA, Sr. Martín Sabatella, un pedido de informe respecto a lo dispuesto por la ley 26.522 y más específicamente en lo que respecta a su art. 151. Puntualmente se requirió que se informara –entre otras cosas- si el INAI es la autoridad representativa de los Pueblos Originarios ante la AFSCA, cuál es el sistema de solicitudes y requisitos que se entregan para que los pueblos indígenas accedan a los beneficios que dicha la ley prevé para los mismos, si existe uno o más representantes elegido o seleccionados por los Pueblos Originarios del país en la AFSCA, si el alcance dado al art. 151 de la ley y si la AFSCA entiende que una organización, asociación civil, cooperativa o fundación, puede revestir el título de Pueblos Originarios a los fines de dicha norma.-

Frente a este pedido de informe, la entidad requerida por medio de NOTA 00024 AFSCA/DNGADSA/13 REF ACTUACIÓN/12 de fecha 18 de enero de 2013 con firma del Sr. Daniel Larrache (Director Nacional de gestión, administración y desarrollo de servicios audiovisuales AFSCA); brindó la siguiente información que pone en evidencia los motivos por los cuales se da inicio a la presente acción. A saber contestaron: “El INAI, autoridad de aplicación de la legislación sobre política indígena y apoyo a la comunidades aborígenes en el país, es el organismo que lleva el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, certificando que las comunidades allí inscriptas son reconocidas como Pueblos Indígenas. Por lo tanto, AFSCA reconoce en tanto tales a las comunidades aborígenes inscriptas en tal registro. A su vez, el INAI tiene la representación de los Pueblos Originarios ante el Consejo Federal de Comunicaciones Audiovisuales… Según prevé el Art. 16 inciso i) de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual creado en el ámbito de la ley incluye un (1) representante y los Pueblos Originarios reconocidos ante el INAI. Según el decreto 1559/2012 publicado en el Boletín Oficial el día 5 de Septiembre de 2012, el representante de los Pueblos Originarios designado en este organismo como titular es el Señor Matías Melillán. El Señor Bernabe Montellanos fue designado como suplente a cargo… Una organización, asociación civil, cooperativa o fundación en tanto posea personería jurídica y en tanto estén consignadas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas pueden revestir el título de Pueblos Originarios para solicitar una autorización ante AFSCA”.-

Como hemos dicho, en el procedimiento de sanción de la ley llevado adelante en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del citado proyecto se produjeron múltiples irregularidades al no aplicarse un procedimiento de Consulta y Participación correspondiente a lo citado en la norma que precede como alcance de reglamento de ejercicio Ley 24.071 de ratificación del Convenio Internacional 169 de la OIT, como así también en algunos aspectos decisivos del trámite por no existir un protocolo de participacion y consulta, no existir un Registro Nacional de Pueblos originarios y/o no encontrarse en el momento de tratamiento la estructuración de representación real de los mismos para tal fin, o darle una interpretación contraria a sus prescripciones y al de la propia Constitución Nacional en lo que respecta a las atribuciones del Congreso de la Nación respecto al reconocimiento de la preexistencia originaria, en otro y a disposiciones de Tratados de Derechos Humanos con jerarquía Constitucional como los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.-

Además de ello, no podemos dejar de resaltar otras circunstancias de hecho que hacen al procedimiento sobre la sanción de la norma cuestionada. A continuación se relata una síntesis de los hechos acaecidos durante el procedimiento:

1.-El 27 de agosto de 2009, ingresa el proyecto de ley de marras (expte. Nº0022-PE-2009) a la Cámara de Diputados de la Nación.

2.- En fecha 3/9/2009 se realiza una reunión conjunta -que se extendió por el plazo de 10 (diez) horas- de las Comisiones de Libertad de Expresión, de Presupuesto y Hacienda y de Comunicación e Informática. En esta reunión se impuso el criterio de la mayoría de llevar a cabo cuatro audiencias públicas seguidas, entre el martes y el viernes 11 de septiembre.

La convocatoria pertinente se hizo mediante publicación en el Boletín Oficial del 4 de septiembre de dicho año. En la aludida reunión conjunta del 3 de septiembre también se dispuso pasar a cuarto intermedio hasta el 11 de septiembre. El mismo viernes 11 de septiembre, la Comisión de Comunicaciones informó por correo electrónico que prorrogaba el cuarto intermedio hasta el 15 del mismo mes. Se deja constancia que, el 7 de septiembre de 2009, el Diputado Nacional Miguel A. Giubergia, solicitó acta de la sesión conjunta – primer plenario- de las comisiones y esta no existía. Se acompaña nota presentada por el Diputado Giubergia con el pedido de nulidad de la sesión conjunta arriba citada. Esta solicitud se empara en el art. 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3.-En esta oportunidad, el oficialismo presenta un Dictamen impreso con más de doscientas (200) modificaciones. Dicho dictamen no es entregado a todos los diputados. En la versión taquigráfica del día 15 de Septiembre del mismo año, consta que se comenzaron a leer las modificaciones por Secretaría, y que ante el reiterado pedido del texto modificado por parte de diputados de la oposición, el Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática (Diputado Nacional Manuel J. Baladrón) manifestó “Ya estamos trayendo las copias”. Ante esta circunstancia el Diputado Fernando Iglesias solicitó un cuarto intermedio que le fue denegado. Luego se continuó con la lectura del dictamen con las modificaciones. La lectura fue a viva voz y no se permitió la intervención de los diputados. Fue “desprolija” en el sentido de “confusa”, porque no se aclaraba cuál era el texto primigenio y cuál la incorporación, modificación o sustitución que se había realizado. Luego de la lectura de las doscientas modificaciones se hizo un cuarto intermedio de una hora y media para analizarlas. Retomada la reunión y mientras los diputados debatían, los Secretarios de las distintas Comisiones intervinientes comenzaron a reunir las firmas del Dictamen de Mayoría, incluido el Secretario de la Comisión de Libertad de Expresión, sin que la Presidencia de esta Comisión estuviese informada al respecto.

4.-Se pasaron para la firma de los diputados, incluso fuera de la Sala de reunión, sólo las últimas hojas, no el Dictamen completo, y antes que terminara la reunión plenaria. En resumidas cuentas, se firma un Dictamen de Comisión (incompleto) sin que haya quórum reglamentario. De los hechos reseñados surge la violación del RCD, art. 110. Por otra parte, el plazo de siete días hábiles que establece el mencionado apartado normativos permite a los diputados que no hayan estado presentes -por no pertenecer a las comisiones intervinientes-, a la prensa y al resto de la ciudadanía conocer el dictamen. Razón por la cual el cumplimiento de la precitada norma resulta de acatamiento ineludible. Se trata de una disposición reglamentaria estrechamente ligada a la publicidad de los actos de gobierno, característica de la forma republicana, con base en el art. 1º de la Constitución Nacional. En el Orden del Día 2005/2009, donde se publica el despacho de comisión se consigna que el mismo se confeccionó el 15/9 /09, por lo tanto, el plazo citado de 7 días hábiles (art. 113 RD) concluiría el 24/9/09. De esta manera queda indubitablemente acreditado el incumplimiento del lapso señalado porque la sesión especial para que el plenario de la Cámara tratara el despacho mencionado se realizó el día 16/9. Por si esto fuera poco, el mismo Orden del Día incluyó el dictamen en minoría de la UCR que fuera presentado el día 16/9 a las 0.06 horas, mientras que dicho orden del día, según reza su portada, fue impreso el día 15/9. Se observa así una flagrante contradicción que denota que tal Orden del Día se imprimió el 16/9 y no el 15/9, como figura en el mismo. De ello resulta que la confección se hizo a menos de 10 horas de la fecha prevista para la sesión especial que, según se dijo, fue convocada para el día 16/9 a las 10 hs.

5.- En el lapso de esas 10 horas entre las firmas del dictamen y la sesión especial aparecieron diferencias entre el dictamen y la orden del día publicada. A continuación se explicitan las diferencias entre la propuesta del Dictamen leída en Plenario y la media sanción de Diputados:
. PRIMERA DIFERENCIA: Composición de la Autoridad de Aplicación. Se modifica el criterio de composición, permitiendo que la misma cuente siempre con representación del partido de gobierno.
. SEGUNDA DIFERENCIA: En la media sanción se agrega el inc i) art 24 Propuesta de dictamen Comisión Orden del Día 2005/2009 Art. 30. Excepción: No será Art. 30. Excepción. Inc i) art. 24: fue eliminado en la sesión de diputados. (según versión taquigráfica).
. TERCERA DIFERENCIA: Se introduce el tema del previo concurso. Propuesta de dictamen Comisión Orden del Día 2005/2009 Art. 32. (2do párrafo).
. CUARTA DIFERENCIA: Ausencia del control parlamentario, reemplazo por Comisión Bicameral.
. QUINTA DIFERENCIA: Cláusula de aprisionamiento.

6.- Otra irregularidad: La sesión especial es convocada para el 16 de Septiembre de 2009, a las 10 horas. No existiendo quórum, a la media hora el Diputado Azcoiti solicita que caiga la sesión. Esto no es admitido. Tal circunstancia provoca la violación al art 26 del RCD. El art. 26, último párrafo, del RD prescribe: “Es obligación de los diputados que hubiesen concurrido, esperar media hora después de la designada para la sesión”.

7.-En la sesión especial antes aludida se presentaron más de 20 pedidos de privilegios. Los diputados que las coincidieron en todas las irregularidades que hemos señalado, en la imposibilidad de tener un acabado conocimiento de una normativa tan compleja -son más de 160 artículos- y en el notorio incumplimiento de los siete días hábiles. En relación al plazo de siete días hábiles, podría señalarse que en algunas ocasiones anteriores a la aquí discutida no se ha respetado. Sin embargo, su acatamiento es un tema no unánime entre los legisladores. Si bien hubo casos -durante el período 1.983/1.993- en que dicho plazo no se verificó, a posteriori la costumbre de la Cámara de Diputados fue errante y no ha marcado rumbos definitivos. Lo correcto, conforme la opinión de Guillermo C. Schinelli -en su comentario al Reglamento de la Cámara de Diputados editado por la Dirección de Información Parlamentaria. Cámara de Diputados de la Nación. 1.996-, es que no respetar el plazo de siete días hábiles importa “una interpretación que excede la verdadera intención de la norma que rige a la Cámara porque confunde la mera y simple decisión de tratar un asunto en sesión especial con la reglamentaria necesidad de que el mismo esté en regla para ser tratado en esa reunión”. Pág. 158 del libro citado. Conteste con esta opinión citamos la disidencia del Dr. Dalla Vía en el caso “Novello, Rafael Víctor -apoderado UCR- y otros s/ impugnación candidatura a Diputado Nacional”, de la Cámara Nacional Electoral, en junio del 2.009, cuyo Considerando dice: “Este tribunal no desconoce que supuestos como los que aquí se controvierten (las llamadas candidaturas testimoniales) son parte de una modalidad ya utilizada. El hecho que tales hayan sucedido sin pronunciamientos judiciales no es óbice para que las mismas sean permitidas eludiendo disposiciones constitucionales. Por el contrario, la existencia de una petición de parte… habilita el control de constitucionalidad… mal pueden invocarse prácticas consuetudinarias si las mismas son contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución Nacional… Si la práctica política contrasta con la norma constitucional en un Estado de Derecho sólo caben dos posibilidades: o se modifican las prácticas adaptándolas a la norma expresa o bien se espera la oportunidad de reformarla bajo el procedimiento del artículo 30.

Mientras tanto la Constitución debe cumplirse”. O sea, y como ya se afirmó, el artículo 113 del RCD es ley vigente. Por consiguiente, no cabe otra alternativa que cumplirla o eventualmente proponer su reforma.

Atento a que lo último no ha ocurrido sólo resta cumplirla: una práctica errónea no puede ser convalidada cuando la norma sigue en pie. Sumamos, además, la doctrina judicial del mencionado caso Binotti por la cual el Reglamento de la Cámara de Diputados no puede ser soslayado por los diputados nacionales. De tal manera en el detalle expresado no se encuentra la tramitación especifica de la discusión correspondiente a la participación y consulta referida a los beneficiarios del articulo fantasma 151 de la citada ley, solo se rescata movilizaciones y audiencias públicas referidas a las ponencias de los representantes diversos de las distintas organizaciones indígenas que representaban a comunidades encuadradas en organizaciones pertenecientes a la conducción del Instituto de INAI (INSITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS).-

VI.- FINES DE LA ACCION
La pretensión que se hace valer por esta demanda tiene por objeto y fines los que seguidamente puntualizamos:
a) Hacer cesar el estado de incertidumbre que ha generado la sanción art. 151 de la ley 26.522 sobre servicios de comunicación audiovisual, en las condiciones y con los vicios antes referidos.

b) Que se declare la nulidad de la sanción del art 151 operada en base a los vicios en lo referente a la consulta previa, libre e informada prevista en el conv. 169 de la OIT y en la declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indigenas.

c) Que se declare la inconstitucionalidad de la sanción art. 151 en virtud de no haberse respetado: el amplio debate en la Cámara de Diputados, los derechos de las minorías, la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información; todos ellos elementos constitutivos de la forma republicana y representativa de gobierno, con asiento en los Arts. 1º, 42, 75, 99, 116 y 117, 14, 32, 28 y 29 de la Constitución Nacional.-

Recuerdo a VS que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de fecha 27 de junio de 2012., declaró que el estado debe: “…c) adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades…”.-

VII.- CUESTION DE PURO DERECHO
En profundidad, de todo lo expuesto surge que lo que está en juego en esta demanda es la interpretación de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Ejercida para su sanción y la posterior implementación de la ley sancionada con los vicios demandados constituyendo una fragante violación a los derechos correspondientes a los no representados denominados Pueblos Originarios. La cuestión que se ventila en autos es, entonces y esencialmente, de puro derecho por lo que se hace reserva para, en su oportunidad, solicitar que así se lo declare.-

VIII.- CUESTION FEDERAL. RESERVA
La índole federal de la cuestión planteada resulta innegable porque se trata de la interpretación de normas federales. Razón por la cual se hace reserva del caso federal para, en su momento, ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario habilitado por el artículo 14 inc. c) de la ley 48.-

IX.- VIOLACION DE NORMAS ESPECIFICAS (ART. 75 INC. 22 CN)
1.-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
– Cap. Primero art. Art .I: “(DERECHOS A LA VIDA, A LA
LIBERTAD, A LA SEGURIIDAD E INTEGRIDAD DE LA PERSONA)-
-Art. II- “(DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY).-
-Art. XI “DERECHO A LA PRESERVACION DE LA SALUD, Y AL BIENESTAR).-
– Art. XVII-“DERECHO DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA Y DE LOS DERECHOS CIVILES)-
– Art. XVIII-“(DERECHO A LA JUSTICIA);
-Art. XXIII- “(DERECHO DE PROPIEDAD)-
-Art.XXIV-“(DERECHO DE PETICION)-
-Art. XXV- “DERECHO DE PROTECCION CONTRA LA DETENCION ARBITRARIA”.

2.- Declaración Universal de Derechos Humanos
– Art. 1º, Art. 2, 1-, Art. 3º, Art. 6º, Art. 7º, Art. 8º, Art. 10º, Art. 17, 1-Y 2-.
-Art. 21, Derechos políticos; 22, 25 disfrutar de la vida, 28.
3.-Violación a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según lo expresado supra.

4.- Violación a los contenidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica).
-Art. 1º: (Obligación de respetar los Derechos).
(25-2-a-) Y b) Art. 28 (Clausula federal)- Art. 3º Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica:
-Art.t. 4º- (Derecho a la Vida).
-Art. 5º- (Derecho a la Integridad personal)-
-Art. 8º (garantías judiciales).
-Art.- 9º (PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD).
-Art. 10º. (Derecho a Indemnización). “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.
-Art. 11- (Protección de la Honra y de la Dignidad)-1-
-Art. 21- (Derecho a la propiedad privada)- 1 y 2-
-Art. 24. (Igualdad ante la Ley)
-Art. 25: (protección judicial).1-

6.- Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.
Art. 2º- -1- Art. 14-1 Art. 14-2-
7.-Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 1-1-: 1-2- 5-

8.-Convenio 169 OIT. Arts. 2,, 3, 45,6,7.8,9,12, 1416,24,25,26,27,32 y cc.

X.- PRUEBAS
1.-INSTRUMENTAL:
a) COPIA de diploma de diputada provincial.
b) Constancias de notificaciones cursadas al INAI y AFSCA.
c) Fotocopia de CD Nº 366321145 y fotocopia de CD N° 366321131.
d) Copia de informe contestación de pedido de informe efectuado por el AFSCA.
En caso de desconocimiento solicito a VS se libre oficio a la Honorable Cámara de Diputados de la Prov. de Bs. As. (a), al INAI (B) se cite al representante legal del AFSCA (b y c), se libre oficio al Correo oficial de la Rep. Argentina, según corresponda. Reserva las pericias pertinentes ante el eventual caso que resulte necesario.-

3.- INFORMATIVA:
Se libren oficios a las siguientes Instituciones y Organismos que se citan a continuación a los efectos que nos informen sobre la denuncias que se producen respecto la discrecionalidad con que se maneja la entrega de autorizaciones de medios en nombre de comunidades o pueblos originarios y detallen forma de adquisición de equipamientos para la emisión y/o transmisión de los mismos, como así también los citados determinen su conocimiento sobre los alcances de si la ley y su artículo 151 fueron operativos:

a) CGT; b) OIT; c) CELS; d) SEC. DERECHOS HUMANOS; d) C.I.D..H.; e) SERPAJ; f) RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS; g) INAI; h) MINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO; i) INTI INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL; j) CTA.-
b) Se libre oficio al Honorable Congreso a los fines de que remita copia certificada o desgravado de las sesiones referidas a la normativa en cuestión
c) Se libre oficio a INAI a los fines de que remita con copia certificada autorizaciones de pueblos originarios otorgadas para tramite de solicitud de licencias o autorizaciones para emision de medios de comunicacion cualquiera sea el rubro( radio, tv. cable, tv abierta, Fm, Am)

4.- TESTIMONIAL. A los fines de demostrar los alcances de los derechos en pugna y las dificultades que existen en torno a las Comunidades Indígenas y la supuesta facultad de poseer medios de comunicación, solicito se cite a prestar declaración a las siguientes personas:
a) JUAN MANUEL SALGADO, Abogado cuyo domicilio se consignará oportunamente o en su caso con el compromiso de conducirlo oportunamente a la audiencia a designarse.
b) NORMANDO VELAZQUEZ. Abogado. En igual situación que el anterior.
c) ADOLFO PEREZ ESQUIVEL. Premio Novel de la Paz, Arquitecto, cuyo domicilio oportunamente se aportará.
c) JUAN NAMUNCURA. Dirigente mapuche extraña jurisdicción.
d) LUIS BAEZ. Dirigente Indigenista extraña jurisdicción.
e) DANIEL SEGOVIA. Dirigente Nacional en Política Indígena extraña jurisdicción.
f) BUSTAMANTE RUBEN. Extraña jurisdicción.

XI.-CASO FEDERAL
En caso de no atenerse V.S. a los alcances de la acción intentada, y se generara rechazo y en tanto se encuentran en disputa cuestiones de orden Constitucional que la demandada por Omisión y por ilegalidad manifiesta relativiza los derechos que ostenta mi parte dejo expresamente planteado el CASO FEDERAL.-

XII.- ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
En caso de rechazarse la acción intentada, a todo evento de mantenerse el decisorio por el Supremo Tribunal de la Nación, dejo expresamente reservado el caso para ocurrir ante la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y en su caso ante la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, por encontrarse violados los derechos Humanos Civiles y Políticos que garantizan los acuerdos y pactos suscriptos por nuestro país.-

XIII.- FACULTADOS
Se encuentran facultados para consultar el expediente, además de los presentados, a los señores TRUMPER, MAIA, ABOGADA; MORALES, NATALIA; ROMERO, RODRIGO EZEQUIEL.-

XIV.- PETITORIO
Por todo lo expuesto es que a V.S. le solicito:
1.- Se tenga por presentado, por parte en el carácter Invocado Y por constituido el domicilio legal en el indicado.

2.- Se tenga por promovida la acción declarativa de Certeza por producida la prueba a su respecto. Oportunamente se haga lugar a esta acción. Se cite a la demandada en los términos que surge de la demanda.

3.- Por promovida la acción de inconstitucionalidad, por ofrecida la prueba a su respecto. Oportunamente se haga lugar a la misma. Se cite a la contraria.

4.- Por ofrecida la totalidad de la prueba.

5.- Se haga lugar a la intervención judicial solicitada y se haga saber de la misma.

6.- Se tenga por planteado el Caso Federal.-

7.- Se tenga presente la reserva de acudir ante los Organismos Internacionales de Derechos humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso.

Proveer de conformidad,
Será Justicia.-


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11 02 2016
#Argentina Comentario sobre la declaración de académicos acerca de los cambios en las políticas de #comunicación | Latin American Media & Entertainment Observatory

[…] que se vivieron en los últimos seis años y que exceden ampliamente el caso del grupo Clarín (especialmente invisibilizada fue la demanda iniciada por sectores de los pueblos indígenas). No hubo tampoco mayoría abrumadora dentro de la Corte Suprema que dictaminó en favor de la […]

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