Ley de medios: ¿Por qué el gobierno Kirchner no aplica el artículo 161?

18 09 2011

Grupo Clarín, Grupo Uno Medios (Daniel Vila-José Luis Manzano), Cadena 3 (Córdoba) y Grupo Ick (Santiago del Estero) lograron que la Justicia Federal suspenda (cada uno sólo para su propio caso) la aplicación del artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso significa que para ellos no corre aún el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para “adecuarse” al nuevo marco regulatorio. Es decir, para vender los medios que no encajan en las limitaciones vigentes. Todo el resto de los medios de comunicación audiovisual que no se ajustan a la regulación deberían haberlo hecho hace un mes. ¿Por qué el Gobierno no lo aplica? A continuación, algunas ideas para entender por qué.

A casi dos años de su aprobación y uno desde que fue reglamentada, la ley de servicios de comunicación audiovisual todavía no produjo cambios significativos en la TV y la radio, más allá de algunos aspectos formales. Es más, a pesar del orgullo que el Gobierno siente por esta norma, la ley de medios no está totalmente reglamentada: de los 166 artículos que la componen, 81 siguen sin reglamentar, es decir, sin aplicación práctica. Y estos son datos objetivos, de los que disfruta el ministro de Interior, Florencio Randazzo, que esta semana acusó a los diarios LA NACION y Clarín de “mentir”, “tergiversar” y tener “una actitud atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia”.

La ley de medios abrió un fuerte debate en la sociedad sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia y la intervención del Estado en su regulación. Para algunos, la norma es el mayor triunfo cultural del kirchnerismo que, según esa lógica, habría logrado lo que ningún otro gobierno pudo: doblegar a los medios hegemónicos, como los denomina el oficialismo. “La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo cayéndose todas nuestras caretas, las de los periodistas y las de los políticos”, editorializó el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa Bajada de Línea. Para Morales, tal vez la figura pública que más apoyó la sanción de la norma, la ley fue además “absolutamente decisiva en el resultado” de las elecciones primarias de agosto pasado.

Es el mismo discurso del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, para quien los medios “fueron los grandes derrotados”. “Para que la sociedad democrática pueda extender sus libertades tiene que haber real pluralidad. No puede haber monopolios”, afirmó Mariotto el 15 de agosto pasado y reclamó a la Justicia que se defina sobre los artículos de la norma que se mantienen suspendidos.

En paralelo a esta euforia, otros impulsores de la ley ya no ocultan su insatisfacción por los resultados concretos. En esa lista se incluyen las cooperativas, que esperaron infructuosamente sus licencias para dar TV paga e incluso amenazaron con una marcha en Santa Rosa, La Pampa; los cableoperadores pyme, que ahora enfrentan la competencia de aquellas cooperativas mientras los grandes operadores -entre ellos Cablevisión, del Grupo Clarín- siguen sin mayores rivales; y los canales de televisión comunitarios, que vieron esfumarse la posibilidad de acceder a licencias -e incluso un lugar en el aire- por el alto costo de los pliegos de los concursos lanzados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por citar sólo algunos ejemplos.

El Gobierno sí avanzó en el reordenamiento de la grilla de la televisión paga -aunque Cablevisión mantiene vigente una medida cautelar que frena la aplicación en su caso, y otros sistemas argumentaron a Afsca que técnicamente no pueden hacerlo-, se agregó la hora y la temperatura en todas las pantallas de señales nacionales, y en todos los canales la identificación de espacio de publicidad, se fijaron porcentajes de contenidos infantiles -por eso volvieron viejos programas de Piñón Fijo, Panam y la serie que convirtió en productora a Cris Morena, Chiquititas-, y también se comenzaron a aplicar las restricciones a la retransmisión de contenidos. Esto último sacó del aire en el interior al programa deportivo Competencia, que conduce el propio Víctor Hugo Morales, por Radio Continental.

Por lejos, el mayor avance de este largo y enredado proceso fue el lanzamiento del concurso para la licitación de 220 nuevos canales de televisión (una mitad para empresas comerciales y la otra para organizaciones sin fines de lucro), cuya apertura Afsca postergó para noviembre próximo. Además, según las resoluciones del organismo, los nuevos canales deberán contratar exclusivamente el servicio de puesta en el aire de Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones.

En cambio, en distintas instancias la Justicia mantiene suspendido un puñado de artículos, entre ellos el que más interesa al Gobierno: el 161, que obliga a las empresas de medios a adecuarse a la norma en el término de un año desde su reglamentación. Ese plazo se cumplió el miércoles pasado para la mayoría de las empresas, con excepción de los grupos Clarín, Uno Medios y Cadena 3, que lograron cautelares judiciales. ¿Cuándo aplicará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) ese artículo a las empresas que, por alguna razón, no recurrieron a la Justicia?

Por ejemplo, ¿tendrá Telecentro, empresa del ex diputado justicialista Alberto Pierri, que elegir entre seguir brindando el servicio de televisión por cable o mantener su señal de TV Canal 26, algo impedido por la nueva norma? El grupo Infobae, del empresario Daniel Hadad, ¿venderá alguna de sus cinco emisoras para quedarse con sólo una AM y dos FM por área geográfica? ¿Lo harán Pedro Raúl Moneta y Matías Garfunkel con las seis emisoras que tienen en la Capital Federal? ¿El grupo Telefe deberá vender algunos de sus canales de aire del interior para llegar sólo al máximo del 35% del mercado que prevé la legislación?

Luis Lazzaro, coordinador general de Afsca, sugirió hace algunos meses que hasta que el desguace no alcance al grupo Clarín, el Gobierno no avanzará sobre otros medios. Paradójicamente, la embestida contra Clarín podría llegar a partir de la aplicación del decreto-ley de radiodifusión de la dictadura, derogado por la ley de la democracia. Eso porque Afsca lleva adelante un proceso administrativo por el cual le exige a Cablevisión, corazón del negocio del grupo Clarín, la devolución de decenas de licencias en distintas localidades por considerar que viola el Art. 43 de la ley vieja, que impedía a un operador contar con más de una licencia en la misma localidad. La empresa asegura que ya las devolvió, pero el Gobierno no se conforma con un papel y quiere la infraestructura de red desplegada a nombre de ese permiso.

Mientras tanto, entre los artículos sin reglamentar hay capítulos enteros de reformas que lograron alto consenso social y parlamentario: el acceso de las universidades y los pueblos originarios a canales y radios no está reglamentado y no se sabe, entre otras cosas, con qué reglas funcionarán y cómo se van a financiar. Aunque la Bolsa de Valores, el Sindicato de Camioneros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mostraron interés en participar de la licitación en marcha, tampoco está reglamentado el inciso f del Art. 89, que reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro. No hay novedades respecto de la función del Defensor del Público, una suerte de ombudsman que debe velar por el interés de la audiencia y cuya selección no tiene fecha.

Por otra parte, en los últimos meses, por el fuerte impulso que la administración Kirchner le dio al despliegue de la televisión digital terrestre -la evolución de la actual TV analógica- la audiencia asistió al lanzamiento de varios canales de aire, que sólo pueden ser vistos en televisores nuevos o mediante un decodificador. Esos nuevos medios no nacieron hijos de la nueva ley sino gracias a una excepción en la aplicación de la letra de la ley, con la promesa oficial de que, pasada la fase “experimental” de la tecnología, todos los que accedieron a frecuencias deberán concursarlas y correr el riesgo de perderlas.

En esa situación están al aire la señal de noticias CN23, de la sociedad entre los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Spolzki; 360 TV, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de Electroingenía; GolTV, de los uruguayos Francisco Casal y Enzo Francescoli; Canal Suri, del mexicano Remigio Angel González González, también dueño de Canal 9. La ley señala que los ciudadanos extranjeros no pueden ser licenciatarios de radiodifusión. En Capital ya se puede ver por TV digital Construir TV, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el primer canal sindical, que tampoco es producto de la ley sino de un amparo judicial previo.

“En Capital Federal hay que pagar 200.000 pesos el pliego para poder participar en el concurso y 24.000 pesos por mes para salir al aire con Arsat. Nosotros no estamos en condiciones de competir con los grandes canales que han aparecido, como 360TV, y que tienen fondos como para comprarse 200 canales como los nuestros”, explicó Alberto Martínez, presidente de la Asociación Argentina de Teledifusoras Pyme y Comunitaria (Aateco), una entidad que apoyó la sanción de la ley. Martínez es, además, integrante del consejo asesor de la TV digital estatal.

Las elogiadas señales Paka Paka, del ministerio de Educación, o la esperada Tecnópolis TV, del ministerio Ciencia y Tecnología (que llegará en septiembre), surgen por la política de comunicación de la administración Kirchner pero tampoco se desprenden del texto de la ley de medios, como no lo hizo en su momento el reconocido canal Encuentro, que salió al aire el 5 de marzo de 2007 y fue rápidamente adoptado por todos los sistemas de cable del país.

Ninguna relación guardan con el nuevo marco jurídico varios concursos de producción de contenidos coordinados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y financiados por el Ministerio de Planificación Federal, que va camino de convertirse en el principal productor de ficción y documentales del país. En cambio, productores independientes del interior se sorprendieron al tener que respetar topes a la cantidad de publicidad que emiten. “El día que se reglamentó la ley recibí una pésima noticia: nos fueron quitados 3 minutos de publicidad en nuestro programa”, agregó Nahuel Abregú, dueño de una productora en Río Negro, cuyo principal activo es Mamitas de Hoy , un envío sobre crianza.

En este contexto, las fuerzas políticas que, durante el tratamiento de la ley, se opusieron tenazmente y aun después de su sanción recurrieron a la Justicia, prácticamente desaparecieron de la escena. Las sillas previstas en la legislación para las minorías parlamentarias siguen vacías y recién hace pocas semanas, la diputada radical Silvana Giudice reclamó que el oficialismo convoque a la comisión bicameral de seguimiento de la ley.

Esa ausencia tampoco ayuda a la transparencia de Afsca, que nunca difundió los resultados de su primera gran medida: el censo de servicios de comunicación audiovisual. Cuando se terminó ese censo, el presidente del organismo se limitó a decir que existen 15.000 medios audiovisuales en el país, pero sin dar mayores precisiones. Tampoco es clara la situación de Canal 9 -flojo de papeles, como reconoció el propio Mariotto hace unos meses, con dueño extranjero, a contramano de lo que indica la ley.

Esta vez, en cambio, el presidente de Afsca prefirió no responder. Desde hace diez días, La Nacion llama día por medio a la secretaría privada del funcionario y candidato a vicegobernador bonaerense para pedirle una entrevista o al menos un simple comentario sobre el doble aniversario de la ley de medios, dos años de la sanción y uno de la reglamentación. Este diario también intentó dialogar con Damián Loretti, abogado especialista en derecho de la comunicación que es señalado como uno de los autores del texto original de la ley. También buscó la opinión de Víctor Hugo Morales. En todos los casos fue en vano.

Esta nota se publicó originalmente en La Nación, el 04.09.2011
Este post fue corregido el 18.11.2011 a pedido de @lgalup, uno de esos filosos seguidores que tenemos los periodistas profesionales (y ojalá nunca dejemos de tener). Agregué una oración que había omitido (después de todo este es mi blog) sólo para facilitar la recomposición de la relación con una fuente. Si fuera el periodista que @lgalup cree que soy, no me hubiese tomado esta molestia. Pero, claro, no lo soy.

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3 responses

18 09 2011
Xtra

Es una pregunta interesante.
Ojala pronto se puedan superar esas medidas judiciales y se pueda aplicar la ley en su totalidad.

18 09 2011
José Crettaz

Xtra, veo que no leyó toda la nota. Vea que el artículo 161 se puede aplicar a todos menos al puñado que logró cautelares judiciales. La preguntas es ¿Por qué no se aplica a Telefe, Telecentro, Moneta-Garfunkel, etc, etc? Es decir, a aquellos para los que ya rige y no hay ningún impedimento legal.

18 09 2011
mariolapar

Mirando una de las caras, no podemos negar la validez de la norma, ni el discurso en el que la justicia social- educación, salud, trabajo, servicios y vivienda para todos- no solamente estén vigentes, sino que mejoren en su expresión.
Mirando la otra cara, conocer que a dos años de la sanción de la Ley y uno de la reglamentación, no se haya normatizado la inserción de las universidades y los pueblos originarios. Y que en las reglamentaciones realizadas sigan con prevendas los ‘ más fuertes’ y con ‘ cargas pesadas’ los productores independientes que se ocupan de la educación en crianza …. Ha sido lo que me motivó a decir algo, es solo un aspecto, pero nos toca a todos, está relacionado con lo que nos pasa a nosotros, las personas, los ciudadanos, cuando creamos cultura en nuestra cotideaneidad en el como nos relacionamos. Y la mayor responsabilidad en cambiar éste aspecto somos los adultos. Nuestros jovenes están necesitando urgentemente que se los demos.
Entonces, como mujer, abuela, ciudadana y militante social, sugiero que se considere como importante reconocer en la práctica cotideana sentimientos, pensamientos, actitudes, hechos que nutren un patrimonio cultural que ‘ no se ve’ pero actúa e influye, que lo fuimos construyendo todos, mujeres y hombres.Y estoy hablando de lo que hacemos y ponemos abajo de las alfombras, en los rincones de los lobys , en los intervalos de las sesiones, en los desayunos y almuerzos de trabajo, en los ‘espacios muertos’ de las mesas electorales, consorcios de viviendas,oficinas, calle, clubs, es decir en los distintos lugares donde ‘ dos o más ‘ se encuentran y se elije mirar desde las creencias que de tan naturalizadas ni las cuestionamos. Y no son naturales, además nos hacen daño y condicionan nuestra libertad de ser y estar en bienestar.
A saber …….. ‘ hecha la ley, hecha la trampa’ ‘ el que no llora no mama y el que no afana es un gil’ ‘ mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio’ ‘ algo habrá hecho’ ‘ no te metás ‘ ¿ las reconocen? ….
Y es en nuestra dirigencia politica que estamos viendo en tridimensional lo que en nuestra medida ( poco o mucho) tambien hacemos.
Si logramos reconocer lo que aún victimizarnos en nuestro interior y nos ‘ despertamos’, podremos mirarnos y mirar desde otro lugar, más responsable de nosotros mismos.Permitirá escucharnos y comunicarnos verdaderamente con nosotros y los otros. Encontraremos muchisimos recursos que creíamos no tener, los que nos permitirán ‘escribir otra historia’ Entonces ya no hablaremos de lo mismo cuando ‘ dos o más’ se encuentren y amasaremos un ‘pan’ para todos.

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