#leydemedios Manzano y Vila saben que no serán obligados a “adecuarse” y en (a) cambio podrían invertir en YPF

Hoy, Francisco Olivera publicó en La Nación una muy divertida crónica del discurso del jefe de gabinete (y cerebro detrás de la política de comunicación kirchnerista), Juan Abal Medina, y de la reunión que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, mantuvo con empresarios en el Consejo de las Américas. Allí, entre otras cosas, se cita una declaración del “empresario” y ex ministro menemista (involucrado en su momento en casos de corrupción) José Luis Manzano (socio de Daniel Vila en Grupo Uno Medios y en otros negocios energéticos y de servicios públicos). “‘Acuérdese de lo que le digo: en tres años, [el yacimiento de] Vaca Muerta va a ser Texas. Después dígame si miento’, apostó ante el cronista, y afirmó que él ya estaba trabajando con YPF. ¿A qué precio se sumaría?, se le preguntó, y ahí sí se diferenció de sus colegas: dijo que el valor actual neto del barril de crudo en el mercado interno (73 dólares) era suficiente y que, para el gas no convencional, alcanzaba con los 4,50 dólares por millón de BTU que ‘tiene en este momento todo el mercado por Gas Plus’”. Manzano -que según Olivera es “uno de los pocos empresarios de diálogo con la Casa Rosada”– ya no piensa en cómo la ley de medios audiovisuales obligará a Grupo Uno a “adecuarse” al nuevo marco regulatorio. ¿Será que ya está todo arreglado? El 20 de agosto pasado, publiqué en La Nación detalles de la estrategia consensuada con la administración kirchner. A continuación se reproduce ese texto.

Desde que volvió a recorrer los despachos de la Casa Rosada en el último año y medio, José Luis Manzano -ex ministro menemista reconvertido en empresario- está tranquilo. Los negocios que encabeza junto a Daniel Vila, comprovinciano y socio inseparable, están a salvo y podrían acrecentarse al calor de la relación que ambos lograron reconstruir con el kirchnerismo tras el abismo abierto con la sanción de la ley de medios audiovisuales. Ese renovado vínculo es un éxito no menor de Manzano, viejo compañero político de actuales funcionarios, legisladores y jueces. Y ya se nota en los contenidos de sus medios (lo que incluye las televisaciones del Fútbol para Todos y ficciones de producción estatal).

El 2 de septiembre de 2009, cuando la presidenta Cristina Kirchner ya había enviado al Congreso el proyecto que luego se convertiría en ley de medios, Vila pronunció un discurso sin rodeos transmitido por varias de sus emisoras y canales de TV. “A partir de este proyecto nos están sobrando sillas, gente y medios. Esto tiene una gravedad institucional y jurídica solamente comparable con el golpe de Estado de marzo de 1976. El matrimonio Kirchner es un especialista en cercenar la libertad de expresión y un especialista en ejercer la libertad de extorsión. ¿Cómo deben interpretarse los llamados insistentes a los distintos medios de comunicación para acallar las voces de aquellos periodistas que denuncian hechos de corrupción?”, se preguntó esa vez, y dijo: “Hoy soy el principal defensor de Clarín”.

Fuerte alza de la publicidad oficial en los medios afines al gobierno Kirchner

El balance de la distribución de la publicidad oficial durante 2011 confirma la tendencia: sigue creciendo la participación en los medios afines al Gobierno, mientras que se profundiza el castigo a los independientes.

Sin embargo, el dato sobresaliente fue el crecimiento exponencial de la pauta oficial invertida en los diarios del grupo Uno, cuyos principales accionistas son el empresario Daniel Vila y el ex ministro menemista José Luis Manzano, ambos mendocinos. Los cuatro periódicos de ese grupo editor tuvieron en promedio 920% más de pauta oficial que en 2010. El caso más extremo fue el del diario Uno, de Santa Fe, que recibió del Estado nacional 1500% más: pasó de 545.000 pesos en 2010 a 8,4 millones en 2011. No fue el único caso. Uno, de Paraná, creció 1131% y Uno, de Mendoza, 518 por ciento.

Ley de medios: ¿Por qué el gobierno Kirchner no aplica el artículo 161?

Grupo Clarín, Grupo Uno Medios (Daniel Vila-José Luis Manzano), Cadena 3 (Córdoba) y Grupo Ick (Santiago del Estero) lograron que la Justicia Federal suspenda (cada uno sólo para su propio caso) la aplicación del artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso significa que para ellos no corre aún el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para “adecuarse” al nuevo marco regulatorio. Es decir, para vender los medios que no encajan en las limitaciones vigentes. Todo el resto de los medios de comunicación audiovisual que no se ajustan a la regulación deberían haberlo hecho hace un mes. ¿Por qué el Gobierno no lo aplica? A continuación, algunas ideas para entender por qué.

A casi dos años de su aprobación y uno desde que fue reglamentada, la ley de servicios de comunicación audiovisual todavía no produjo cambios significativos en la TV y la radio, más allá de algunos aspectos formales. Es más, a pesar del orgullo que el Gobierno siente por esta norma, la ley de medios no está totalmente reglamentada: de los 166 artículos que la componen, 81 siguen sin reglamentar, es decir, sin aplicación práctica. Y estos son datos objetivos, de los que disfruta el ministro de Interior, Florencio Randazzo, que esta semana acusó a los diarios LA NACION y Clarín de “mentir”, “tergiversar” y tener “una actitud atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia”.

La ley de medios abrió un fuerte debate en la sociedad sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia y la intervención del Estado en su regulación. Para algunos, la norma es el mayor triunfo cultural del kirchnerismo que, según esa lógica, habría logrado lo que ningún otro gobierno pudo: doblegar a los medios hegemónicos, como los denomina el oficialismo. “La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo cayéndose todas nuestras caretas, las de los periodistas y las de los políticos”, editorializó el periodista Víctor Hugo Morales, en su programa Bajada de Línea. Para Morales, tal vez la figura pública que más apoyó la sanción de la norma, la ley fue además “absolutamente decisiva en el resultado” de las elecciones primarias de agosto pasado.

Un diario atribuido al ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime fue privilegiado con la pauta oficial federal

El diario La Mañana, de Córdoba, cuya propiedad la Justicia Federal atribuye al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió el 15% de toda la publicidad oficial en medios gráficos del interior del país en 2010. Hasta noviembre, el periódico, cuya circulación se estima en 1000 ejemplares diarios, recibió $ 2.644.053. En tanto, su principal competencia provincial, La Voz del Interior (Grupo Clarín), cuya circulación según el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) alcanza un promedio de 52.392 ejemplares diarios, le facturó al Estado nacional 710.403 en el mismo período.

Al menos ocho de los 20.000 mails de una computadora del principal colaborador de Jaime, Manuel Vázquez, que la Justicia obtuvo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, atribuyen la propiedad de La Mañana al ex secretario de Transporte. Según reveló el periodista Marcelo Veneranda en su momento, el entonces director periodístico de La Mañana, Gustavo Bastos, planteaba en aquellos mails que “el problema de los ingresos” era “determinante” y le encomendaba dos gestiones a Vázquez: “Es imprescindible apurar 20 anunciantes privados nacionales de 10.000 pesos mensuales por el semestre” y conseguir una “pauta de Télam más alta y sin altibajos”. Según lo escrito por Bastos en otro de esos mails, el diario vendía a fines de 2009 unos “1000 ejemplares” por día. Luego de que trascendieran esos mails, La Mañana indicó en un comunicado que sus dueños habían cambiado, aunque no especificó de quiénes se trataba.

No es una buena ley, pero es la que tendremos

Sólo queda la incógnita de si se modificará algún artículo o no, pero no hay duda de que la Argentina tendrá una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual este viernes, cuando el Senado trate el proyecto impulsado por el kirchnerismo.

Ya no importará todo lo que haya hecho Néstor Kirchner desde Olivos para lograrlo. Y miren que ha hecho de todo. Prometió cargos para los legisladores cuyo mandato vence en diciembre, trabajo estatal para ellos y sus familiares; “destrabó” fondos para provincias quebradas -Tierra del Fuego, Corrientes, etc- y en riesgo de cesación de pagos; amenazó con el destierro a quienes “traicionen” el “proyecto” votando negativamente (algo reconocido por el senador jujeño Guillermo Jenefes), etc. Otros, como el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, fueron aún más pragmáticos: los votos, a cambio de medios públicos provinciales. A su manera, Binner lo reconoció. O tal vez, los votos se intercambiaron por impunidad, como el de un senador bussista (sí, del generalísimo Bussi) de Tucumán. Tampoco importará lo que haya hecho la oposición más dura o la que acompañó la ley, ingenuamente según la visión de Pepe Eliaschev.