#leydemedios #Argentina Hasta ahora @grupo_clarín sólo vende activos menores (los nombres de los interesados)

1 07 2014

La asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Clarín sorprendió este lunes al aprobar una propuesta de sus abogados para evitar la venta de sus señales de TV paga: envió hoy una nota a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en la que citará dos antecedentes en los que el Estado permitió a licenciatarios de medios audiovisuales conservar más de una señal de TV paga (algo prohibido por la ley de medios, que sólo permite una sola).

Hasta ahora, la Afsca exigía al Grupo Clarín la venta de sus señales TyC Sports, Quiero Música, Magazine y Volver, entre otras siete. Pero en esa empresa, argumentan que el organismo ya aprobó situaciones similares a DirecTV y Manzano-Vila con la sola exigencia de que la sociedad titular de esas señales no lo sea a la vez de licencias de radio y TV (es decir, que se constituyan sociedades formalmente separadas). Según los abogados del conglomerado, estos expedientes fueron aprobados por el directorio de la Afsca y constituyen un hecho nuevo que debe ser invocado. Por eso, Clarín propondrá al organismo poner las señales que ahora le pertenecen a nombre de su controlada Inversora de Eventos (IDESA).

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Respuesta al ministro entrerriano @PedroaBaez sobre la TV digital oficial #TDT #Argentina

31 05 2014

El 29 de mayo pasado publiqué en el diario La Nación una nota periodística sobre las conclusiones de los duros informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre dos planes en los que el gobierno nacional lleva gastados -según cifras oficiales- $ 15.000 millones desde 2009: la TV digital terrestre y el despliegue de fibra óptica para telecomunicaciones. A propósito de esa información, los colegas Daniel Enz y Jorge Riani me entrevistaron en FM Radio de la Plaza, de Paraná.

Tras esa intervención, en la que cité algunos de los cuestionamientos hechos por la AGN a esos planes y algunas particularidades del despliegue de la TV digital estatal en Entre Ríos, el enorme y costoso aparato de propaganda montado con recursos públicos al servicio del gobernador Sergio Urribarri se volcó en mi contra con bastante fuerza. El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el secretario de Telecomunicaciones, Sergio Del Canto, entre otros funcionarios cuestionaron la veracidad de mis dichos y me acusaron de “desinformar maliciosamente” y de ser “empleado de La Nación”.

Además, algunos cibermilitantes me provocaron en la red social Twitter, esperando tal vez una respuesta destemplada, y -entre otros- los diarios ligados a Urribarri a través de su empresario fetiche, el rosarino Ramiro Nieto, difundieron ampliamente esa posición oficial. Nieto, a través de su productora VTS y otras empresas, recibe abundante publicidad oficial de la provincia (montos que el gobierno entrerriano no difunde), tiene un contrato anual de $ 1,9 millones para transmitir los actos del gobernador y recibió entre el 1° de enero de 2012 y el 30 de julio de 2013, $ 4,6 millones en publicidad oficial nacional (según cifras que pueden contrastarse aquí o, mejor, aquí; todo eso sin contar que es un importante proveedor de producción televisiva para el programa Fútbol para Todos.

En este texto me defiendo de las acusaciones de Báez, quien -en el apuro- pone en mi boca cuestionamientos señalados por la AGN, uno de los órganos de control del Estado creados por la Constitución Nacional. Por ejemplo, es esa auditoría y no yo quien sostiene -tras un análisis técnico de la información oficial- que no se sabe a quiénes fueron otorgados los decodificadores repartidos y si efectivamente fueron repartidos los 1,4 millones de dispositivos comprados por el Estado nacional a empresas como Cometrans (de los hermanos Cirigliano, ex operadores del siniestrado tren Sarmiento y del tren Mitre).

El funcionario me fustiga por el lugar donde me desempeño como periodista, desconociendo que también me emplean en relación de dependencia dos instituciones universitarias, en las que enseño e investigo. Y que en el pasado trabajé como periodista en otros medios (incluidos FM Nogoyá y Canal 4 Nogoyá Televisora Color, donde comencé mi formación). Sí, yo también soy entrerriano.

Tiene razón Báez cuando corrige mi referencia al despliegue de la TV digital en Entre Ríos, donde hay tres plantas transmisoras (Paraná, Gualeguaychú y Concordia) y no dos como señalé. Ante una pregunta concreta de mis colegas Enz y Riani, recurrí a la memoria y me falló. En el país, según reveló días atrás del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, existen más de 80 plantas transmisoras instaladas de la TDT, número que pronto superará las 100.

Báez es un optimista de la TV digital, que viola sistemáticamente varios artículos de la ley de medios con la coartada de ser una tecnología experimental (no lo es desde hace años en varios países europeos), y destaca el reparto de los receptores satelitales y las antenas instaladas en 1300 escuelas, como si las señales que allí se emiten (algunas de ellas de propiedad privada, como CN23 del grupo Garfunkel-Szpolski; C5N, de Cristóbal López; y 360 TV, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) fueran claves en la formación de los niños y jóvenes.

Urribarri, como ha hecho saber a través de Báez, está en todo su derecho de creer que “la TDA es una de las políticas de mayor inclusión social y democratización del acceso a los bienes culturales que lleva adelante nuestro gobierno nacional”. La violación de la ley de medios y el deliberado sesgo que se da a la oferta televisiva de la TV digital gubernamental permiten asegurar que ocurre más bien lo contrario: lo que busca ese sistema no es democratizar sino desinformar. Pero además, Urribarri-Báez ignoran (o niegan) datos objetivos que permiten sostener que el sistema (en el que desde 2009 y hasta fin de este año se habrán invertido $ 6749 millones, según el ministro De Vido) no tuvo el éxito esperado.

Aún después de lanzada la TV digital, en 2009, la penetración de la TV por cable (que en Entre Ríos tiene una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas aún en manos de sus pioneros) siguió creciendo y llegó en la provincia al 68,7% de los hogares con TV en 2013 (en 2012, ese porcentaje había sido de 65%).Si en Argentina hubiera verdadera competencia, con productos de menor precio (como ocurre en otros países de la región), ese porcentaje sería mayor. En el promedio nacional, más del 80% de los hogares tienen TV paga (incluso buena parte de las familias de menores recursos). Esa situación no ha cambiado.

En donde la TV por cable parece haber empezado a retroceder (de la mano de lo que en la industria se conoce como cord cutters, en general jóvenes que se desconectan del servicio y privilegian su abono a la banda ancha) no crece la TV abierta (cuyos niveles de audiencia caen indefectiblemente) sino las plataformas de video a demanda como Netflix y otros servicios de streaming de video. Lamentablemente, la calidad de la banda ancha en Entre Ríos impide en la mayor parte del territorio la libertad de poder elegir ese tipo de contenidos y esa modalidad de consumo.

Investigaciones ad hoc de varias universidades nacionales han confirmado que la mayor parte de los decodificadores repartidos (sean los que fueren y los tenga quien sea) no se usan (lamentablemente, las universidades que cuentan con esos datos han preferido no revelarlos). En la misma línea, un trabajo de la filial local de la consultora francesa Dataxis reveló que sólo en 100.000 hogares argentinos la TV digital es la pantalla principal. Báez es optimista y piensa que la transmisión del Mundial de Brasil podría mejorar esa performance. Como ya he dicho, está en su derecho.

Báez, que además representa a Entre Ríos en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, CFSCA, órgano creado por la ley de medios, comete un grave lapsus en su réplica: sostiene que en la TV digital se pueden encontrar “señales de licencias privadas que aparecen en el sistema pago, pero que en este caso llegan al televidente sin costo alguno”. Las señales privadas transmitidas por la plataforma estatal no tienen licencia ni pasaron por concurso alguno tal como exige la ley de medios, que Báez debería defender desde el CFSCA). También modifica la historia al sostener que el canal Encuentro “ha sido resistido” por el grupo Clarín para incorporarla a la grilla de Cablevisión. Esa señal fue creada e incluida en la grilla de esa cableoperadora en 2005, cuando el CEO del conglomerado de medios, Héctor Magnetto, y el entonces presidente Néstor Kirchner, tenían una relación espléndida. Tan bueno era ese diálogo que muchas veces tuvo como escenario la residencia presidencial de Olivos en comidas a las que también asistieron la ahora presidenta Cristina Kirchner y su entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Deliberadamente o por descuido, Báez también pone en mi boca expresiones de la AGN en relación al despliegue de la red federal de fibra óptica, que comenzó a construirse en 2010 y aún no tiene ningún tramo iluminado (con excepción del salto continente-Tierra del Fuego operado por la empresa Telefónica). En total, este año la inversión en este proyecto sumará $ 9896 millones en poco más de cuatro años.

Como es ya evidente hasta para quienes apoyaron activamente la sanción de la ley de medios en 2009, no es cierto que la comunicación audiovisual se haya democratizado, tal como afirma Báez. Con excepción de los grupos de medios surgidos en estos años al ritmo de la pauta oficial y otros subsidios públicos, y en buena medida al margen de la ley de medios, no hay nuevas voces. Es más, tal como hemos publicado en La Nación y ha verificado la organización no gubernamental Chequeado, son mayoritariamente gubernamentales las radios y canales de TV creados con el nuevo marco jurídico.

Para Báez, “que argentinos para los que pagar un abono de televisión por cable resulta un lujo, como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados, pensionados y ciudadanos de menores ingresos, puedan acceder a un servicio de calidad y gratuito, es algo que molesta los intereses concentrados de la economía, y encuentran en los medios hegemónicos voceros que se prestan para desacreditar políticas justas como la de la Televisión Digital Abierta”. Pedro, ¡fue la Presidenta la que destacó que las villas están llenas de antenas de DirecTV! 
PD: Hace menos de un mes, el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T ofreció US$ 48.500 millones por la operación continental de DirecTV. La fusión AT&T-DirecTV da origen a la mayor empresa de telecomunicaciones y medios audiovisuales del continente… ¿Quién es ahora el más hegemónico?





#leydemedios: la desmentida de la desmentida de la @afscadigital sobre el caso Clarín

15 04 2014

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por medio de su director de Imagen y Comunicación, Fernando Torrillate, distribuyó ayer un texto titulado La Afsca desmintió dos artículos publicados hoy en La Nación, en referencia a las notas publicadas por Carlos Pagni y por mi. El texto fue amplificado primero por la agencia Télam y consecuentemente reproducido por medios de todo el país (como el diario Tiempo Argentino, que tituló Nueva desmentida de la Afsca a La Nación).

[Aprovecho la oportunidad para insistirle a Torrillate con el pedido que ya le he hecho en decenas de veces, en privado y en público, desde noviembre de 2012: ¿Podrá Martín Sabbatella darme una entrevista como la que le concedió a tantos periodistas desde que asumió? No quisiera pensar que le tiene miedo a las preguntas.]

Volviendo al tema, la desmentida que propone el texto de Torrillate está lejos de ese concepto, al menos en la segunda acepción del diccionario español: “Sostener o demostrar la falsedad de un dicho o hecho”

Tras dedicar el primer párrafo de su “desmentida” a agredir a quienes escribimos en La Nación y al diario mismo, Torrillate enumero lo que para él fueron “falsedades”. Primero se ocupó de la nota de Pagni, La Presidenta busca atajos para avanzar sobre la Justicia y los medios, y luego me atacó a mi y de esto último me ocupo en este post, párrafo por párrafo.

En lo que refiere a la nota que firmé en La Nación el 14 de abril, titulada El Gobierno amenaza con reactivar la pelea con Clarín, Torrillate sostiene:

- “En primer lugar, no hay ninguna amenaza; es una obligación de la AFSCA regularizar el mercado de medios, para que todas las empresas estén enmarcadas a los límites establecidos en la ley. Si un licenciatario se niega a hacerlo en forma voluntaria, el Estado lo hará de oficio; del mismo modo que si un automovilista se niega a retirar voluntariamente su coche estacionado en el medio de una ruta, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo”.

- Hasta aquí Torrillate no desmiente nada, en todo caso no le gustó el verbo “amenazar” que en el título tiene el sentido de sus sinónimos “apercibir”, “amagar” o “advertir”. Para el kirchnerismo (al que Sabbatella llegó tardíamente, porque en las elecciones legislativas de 2009 enfrentó a Néstor Kirchner y le restó el puñado de votos con los que hubiera podido vencer a Francisco De Narváez), gobernar es editar los diarios. En lugar de trabajar sobre la realidad, prefiere hacerlo sobre la narración de la realidad.

- Sigue Torrillate: “Crettaz, al que le sobran adjetivos para intentar descalificar a Sabbatella o al periodista Víctor Hugo Morales, se queda corto de opiniones cuando se trata de analizar las denuncias hechas por el socio de Clarín, David Martínez, respecto de una posible maniobra ilegal pergeñada en las oficinas de Héctor Magnetto”

- Puede ser que me quede corto, pero Martínez (que está citado en mi nota que a su vez remite a un extenso reportaje publicado el día anterior en Perfil) en ningún momento advierte sobre “una posible maniobra ilegal”, más bien se cuida de utilizar esos términos (como Clarín también se cuida de calificar a Martínez, ambos en definitiva son socios).  Ahora bien, retomando la forma argumental de Torrillate, yo podría decir que la Afsca se queda corta al omitir, ignorar o tolerar que David Martínez siga conservando su 40% de Cablevisión tras haber tomado control de la mayoría accionaria de Telecom Argentina, una empresa de servicios públicos, algo expresamente prohibido por la ley de medios audiovisuales en sus artículos 24 y 25. No es la única empresa de servicios públicos en la que Fintech tiene acciones (también tiene una participación relevante en la distribuidora de gas Emgasud, ahora rebautizada Genneia). El fondo de Martínez, que ya tomó control de Telecom, espera el OK de varios organismos públicos argentinos sobre esa compra. Ahí estaría la clave de su reclamo público contra Clarín.

Claro, todo esto sin considerar que, además, Martínez es mexicano y podría ser alcanzado al menos por el espíritu de los incisos b y c de los ya citados artículos 24 y 25 que impiden a empresas e individuos extranjeros acceder al control de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Finalmente, es por lo menos curiosa la relación que Sabbatella y sus funcionarios tienen con Martínez, a quien reciben con frecuencia. No es raro si se tiene en cuenta que Martínez también se reúne con asiduidad con el jefe informal del ex intendente de Morón, Carlos Zaninni (secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación), quien atiende del mexicano consejos vinculados a la estrategia argentina en la pelea judicial contra los fondos buitres en Estados Unidos: Martínez, y su fondo Fintech, es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda pública argentina renegociada. Martínez se jacta de “comprar barato” y “vender caro”. Zannini y Sabbatella, además de sus antepasados italianos y de una remota militancia en el Partido Comunista, evidentemente comparten un ortodoxo pragmatismo.

Además, la “maniobra ilegal” a la que se refiere Torrillate es la transferencia de licencias a hijos, amigos o empleados y ya fue avalada administrativamente por la Afsca en varios casos, tal como resumí en la nota de La Nación. En uno de esos,  el grupo Moneta, el propio vocero de Sabbatella –muy enojado en aquel momento– me envió una aclaración que se publicó en La Nación y que cito textualmente más adelante. En ese momento, habíamos dicho que el grupo Moneta estaba excedido en cantidad de licencias, pero Torrillate nos explicó que no, que una cosa es el viejo Moneta y su mujer, y otra cosa cada uno de sus  hijos.

“Se trata de tres sociedades independientes. Los padres, Raúl Moneta y su esposa, son accionistas de República Media LLC., sociedad que transfirió a Mayer Business Corp. su participación en Cicsa, la cual es accionista junto a South Media [Cristóbal López] en Radio 10, FM Mega y FM Pop. Los hijos Raúl Cruz y Belisario Moneta, en Radiodifusora Buenos Aires SA y Radiodifusora Metro SA, son licenciatarios de las radios Splendid, Rock&Pop y Metro FM. Por otra parte, otros dos hijos, Faustino y Rufino Moneta, son socios en Radio Libertad SA y San Isidro Labrador SA, licenciatarios de Radio Belgrano, FM Blue y FM San Isidro Labrador. Con tal composición accionaria, no se encuentra ningún integrante de la familia Moneta ni sus sociedades en incumplimiento alguno a los límites establecidos por los artículos 24, 25, 26 y 45 de la ley, como erróneamente señala Alejandro Pereyra, quien fuera ex director general de Asuntos Legales y Normativa del Comfer”.

Tengo el mail con el original por si Torrillate quiere revisarlo.

- Continúa Torrillate: “También le falta [a Crettaz] informar que los 35 planes de adecuación declarados admisibles por la AFSCA, entre los que está el de Clarín, aún no fueron aprobados y que, para ello, los licenciatarios deben cumplir sin excepciones las exigencias de la ley 26.522”.

- Tercer párrafo y sigue sin desmentir. Vengo escribiendo de los planes de adecuación desde antes que Sabbatella y Torrillate imaginaran siquiera la oportunidad que iban a tener de conducir un organismos elefantiásico que les está permitiendo financiar la expansión territorial de su partido Nuevo Encuentro (el director de delegaciones de Afsca, Gustavo Hurtado, es el armador nacional del sabbatellismo y cada delegado en el interior es el principal referente local del Nuevo Encuentro, tal como han publicado ya muchos medios, entre ellos Clarín, pero si no gusta, también La Tecla). De los sueldos de los empleados de la Afsca también sale un porcentaje “voluntario” para financiar el partido.

En este punto, es llamativo que Torrillate le haya dado al relator kirchnerista Víctor Hugo Morales una versión deformada de su explicación haciéndole decir a Morales que es falso que se hayan aprobado planes de adecuación, algo que no está en mi nota (donde específicamente se habla de “declaración de admisibilidad”; de todas formas, esto es algo que al común de la gente no le interesa mucho).

Como recordó recientemente María O’Donnel, la pregunta es por qué Sabbatella prometió tener todos los planes de adecuación resueltos “a más tardar en marzo” y aún tiene pendientes varios que fueron presentados antes del 7 de diciembre de 2012, mucho antes que el del grupo Clarín. Y pendientes hay varios planes, entre ellos Telefe (Telefónica de España), Prisa (Radio Continental) y Telecentro (Alberto Pierri). Debería Sabbatella (o su vocero Torrillate) explicar a qué se debe esa demora y por qué cambió diametralmente su opinión sobre el caso Telefe (en diciembre de 2012 él mismo explicaba porqué ese canal estaba acorde con la ley de medios -lo hizo en TV en distintos programas- y hace unos meses pasó a decir que “hay que estudiarlo”). También deberían explicar en la Afsca por qué si Telefónica de España debe vender Telefe (por la cuestión de la incompatibilidad con servicio público), Martínez no debería hacer lo mismo con Cablevisión.

- Finaliza Torrillate: “Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

- Termina Torrillate y sigue sin desmentir ninguno de los datos incluidos en mi nota. No es desprestigiar la tarea del Estado decir que el mismo Estado declara “fracasados” o “sin efecto” (y usa esos términos en los textos legales que produce) concursos para la creación de “nuevas voces”.  Ni hay una avalancha de nuevos medios, ni la mayoría de esos medios son de la sociedad (privados o sin fines de lucro), ni hubo suficientes interesados en los 220 canales de TV digital concursados en 2011, ni hubo suficientes interesados en las 140 radios FM concursadas en 2012; que cooperativas y pymes del cable se matan en la Justicia por los postes para colgar sus redes; que los sectores no cooptados de los pueblos originarios (como hizo Clarín en su momento) también reclaman la inconstitucionalidad de un artículo de la ley; que la situación de las productoras audiovisuales pymes del interior es trágica… Lo que le molesta a Torrillate es que se diga lo que Sabbatella no quiere: que el relato de la democratización de la palabra está completamente marchito. 

No es la primera vez que en las comunicaciones públicas de la Afsca se muestra desprecio por la verdad, algo que ya hemos hecho notar aquí (sobre un folleto y cable de Télam conmemorativo de la ley de medios) y que la organización no gubernamental Chequeado también retomó aquí (sobre la cantidad de nuevos medios creados con la nueva ley) y aquí (sobre el número de empleos que habría producido, pero no produjo, la ley de medios).





#leydemedios: @AfscaDigital reconoce el “fracaso” de los concursos para crear 138 nuevas radios

14 04 2014

Dos meses después de aprobar el plan de adecuación del grupo Clarín a la ley de medios, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) volverá a reunirse nuevamente este miércoles 16 de abril. Sin embargo, lejos de tratar los planes de adecuación pendientes –para lo cual ese organismo se mantiene en estado de sesión permanente– se centrará en el tratamiento de otros expedientes.

Entre otras cosas, declarará literalmente “fracasados” unos 70 concursos para la creación de 138 nuevas emisoras de frecuencia modulada en las provincias de San Luis, Chaco, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa y Chubut. “Declárese fracasado el concurso referido”, es la expresión literal que utiliza el lenguaje jurídico del organismo en cada una de las resoluciones que se aprobarán mañana sobre este tema.

Hoy, para “desmentir” una referencia a estos “fracasos” en una nota que me publicó La Nación, Fernando Torrillate, vocero de el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, afirmó:

“Como el objetivo de ese diario no es informar sino manipular y desprestigiar la tarea del Estado, Crettaz le dedica apenas pocas líneas a una decisión muy importante de AFSCA como es la de declarar, de acuerdo al artículo 32 de la LSCA, en concurso público, abierto y permanente 70 llamados realizados en 2012 para la adjudicación de 138 frecuencias. Por distintos motivos, muchos participantes de esos concursos no llegaron a completar la documentación requerida, así que se tomó la decisión de mejorar los pliegos, reducir sus costos e invitar a quienes participaron a que vuelvan a hacerlo gratuitamente. A la par de ello, estamos tratando pasado mañana el concurso público de otras 317 frecuencias en las provincias de Córdoba, Jujuy y Formosa, que se agregan a los más de 1.000 ya realizados en 2012 y 2013”.

El vocero de Sabbatella (llamativamente no es este último el que asume los dichos) no desmiente, más bien explica las razones del “fracaso”.

A casi dos años, y tras una intensa campaña de difusión, numerosos talleres de capacitación y varias postergaciones, la Afsca cerrará esos concursos al no haber logrado la convocatoria esperada entre particulares y organizaciones con y sin fines de lucro. Se trata de la segunda licitación que el organismo que aplica la ley de medios declarará “sin efecto” tras el fracaso de la licitación que en 2011 buscó crear 220 nuevos canales de televisión abierta en todo el país, y en julio de 2012 fue dejada “sin efecto”.

En el caso de las FM, la convocatoria había sido lanzada el 15 de mayo de 2012 cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 698 que aprobó el reglamento y los detalles de los concursos (uno por cada una de las 70 ciudades alcanzadas). Ahora, el directorio de la Afsca, que preside Sabbatella, aprobará las resoluciones que declaran formalmente “fracasados” los concursos. Así se desprende textualmente del orden del día que tratará el organismo el miércoles, donde no están incluidos los planes de adecuación cuyo plazo de presentación venció el 7 de diciembre de 2012. En esa lista de temas también figura mencionada escuetamente un expediente de “solicitud de apertura a concurso público conforme artículo 32 de la ley”, que sería la convocatoria a la que se refirió Torrillate en su desmentida.

Un tercio de las fallidas nuevas FM iban a operar en Chaco, provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al momento de la convocatoria de los concursos era director de la Afsca y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Chubut, tendrían alrededor de diez nuevas FM cada una.

La Afsca, que aún no realizó el plan técnico que exige el artículo 88 de la ley de medios, llamó a concurso frecuencias en ciudades donde la situación del espectro radioeléctrico no se caracteriza por el caos de interferencias reinante en las ciudades más densamente pobladas. Sin embargo, según los considerandos de aquella disposición, se esperaba que “en la mayoría de los casos” se trataría “de procedimientos de regularización de estaciones ya operativas de baja potencia, que se desarrollan por igual en las grandes urbes y en las ciudades de menor envergadura, en las que el acceso a profesionales y trámites administrativos se torna limitante”.

De hecho, a diferencia del costo de los pliegos para el fallido concurso de canales de TV, en este caso los valores fueron muy bajos: 1500 pesos para organizaciones sin fines de lucro, y 2500 pesos para particulares o empresas comerciales con fines de lucro.

Sigue pendiente el visto bueno de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual a las propuestas de adecuación del grupo Telefe, propiedad de Telefónica de España; de Prisa, empresa española dueña de varias emisoras de radio, entre ellas Continental; y Telecentro, cableoperadora de Alberto Pierri, entre otros grupos. Los directores de la Afsca por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (UCR) reclamaron dos semanas atrás que se defina la situación de esos grupos. “No hay impedimentos técnicos para que eso suceda”, afirmaron entonces en un comunicado. En su comunicado desmentidor de hoy, la Afsca no dice nada sobre esos pendientes y se limita a recordar que ninguno de los 35 planes de adecuación fueron formalmente aprobados (la mayoría de ellos sólo fueron formalmente declarados admisibles).

Si se aplicara la letra de la ley, Telefónica y Prisa podrían verse obligadas a vender sus medios, y Telecentro debería solicitar varias licencias para cubrir la misma zona geográfica en la que ahora presta servicio con una sola (lo que para los expertos le restaría valor a la empresa al limitar sus posibilidades expansión dado que la norma sólo permite operar hasta 24 licencias de cable).





Llegó a la Justicia penal una pelea de cableros pymes y cooperativas por la #leydemedios

13 04 2014

La guerra silenciosa desatada entre pymes de la TV por cable y cooperativas de servicios públicos del interior del país tras la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual llegó a la Justicia penal: empresarios pyme denunciaron a integrantes de los consejos de administración de dos cooperativas que se lanzaron a dar TV paga por “dañar” sus redes y “capturar” sus abonados. El escarceo había comenzado en 2009, durante el debate previo a la aprobación de la ley y se fue profundizando con los permisos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue entregando a las cooperativas para operar en estos mercados.

En el sector cooperativo creen que podría ser el comienzo de una oleada de acusaciones similares que los cables lanzarían para frenar su crecimiento en la TV por cable. En tanto, los cableoperadores acusan a las empresas de capital social de competencia desleal y depredatoria por subsidiar el cable con recursos provenientes de actividades monopólicas, como la distribución eléctrica o la telefonía.

El 26 de diciembre pasado, Dante Gigena, dueño de Televisión Cable Color TVCC SRL, de Villa del Rosario, Córdoba, denunció penalmente al presidente, el secretario y la secretaría de la Cooperativa de Servicios Públicos local (Coovilros), Edelmiro Prandi, José Luis Riviere y María Rosa Pavón, respectivamente, que fueron imputados por “daños a las redes de cable” de la empresa, que los acusó de cortarles los cables, desconectar los abonados al cable y reconectarlos al servicio cooperativo (es lo que llaman “captura de abonados”).

Además, en el contexto del expediente 504837, el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, dictó una orden de restricción que obliga al personal técnico de la cooperativa eléctrica a concurrir acompañados de la policía cada vez que operen sobre sus propios postes, de los que se sostiene el cableado de la empresa pyme.

Los directivos de la Coovilros tampoco pueden acercarse a Gigena, que con anterioridad, en las jornadas de la TV por cable de 2013, había denunciado públicamente a la misma cooperativa a la que había acusado de “monopólica”, por operar en once servicios públicos distintos, y a la que responsabilizó “descolgar y tirar al suelo los cables” de TVCC. Según me dijo Gigena a través de su abogado: “Desde agosto, la cooperativa está dando el servicio de TV por cable sin tener habilitación definitiva, algo que hemos denunciado administrativamente ante la Afsca y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”. La habilitación llegará este miércoles, cuando el directorio de ese organismo le de la aprobación definitiva para que comience a funcionar legalmente.

“Esto empezó como un tema aislado pero ahora está extendiéndose. ¿Será una nueva forma de restringir a las cooperativas amenazando a sus consejeros con denuncias penales, como hacía la vieja ley que los obligaba a responder con sus patrimonios personales?, advirtió Marina Rosso Siverino, gerente de Titicom, una consultora que gestiona permisos ante la Afsca para estas empresas. En un reciente encuentro de la TV por cable bonaerense en Mar del Plata, las quejas fueron airadas: “Hay cooperativas que están dando el servicio de TV por cable totalmente gratis, de manera predatoria, como ya ocurrió en Villa Libertador Gral. San Martín, en Jujuy”, dijo un empresario del sector.

El presidente de la Coovilros había recibido la licencia para dar TV paga de manos de la propia presidenta Cristina Kirchner, pero debido al enfrentamiento con TVCC la cooperativa no logró aún la habilitación de la Afsca para dar el servicio, y está prestándolo de manera provisoria. La denuncia penal de Gigena contra los directivos de esa cooperativa fue imitada en los mismos términos por los propietarios de TV5 Cablesat Luque, contra la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de esa localidad, en Córdoba. Sin llegar a la puja judicial, en la provincia de Santa Fe, Cablenet (de San Vicente) no puede extender su servicio a la vecina ciudad de Gálvez porque la cooperativa eléctrica de esa localidad se niega a alquilar sus postes, algo a lo que está obligada. Por el momento, esa empresa de cable fue autorizada por el municipio a sujetar sus cables con ménsulas en los frentes de las viviendas, pero eso es imposible en las zonas más alejadas del centro.

En la provincia de Córdoba nació y se hizo fuerte la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), entidad que funciona como pull de compras (de tecnología y de contenidos) para cooperativas que dan TV por cable de todo el país. Colsecor es la versión cooperativa de Red Intercable, empresa que cumple la misma función para el sector pyme y que, sumando los abonados de todas sus asociadas, es el cuarto cableoperador del país. TVCC y TV5 integran esta última empresa.
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Por primera vez, la TV por cable argentina reclama #espectro para #movilidad

22 03 2014

El jueves 20 de marzo participé de una reunión de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT) y la Asociación de la TV por Cable (ATVC) en Mar del Plata, donde políticos opositores y expertos conversaron sobre el marco regulatorio, el gobierno de Daniel Scioli anunció un acuerdo con los cableros para incluir en la grilla el canal estatal provincial y, lo que a mi me resultó más interesante, por primera vez la principal cámara empresaria del sector pidió públicamente participar en el reparto de espectro para sumar movilidad a los servicios que ya presta: TV, banda ancha, muy poco de telefonía fija y, en un futuro más cercano que lejano, telefonía y banda ancha móvil.

Lo pidió Walter Burzaco, presidente de la ATVC -que en Mar del Plata empezó a festejar los 50 años de la televisión por cable en el país, que se cumplen este 2014-:

“Actualmente nuestra actividad está limitada por una ley reglamentarista en exceso; y por la competencia de otros servicios regidos por esa misma ley, a los que les han otorgado ventajas infranqueables. El servicio que presta una empresa de Cable necesita tener un sustento económico, y que este sea independiente, para continuar su labor comunitaria. No obstante la industria recibe competencia desleal de prestadores de servicios públicos locales y de otros con cobertura panregional o global. Como operadores de vasta experiencia entendemos que resulta indispensable adecuar la ley de medios para abordar los desafíos futuros. Necesitamos que se comprenda que nuestras empresas pueden dar los servicios que ya dan los Cables en Latinoamérica, que van aún más allá de la TV, Internet y telefonía. Necesitamos que escuchen nuestros proyectos sobre el uso del espectro para dar movilidad a los usuarios”.

Burzaco lo deslizó como al pasar, pero hasta ahora en Argentina nunca se había escuchado al cable (centrado primero en su pelea con los operadores satelitales y telefónicos, luego dividido entre grandes y pequeños hacia el interior de la propia industria, y más recientemente enfrentado al gobierno por la ley de medios, que perjudicó a unos y otros) pedir espectro para entrar de lleno en la competencia contra las telefónicas. En el marco regulatorio argentino, las leyes de medios y de telecomunicaciones y los pliegos de privatización de Entel ponen frenos a la competencia y prohíben, limitan o hacen inviable el desembarco del cable en la movilidad y el de las telefónicas en la TV paga.

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Precisamente, en Mar del Plata también se realizó un panel (que gentilmente la ABT y la ATVC me invitaron a moderar) sobre el marco regulatorio. Participaron el diputado Felipe Solá (Frente Ronovador), el ministro de Cultura y Turismo porteño, Hernán Lombardi (PRO), el director de Afsca por la tercera minoría parlamentaria, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Henoch Aguiar (ex secretario de Comunicaciones, experto en el tema y asesor de la Unión Cívica Radical).
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El diario catalán Ara (y el contexto histórico como oportunidad)

8 03 2014

Editado en catalán, Ara.cat -como lo llaman sus seguidores- es el más reciente diario de Barcelona y una de las más interesantes cosas que vi en esa ciudad, a donde fui a participar del Mobile World Congress. La cabecera, que opera en multiplataforma y este año lanzará varias novedades innovadoras (sobre las que no puedo contar mucho), surgió con los primeros indicios de que el sentimiento independentista podría empezar a ser mayoría en Cataluña. El diario se presenta como promotor de que los catalanes puedan votar su futuro. Su público es ese: los que quieren el referendum para decidir. 

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“Vendemos publicidad como todos los diarios pero nuestro eje del negocio son los lectores/usuarios y, por ende, los contenidos, es decir, el periodismo, nuestros columnistas, sus conferencias, seminarios y cursos…y hasta tenemos una tienda”, me contó Toni Piqué, chief user experience (CUE) de esta empresa periodística, en cuya redacción una pantalla refleja en tiempo real cuántos suscriptores tiene el diario y cuántos usuarios únicos visitan la página, entre otras cosas.

En La Botiga de l’Ara, la tienda que menciona Piqué, se consigue abundante merchandising soberanista…además de libros, música, películas, vinos y productos delicatessen, juguetes, parrillas y hasta sets de maquillaje, entre otras cosas. En la versión online de la tienda se puede ver también “el mejor cine  independiente catalán” en una suerte de Netflix en el que se paga 1.95 o 2.95 por película.

En circulación, el diario logró ubicarse tercero (con más de 30.000 ejemplares diarios), detrás del histórico La Vanguardia (que en tiempos de Franco y por imposición de éste se llamó La Vanguardia Española) que aunque cayó fuerte mente sigue liderando por lejos con unos 150.000 ejemplares diarios; y de El Periódico (100.000). Por detrás, en el cuarto lugar, se encuentra El Punt Avui. En la web (donde tiene un modelo freemium)Ara.cat logró 1,98 millones de usuarios únicos en febrero de 2014, un 40% más que un año atrás.

Films Ara Cat

Ara.cat (este es el dominio de Internet, el diario se llama simplemente Ara) podría traducirse literalmente como “Ahora Catalunya”. Con una redacción joven (que por todo concepto emplea a unas 100 personas), el diario se identificó desde el comienzo con el proceso soberanista catalán (al que en América Latina, en general, y en Argentina, en particular, no se le ha dado aún suficiente relevancia).

En el manifiesto fundacional, los propietarios afirman, entre otras cosas:

“A més, Catalunya, avui, quan travessa el tràngol de la delicada situació econòmica internacional, viu també la mutació dels paradigmes polítics sorgits de la Transició espanyola, tot preguntant-se per l’articulació com a país mentre al carrer la realitat és cada vegada més mestissa. S’obren grans interrogants i alternatives, grans reptes i grans decisions. ARA vol contribuir al debat, parlant de tot sense dogmes i sense límits, perquè Catalunya aposti pel futur amb tota la seva ambició i energia, i esdevingui aviat una de les societats europees amb més prosperitat i benestar, capaç de generar riquesa immaterial i material per als seus ciutadans, de manera permanent i sostenible.

ARA és un diari que neix en plena crisi, i això no és una casualitat. Vivim canvis profunds arreu del món. Canvis socials, tecnològics, demogràfics, productius i de valors. Canvis de tota mena que són les causes profundes de la crisi econòmica i financera actual. Aquests canvis generen reptes per al nostre país, i donar eines per transformar-los en oportunitats és una de les raons de ser d’ARA i la que explica per què ARA tria la crisi actual per néixer.”

Esa posición editorial le ha ido permitiendo sumar lectores fieles que están en la misma sintonía. El 11 de septiembre de 2013, el independentismo catalán formó una hilera humana de Norte a Sur de 430 km que juntó alrededor de 1,4 millones de personas, una parada al lado de la otra (en oportunidad de La Diada). Y ahora, toda España debate (algunos debaten, otros rechazan de plano) el desafío catalán de votar, el 9 de noviembre próximo, en una consulta popular de dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un estado?” y “En caso afirmativo ¿quiere que este Estado sea independiente?”

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